Coyuntura

Crisis institucional en Nicaragua: entre un Estado privatizado y un Estado monarquizado

En abril de 2010, el presidente Daniel Ortega firmó un decreto por el cual estableció la permanencia en sus cargos de 20 altos funcionarios, incluyendo jueces y miembros del tribunal electoral, cuyos mandatos habían vencido. La crisis institucional es un capítulo más de un prolongado proceso de degradación del Estado. El artículo argumenta que, en su retorno al poder tras 17 años en espera, el Frente Sandinista requiere de un Estado reducido en ciertas áreas y fuerte en otras: un Estado privatizado en el suministro de servicios sociales y reconcentrado en la regulación que controla la inversión extranjera y la continuidad de un régimen más próximo a las teocracias que a las democracias.

Crisis institucional en Nicaragua: entre un Estado privatizado y un Estado monarquizado

Haciéndole la corte al monarca

Las lluvias de abril cayeron sobre Nicaragua con una borrasca de improperios y mutuas descalificaciones entre los funcionarios del «más alto nivel». El temporal de recias luchas en la clase política se abrió con un nuevo capítulo de fuego cruzado entre las cúpulas partidarias, cuya intensidad ha sido directamente proporcional a la proximidad de las fechas en que se vencen los periodos del ejercicio de funcionarios que, independientemente de su filiación partidaria, han servido con interesada devoción o plañidera contrición a los intereses del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). Las magistraturas de dos poderes del Estado y de otros órganos vitales del régimen habían ingresado ya en una fase crítica de descomposición y despedían un olor fétido que no podía ser disimulado con subterfugios legales o echando mano de todo el marketing de las consignas del gobierno: «Nicaragua cristiana, socialista y solidaria» y «Gobierno del Pueblo presidente», a la cabeza del top ten de las más voceadas con monótona machaconería de jaculatoria. Aunque el Frente Sandinista las deseaba eternas, las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral tenían fecha de caducidad. También la tenían los puestos de los siete contralores y del procurador y viceprocurador de Derechos Humanos. El conteo regresivo empezó en enero de 2010.

Esta estructura de poderes estatales ha sido la aceitada maquinaria construida a golpes de sobornos y extorsiones para satisfacer el pantagruélico apetito de poder del FSLN. En 2001, como epílogo previsor de la administración del presidente Arnoldo Alemán, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pactó con el FSLN la distribución de cargos estatales claves. Y lo hizo aplicando un principio elemental: «Quien no gane las elecciones, también gobernará». En otras palabras: el partido que pierda también gana. Los miembros más dóciles e incondicionales de ambos partidos fueron convertidos en magistrados, contralores, procuradores, jueces, supervisores electorales, etc. Fueron recompensados con prebendas y salarios que superan los 5.000 dólares mensuales, una vergonzosa fortuna en un país donde más de 70% de la población vive con menos de dos dólares al día.

En un capítulo posterior, valiéndose de su mayoría aplastante en el Poder Judicial –cuatro de siete magistraturas y 80% de los juzgados–, el Frente Sandinista decidió jugar al gato y el ratón con el ex-presidente Alemán, acusado de lavado de dólares y saqueo de las arcas públicas. El gobierno estadounidense preparó los datos incriminatorios, la fiscalía del presidente Enrique Bolaños sirvió las acusaciones y el banquete fue enteramente engullido por el Frente Sandinista. El PLC quedó exhausto y sin más poder tras el cúmulo de exacciones de que fue objeto para comprar el sobreseimiento definitivo de su máximo líder. El Frente Sandinista metió y sacó de la cárcel, y finalmente absolvió, al ex-presidente Alemán. Pero al cabo de ese juego, que duró ocho años, el PLC quedó escindido: la Alianza Liberal Nacionalista (ALN) se llevó al menos un tercio de sus bases, votos y convencionales. Así, el partido dijo adiós a su aplanadora mayoría en la Asamblea Nacional, perdió la confianza del gran capital nicaragüense y vio con trémula rabia y terror cómo muchas de sus fichas claves empezaban a apostar al caballo ganador. Jaque al rey. A rey muerto, rey puesto.En las elecciones de 2006, la división del voto liberal dio la victoria al Frente Sandinista. Aunque solamente obtuvo 25% del padrón electoral y acopió 426.754 votos menos que la dividida familia liberal PLC-ALN, el sandinismo retornó al poder con una dote sin precedentes: una Procuraduría de los Derechos Humanos que no denuncia; un Consejo Supremo Electoral que vende cédulas de identidad a los narcotraficantes y que, adiestrado para amañar elecciones, sin tapujos podría hacer suyas las palabras del personaje de Fernando Vallejo en Mi hermano el alcalde: «Con los muertos lo que sí hay que hacer, una vez por la cuaresma, es sacarlos a votar. Te lo agradecen mucho porque se orean. Los muertos razonan bien. Lejos de las pasioncillas mezquinas de estos poblachos y de las consejas comadreras, alcanzan a ver con largueza el panorama».

