Coyuntura

Cultura política y constituciones en América Latina

América Latina bate récords en la redacción de constituciones. Últimamente, Venezuela, Bolivia y Ecuador se han dado a esa tarea. El artículo sostiene que el error consiste en creer que, por escribir una Constitución bella y liberal, las cosas se arreglarán mágicamente. Es la cultura política latinoamericana, hija de la Contrarreforma, el absolutismo y la Edad Media, la que genera esta confusión. Para superarla, los políticos latinoamericanos deberían dejar de hacer como el tero, que engaña con vuelos cortos y gritos destemplados, y centrar su atención en los verdaderos problemas que aquejan a sus países y que difícilmente se resuelvan solo con cambiar las reglas de juego.

Cultura política y constituciones en América Latina

La pasión latinoamericana por redactar constituciones

Ante las turbulencias políticas existentes en algunos países latinoamericanos, hemos recurrido a la interpretación que de la pasión latinoamericana por redactar constituciones propone Octavio Paz:

El gran número de constituciones que se han dado en nuestras naciones revela, por una parte, nuestra fe en las abstracciones jurídicas y políticas, herencia secularizada de la teología virreinal; por otra, la inestabilidad de nuestras sociedades. La inestabilidad, dolencia endémica de América Latina, ha sido el resultado de un hecho poco examinado: la Independencia cambió nuestro régimen político pero no cambió a nuestras sociedades. (1990, p. 162).

La Constitución de Venezuela –que Hugo Chávez gusta enseñar ante las cámaras de televisión–, la Constitución que quiere el presidente Rafael Correa, la que pretende Evo Morales, son otros tantos casos de aquella pasión, manifestaciones que nos revelan la fe de los latinoamericanos en las abstracciones jurídicas y políticas, esas construcciones de la razón que a veces no tienen nada que ver con la realidad y que son una herencia secularizada de la teología virreinal.

Casi todos piensan, con un optimismo heredado de la Enciclopedia, que basta con decretar nuevas leyes para que la sociedad se transforme. Ven en Estados Unidos un modelo y creen que su prosperidad se debe a la excelencia de las instituciones republicanas (Paz 1959, p. 112). Pero la prosperidad de EEUU no se debe a las instituciones republicanas, por excelentes que éstas sean, como veremos más adelante, ni los problemas latinoamericanos a sus constituciones.

Empecemos por Ecuador, donde el conflicto institucional abrió una crisis de Estado que interpela a la Presidencia y al resto de los actores sociales. El presidente Correa –admirador de Hugo Chávez– ganó las elecciones del 26 de noviembre de 2006 con una mayoría holgada –66% de los votos–, tras una campaña electoral en la que presentó su proyecto de convocar una Asamblea con el propósito de redactar una nueva Constitución. Entre finales de marzo y principios de abril de 2007, el enfrentamiento entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral había llegado a un callejón de difícil salida: cuando el Congreso aprobó la destitución de Jorge Acosta, presidente del Tribunal, éste destituyó a su vez a 57 de los cien diputados, argumentando que obstaculizaban la consulta popular prevista para el 15 de abril, en la que se sometió a la aprobación de los ciudadanos la iniciativa presidencial de convocar una Asamblea Constituyente.En plena crisis institucional, cada uno de los actores reivindica su legitimidad para adoptar decisiones. Sin embargo, la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral para revocar el nombramiento de 57 diputados elegidos en comicios libres, basándose en que estaban en contra de una iniciativa presidencial, resulta un tanto problemática, por decirlo de alguna manera.

Como sea, la crisis se produce en un país de tradición golpista: el último presidente que consiguió terminar su mandato fue Sixto Durán Ballén en 1996. Los cuatro presidentes que le sucedieron tampoco sobrevivieron a las movilizaciones populares y se vieron obligados a renunciar antes de la fecha prevista. Abdalá Bucaram lo hizo por «incapacidad mental para gobernar». Jamil Mahuad, que dolarizó la economía, gobernó solo dos años –cayó en 2000–, mientras que Lucio Gutiérrez renunció el 20 de abril de 2005, presionado por movilizaciones populares y abandonado por los militares.

