Aportes

Crisis, partidos y sociedad en el Brasil de hoy

La crisis del gobierno de Lula no se reduce a un problema de corrupción. Tiene su raíz en una concepción del Estado como aparato ajustable y contabilizable y en la transformación del Partido de los Trabajadores en una máquina electoral dedicada exclusivamente a la conquista de la Presidencia. En un contexto de modernidad tardía y periférica, la desorganización del mundo del trabajo desarticuló a las clases y los grupos de referencia y está arrastrando a partidos, sindicatos e instituciones políticas. Lo que está en juego en Brasil, entonces, no es solo la supervivencia del gobierno, sino un modo de hacer política, concebir el Estado y pensar el cambio social.

Crisis, partidos y sociedad en el Brasil de hoy

La crisis del gobierno de Lula no se reduce a un problema de corrupción. Tiene su raíz en una concepción del Estado como aparato ajustable y contabilizable y en la transformación del Partido de los Trabajadores en una máquina electoral dedicada exclusivamente a la conquista de la Presidencia. En un contexto de modernidad tardía y periférica, la desorganización del mundo del trabajo desarticuló a las clases y los grupos de referencia y está arrastrando a partidos, sindicatos e instituciones políticas. Lo que está en juego en Brasil, entonces, no es solo la supervivencia del gobierno, sino un modo de hacer política, concebir el Estado y pensar el cambio social.

Elegido por amplia mayoría en 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, principal líder del Partido de los Trabajadores (PT), inició su gobierno con el compromiso de impulsar la reforma de las estructuras sociales que bloquean y laceran a la sociedad brasileña. Recibió un voto de confianza tanto de amplios sectores populares como de buena parte de las elites, algunas de las cuales, como las empresarias y las financieras, apostaban a su capacidad de promover el desarrollo, aunque al mismo tiempo se mostraban recelosas ante la posibilidad de que se impusieran cambios estructurales en la economía. En el programa que presentó para las elecciones presidenciales, el PT se había propuesto tres grandes líneas de acción estratégica: profundizar la democracia, combatir la exclusión social y reducir la vulnerabilidad externa. Para ello, parecía inevitable adoptar una política económica que restringiese la libertad de acción de los capitales y de los mercados, para mejorar de esa forma la calidad de la inserción en la economía globalizada. Se preveía que el nuevo gobierno –impulsado por los compromisos históricos del PT y por la agenda desarrollista defendida por buena parte del movimiento democrático– acabaría por perfeccionar y aumentar el control sobre los flujos de capitales y el tipo de cambio.

Ya en la campaña electoral, consciente de las dificultades que enfrentaría una vez que llegara al gobierno, el PT flexibilizó sus propuestas y propició una alianza política tendiente al centro, eligiendo al empresario José Alencar, del Partido Liberal, como candidato a vicepresidente. Optó por actuar de forma conciliadora y prudente, con la intención explícita de calmar a los mercados y neutralizar a sus adversarios, preparándose para el hecho de que el gobierno que saldría de las urnas no dispondría de mayoría legislativa y debería conseguir estabilidad en un contexto de turbulencia financiera y tensión social.

Hubo, sin embargo, más pragmatismo que realismo. Al asumir la Presidencia, en enero de 2003, Lula anunció un elenco ministerial ecléctico y moderado, que reunía –sin criterios claramente explicitados– cuadros partidarios, empresarios y parlamentarios de fuerzas aliadas. Nombró a un banquero al frente del Banco Central y designó, como eje de gravitación del gobierno, a un equipo económico ortodoxo, responsable de garantizar la continuidad en la política de ajuste fiscal y estabilización monetaria.

De este modo, se inclinó por una alternativa riesgosa, que en poco tiempo lo condujo a un callejón sin salida: en lugar de articular a las elites económicas, terminó por ser articulado por ellas, apartándose de los compromisos partidarios iniciales y de las directrices estratégicas de carácter programático. Se convirtió así en un gobierno de «izquierda» paradójico, más preocupado por evitar las injerencias reguladoras y cuidar a los dueños del capital financiero que por impulsar el mundo del trabajo y la reforma social.

Un arriesgado proyecto de poder

Al llegar a la mitad de su mandato, el gobierno del PT se revelaría carente de un programa claro y con escasa capacidad para implementar políticas con que enfrentar las precarias condiciones sociales y las dificultades económicas del país. Contrariando el amplio consenso formado por varios economistas de diferentes escuelas, desde monetaristas hasta desarrollistas, Lula llevó adelante una gestión excesivamente ortodoxa, apoyada en la baja inversión pública, la elevada carga tributaria y las altas tasas de interés. Mantuvo la inflación bajo control, pero bloqueó la expansión económica, provocando un bajo crecimiento del PIB (2,5% al año) y comprometiendo la expansión de la renta y del empleo, que se estabilizarían en parámetros poco satisfactorios.

El gobierno se mostró igualmente ambiguo en el área social, al aplicar medidas confusas y asistencialistas. Su principal realización –el programa Bolsa Familia– es consecuencia en buena medida de las concepciones del Banco Mundial, orientadas a la focalización de los gastos sociales en los sectores indigentes. Se trata de una política «eminentemente compensatoria, necesaria para una sociedad como la brasileña, con niveles elevados de pobreza absoluta, pero claramente insuficiente como elemento de transformación social». Aunque la pobreza disminuyó, y la distribución de la renta mejoró, los avances no alcanzaron a modificar sustancialmente la faz miserable del país, y tampoco introdujeron ninguna innovación o aceleración importante en el plan de reformas de base (como las vinculadas a la ocupación de la tierra).

El gobierno de Lula mantuvo la concepción del Estado como un aparato ajustable y «contabilizable», sin preocuparse por la calidad de los servicios públicos ni dar ningún paso en dirección a una reforma ético-política del aparato estatal. Es decir, se incluyó en el imaginario social de una visión negativa del Estado y contribuyó poco a agilizar y democratizar su maquinaria mediante nuevos mecanismos de participación popular y control social. Tampoco hizo mucho por recuperar el Estado como agencia central del desarrollo. Para colmo, reiteró la práctica tradicional de «utilizar» el aparato estatal para fines particulares, lo que generó nuevas olas de clientelismo y patrimonialismo.

Hizo un esfuerzo deliberado para ocupar de manera unilateral ciertos cargos estratégicos (las asesorías superiores, la dirección de empresas públicas y la estructura administrativa de los ministerios), que fueron entregados a la burocracia partidaria o a los profesionales del sindicalismo. En buena medida, puede decirse que el PT «ocupó» el Estado. Gobierno y partido se interpenetraron, mezclando sus negocios, su dinámica y sus intereses. Finalmente, para obtener un sustento legislativo, Lula abrió su coalición todavía más a la derecha, incorporando y apoyando a partidos que le impusieron un alto precio político y administrativo y ayudaron a que se creasen, dentro del gobierno, espacios de «compra y venta» de apoyos y cargos. Todo esto tuvo consecuencias.