A estos poderes se añade una Contraloría que no fiscaliza ni pone coto a la liberalidad con que la cúpula sandinista dispone de los bienes estatales. Y un Poder Judicial que no solo garantiza impunidad, sino que es el fiero mastín que arremete contra correligionarios insumisos y adversarios levantiscos.

Sobre esta base, el Frente Sandinista cimienta su poder. Al divisar que las magistraturas y los demás cargos podían degradarse por caducidad, decidió perpetuarlos. El 9 de enero de 2010, para evitar el caos que produciría dejar vacantes más de 20 altos cargos estatales, Ortega firmó un decreto por el cual estableció que sus ocupantes pueden permanecer en ellos mientras la Asamblea Nacional no elija nuevos ocupantes. Dicho de otro modo: «Mientras no se elijan otros candidatos, no habrá cambios. Si no eligen a los míos, no hay elección, y entonces quedan los míos». Y es que se requiere un juego de negociaciones muy hábil para que el Frente Sandinista sume, a sus 38 votos, los 21 votos de Arnoldo Alemán o los 12 votos de Eduardo Montealegre, líder de la otra facción del liberalismo. Estos últimos todavía serían insuficientes para juntar los 56 votos que se necesitan para hacer efectivos los nuevos nombramientos.

En tanto la oposición no llegue a un acuerdo, la moratoria beneficia al Frente Sandinista. Pero el consumo posterior a la fecha de vencimiento ha resultado en una indigestión institucional que incluyó marchas, mítines, bloqueo de calles, insultos y exhibición de lo más selecto de los expedientes de cada magistrado, incluyendo asesinatos. No había nada que añadir a la época de la anarquía que sucedió a la independencia de la metrópoli colonial: la Asamblea Nacional dejó de sesionar, las calles estaban tomadas, los reclamos de inconstitucionalidad se lanzaban de uno a otro bando… Una guerra civil de baja intensidad. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, reveló con incuestionable sinceridad el –en modo alguno misterioso– atajo a seguir para salir del atolladero: «56 votos en la Asamblea se logran ofreciendo cargos a los diputados o a sus familiares». Los aterrados, enterrados y desterrados de la época de las dictaduras militares han sido sustituidos por los prebendados, comprados y extorsionados.

Este panorama representa el caos típico de los paisitos diminutos que parecen estar siempre gateando, inseguros y tambaleantes, en una arena democrática a la que no acaban de aclimatarse. Pero hay un propósito y una lógica en este descalabro institucional: asegurar un aparato estatal mínimo, pletórico de incondicionales que hacen la corte –sí, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Procuraduría– al gusto de la Presidencia matrimonial de Daniel Ortega/Rosario Murillo, consolidación de lo que algunos han llamado –aplicando la etiqueta creada para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano– una «Presidencia imperial». En este caso, será una monarquía sin corona y, gradualmente, sin Estado. Vayamos por partes: primero desmenucemos el desmantelamiento del Estado y luego la constitución de la Presidencia imperial.

El desmantelamiento del Estado

La institucionalidad estatal llegó a su pico máximo durante el somocismo: aprobación del Código del Trabajo y de la Ley de la Seguridad Social en los años 40, amplia cobertura de la seguridad social, negociaciones del Estado con los sindicatos y los empresarios, autonomía universitaria, provisión estatal de la educación universitaria (con la única excepción de la Universidad Centroamericana a partir de 1960) y monopolio estatal de la violencia, erosionado apenas por las escaramuzas del movimiento guerrillero, salvo en la etapa insurreccional. Tomemos nota de que el Código del Trabajo sobrevivió incólume al paso de casi medio siglo, incluyendo la administración sandinista, para ser neoliberalizado en 1994, bajo el régimen de Violeta Barrios. El Estado somocista fue sólido y se sostuvo en el tiempo porque «respondió a las demandas de los sectores agrícolas y comerciales, proporcionándoles paz, orden social y estímulo gubernamental para el crecimiento económico –todo ello al costo más bajo posible».