Hugo Chávez –quien apoya a Correa en su camino hacia el «socialismo del siglo XXI»–, dedicó estas palabras a la crisis ecuatoriana: «¡Cinco presidentes en los últimos ocho años! Es una inestabilidad terrible», y atribuyó esa inestabilidad a «la explotación imperialista y a las garras del imperio estadounidense en Ecuador», enunciado típico de la cultura política latinoamericana: el recurso al «chivo expiatorio» –invariablemente, EEUU–, que exime a las elites criollas de toda responsabilidad.

Pero lo cierto es que Correa no engañó al electorado: prometió convocar a una Asamblea y redactar una nueva Constitución para impulsar un sistema socialista, iniciativas que el pueblo aprobó y legitimó con su voto en las elecciones. Como escribió Pablo Mieres, Correa demostró claramente su desprecio por el Poder Legislativo: no presentó candidatos al Parlamento y anunció, en su discurso inaugural, que impulsaría la Asamblea Constituyente, desconociendo la legitimidad del Congreso. Cuando dio los primeros pasos chocó con la resistencia del Congreso, donde, por no haber presentado listas parlamentarias, carecía de apoyo. En la consulta popular para impulsar la Asamblea Constituyente, celebrada el 15 de abril de 2007, Correa obtuvo un apoyo notable: más de 81% de los votos. El otro caso es el de Bolivia, donde la crisis tiene varias causas. Una de ellas –señala Oscar Alcoreza, sociólogo y militante del Movimiento al Socialismo (MAS)– es «la crisis económica generada por el modelo neoliberal, que vació el ahorro interno transfiriéndolo a los circuitos de la banca internacional» (2006). Otra de las causas deriva «de la matriz colonial, instaurada por la conquista», matriz que no caducó con la independencia, pues a la descolonización le siguieron «versiones cambiadas del colonialismo interno». Como factores desencadenantes en la historia reciente, Alcoreza señala el fracaso de las anteriores nacionalizaciones. Puesto que la Colonia perdura en la República, y puesto que las nacionalizaciones fracasan, reformemos la Constitución, dicen las elites del altiplano. Y a la Asamblea Constituyente se le encarga una misión grandiosa: construir un nuevo Estado. René Mayorga, quien viene denunciando la falta de visión y responsabilidad de los dirigentes bolivianos y habla de «desmontaje de la democracia» (2000), se pregunta «si existen conexiones causales o correlaciones significativas entre las reformas constitucionales y electorales por una parte, y los problemas que han enfrentado las democracias de la región, por otra». Mayorga afirma que la mayoría de las reformas emprendidas en los países andinos ha planteado nuevos dilemas y no descarta una etapa de «reforma de las reformas».Si consideramos que Bolivia se ha destacado en la práctica de redactar textos constitucionales, si pensamos que Ecuador ya ensayó 20 constituciones –ninguna parece haberle servido de mucho– y si recordamos que la media de constituciones por país latinoamericano es de aproximadamente 20, tenemos alrededor de 400 constituciones en un periodo de casi dos siglos. Un síntoma que suministra una información de inestimable valor sobre las sociedades latinoamericanas y sobre sus elites, que no parecen dispuestas a presentar la dimisión ni a dejar de redactar constituciones. Sin duda alguna, Evo Morales representa el ingreso de Bolivia en un escenario político distinto y acaso su pretensión de redactar una Constitución se justifique plenamente. El analista se limita a contextualizar esta pretensión en el marco de una cultura propensa a recurrir a ese expediente para resolver crisis a las que no se les encuentra otra salida que actuar sobre el texto que regula las reglas del juego.

Democracia y reglas de juego: lo que es y lo que no es una Constitución

Lo que no es síntoma de madurez democrática es cambiar las reglas de juego cuando un actor decide que se han vuelto obsoletas simplemente porque ya no le sirven. Cambiar la Constitución para inaugurar una nueva época, fundar el paraíso en la tierra, instaurar la democracia anhelada, redimir al proletariado, construir el socialismo del siglo XXI o alguna otra genial invención tiene mucho de adanismo político, cuando no de infantilismo o de ignorancia: es algo que ya se intentó repetidas veces, con los resultados que todos conocemos. Las sociedades occidentales hemos renunciado a perseguir el mito de la sociedad perfecta: hemos visto que, tras ese mito, siempre hay un fracaso estrepitoso, una frustración inaceptable y –a veces– una abundante cosecha de cadáveres (Berlin 1988, pp. 238-243; 1992, pp. 39-63). En definitiva: «no nos queda ya Bastilla para tomar, ni aristócratas para colgar de un farol» (Aron 1979, p. 104).

