Mientras se escriben estas líneas, un diputado permanece en terapia intensiva por inhalación de gases lacrimógenos. Otro tuvo que ser intervenido un día antes para hacerle una sutura en la frente, y a un tercer parlamentario le rompieron a golpes una costilla. No se sabe con exactitud cuántos heridos provocaron los tiros con los que los grupos parapoliciales conocidos como «colectivos» atacaron una manifestación, pero al parecer son varios. Por las redes circula la fotografía, cuya veracidad no se ha podido comprobar, de un supuesto miembro de estos grupos que fue atrapado por los manifestantes, linchado y desfigurado. Ojalá se trate de un montaje, pero la sola probabilidad de que no sea así, junto al panorama general, da una idea bastante clara del estado del país unos días después de lo que ya se conoce como el autogolpe de Maduro.

Que el autogolpe del 29 de marzo haya desembocado en una crisis de carácter internacional que de momento obligó al gobierno a retroceder, no significa que los peligros hayan desaparecido. Los diputados y otros ciudadanos heridos así lo demuestran. Por otra parte, esto sólo es comprensible dentro del contexto más amplio de la crisis del sistema político chavista y de sus dificultades para reinventarse sin su líder, sin petrodólares, sin apoyo popular y ante el patente fracaso de su modelo económico. Con un 80% de desaprobación, no hay estudio que le otorgue posibilidad alguna de ganar cualquier elección (local, regional y mucho menos nacional). La enorme victoria de la oposición en los comicios parlamentarios de 2015 fue una advertencia que los grupos que detentan el poder oyeron bien. Pero en vez de procurar un refrescamiento con nueva figuras desembarazándose de las más impopulares, y de plantear reformas de fondo en la administración pública y la economía, optaron por el camino de neutralizar al Parlamento, perseguir a diversos líderes opositores y evitar, o al menos dilatar tanto como sea posible, la convocatoria a nuevas elecciones. Es lo que, desde mediados de 2016, la prensa bautizó como el «Madurazo».

Todo comenzó cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya directiva fue nombrada a última hora por la anterior Asamblea formada mayoritariamente por chavistas, declaró inconstitucional todo cuanto ha hecho el Parlamento. Así, en la práctica, la Asamblea ha quedado anulada. Promulgue lo que promulgue, el Ejecutivo sólo obedece al TSJ. Este es el marco en el que el Tribunal ordenó desincorporar a los diputados del Estado Amazonas por supuestos vicios en su elección y la Asamblea se negó a hacerlo hasta enero de 2017, la consideró en desacato, declarando inválidos todos sus actos. En este contexto, el presidente Maduro optó por solicitar la aprobación del presupuesto y por presentar su memoria y cuenta ante el Tribunal. Era la consumación del desconocimiento. Paralelamente, varios sectores de la oposición iban impulsando la convocatoria de un referéndum para revocar el mandato de Maduro, según lo estipulado en la Constitución. Más de un 70% de los venezolanos apoyaban la propuesta según todos los sondeos. El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de canalizar la propuesta y también controlado por el chavismo, elaboró un engorroso cronograma para la recolección de firmas necesarias para solicitar la convocatoria. Parecía muy difícil lograrlo, pero la multitudinaria manifestación en Caracas del 1 de septiembre de 2016 y el abucheo que hizo correr a Maduro en un acto en la isla de Margarita al día siguiente, auguraban una recolección masiva a partir del 26 de octubre. Seis días antes, sin embargo, las sentencias de varios tribunales penales de provincia, según muchos juristas sin competencia para ello, ordenaron suspender la recolección. Por su parte, las elecciones municipales y regionales también quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. De hecho, en cinco Estados los gobernadores electos popularmente han sido sustituidos, a través de varios mecanismos, por otros afectos al gobierno.

La oposición, comprensiblemente airada, llamó entonces a protestar en las calles. Pero a finales de año, decidió desmovilizar la protesta acaso como un signo de buena voluntad cuando se sentó en una mesa de diálogo con mediación del Vaticano y los ex-presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. A cambio, el gobierno hizo varias promesas sobre la liberación de los presos políticos y el llamado a elecciones que no cumplió en práctamente ninguno de los casos. Y así, poniéndole obstáculos a la expresión de la voluntad popular, Maduro logró llegar al 2017. El «Madurazo» ha parecido tener éxito: decepcionados, muchos opositores se desmovilizaron y comenzaron a acusar a su dirigencia de inepta o incluso traidora. Fue cuando, apelando a la ley electoral, el CNE dictaminó que antes de convocar a cualquier nueva elección era necesario que los partidos que en las últimas elecciones habían obtenido menos del 1% de los votos, renovaran su registro para poder funcionar legalmente. Como los de oposición no se han presentado con candidatos propios, sino como parte de una alianza, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), todos estaban en la necesidad de hacerlo. Es decir, debían reunir las firmas del 0,5% de los electores. Nuevamente, el cronograma hacía casi imposible la tarea. Sin embargo, la gente salió a firmar y, si bien hasta el momento el CNE no ha publicado los resultados, todo indica que los partidos han logrado alcanzar la meta.