El Estado sandinista de los 80 expandió el control estatal, pero no la capacidad de concertación y consenso que son esenciales para la institucionalidad: nacionalizó la banca, pero no logró captar ahorros ni controlar una inflación galopante; creó un enorme sector de empresas agropecuarias e industrias estatales –el Área Propiedad del Pueblo–, pero jamás logró que una sola de ellas fuera rentable; intentó centralizar el comercio, pero no pudo frenar el surgimiento de un vigoroso mercado paralelo; expandió el aparato militar a niveles insospechados por la Guardia Nacional (hasta más de 120.000 efectivos), pero nunca logró aniquilar la contrarrevolución; incrementó el empleo estatal, pero transfirió sus costos a un campesinado cansado de subsidiar la canasta básica de los citadinos empleados públicos.

Bajo el impulso de las instituciones financieras internacionales y sus programas de ajuste estructural, y a caballo de la codicia del gran capital, la transición de una economía planificada a una economía de mercado en la década de los 90 significó una serie de privatizaciones que redujeron el aparato estatal a un minimum vital: entre otros bastiones de poder público, la banca, la televisión, la comercialización y la provisión de servicios médicos de la seguridad social fueron privatizadas, la educación se semiprivatizó, se desarticularon y vendieron los «monopolios naturales» del Estado (energía eléctrica y telecomunicaciones), y el Área Propiedad del Pueblo pasó por un momento a manos de los trabajadores y cooperativistas para luego saltar a las de sus hambrientos acreedores, los banqueros. Entre 1990 y 1999, el empleo público se redujo de 285.000 a 89.000 trabajadores.

Navegando a contrapelo de sus promesas electorales, el Frente Sandinista ha contribuido tanto como sus predecesores al desmantelamiento del Estado en Nicaragua. Pero lo ha hecho de forma menos ostensible, asestando tres golpes de mazo. Primer golpe: privatización de facto de la Policía Nacional. A inicios de su nuevo mandato, pareció que Ortega echaría mano del Ejército y la policía apelando a sus raíces sandinistas. «Quien tiene el poder de reclutar y mandar a los soldados –dijo Hobbes– tiene todos los demás derechos de soberanía que guste reclamar». Pero el FSLN solo buscó neutralizar los aparatos militares y convertir –sobre todo a la policía– en un órgano disfuncional. Optó por construir un poder coercitivo «espontáneo». Optó por la coerción de las turbas en lugar de la coerción policial. Así, cada vez que la oposición organiza una marcha, los danielistas organizan una contramarcha sobre la misma ruta de aquella a fin de dispersarla a pedradas y morterazos. La policía no interviene. Por un lado, esta es una estrategia más acorde con el lema «El pueblo presidente»: el monopolio de la violencia queda en manos de apasionados correligionarios dispuestos a batirse en batallas campales una vez garantizada su impunidad. Por otro lado, sigue la dinámica privatizadora ya visible en otras áreas, como la seguridad ciudadana, donde desde hace cinco años los guardias de las compañías privadas superan a los efectivos policiales en número, armas y pericia. Tanto las compañías de seguridad como las armerías son propiedad de ex-comisionados de la Policía Nacional de raíces sandinistas. ¿Para qué mantener una policía estatal que consume impuestos y compite con las bien establecidas empresas privadas? La supresión de la unidad de investigaciones criminales en abril de 2010 fue un capítulo más de la triste historia acerca de cómo la policía es reducida a una unidad de trámites burocráticos: gestión de récords policiales, emisión de permisos de conducir y matrículas de vehículos, vigilancia en efemérides patrias, etc.

Segundo golpe al Estado: privatización de facto de la administración de justicia. El control de 80% de los juzgados es la mejor maquinaria de poder de que dispone el Frente Sandinista para aplastar a sus rivales. Y también una fuente de ingresos. No se trata solo de la habitual venta de favores, tan común en los juzgados de América Latina. Se trata también de que los inversionistas extranjeros deben buscar coinversionistas nacionales, desde luego entre los sandinistas, debido a su control del Poder Judicial. Toda inversión extranjera con pretensiones de prosperar debe contar con un socio capitalista y un socio político-sandinista con capital jurídico.