Pretender arreglar un país arremetiendo contra su Constitución –con el consabido argumento de que a uno se le ha ocurrido un texto genial, que arreglará todo lo que está torcido– supone una confianza excesiva en los textos constitucionales para renovar la sociedad, superar sus contradicciones, impulsar el progreso y resolver todos los problemas. Confianza pueril, si tenemos en cuenta que se trata de un texto jurídico y no de una suma de sabias sentencias en las que estaría contenido el secreto del éxito político y económico de una nación.Porque, a fin de cuentas, ¿qué es una Constitución? Es la norma máxima que rige la vida política de un país, es decir, la definición de algunos aspectos fundamentales de la República y de las reglas de juego en el espacio público, a las que tienen que ajustar sus comportamientos instituciones, políticos y ciudadanos. Todo texto constitucional es mejorable, pero –salvo casos excepcionales– ni la mejora es urgente, ni de ella se obtienen beneficios mágicos. La política y los comportamientos que genera –lo que se puede hacer, cómo debe hacerse, dentro de qué límites, lo que de ninguna manera es aceptable hacer– quedan regulados por unas pautas que los actores no pueden quebrantar. A eso llamamos «las reglas del juego», que incluyen una penalización para el que las violare.

Todo en la vida social tiene un aspecto lúdico (Rey Morató 2007). También la actividad política: gobernar –o aspirar a gobernar– supone participar en una serie de juegos de los que los actores esperan algún beneficio a expensas de sus adversarios. Pero la Constitución no forma parte del juego: representa el tablero que rige la convivencia, donde se mueven las piezas y se establece qué jugadas se pueden hacer y cuáles no. La Constitución, entonces, no forma parte de la agonística de la democracia –del griego agon–, lucha de elites, competencia por la captación de un recurso finito: el voto. Debe ser un valor compartido, una expresión del lazo social (Luhmann, p. 1) que se encuentra por encima de los enfrentamientos, que son legítimos en democracia (Rey Morató 1996, pp. 211-222; 1997, pp. 66 y ss.).

José Ortega y Gasset decía que «es inmoral pretender que una cosa deseada se realice mágicamente, simplemente porque la deseamos. Solo es moral el deseo al que acompaña la severa voluntad de aprontar los medios de su ejecución» (1979, p. 213). Esperar que de una nueva Constitución se deriven soluciones mágicas para una sociedad –porque así se desea– resulta una actitud inmoral. Por eso las palabras del filósofo madrileño nos permiten centrar nuestro análisis: es inmoral pretender modernizar una sociedad y corregir el rumbo errático de un país pensando que basta desearlo para conseguirlo.

Constitucionalismo y nominalismo latinoamericano

Observa Arturo Uslar Pietri que, si pasamos revista a las constituciones que las naciones de América Latina adoptaron durante el siglo XIX, encontramos que, aunque lo que predominó fue la dictadura del caudillo, esto no alteró en nada su idealista lenguaje liberal y republicano. Si Paz lo atribuía al optimismo ingenuo de la Enciclopedia, Uslar Pietri cree ver allí un aspecto del viejo nominalismo de la colonización: la cosa y el nombre no tenían por qué corresponder, pertenecían a dos esferas distintas, pero, en alguna forma, mágicamente vinculadas (1988, p. 35).

