Opinión

Colombia: hacia el fin de la negociación

El acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC marca una nueva época. ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a ella?

Colombia: hacia el fin de la negociación

El último y definitivo intento de alcanzar la paz en Colombia lleva cerca de seis años y un cúmulo de reuniones para aproximarse al objetivo. Dos años de conversaciones secretas y casi cuatro de negociaciones públicas que, finalmente, el 23 de junio pasado, aproximaron a Colombia a la conclusión de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este proceso puede poner fin a más de medio siglo de confrontación armada que ha dejado 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 7 millones de desplazados.

El acuerdo de cese del fuego y hostilidades, bilateral y definitivo, está acompañado de procedimientos, cronogramas y de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación con tres tipos de integrantes: 1) de las FARC concentradas en Zonas Veredales Transitorias de Normalización, sus coordinadores podrán salir con autorización, de civiles y sin armas; 2) de la Fuerza Pública colombiana, que estará en anillos de protección del corredor de seguridad de esas Zonas a las que no podrá entrar sino por razones de seguridad o calamidad pública y sólo en acuerdo con las FARC y con Naciones Unidas; 3) de la misión política no armada conformada por el Consejo de Seguridad de la ONU con personal mayoritariamente de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac). La misión tiene acceso a las Zonas y a la Fuerza Pública para dirimir diferencias, velar por el respeto de los derechos de la población y por el uso pactado de las Zonas; debe además, tan pronto se firme el acuerdo final, poner en marcha el registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final de armas.

Cinco días después de la firma del acuerdo final los ex-combatientes se desplazarán a ocho campamentos y a 23 Zonas Veredales (de 33.000 que existen en Colombia) de fácil acceso pero apartados de cascos urbanos, territorios étnicos, áreas de frontera, parques naturales, infraestructura estratégica, cultivos ilícitos o explotación minera. Las autoridades civiles seguirán ejerciendo sus funciones en esas áreas y podrán hacer labores educativas con sus miembros pero no proselitismo público, y allí estarán máximo 180 días, cuando sus estructuras armadas deb haber desaparecido. Deberán ayudar a desarticular redes de narcotráfico, minería ilegal y crimen organizado así como a la limpieza de los territorios afectados por minas antipersonales, artefactos explosivos, municiones sin explotar y restos de guerra. En fechas precisas de esos seis meses entregan sus armas para que Naciones Unidas destruya las artesanales y haga tres monumentos con el resto.

El otro acuerdo del 23 de junio son las garantías de seguridad y de lucha contra organizaciones criminales, que debe desplegar el Estado. Incluye un pacto para que nunca más se utilicen las armas en la política, una comisión nacional de garantías, una unidad especial de investigación, un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, un programa integral de seguridad y protección social en los territorios y medidas de prevención y lucha contra la corrupción. Este esfuerzo es decisivo para que Colombia enfrente de una vez por todas al paramilitarismo y las bandas criminales, proteja la vida de los ex-combatientes, las comunidades, los líderes sociales y de derechos humanos.

La Mesa de la Habana procesa ahora el último tema, la implementación y verificación de todo lo pactado, y los cerca de 40 asuntos puntuales que quedaron pendientes de los acuerdos sobre tierras, drogas, víctimas y justicia transicional. Algunos son de número y ubicación: de hectáreas y predios del Fondo de Tierras, de zonas de reserva campesina, de periodos y curules especiales en el Congreso que tendrán las FARC y las regiones escenario de la confrontación. Otros implican definiciones de delitos conexos a los políticos que incluiría la Ley de Amnistía, de criterios para selección de magistrados del Tribunal de Paz, de condiciones para reincorporar los ex-guerrilleros a la vida ciudadana.

Las FARC resolvieron no insistir en una asamblea constituyente, sino aceptar el mecanismo de refrendación popular de lo pactado que defina la Corre Constitucional, en su examen de la ley aprobada por el Congreso al respecto. Entonces, en el segundo semestre de 2016, muy posiblemente Colombia irá a las urnas a ratificar los acuerdos mientras pone en marcha cronogramas y reformas. El acuerdo del 23 de junio ha incrementado la opinión favorable al Sí a los acuerdos, que ha fluctuado entre el miedo y el escepticismo por una fuerte presión en contra. Aprobados los acuerdos arranca la construcción de paz, un proceso duro y largo, atravesado por grandes dificultades.

Ante todo, dificultades políticas. Las fuerzas nacionales que rodean al gobierno son una mezcla de intereses. Hay congresistas idóneos pero también rebuscadores de puestos y contratos alineados en el centro derecha. Luego está la derecha pura y dura encabezada por dos ex-presidentes –Andrés Pastrana y Álvaro Uribe– que ahora se oponen a los acuerdos de la Habana, aunque en sus gobiernos intentaron sin éxito negociar con guerrillas y paramilitares, y por el procurador general, dedicado como Uribe a sembrar miedo para interferir el proceso de paz para ver si eso lo hace presidente. Después, hay pequeñas agrupaciones de centro izquierda con sensatez y voluntad, y una izquierda siempre fraccionada, ambas sin mucho eco en un país polarizado. Por fortuna se multiplican las iniciativas ciudadanas en distintas regiones de Colombia dispuestas a ayudar en la construcción de paz.

También hay retos económicos. Las reparaciones a víctimas y a regiones escenario de la guerra como las grandes reformas comprometidas se enfrentan con la reducción de recursos por la caída de los precios minero-energéticos y la ampliación del gasto público por la captura de muchas entidades del Estado por políticos corruptos. El déficit fiscal crece –se prevé para 2016 que llegue a cerca de 4% del PIB–, por lo que el Gobierno tendrá que hacer una reforma tributaria y un ajuste fiscal después de la refrendación de los acuerdos de La Habana.