Venezuela fue un país rico. Muchos lo dicen y lo repiten: en otros tiempos, asentó su crecimiento sobre las mayores reservas petroleras del mundo. Ahora, en cambio, es la economía más pobre de América del Sur en términos de crecimiento del PIB per cápita. Venezuela está atravesando la peor crisis económica de su historia, con una tasa de inflación de más de 500%, una tasa de cambio muy volátil y un crítico endeudamiento que se ha quintuplicado desde 2006. Esta crisis ha agravado «guerras económicas» de larga data entre un sector empresarial ubicado en la oposición y el gobierno. Del mismo modo, inacabados ciclos de protesta y represión han marcado un camino que durante la última media década ha polarizado a una sociedad ya dividida en términos clasistas y partidistas y ha enraizado una cultura política de suma cero, donde el ganador se lleva todo, incluidas las elecciones. En este escenario, violencia de todo tipo ha alcanzado lo que parece ser un punto de no retorno. Lo que parece estar en juego aquí es la mismísima capacidad de la democracia para combinar fuerzas de transformación y resistencia.

La crisis en Venezuela también ha sido foco de debate en las organizaciones regionales. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han manifestado preocupación por la debilidad de las instituciones democráticas, la impunidad, el acoso y la criminalización de la disidencia.

Sin embargo, el argumento que presento aquí es que salvaguardar los derechos y el derecho de las personas a decidir sobre su propio destino (democrático) en Venezuela no es neutral desde el punto de vista de género. Enraizar la promesa democrática en los derechos institucionales y constitucionales no debe omitir otras formas de abordar los derechos y la autodeterminación. Un enfoque de género redefine tanto a la «promesa» como a la «trampa» de la democracia venezolana.

La promesa de Venezuela

Durante más de una década, Venezuela fue un punto focal en la promesa continental de una alternativa más directa e inclusiva a los enfoques dominantes basados en la mercantilización del desarrollo y la democracia. Fue en Venezuela donde, a fines de la década de 1990, las fallas del modelo neoliberal se materializaron abriendo nuevas posibilidades para experimentos «post-neoliberales» en toda la región. Durante más de una década estos experimentos parecieron funcionar. Según el Banco Mundial, en América Latina la proporción de personas de la región que viven en la pobreza extrema, definida como un ingreso diario de menos de u$s 2.50, se redujo a la mitad entre 2003 y 2012. La reducción de la pobreza estuvo acompañada de un fuerte crecimiento de los ingresos de 40% en los deciles más bajos de la población. En el caso de Venezuela, las reformas sociales, políticas y económicas condujeron a una reducción espectacular de 50% de la pobreza y a una disminución de 65% en la pobreza extrema entre 1998 y 2012. Asimismo, aumentaron los servicios públicos y el número de médicos en el sector primario de salud, así como también el acceso a la atención médica para millones de venezolanos pobres.

De hecho, el sistema de salud de Venezuela fue durante mucho tiempo una fuente de orgullo para el gobierno por ser pionero en políticas de bienestar en toda la región. Por ejemplo, en 2008, proyectos relacionados con el sector salud entre Cuba y Venezuela alcanzaron los 1.355 millones de dólares, incluido el emblemático programa Petróleo por médicos mediante el cual Venezuela exporta petróleo subsidiado por un intercambio de médicos y programas de capacitación en el país. Dentro de este marco, programas como Barrio Adentro brindaron atención médica básica gratuita en Venezuela, mientras que Misión Milagro ha brindado atención a personas con afecciones oculares. Otros programas han abordado necesidades de personas con discapacidades en América Central y del Sur. La promesa de políticas de bienestar regional fue posible mientras Venezuela gozara de su bonanza petrolera y registraba una importante acumulación de reservas. Sin embargo, el bienestar social impulsado por los recursos creó una especie de trampa para la promesa socialista. A medida que Venezuela se vio cada vez más afectada en la desaceleración de la industria petrolera internacional, la escasez de recursos y la privación social generalizada provocaron una inevitable crisis sociopolítica.

Hoy miles de pacientes no pueden recibir tratamientos médicos esenciales, y otros tantos más están en la lista de espera para someterse a cirugías potencialmente vitales. Los médicos no tienen recursos necesarios para operar o salarios para subsistir. Asimismo, enfermedades como la malaria y la difteria, previamente eliminadas o controladas, se han vuelto causas principales de una crisis humanitaria sin precedentes.

Se trata de una Venezuela fracturada que divide la política regional. Las diferencias políticas e ideológicas entre las naciones sudamericanas han llevado a la UNASUR a un punto de inacción, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú desertaron de la organización en abril de 2018 para formar el Grupo Lima uniéndose a la oposición estadounidense al gobierno y a la reelección de Maduro el pasado 20 de mayo, al considerarla como mínimo «ilegítima». El Grupo Lima también encabeza una fuerte pero divisiva campaña para expulsar a Venezuela de la OEA apelando a la Carta Democrática Interamericana (CID) que establece que «cualquier alteración inconstitucional o interrupción del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable a la participación del gobierno de ese estado en el proceso de Cumbres de las Américas».

Reclamar el derecho democrático es una batalla política. Fue, después de todo, la promesa del regionalismo sudamericano y de las relaciones interamericanas. Pero el mismo imperativo de la democracia, codificado en la gobernanza regional, carece de una definición y criterios sobre cómo defender los derechos «colectivos», también clave en el proceso de democratización.

Derechos de las mujeres y dignidad: entre la promesa y la trampa

La crisis de Venezuela y su daño social no son neutrales. Afecta a las mujeres, a sus derechos y elecciones de formas distintivas, particularmente en términos de derechos reproductivos y salud sexual, generando vulnerabilidades y violencia de género. Venezuela tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas en el mundo y en América Latina, incluso desde antes del colapso económico. La anticoncepción formaba parte del derecho que gozaban las mujeres durante el gobierno socialista. Pero desde 2005 la Federación Farmacéutica Venezolana estima que la provisión de anticonceptivos en el país ha disminuido 90%. Esto está provocando un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH, los abortos ilegales y un aumento de la esterilización. Según Amnistía Internacional, entre 2015 y 2016 la mortalidad materna aumentó 65% en Venezuela, anulando los avances recientes y volviendo a la situación que prevalecía hace veinticinco años. Las principales causas incluyen la falta de medicamentos, herramientas, equipos y recursos médicos básicos, y el número cada vez menor de personal médico, vinculado principalmente a la migración. La situación ha llevado a muchas mujeres embarazadas en situaciones desesperadas y de miedo a la muerte materno-neonatal, a embarcarse en un éxodo hacia países vecinos –Brasil y Colombia– para dar a luz. El número total de llegadas a los países vecinos, según el ACNUR, ha aumentado de manera constante a 5.000 por día a principios de 2018. De los más de 56.000 venezolanos que cruzaron en enero de 2018, 40% son mujeres. Su exposición a la violencia, riesgos, e inseguridades y los sentimientos contra la inmigración que comienzan a manifestarse en la región revelan las luchas diarias de mujeres y de su ejercicio por el acceso a necesidades y derechos básicos.

En este contexto, las naciones sudamericanas y las organizaciones regionales deben salvaguardar el «derecho a decidir» para evitar la trampa que afecta la realizaciónde los derechos y la dignidad de las mujeres, más allá de los principios constitucionales.