Uslar Pietri afirma que los próceres de aquellas repúblicas actuaron a la manera española: no prestaron atención a las urgencias de la realidad, y, de una manera quijotesca, casi mágica, crearon de la nada las instituciones políticas más perfectas que había imaginado la ideología racionalista. Pero no hubo ninguna coherencia entre las instituciones y la realidad cultural y social. El resultado fue el fracaso de las repúblicas de la primera hora y el surgimiento de la única institución autóctona que América Latina ha producido en su agitada historia: el caudillo rural (1981, p. 240). La primera Constitución hispanoamericana, que se promulga en Venezuela en 1811, le hace decir a Bolívar que aquellas instituciones sin respaldo en la realidad son «repúblicas aéreas». El nacionalismo legitima esas «repúblicas aéreas», que no dejan de serlo, aunque tengan embajadas, ministros de Relaciones Exteriores y escaño en la Organización de las Naciones Unidas. Se me ha reprochado decir lo que para mí es una obviedad: que el Uruguay no existe. Octavio Paz escribía: «nadie puede explicar satisfactoriamente en qué consisten las diferencias ‘nacionales’ entre argentinos y uruguayos, peruanos y ecuatorianos, guatemaltecos y mexicanos», y añadía que «nada explica la existencia en Centroamérica y las Antillas de nueve repúblicas» (1959, p. 110). Olvidamos que, si suprimimos el nacionalismo, Alemania o Francia siguen siendo realidades incontestables, pero poco o nada queda de las «repúblicas aéreas» latinoamericanas.

Raymond Aron decía que «independencia y soberanía nacional son las palabras mágicas de nuestro siglo» (1961, p. 242). No se equivocaba: su magia se ejecuta en la política –lo más superficial de la sociedad, señalaba Ortega– y en la conciencia de los ciudadanos. Y añadía: «una nación no constituye un campo inteligible de estudios» (1979, pp. 148-149). Pero en la vida práctica nada de eso importa: aprendemos a manejarnos con esos entes inexistentes aplicando, sin saberlo, «la filosofía del como si»: estamos rodeados de ficciones, en la ética, en la teoría científica, en la religión, en la ciencia política. Concebimos la materia como si estuviera compuesta de átomos, protones, electrones, ondas electromagnéticas; el yo, como si fuera una substancia; el hombre, como si fuera un ser eterno; Dios, como si existiera; la teología, como si fuese la ciencia de Dios, siendo solo una ciencia de textos (D´Ors, p. 40). Y las identidades colectivas, sobre las que se basa la ideología nacionalista, como si fueran esencias cuya contaminación hay que evitar (Bueno, 1996, p. 159); nuestros regímenes políticos, como si fuesen democracias; el continente, como si estuviera compuesto de naciones. Y redactamos constituciones como si actuáramos sobre la realidad de un país, resolviendo sus contradicciones.

Claro que las ficciones son de distinto linaje: las hay conscientes e inconscientes, útiles e inútiles, ejemplares o perversas, admirables o execrables, cosmopolitas o liliputienses, que franquean el listón de lo que es posible aceptar, o que se quedan en el camino... Cada uno decide. Y su decisión lo describe.

Uslar Pietri escribe que estamos ante el nominalismo hispanoamericano: creer que el nombre de la cosa es la cosa, que proclamar la República es la República, que decretar la igualdad es la igualdad. Añadimos: y que redactar una Constitución perfecta es hacer la República perfecta.

La persistente confusión entre causas y efectos

En abierto contraste con lo que ocurre en la etapa auroral de América del Norte, en la América española se enredan causas con efectos y efectos con causas: se confunde la relación de causalidad y la dirección de esa causalidad.

En los países desprendidos del Imperio Español, «el sistema político tendió a perpetuar la impronta de sus orígenes» (Pérez-Díaz, p. 87). Las 13 colonias del Norte, si bien eran sociedades intensamente religiosas, carecían de una iglesia establecida y no padecían un poder omnímodo sobre las conciencias. Las capas intermedias de la sociedad no eran funcionarios civiles, ni clérigos dependientes de una jerarquía –escribe Pérez-Díaz–, sino seres independientes, habituados a una amplia libertad y acostumbrados a disentir.

Cuando esa sociedad se independiza y se organiza como comunidad política, no hace más que adoptar una Constitución que corresponde a su forma de vida habitual: «no inventa o promueve de manera voluntarista un orden de libertad. Da una nueva forma política al orden de libertad en el que ya vive» (Pérez-Díaz, p. 86).

