Coyuntura

Crisis institucional en Nicaragua: entre un Estado privatizado y un Estado monarquizado

En abril de 2010, el presidente Daniel Ortega firmó un decreto por el cual estableció la permanencia en sus cargos de 20 altos funcionarios, incluyendo jueces y miembros del tribunal electoral, cuyos mandatos habían vencido. La crisis institucional es un capítulo más de un prolongado proceso de degradación del Estado. El artículo argumenta que, en su retorno al poder tras 17 años en espera, el Frente Sandinista requiere de un Estado reducido en ciertas áreas y fuerte en otras: un Estado privatizado en el suministro de servicios sociales y reconcentrado en la regulación que controla la inversión extranjera y la continuidad de un régimen más próximo a las teocracias que a las democracias.

Crisis institucional en Nicaragua: entre un Estado privatizado y un Estado monarquizado

Haciéndole la corte al monarca

Las lluvias de abril cayeron sobre Nicaragua con una borrasca de improperios y mutuas descalificaciones entre los funcionarios del «más alto nivel». El temporal de recias luchas en la clase política se abrió con un nuevo capítulo de fuego cruzado entre las cúpulas partidarias, cuya intensidad ha sido directamente proporcional a la proximidad de las fechas en que se vencen los periodos del ejercicio de funcionarios que, independientemente de su filiación partidaria, han servido con interesada devoción o plañidera contrición a los intereses del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). Las magistraturas de dos poderes del Estado y de otros órganos vitales del régimen habían ingresado ya en una fase crítica de descomposición y despedían un olor fétido que no podía ser disimulado con subterfugios legales o echando mano de todo el marketing de las consignas del gobierno: «Nicaragua cristiana, socialista y solidaria» y «Gobierno del Pueblo presidente», a la cabeza del top ten de las más voceadas con monótona machaconería de jaculatoria. Aunque el Frente Sandinista las deseaba eternas, las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral tenían fecha de caducidad. También la tenían los puestos de los siete contralores y del procurador y viceprocurador de Derechos Humanos. El conteo regresivo empezó en enero de 2010.

Esta estructura de poderes estatales ha sido la aceitada maquinaria construida a golpes de sobornos y extorsiones para satisfacer el pantagruélico apetito de poder del FSLN. En 2001, como epílogo previsor de la administración del presidente Arnoldo Alemán, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pactó con el FSLN la distribución de cargos estatales claves. Y lo hizo aplicando un principio elemental: «Quien no gane las elecciones, también gobernará». En otras palabras: el partido que pierda también gana. Los miembros más dóciles e incondicionales de ambos partidos fueron convertidos en magistrados, contralores, procuradores, jueces, supervisores electorales, etc. Fueron recompensados con prebendas y salarios que superan los 5.000 dólares mensuales, una vergonzosa fortuna en un país donde más de 70% de la población vive con menos de dos dólares al día.

En un capítulo posterior, valiéndose de su mayoría aplastante en el Poder Judicial –cuatro de siete magistraturas y 80% de los juzgados–, el Frente Sandinista decidió jugar al gato y el ratón con el ex-presidente Alemán, acusado de lavado de dólares y saqueo de las arcas públicas. El gobierno estadounidense preparó los datos incriminatorios, la fiscalía del presidente Enrique Bolaños sirvió las acusaciones y el banquete fue enteramente engullido por el Frente Sandinista. El PLC quedó exhausto y sin más poder tras el cúmulo de exacciones de que fue objeto para comprar el sobreseimiento definitivo de su máximo líder. El Frente Sandinista metió y sacó de la cárcel, y finalmente absolvió, al ex-presidente Alemán. Pero al cabo de ese juego, que duró ocho años, el PLC quedó escindido: la Alianza Liberal Nacionalista (ALN) se llevó al menos un tercio de sus bases, votos y convencionales. Así, el partido dijo adiós a su aplanadora mayoría en la Asamblea Nacional, perdió la confianza del gran capital nicaragüense y vio con trémula rabia y terror cómo muchas de sus fichas claves empezaban a apostar al caballo ganador. Jaque al rey. A rey muerto, rey puesto.En las elecciones de 2006, la división del voto liberal dio la victoria al Frente Sandinista. Aunque solamente obtuvo 25% del padrón electoral y acopió 426.754 votos menos que la dividida familia liberal PLC-ALN, el sandinismo retornó al poder con una dote sin precedentes: una Procuraduría de los Derechos Humanos que no denuncia; un Consejo Supremo Electoral que vende cédulas de identidad a los narcotraficantes y que, adiestrado para amañar elecciones, sin tapujos podría hacer suyas las palabras del personaje de Fernando Vallejo en Mi hermano el alcalde: «Con los muertos lo que sí hay que hacer, una vez por la cuaresma, es sacarlos a votar. Te lo agradecen mucho porque se orean. Los muertos razonan bien. Lejos de las pasioncillas mezquinas de estos poblachos y de las consejas comadreras, alcanzan a ver con largueza el panorama».

A estos poderes se añade una Contraloría que no fiscaliza ni pone coto a la liberalidad con que la cúpula sandinista dispone de los bienes estatales. Y un Poder Judicial que no solo garantiza impunidad, sino que es el fiero mastín que arremete contra correligionarios insumisos y adversarios levantiscos.

Sobre esta base, el Frente Sandinista cimienta su poder. Al divisar que las magistraturas y los demás cargos podían degradarse por caducidad, decidió perpetuarlos. El 9 de enero de 2010, para evitar el caos que produciría dejar vacantes más de 20 altos cargos estatales, Ortega firmó un decreto por el cual estableció que sus ocupantes pueden permanecer en ellos mientras la Asamblea Nacional no elija nuevos ocupantes. Dicho de otro modo: «Mientras no se elijan otros candidatos, no habrá cambios. Si no eligen a los míos, no hay elección, y entonces quedan los míos». Y es que se requiere un juego de negociaciones muy hábil para que el Frente Sandinista sume, a sus 38 votos, los 21 votos de Arnoldo Alemán o los 12 votos de Eduardo Montealegre, líder de la otra facción del liberalismo. Estos últimos todavía serían insuficientes para juntar los 56 votos que se necesitan para hacer efectivos los nuevos nombramientos.

En tanto la oposición no llegue a un acuerdo, la moratoria beneficia al Frente Sandinista. Pero el consumo posterior a la fecha de vencimiento ha resultado en una indigestión institucional que incluyó marchas, mítines, bloqueo de calles, insultos y exhibición de lo más selecto de los expedientes de cada magistrado, incluyendo asesinatos. No había nada que añadir a la época de la anarquía que sucedió a la independencia de la metrópoli colonial: la Asamblea Nacional dejó de sesionar, las calles estaban tomadas, los reclamos de inconstitucionalidad se lanzaban de uno a otro bando… Una guerra civil de baja intensidad. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, reveló con incuestionable sinceridad el –en modo alguno misterioso– atajo a seguir para salir del atolladero: «56 votos en la Asamblea se logran ofreciendo cargos a los diputados o a sus familiares». Los aterrados, enterrados y desterrados de la época de las dictaduras militares han sido sustituidos por los prebendados, comprados y extorsionados.