Y, por último, el tercer y más contundente golpe: la privatización de una enorme porción del presupuesto público. Los fondos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) –fundamentalmente procedentes de la venta a precio de mercado del petróleo que Venezuela ofrece a precios subsidiados– no van a parar a las arcas estatales, sino a compañías privadas en manos de la cúpula sandinista. Esto significa que millones de dólares entregados «a Nicaragua» son desviados a bolsillos partidarios e individuales. Esta evasión del control sobre los fondos públicos es un golpe a la Contraloría, el Ministerio de Finanzas, la Dirección General de Ingresos y la Asamblea Nacional.

En el área de la inversión social, el FSLN se ha limitado a mantener el bajo perfil de sus predecesores. En un país con niveles de informalidad abrumadores, la cobertura de la seguridad social no es un tema que preocupe a las masas. La educación y la provisión de servicios sociales no son tema de reclamos, ya que los ahorros que envían los emigrantes suplen los vacíos en la inversión social. El Estado sandinista no está ampliando sustancialmente la inversión social ni pretende hacerlo. Sabe que, con un Estado exiguo y menguante, la valoración de su desempeño no se juega en ese terreno. Sus esfuerzos se concentran en un clientelismo peronista de oferta burocrática para los allegados (agilización y gratuidad de trámites en instancias estatales), salarios en especie para los empleados públicos (distribución de canastas con enseres de consumo básico) y operaciones de circo exótico-sensacionalista para las masas (patrocinio de un efímero parque de diversiones que incluyó, en pleno centro de la candente Managua, una pista de patinaje sobre hielo).Con esta aniquilación del poder estatal, el FSLN se ha vuelto invulnerable a las formas de lucha tradicionales. Donde no hay Estado, no hay Estado que corra el riesgo de deslegitimarse. Las tesis de Guillermo O’Donnell sobre las debilidades del Estado burocrático-autoritario no aplican a un Estado autoritario-desmantelado o despótico-neoliberal. Los terrenos más problemáticos y susceptibles de estallar en huelgas y parálisis del transporte colectivo se anestesian con opiáceos como los subsidios al combustible para las cooperativas de buseros y el bono «cristiano, socialista y solidario» (un petrobono financiado con fondos del ALBA de apenas 25 dólares mensuales de mayo a diciembre para los 120.000 funcionarios estatales peor pagados). El Estado disminuido reduce la vulnerabilidad del FSLN en el poder. Hay menos flancos que cuidar.

Monarquía teologal y pragmática

Durante la campaña electoral, el Frente Sandinista ofreció revertir el desmantelamiento del Estado que había tenido lugar en los 17 años de gobiernos neoliberales (1990-2006). Orlando Núñez, uno de los más activos polígrafos sandinistas y creador del programa «Hambre Cero» (del que actualmente apenas se escucha, pero que fue un pivote de la oferta sandinista), argumentó vehementemente en contra del desmantelamiento estatal y en pro de su regeneración en su libro La oligarquía en Nicaragua, publicado en vísperas de las elecciones que ganó el FSLN. Muy pronto Núñez, como muchos otros funcionarios –el ministro de Educación y la directora de la empresa de suministro de agua potable fueron los últimos– cayó en desgracia, y con él sus tesis. ¿Qué oferta ideológica vino a llenar el vacío? La teología.

Desde que Daniel Ortega asumió el poder, Dios dejó el ocio o el subempleo y consiguió un trabajo a tiempo completo. «Si Dios quiere», «Con la ayuda de Dios», «Dios mediante» y «Vamos a pedirle a Dios» son las muletillas de las que el mandatario se vale cotidianamente, en un invariable sonsonete de letanías para apuntalar tambaleantes discursos. El 14 de abril Daniel Ortega reconoció la divina paternidad de algunos hechos históricos: «Yo puedo asegurarles, hermanos nicaragüenses, que la oportunidad histórica que tiene Nicaragua la está poniendo Dios. Dios llevó a Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela. Y Dios también, a través del pueblo, nos llevó a nosotros al gobierno». El 30 de abril remachó el vox populi, vox Dei: «Yo les agradezco, hermanos nicaragüenses, la sabiduría que les dio Dios, que los iluminó para que el Frente Sandinista viniese a gobernar este país en beneficio de los pobres».Gigantescos rótulos de propaganda estatal salpican la capital y pregonan las obligaciones para con la divinidad: «Cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios». Los penetrantes análisis de Andrés Pérez-Baltodano se han ocupado de un rasgo central de la cultura nicaragüense: el providencialismo. En lengua y manos de los políticos, el providencialismo apela a Dios como fuente de autoridad y deja en manos de la divinidad los procesos históricos, que se pintan como dominados por fuerzas sobrenaturales: Dios omnipotente y omnipresente es dueño y regulador de la historia. Los políticos –ciertos políticos– aparecen como intermediarios entre la voluntad del cielo y la suerte de los humanos en la tierra. El presidente oficia de teólogo-instructor de las masas.

