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Conjeturas sobre el Estado en América Latina

El Estado no es un actor racional y separado de la sociedad, sino que forma parte de una configuración política compleja e inestable, que ha cambiado en los últimos tiempos. Una ilustración de esto, en América Latina, es la expansión de los márgenes: el narcotráfico, la economía informal o la ocupación de tierras son fenómenos que necesitan del Estado, pero que no por eso respetan la legalidad. Contra lo que afirman los análisis más simplistas, no es probable que en el futuro próximo desaparezca la idea de Estado, porque no hay una alternativa como forma política de organización social. Pero sí está cambiando su significado en un marco de incertidumbre. Por eso, cualquier afirmación será, cuanto mucho, una conjetura.

Conjeturas sobre el Estado en América Latina

No tiene tiempo para nada: las flechas de las circulares no logran penetrar en las provincias: se quiebran; sólo en algún que otro sitio queda destituido un Ivanchevski cualquiera, o algún Kozlorodov. Apolón Apolónovich de cuando en cuando dispara desde San Petersburgo una andanada de papel; – y (últimamente)– yerra el tiro.Andrei Biely, PetersburgoEn lo que sigue no hay una explicación limpia e indudable de nada. Algunas preguntas, algunas conjeturas. La idea que sirve como punto de partida es muy simple: el Estado no es un actor racional, ajeno y separado de la sociedad, sino que forma parte de una configuración política más o menos fluida, compleja, inestable; esa configuración ha cambiado en los últimos tiempos, sigue cambiando. Hasta ahora asimilamos los cambios como anomalías, suponemos que serán pasajeros. Podría no ser así. El problema es que no tenemos una idea medianamente clara de cómo será el orden futuro, y eso hace el presente especialmente confuso, falto de sentido.

Panorama

Hace apenas veinte o treinta años parecía relativamente sencillo hablar del Estado en América Latina, porque había un consenso más o menos general sobre sus rasgos básicos. El Estado latinoamericano era una institución autoritaria, con frecuencia dictatorial, que intervenía masivamente en la economía y en el conjunto de la vida social: sobre eso no había casi dudas ni mucha discusión; hacía falta democratización, liberalización, apertura, iniciativa social. Había matices, por supuesto: algunos ponían el acento en la participación, mientras que otros lo ponían en el buen funcionamiento del mercado. Pero eso era ya parte de la política. La idea misma de Estado no ofrecía muchas dificultades.

Actualmente todo da la impresión de ser mucho más confuso. Para empezar, es difícil tener una imagen de conjunto, porque no parecen tener mucho en común Chile y Venezuela, Ecuador y México, Argentina y Bolivia. No solo por las diferencias de recursos, estructura productiva, lenguajes políticos, que vienen desde siempre, sino por otras que se refieren a la configuración del campo político, en extremos muy básicos. Hay países en los que el sistema de partidos se encuentra devastado, como Ecuador, Perú, Bolivia, y otros en los que tiene una muy razonable solidez, como Chile y México; algunos están prácticamente en trance de refundar el orden institucional, como Venezuela y Ecuador, y otros solo con muchos reparos, retrasos y precauciones adoptan reformas mayores, como México. Cuesta imaginar qué se puede decir sobre el Estado que sirva lo mismo para Chile que para Nicaragua o Venezuela. Podría argumentarse tal vez que son momentos distintos, salvo que no se alcanza a ver el proceso del que formarían parte.

Seguramente no era tan sencillo antes, no era tan uniforme el panorama, ni es tampoco tan heterogéneo el de hoy. Hoy es posible encontrar un común denominador, algunos rasgos compartidos. El problema está en que son fenómenos de difícil clasificación, que no remiten a una configuración política concreta. Ninguno de ellos es una novedad, pero sí es nueva su magnitud y su importancia: la expansión de la economía informal, la venta ambulante y la organización de sistemas de producción, comercialización e incluso sistemas financieros informales, el surgimiento de una gran industria de la falsificación y la piratería, la copia de libros, música, películas o ropa, la ocupación ilegal de tierras, la ocupación de viviendas, la organización de redes de migración ilegal hacia Estados Unidos o Europa, el extenso campo de la delincuencia organizada, en un espectro que va del narcotráfico al secuestro. Junto con eso, se consolida un espacio, cada vez más extenso, donde las responsabilidades y las funciones públicas se funden con la lógica del mercado, donde la rentabilidad significa interés público y donde prevalecen también nuevas formas de movilización difícilmente asimilables por el orden institucional: nuevas formas de protesta, a veces agresivamente antipolíticas. En conjunto, si hubiese que dar una definición acerca de este campo, diría que son fenómenos que hacen borrosas las fronteras del Estado: no está claro ni lo que es ni lo que se espera que sea, no está claro lo que se pide de él ni lo que podría hacer. No son ni remotamente fenómenos revolucionarios en el sentido clásico de la palabra. No anticipan otro orden, sino que prosperan en los márgenes, justo porque son márgenes: no sería negocio el contrabando si no hubiese fronteras, ni lo sería la recolección de basura si no hubiese impuestos para pagarla; el comercio informal puede desarrollarse solo porque existe el establecido; son útiles los documentos de identidad falsos porque se usan y resultan confiables los verdaderos. Son formas de supervivencia y acumulación que aprovechan las fronteras más fluidas e inestables de la globalización y el orden neoliberal, pero también son formas de organización política, nuevos recursos de identidad.

Todo ello se traduce en una nueva preocupación, casi obsesiva, por el Estado de derecho: la aplicación de la ley, la cultura de la legalidad, es decir, la definición mínima del Estado como sistema de normas con autoridad suficiente para imponerse. Cada vez con más frecuencia se piensa que la democracia no es la solución de nada, sino parte del problema, porque los problemas son la corrupción, las nuevas clientelas, la privatización de espacios y recursos públicos, los mecanismos corporativos y los caciques que protegen los mercados informales, es decir, la interpenetración entre esos fenómenos fronterizos o marginales y el sistema de representación política. Un ejemplo

Pongamos un ejemplo más o menos obvio, donde en principio no hay ninguna duda. En México, al igual que en Colombia, se ha convertido en prioridad la guerra contra el narcotráfico; no tiene nada de raro, en la medida en que representa un problema de seguridad pública gravísimo. Ahora bien, lo interesante es que se defina al problema, y la acción del Estado, como «guerra», no solo en el discurso oficial, sino prácticamente en el de todos los analistas, líderes políticos y periodistas. Evidentemente, no se trata de una guerra sino en sentido figurado: se trata de subrayar su importancia, explicar la cantidad de muertos, la enorme violencia del fenómeno e incluso el empleo del ejército o la colaboración de EEUU. Pero no es una guerra. Para empezar, porque no puede ganarse: no hay un adversario al que se pueda derrotar y con el que después sea posible firmar un tratado de paz; es decir, no hay una paz imaginable al término del proceso y, por lo tanto, no es imaginable el final del proceso.