Es natural que, con este panorama, se hayan disparado las alarmas continentales con respecto a lo que parece ser un golpe por entregas. En lugar de sacar los tanques, encarcelar a los parlamentarios, proscribir los partidos y decretar el toque de queda en una noche, el «Madurazo» fue avanzando palmo a palmo durante más de un año. La profundización de la crisis económica, los millares de venezolanos que en este contexto han optado por emigrar, convirtiéndose ya en un problema para los países vecinos; y las acusaciones crecientes de narcotráfico y apoyo al terrorismo (dos sobrinos de la esposa del presidente están presos por estos cargos en Estados Unidos, mientras el Departamento del Tesoro le impuso sanciones al vicepresidente Tarek El Aissami, por los mismo motivos), sólo empeoran el diagnóstico de Venezuela. Debido a un reportaje sobre los supuestos vínculos del gobierno con el terrorismo, se ordenó la salida del aire de CNN en español, lo que provocó un escándalo regional. De ese modo, cuando en la OEA se decidió discutir seriamente la aplicación de la Carta Democrática, cosa que el gobierno cataloga de simple intervencionismo imperialista, el 29 de marzo de 2017, el TSJ optó por dar un paso más y tajantemente asumir las funciones de la Asamblea al tiempo que le otorgaba superpoderes a Maduro. Parecía el zarpazo final, pero el escándalo internacional sobrepasó los cálculos de sus promotores. Unos días antes, el gobierno le había tendido la rama de olivo a los empresarios nacionales y extranjeros, llegando a otorgarles créditos. La situación económica es cercana a la bancarrota y se precisan inversiones que capeen el temporal. No obstante, el meollo del asunto es conseguir más créditos y establecer empresas mixtas para la explotación minera y petrolera. Pero para su funcionamiento es necesaria la aprobación de la Asamblea. Zafarse de este escollo molesto parece haber sido el detonante de la medida.

La rápida condena internacional a Maduro demostró que el remedio para conseguir dólares es peor que la enfermedad. Del mismo modo, el descalabro puso en evidencia lo que era un secreto a voces: que no todos en el gobierno apoyaban el autogolpe. La fiscal Luisa Ortega Díaz, famosa por su militancia pro-gubernamental, señaló que la medida del TSJ violaba la constitución, sorprendiendo a todos. Muchos siguen considerando la declaración como poco sincera, y como parte de una maniobra para, en medio del vendaval desatado, recoger la sentencia (y ambas cosas caben dentro de lo posible). En cualquier caso, dio la señal de un bloque chavista con fisuras. Además, cuando el Consejo de Defensa de la Nación (un órgano principalmente militar) recomendó echar atrás la defensa después de largísimas discusiones, quedó claro que sectores muy importantes en el sostenimiento del gobierno no apoyaron la aventura o, que si la apoyaron en un momento, no estaban dispuestos a asumir sus últimas consecuencias.

En cualquier caso, se demostró que la Asamblea no estaba tan disuelta como se pensaba, ya que es reconocida como legítima por la comunidad internacional, que constituye un poder importante. Se verificó, asimismo, que el gobierno no puede seguir infinitamente con el «Madurazo» hasta donde quiera, al menos no sin grandes costos, y que en el bloque gubernamental no todos están dispuestos a pagarlos. Se trata, sin duda, de un éxito casi caído del cielo, inesperado, para la oposición, para el momento acoquinada. Julio Borges rompiendo la sentencia le dio la vuelta al mundo. Por eso si no aprovecha la coyuntura para reavivarse de algún modo, y para subir el tono en el reclamo de elecciones y libertad de los presos políticos, podría perder una oportunidad casi definitiva. Pero como pueden decirlo los parlamentarios y ciudadanos heridos, el gobierno no parece dispuesto a ceder fácilmente. El autogolpe del 29 de marzo falló, pero el «Madurazo» sigue vivo. Esta es tan solo una derrota en su camino. Queda mucho más por combatir.