En otras palabras: allí la Constitución es efecto –y no causa– de una cultura cuyo ambiente era la libertad y la iniciativa individual. Su texto reflejaba una realidad preexistente, una mentalidad, una manera de sentir el mundo y de relacionarse con él –en definitiva, una psicología y una cultura. Y fue esa realidad preexistente la que hizo posible la Constitución.

La dirección de la causalidad iría de la sociedad y la cultura hacia la Constitución –no de ésta a aquéllas. La relación de causalidad no es tan simple como piensan los constitucionalistas latinoamericanos: la realidad social es sistémica, todo influye en todo, y la religión tiene algo que decir, aunque su mensaje sea bien diferente en el Norte y en el Sur.

No se trata de simplificar. Sabemos de la «terrible maraña de influencias recíprocas entre la base material, las formas de organización social y política y el contenido espiritual de las épocas de cultura reformada» (Weber 2003, p. 107). No puede decirse, sin más, que el «espíritu capitalista» se puede derivar de determinadas influencias de la Reforma (p. 106). Pero lo cierto es que la idea de profesión –en el sentido moderno– y el paso de un sistema económico de satisfacción de las necesidades a una economía de lucro, en la que se inspiran las máximas morales de Benjamín Franklin y donde el utilitarismo y la moral del trabajo caminan juntos, constituyen progresos que guardan relación con la religión: la ética racional de base calvinista. La nueva realidad económica surge por eso del protestantismo ascético y no del centro del capitalismo de entonces: la Florencia del siglo XIV y XV observa con reservas morales lo que en Pennsylvania se convertiría en una moralidad impulsora de nuevas relaciones con el entorno.

Todo ello es terriblemente ajeno a los virreinatos de España. Allí impera el concepto de profesión de Santo Tomás de Aquino, donde se refleja su idea de que la organización estamental y profesional de los hombres es obra de la providencia divina y expresa el orden objetivo de la sociedad (Weber 2003, p. 92): el hombre tiene que aceptar el lugar que le ha tocado, lo cual impide que se disparen energías psíquicas destinadas a cambiar un orden social, económico y político considerado parte del plan divino.

Matrices culturales y culturas políticas

Acaso tenga algo que ver con ese fracaso de América Latina –una región que no entró en la modernidad y que está integrada por países cuya cultura política es manifiestamente mejorable– la fulminante condena de la modernidad que pronunció reiteradamente la Iglesia católica, una de las instituciones que más contribuyó a conformar la cultura latinoamericana. Cuando la Convención francesa aprobó los Derechos del Hombre, el papa Pío VI los condenó con el argumento de que «no puede imaginarse tontería mayor que tener a todos los hombres por iguales y libres». En 1832, Gregorio XVI condenó la «libertad de conciencia» como un error «venenosísimo». En 1864, Pío IX condenó los errores de la modernidad democrática, especialmente la ya condenada libertad de conciencia. En 1888, León XIII fustigó los males del liberalismo y del socialismo –consecuencias de la Ilustración– en un documento que condenaba la libertad de pensamiento, de prensa y de palabra, de enseñanza y de culto. Y en 1906 Pío X condenó la ley francesa de separación entre Iglesia y Estado (Savater, p. 223). Todavía hoy se escuchan diatribas eclesiásticas contra la Ilustración.

Una institución tan poderosa formando a las personas en esa matriz cultural premoderna, que aún hoy mantiene grupos activos hostiles al Estado laico que cuestionan la legitimidad de los parlamentos democráticos para legislar sobre el matrimonio, la eutanasia o el aborto, no ayuda a que se consolide una sociedad abierta ni a que se imponga el lema de la Ilustración: «¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!» (Kant, p. 25).

¿Es casual, entonces, que aquellos países formados en enunciados tan irresponsables como totalitarios no hayan ingresado en la modernidad? ¿Es casual que se debatan entre dictaduras y torpes remedos de democracia, pronunciamientos y nuevas constituciones, sin alcanzar nunca la orilla de una democracia creíble y de una economía saneada?