Pero el providencialismo de ayer no es el de hoy y siempre. El nuevo providencialismo difiere del viejo en dos rasgos: la relación con el Estado y la buena fe. El providencialismo de los gobiernos libero-conservadores del siglo XIX se refería a un Estado en construcción, cuyos tentáculos se debatían infructuosamente por alcanzar hasta el último rincón del país. El viejo providencialismo, para decirlo de forma sintética, era complementario de un Estado en expansión. El nuevo providencialismo es sustituto de un Estado cuya capacidad reguladora va camino de la extinción.

Por otra parte, el viejo providencialismo brotaba de los políticos con auténtica convicción: creían de buena fe en el poder de la divinidad. El nuevo providencialismo es usado por el FSLN como una herramienta de dominación. Se trata de un providencialismo utilitarista. La divinidad es instrumentalizada deliberadamente para legitimar religiosamente una autoridad cuestionada secularmente. La súbita conversión de la pareja presidencial al catolicismo y su apasionado affaire con el ala más conservadora incluyeron un menú abigarrado, desconcertante y explosivo: repentina reconciliación con el cardenal Miguel Obando y Bravo como aperitivo, a modo de plato principal unas segundas nupcias –declarando inválida una primera boda en la montaña– oficiadas por el cardenal, y un agresivo cabildeo con presiones de todo tipo para asegurar la penalización del aborto terapéutico, un amargo postre que aún atraganta a feministas y a simpatizantes de izquierda del FSLN.

La apelación a la divinidad se acompaña de un comportamiento monárquico. De eso se trata: la divinidad omnipotente soporta una Presidencia plenipotenciaria. Desde el somocismo que el Poder Ejecutivo no había logrado semejante repunte de autocracia. Violeta Barrios y Enrique Bolaños tuvieron que compartir su débil báculo con Asambleas Legislativas que les fueron adversas. La primera edición del FSLN repartió el juego entre nueve dirigentes. Pero ahora, por un proceso que requiere una amplia descripción, el FSLN pasó de una estructura de mando colegiada a una conducción personalista, que satisfizo una demanda del «hombre fuerte» como parte de una estrategia de adaptación a la demanda electoral. El FSLN retornó al poder concediéndole una discrecionalidad casi ilimitada al matrimonio presidencial: emisión de decretos que sustituyen o se superponen a la aprobación de leyes, control de toda la propaganda del sector público, inconsultos nombramientos y destituciones del gabinete y dominio sobre la estructura de cargos descrita en la primera sección de este artículo. Así pues, la monarquía requiere un mínimo Estado para premiar con cargos y someter a los rebeldes de cualquier color político.

De modo que aquí tenemos las dos dinámicas que Boaventura de Sousa Santos registra en los aparatos estatales del mundo globalizado: «El descentramiento de ciertas áreas puede coexistir con el recentramiento de la acción estatal en otras. Por ejemplo, la degradación de los servicios suministrados por el Estado (vivienda, salud, seguridad social) puede coexistir con la expansión de los servicios simbólicos ofrecidos por el Estado». En el caso de Nicaragua, una orientación pragmática selecciona qué áreas se eliminan, reducen o privatizan, y cuáles se conservan y fortalecen. El FSLN logra, así, conciliar su estrategia reeleccionista con las necesidades del gran capital transnacional: reducción de aquellas áreas estatales que son más susceptibles de generar déficit fiscal y fortalecimiento de las que proporcionan una regulación imprescindible para la llegada de la inversión extranjera, que son precisamente las mismas que apuntalan un poder casi monárquico.