Coyuntura

Cultura política y constituciones en América Latina

América Latina bate récords en la redacción de constituciones. Últimamente, Venezuela, Bolivia y Ecuador se han dado a esa tarea. El artículo sostiene que el error consiste en creer que, por escribir una Constitución bella y liberal, las cosas se arreglarán mágicamente. Es la cultura política latinoamericana, hija de la Contrarreforma, el absolutismo y la Edad Media, la que genera esta confusión. Para superarla, los políticos latinoamericanos deberían dejar de hacer como el tero, que engaña con vuelos cortos y gritos destemplados, y centrar su atención en los verdaderos problemas que aquejan a sus países y que difícilmente se resuelvan solo con cambiar las reglas de juego.

Cultura política y constituciones en América Latina

La pasión latinoamericana por redactar constituciones

Ante las turbulencias políticas existentes en algunos países latinoamericanos, hemos recurrido a la interpretación que de la pasión latinoamericana por redactar constituciones propone Octavio Paz:

El gran número de constituciones que se han dado en nuestras naciones revela, por una parte, nuestra fe en las abstracciones jurídicas y políticas, herencia secularizada de la teología virreinal; por otra, la inestabilidad de nuestras sociedades. La inestabilidad, dolencia endémica de América Latina, ha sido el resultado de un hecho poco examinado: la Independencia cambió nuestro régimen político pero no cambió a nuestras sociedades. (1990, p. 162).

La Constitución de Venezuela –que Hugo Chávez gusta enseñar ante las cámaras de televisión–, la Constitución que quiere el presidente Rafael Correa, la que pretende Evo Morales, son otros tantos casos de aquella pasión, manifestaciones que nos revelan la fe de los latinoamericanos en las abstracciones jurídicas y políticas, esas construcciones de la razón que a veces no tienen nada que ver con la realidad y que son una herencia secularizada de la teología virreinal.

Casi todos piensan, con un optimismo heredado de la Enciclopedia, que basta con decretar nuevas leyes para que la sociedad se transforme. Ven en Estados Unidos un modelo y creen que su prosperidad se debe a la excelencia de las instituciones republicanas (Paz 1959, p. 112). Pero la prosperidad de EEUU no se debe a las instituciones republicanas, por excelentes que éstas sean, como veremos más adelante, ni los problemas latinoamericanos a sus constituciones.

Empecemos por Ecuador, donde el conflicto institucional abrió una crisis de Estado que interpela a la Presidencia y al resto de los actores sociales. El presidente Correa –admirador de Hugo Chávez– ganó las elecciones del 26 de noviembre de 2006 con una mayoría holgada –66% de los votos–, tras una campaña electoral en la que presentó su proyecto de convocar una Asamblea con el propósito de redactar una nueva Constitución. Entre finales de marzo y principios de abril de 2007, el enfrentamiento entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral había llegado a un callejón de difícil salida: cuando el Congreso aprobó la destitución de Jorge Acosta, presidente del Tribunal, éste destituyó a su vez a 57 de los cien diputados, argumentando que obstaculizaban la consulta popular prevista para el 15 de abril, en la que se sometió a la aprobación de los ciudadanos la iniciativa presidencial de convocar una Asamblea Constituyente.En plena crisis institucional, cada uno de los actores reivindica su legitimidad para adoptar decisiones. Sin embargo, la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral para revocar el nombramiento de 57 diputados elegidos en comicios libres, basándose en que estaban en contra de una iniciativa presidencial, resulta un tanto problemática, por decirlo de alguna manera.

Como sea, la crisis se produce en un país de tradición golpista: el último presidente que consiguió terminar su mandato fue Sixto Durán Ballén en 1996. Los cuatro presidentes que le sucedieron tampoco sobrevivieron a las movilizaciones populares y se vieron obligados a renunciar antes de la fecha prevista. Abdalá Bucaram lo hizo por «incapacidad mental para gobernar». Jamil Mahuad, que dolarizó la economía, gobernó solo dos años –cayó en 2000–, mientras que Lucio Gutiérrez renunció el 20 de abril de 2005, presionado por movilizaciones populares y abandonado por los militares.

Hugo Chávez –quien apoya a Correa en su camino hacia el «socialismo del siglo XXI»–, dedicó estas palabras a la crisis ecuatoriana: «¡Cinco presidentes en los últimos ocho años! Es una inestabilidad terrible», y atribuyó esa inestabilidad a «la explotación imperialista y a las garras del imperio estadounidense en Ecuador», enunciado típico de la cultura política latinoamericana: el recurso al «chivo expiatorio» –invariablemente, EEUU–, que exime a las elites criollas de toda responsabilidad.

Pero lo cierto es que Correa no engañó al electorado: prometió convocar a una Asamblea y redactar una nueva Constitución para impulsar un sistema socialista, iniciativas que el pueblo aprobó y legitimó con su voto en las elecciones. Como escribió Pablo Mieres, Correa demostró claramente su desprecio por el Poder Legislativo: no presentó candidatos al Parlamento y anunció, en su discurso inaugural, que impulsaría la Asamblea Constituyente, desconociendo la legitimidad del Congreso. Cuando dio los primeros pasos chocó con la resistencia del Congreso, donde, por no haber presentado listas parlamentarias, carecía de apoyo. En la consulta popular para impulsar la Asamblea Constituyente, celebrada el 15 de abril de 2007, Correa obtuvo un apoyo notable: más de 81% de los votos. El otro caso es el de Bolivia, donde la crisis tiene varias causas. Una de ellas –señala Oscar Alcoreza, sociólogo y militante del Movimiento al Socialismo (MAS)– es «la crisis económica generada por el modelo neoliberal, que vació el ahorro interno transfiriéndolo a los circuitos de la banca internacional» (2006). Otra de las causas deriva «de la matriz colonial, instaurada por la conquista», matriz que no caducó con la independencia, pues a la descolonización le siguieron «versiones cambiadas del colonialismo interno». Como factores desencadenantes en la historia reciente, Alcoreza señala el fracaso de las anteriores nacionalizaciones. Puesto que la Colonia perdura en la República, y puesto que las nacionalizaciones fracasan, reformemos la Constitución, dicen las elites del altiplano. Y a la Asamblea Constituyente se le encarga una misión grandiosa: construir un nuevo Estado. René Mayorga, quien viene denunciando la falta de visión y responsabilidad de los dirigentes bolivianos y habla de «desmontaje de la democracia» (2000), se pregunta «si existen conexiones causales o correlaciones significativas entre las reformas constitucionales y electorales por una parte, y los problemas que han enfrentado las democracias de la región, por otra». Mayorga afirma que la mayoría de las reformas emprendidas en los países andinos ha planteado nuevos dilemas y no descarta una etapa de «reforma de las reformas».Si consideramos que Bolivia se ha destacado en la práctica de redactar textos constitucionales, si pensamos que Ecuador ya ensayó 20 constituciones –ninguna parece haberle servido de mucho– y si recordamos que la media de constituciones por país latinoamericano es de aproximadamente 20, tenemos alrededor de 400 constituciones en un periodo de casi dos siglos. Un síntoma que suministra una información de inestimable valor sobre las sociedades latinoamericanas y sobre sus elites, que no parecen dispuestas a presentar la dimisión ni a dejar de redactar constituciones. Sin duda alguna, Evo Morales representa el ingreso de Bolivia en un escenario político distinto y acaso su pretensión de redactar una Constitución se justifique plenamente. El analista se limita a contextualizar esta pretensión en el marco de una cultura propensa a recurrir a ese expediente para resolver crisis a las que no se les encuentra otra salida que actuar sobre el texto que regula las reglas del juego.