Y puesto que de matrices culturales hablamos: a la matriz cultural «racionalismo» le corresponde la cultura política «ideología» (Sartori, p. 106), lo que implica doctrinarismo, sistema y pensamiento acrítico: tomismo, positivismo, marxismo. A la matriz cultural «empirismo», en cambio, le corresponde la cultura política «pragmatismo»: atención a los hechos, permeabilidad psicológica, flexibilidad, atención al feedback, método de ensayo y error. El primer retrato es el de América Latina. El segundo, el de Gran Bretaña y EEUU. En el ámbito católico, aquellos pronunciamientos de la Iglesia han dejado su impronta en la cultura política de los latinoamericanos bajo la relación religión/cultura/economía/política/instituciones.

Desde luego, no creemos en la absoluta dependencia del pasado –no somos deterministas– y coincidimos con el ex-presidente chileno Ricardo Lagos –«Los latinoamericanos serán lo que quieran ser»– y con los enunciados de la sociología –«los habitantes de la región son responsables de la América que han hecho y siguen haciendo todos los días. No son víctimas del pasado, ni del extranjero, ni de las estructuras e instituciones que les rodean» (Pérez-Díaz, pp. 9-10). Sin embargo, no podemos ignorar que el pasado arroja su larga sombra sobre las sociedades latinoamericanas: la España imperial y la Iglesia Católica siguen actuando, aunque su presencia sea sutil y a veces pase desapercibida, como Roma seguía actuando en la Hispania del año 600 d.C., cuando el Imperio Romano había caído hacía un siglo y medio, y como Atenas, Jerusalén y Roma siguen actuando en nosotros, que damos en llamarnos «occidentales».

La división de Europa entre Reforma y Contrarreforma se refleja en América: unos crearon el capitalismo y la democracia, otros se mantuvieron fieles a la herencia medieval del absolutismo, a la economía señorial y servil y al predominio del dogma religioso (Uslar Pietri 1974, p. 16), división que tuvo consecuencias culturales, económicas y políticas.

El descubrimiento y la colonización fueron una empresa del Renacimiento español, pero lo que construyeron fue un espacio público para una Edad Media hispanoamericana, con una división del mundo en dos ámbitos, según el tipo de legitimidad religioso (Weber 1981, pp. 85-86): el otro mundo (el más allá), donde se origina el poder legítimo, y este mundo, lugar de aplicación, ejercicio y disfrute de ese poder (Laufer/Paradeise, p. 31). Y la pasarela que comunicaba esos mundos era descendente: iba de Dios al hombre. En la América del Norte también prosperó ese modelo binario, pero la pasarela que comunicaba un mundo con el otro era de doble sentido: el hombre decidía y en su trabajo confirmaba que era un elegido de Dios.

Los latinoamericanos, hijos de la Contrarreforma

No ignoramos las ideas económicas que generaron los teólogos del siglo XVI, la llamada «Escuela de Salamanca», y no sería justo pasar por alto la contribución de la escolástica española a la ciencia económica (Grice-Hutchinson). Pero lo cierto es que su influencia se sintió en otras sociedades y no tuvo éxito ni consecuencias en cuanto a cambiar la mentalidad tradicional de los españoles de aquellos días.

Octavio Paz lleva razón cuando afirma que «la teología cerró las puertas de España al pensamiento moderno» (1986, p. 155). Y esa realidad le hace decir: «Somos los hijos de la Contrarreforma» (1990, p. 161).

Su análisis de la arquitectura es ilustrativo. En el siglo XVII, la sociedad mexicana era más rica y próspera que la norteamericana, situación que se prolonga hasta la primera mitad del siglo XVIII. EEUU carecía de iglesias románicas o catedrales góticas. Era un país sin ruinas (Paz, p. 31). México, en cambio, era imponente. Boston era poca cosa. Puebla era monumental. Filadelfia, insignificante.

Pero se trataba de un esplendor engañoso, y en menos de cincuenta años todo cambió (p. 154): lo que en EEUU era amanecer, en la América española era crepúsculo. Los norteamericanos nacieron con la Reforma y la Ilustración, los latinoamericanos con la Contrarreforma y la neoescolástica, es decir, contra el mundo moderno (p. 165).

Paz afirma que Suárez y sus discípulos de la Compañía de Jesús renovaron el tomismo con genio y lo convirtieron en una fortaleza: fue la base ideológica en la que se sustentó el Imperio Español, y fue también la escuela de las clases dirigentes criollas, cuyos hábitos y actitudes modeló. En definitiva: en América Latina, una Iglesia católica profundamente iliberal (Pérez-Díaz, p. 96) dejó su impronta.

