Opinión

​¿Democracia? Solo un poquito

El proceso electoral peruano se desarrolla entre escándalos y exclusiones, expresando claramente las limitaciones del Estado y de los partidos.

​¿Democracia? Solo un poquito

El proceso electoral que conduce al cambio de Gobierno el 28 de julio en Perú está revelando las grandes limitaciones del Estado, de los partidos políticos y de un país que suele ser visto, paradójicamente, como un referente en la región por su crecimiento económico (3.2% del PIB en 2015). Desde noviembre, el amasijo de poderes fácticos se ha hecho evidente en el Jurado Nacional de Elecciones y en el Congreso -que no concretaron una reforma política en 2015- y habilitó a los partidos del establishment a seguir en la contienda pese a infracciones diversas. Ello ha ocurrido con Fuerza Popular (fujimorismo), Alianza Popular (el consorcio electoral del APRA y el Partido Popular Cristiano), Peruanos por el Kambio (del exministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski), y el gobernante Partido Nacionalista (que lidera la primera dama Nadine Heredia).

Al estilo de las decisiones del fujimorismo en 1999 y 2000, la madrugada del lunes 14 de marzo la máxima autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), emitió la resolución que confirmó la exclusión de las candidaturas de Julio Guzmán (Todos por el Perú) y de César Acuña (Alianza para el Progreso).

En el primer caso, el motivo fue una falta administrativa: dado que en una asamblea con quórum insuficiente de militantes y convocada en octubre sin la anticipación debida, la organización política cambió los estatutos y conformó el Comité Electoral que decidía la fórmula presidencial. La falla de democracia interna fue señalada desde diciembre, cuando el Registro de Organizaciones Políticas del JNE rechazó el cambio de estatutos, la inscripción del Comité Electoral (y por lo tanto de la fórmula presidencial) y el cambio de color de logotipo. Desde entonces, un tribunal electoral y la máxima autoridad electoral debatieron el caso. La agrupación liderada por el tecnócrata que llegó a estar segundo en las encuestas de intención de voto en febrero apeló tres veces la cuestión.

La politóloga e historiadora Alicia del Águila afirma que «al menos desde 1950, no se eliminaba a un candidato presidencial con argumentos administrativos». La experta destaca que cuando un político fue sacado de carrera (en 1936 y 1950) se debió a «maniobras autoritarias para perpetuar el status quo y/o evitar la llegada al poder de movimientos contestatarios».

La exclusión del líder de Alianza para el Progreso, sin embargo, se debió a que entregó dinero en dos actividades de campaña, e infringió la ley de organizaciones políticas que fue modificada en este punto en enero. Acuña había caído en las encuestas en febrero luego de que ciudadanos y periodistas revelaron que plagió en sus tesis de doctorado y de maestría, y que publicó un libro entero de otro autor como si fuese suyo.

Raseros distintos

Las sanciones aplicadas por el tribunal electoral no serían cuestionadas por casi todo el espectro político y la prensa, si no hubieran generado dos meses de incertidumbre acerca de los candidatos a los comicios generales y si hubieran aplicado el mismo criterio al evaluar infracciones similares de otros partidos de mayor antigüedad. Keiko Fujimori y Vladimiro Huaroc, candidato a la segunda vicepresidencia del fujimorismo, han entregado dinero y víveres en campaña, contraviniendo la ley, pero la excongresista no ha sido aún sancionada. Sobre Huaroc se espera la decisión de la autoridad electoral.

La alianza del APRA y el PPC, y también la agrupación de Kuczynski cometieron infracciones a sus propios estatutos al inscribir sus fórmulas presidenciales, pero la autoridad electoral no las ha tenido en cuenta.

El comportamiento sinuoso del Jurado Nacional de Elecciones evoca el colegiado durante el régimen de Alberto Fujimori, cuando varios de sus magistrados habían sido comprados con dinero de la corrupción del Servicio de Inteligencia Nacional. La prensa ha difundido el vínculo de dos de sus miembros con el Partido Aprista Peruano, y uno de los asesores principales del actual presidente del JNE es buen amigo del exjefe de prensa de Alberto Fujimori.

Escasa representación

Son principios de la democracia la representación política de los sectores de una sociedad y la garantía de los derechos y deberes de todos por igual. En Perú, tal debe ser el mayor fracaso de la democracia, la que se recuperó luego del gobierno militar en 1980 y, luego del fujimorismo en noviembre de 2000.

Diecinueve ciudadanos pidieron inscribirse como candidatos a la presidencia: actualmente están en carrera quince. Antes de la exclusión de Guzmán y Acuña, los candidatos que en febrero ocupaban los aspirantes en los siete primeros lugares en las encuestas ofrecían mantener el modelo económico como lo conocemos, ninguna reforma en particular. En la más reciente encuesta de marzo, la candidata de izquierda Verónika Mendoza empata el tercer lugar con Alfredo Barnechea, de Acción Popular, ella ha propuesto renegociar los contratos de extracción de gas y diversificar la economía, «poner un poco de orden». En sus mensajes alude a las comunidades campesinas y amazónicas, a los pueblos indígenas, a la población LGTBI, habla quechua. Solo otro candidato presidencial -que figura en las encuestas en el grupo ‘otros’ con 1%- Miguel Hilario, se ha interesado por los pueblos indígenas de la Amazonía, pertenece a la etnia shipibo-conibo. Así, de los 15 postulantes, a dos les interesa actuar contra la vulnerabilidad y desventaja en que viven estos grupos sociales, sea por el conservadurismo de la clase política o por la presión que los actores económicos legales o ilegales ejercen para estas personas y el entorno en el que viven. Entre las economías legales contamos la minería, los hidrocarburos, la construcción de hidroeléctricas; entre las otras: la tala, la minería ilegal y el narcotráfico.

La presión hacia las comunidades andinas y amazónicas se ha incrementado desde 2009, junto con los conflictos sociales que oponen al Estado, las empresas y las comunidades alrededor de las actividades extractivas.

Una mención aparte merece el Congreso, que no aprobó normas para exigir a los partidos vida política continua. El gobernante Partido Nacionalista del Perú, pese a que retiró sus listas de candidatos al Parlamento y a la presidencia el viernes 11 de marzo, mantendrá su inscripción como organización política. La democracia en Perú parece la sal: se usa con moderación.