Opinión

Colombia: por una paz completa

Las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano se enfrentan a múltiples obstáculos, que podrían perturbar el Acuerdo de Paz ya logrado con las FARC.

Colombia: por una paz completa

El arranque de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido aún más difícil que el inicio del proceso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Incredulidad es lo que han dejado los diez meses de postergaciones, hasta que el 30 de marzo de 2016, luego de tres años de contactos entre el gobierno y esa guerrilla, se anunciara en Caracas un preacuerdo sobre la agenda. Pesan también en el escepticismo los seis intentos de diálogo antes fallidos, desarrollados en Venezuela, México, España, Suiza, Alemania y Cuba en los últimos 20 de los 52 años de vida del ELN.

La Mesa debía instalarse el pasado 27 de octubre en Ecuador, país garante junto con Cuba, Venezuela, Brasil, Chile y Noruega, y su primera ronda debía comenzar el 3 de noviembre. Pero esta se ha postergado una y otra vez hasta el encuentro exploratorio, que arrancó el 14 de enero de 2017 con el propósito de examinar alternativas para el inicio de la que llaman Fase Pública.

Hay desconfianza e interpretaciones diferentes del preacuerdo aún no formalizado. El gobierno quiere estar seguro de que el ELN no usará el diálogo para prolongar su acción armada, y en las filas del ELN no hay acuerdo sobre la salida negociada. Para iniciar la nueva fase, el gobierno exige la liberación de secuestrados, en particular la de un ex-congresista. El ELN responde que no es un prerrequisito acordado y, a la vez, exige la designación como gestores de paz de dos guerrilleros detenidos y el indulto a otros dos. El gobierno dice que sobre los nombres propuestos pesan acusaciones de delitos atroces excluidos del indulto.

Las FARC y el ELN son muy diferentes e incluso durante años se disputaron militarmente espacios y recursos. El ELN es un grupo más pequeño y menos orgánico que las FARC. Poco después de su despegue, en los años 60, contó con el cura Camilo Torres en sus filas, pero este murió pronto en combate. Expertos y fuerzas de seguridad calculan en 1.500 sus militantes en armas: seis frentes de guerra rurales y uno urbano, cada uno con un mando que debería responder a la Dirección Nacional y esta, al Comando Central (Coce), que no tiene un control de sus miembros. Por su horizontalidad organizativa y la autonomía de los jefes regionales, allí todos mandan y deciden.

La organización sufrió una fuerte derrota militar en 1973, pero desde los años 80 se reactivó a partir de sus vínculos con paros cívicos, marchas campesinas, protestas sindicales y universitarias, así como mediante acciones armadas y la extorsión a empresas de explotación petrolera y minera, en especial en departamentos fronterizos con Venezuela, Ecuador y Panamá. Según expertos, el frente más grande es el oriental: opera con unos 500 guerrilleros y está vinculado a diversos tráficos ilegales (de gasolina, armas, narcóticos, etc.) y a extorsiones a sectores petroleros o agropecuarios a ambos lados de la frontera con Venezuela. Su jefe, Gustavo Giraldo, alias Pablito, que es el hombre fuerte del ELN y realiza el mayor número de ataques, controla las finanzas y otros frentes, no forma parte de la Mesa con el gobierno ni demuestra interés por la negociación.

Los comandantes que participan en las conversaciones de paz dicen que tienen coincidencias y reparos a los acuerdos entre el gobierno y las FARC. La negociación en La Habana despegó con una agenda bien delimitada, su tratamiento se cargó de realismo y se hizo sin cámaras ni micrófonos, se escuchó a las víctimas, tuvo enfoque de género y recibió propuestas de foros sociales sobre cada tema. El ELN demanda que a su Mesa no le impongan límites temáticos o temporales ni confidencialidad; más que un acuerdo, le interesa el debate abierto con la participación social que fije las prioridades a implementar en la construcción de paz.

Esa participación social puede legitimar el acuerdo o hacerlo imposible. El gobierno trata de acotarla para que solo se ocupe de proveer insumos a la discusión de la agenda, así como propuestas, no mandatos, sobre planes y programas. Sectores del ELN quieren que sea un Diálogo Nacional acompañado de movilización y cabildos populares que obliguen a los gobiernos regionales a asumir acuerdos sectoriales y lleven al gobierno nacional a adoptar políticas públicas, o incluso a convocar una Asamblea Constituyente.

Al logro del acuerdo con las FARC ayudó que estas aceptaran que la negociación no se ocupara de todas sus banderas sino de los temas específicos de la agenda, dirigidos a la solución de los problemas que alimentaron el conflicto armado. También ayudó el compromiso de las FARC con medidas para desescalar el conflicto: renunciar al secuestro, decidir la tregua y cese al fuego, identificar desaparecidos en sus manos, retirar minas antipersonas y pedir perdón a víctimas de su acción armada. Por eso, lo pactado sobre asuntos agrarios, drogas y participación ayuda a transformar amplias regiones para que puedan abandonar la minería ilegal o los cultivos ilícitos, el contrabando y la violencia. Gracias a esa delimitación, el fin del conflicto armado avanza con procesos y cronogramas concretos.

El ELN, en cambio, no ha aceptado el clamor contra el secuestro, ha aumentado el uso de explosivos y francotiradores contra la fuerza pública e insiste en que no dejará las armas sino cuando se haya logrado el cambio social, meta por demás indefinible.

Con todo, han surgido fórmulas para destrabar el inicio de la negociación formal e impedir otra frustración. El obispo Darío Monsalve propone que las partes firmen un acuerdo humanitario que las comprometa a renunciar a secuestros y bombardeos por ser contrarios al derecho internacional y que, tras su firma, se instale la Mesa. Líderes regionales de paz, organizaciones sociales y numerosos académicos han conminado al gobierno y al ELN a no desaprovechar esta oportunidad para construir una paz completa y durable. De no concretarse esa negociación, el paso de las FARC a la vida civil y la implementación del acuerdo de la Habana, que enfrenta no pocas dificultades, pueden verse perturbados.

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