Pero no fue la única influencia. El sociólogo sostiene que el ascendiente principal en la cultura política no ha procedido de los eclesiásticos, sino de la filosofía estatista de la mayor parte de las clases políticas (Pérez-Díaz, p. 98), precedente del incontenible apego al Estado que manifiestan las elites latinoamericanas.

Lo cierto es que, mientras tanto, en las pequeñas comunidades religiosas de Nueva Inglaterra estaba ya el germen del futuro: la democracia política, el capitalismo y el desarrollo social y económico (Paz 1986, p. 154). Y allí, aunque hubo una guerra civil, no hubo espacio para golpes de Estado, dictaduras o genialidades constitucionales, de esas que duran lo que dura un caudillo, porque tampoco estaban previstos los caudillos: la dificultad para imaginar un Perón o un Chávez en Londres, Ámsterdam o Washington es suficiente para entender mi planteo.

A modo de conclusión

Las que llamamos «democracias» –en América Latina, EEUU o Europa– son, en realidad, sofisticadas poliarquías, sistemas relativamente abiertos en los que compiten varias elites, vertebradas en partidos políticos (Dahl 1974 y 1992; Rey Morató 1996).

Los países latinoamericanos seguirán –previsiblemente– redactando luminosas constituciones. Experiencia no les falta y, por lo que se ve, voluntad tampoco. Tal vez ignoran hasta qué punto siguen un guion escrito por otros: entre 1812 y 1981 –año en que termina el siglo XIX español– España redactó 13 constituciones.

Ortega y Gasset se refiere a un pájaro cuya existencia conoció en Argentina: el tero –o teru-teru–, cuyo nombre científico es Vanellus chilensis. Lo conozco bien. Lo vi muchas tardes, en los potreros de la estancia Buen Retiro, en Uruguay, cuando cabalgaba por la orilla del río Queguay. Si algún animal peligroso acecha, el tero hace teatro: emprende un vuelo corto, rasante, se aleja del nido y, desde un pastizal distante, simula anidar, canta y distrae al intruso. Éste desvía su ruta hacia el sitio en que oye el trino del astuto tero. Y no encuentra el nido.

La parábola del tero, su vuelo rasante, su trino y su nido, sirve a nuestros fines: los políticos latinoamericanos emprenden vuelos cortos, rasantes, ejecutan bellos trinos constitucionales, despistan al auditorio y se alejan del nido. Y aquí empiezan las diferencias: pasado el peligro, el tero vuelve al nido, pero el político no recuerda dónde ha quedado el asunto que le correspondía defender y termina por perderlo de vista.

La ardua tarea de redactar constituciones los distrae de su circunstancia. Y sin embargo, es en ella donde están los problemas, y es en ella donde –casi doscientos años después de una independencia tan publicitada como defraudada– debería estar la solución o el alivio para los problemas.

Ya lo decía el filósofo: «yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo». Circum (alrededor) y stare (estar colocado) son términos que definen la porción de realidad que es para nosotros el mundo, ante el que solo nos quedan dos alternativas: imponerle un proyecto, o padecer el agobio de cargar con los problemas que éste nos impone.

Bienvenidas las nuevas constituciones, si son imprescindibles. Y si quedara en alguna parte una Bastilla, un Cuartel Moncada o un Palacio de Invierno por tomar, cuanto antes caiga, mejor. Pero no por redactar textos constitucionales impecables los países latinoamericanos conseguirán parecerse a Francia o a Gran Bretaña, a Holanda o a EEUU.

Un objetivo tan encomiable como ése exige olvidar la semántica, los trinos, la simulación, los vuelos rasantes, y afrontar la realidad, con método y profesionalidad, con moral utilitaria y espíritu de consenso. Como nos dice el cubano, «el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el Reino de este Mundo» (Carpentier, p. 144). Y es que la realidad –el Reino de este Mundo– tiene una ventaja sobre las ficciones: ella es todo nuestro haber, la finca que registra nuestros éxitos y nuestros fracasos, la única que nos puede justificar.

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