Coyuntura

Colombia: elecciones atípicas y perspectivas inciertas

Tras el shock financiero de 2007-2008 y la caída en el comercio internacional y la economía real de 2008-2009, la crisis económica mundial ingresó, en los primeros meses de este año, en su tercera fase: ahora aparece la amenaza de una crisis de las finanzas estatales. En este marco, en la reunión del g-20 realizada en Canadá, Alemania impuso un plan de recortes fiscales, en contraste con las posiciones de países como Estados Unidos y Francia, que defendían políticas más expansivas. El artículo analiza la situación actual de la crisis mundial y las diferentes alternativas para superarla.

Colombia: elecciones atípicas y perspectivas inciertas

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) rompió con las tendencias políticas del país, comenzando por el proceso que lo llevó a la Presidencia. Su triunfo como candidato disidente del Partido Liberal en la primera vuelta fue el punto de inflexión de la lenta agonía del bipartidismo liberal-conservador surgido a mediados del siglo XIX.

Con la bandera de la «Seguridad Democrática», diseñada para confrontar militarmente a la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a tono con el temor que esta despertaba entre la población, Uribe construyó un gobierno caudillista inédito en la historia política nacional. Despreciando el papel democrático de los partidos, el presidente impulsó la creación del «Partido de la U» como eje para manejar el Congreso a su antojo y arrinconó a la mayoría de los grupos que fungen como partidos en una coalición de gobierno alimentada con gajes clientelistas. Con una asombrosa capacidad mediática y ubicándose en forma hiperactiva por encima de las representaciones institucionales, Uribe mantuvo siempre en alto su popularidad en la opinión pública para proyectarse como un caudillo irreemplazable, al punto de lograr la reforma de la Constitución para hacerse reelegir en 2006, con el apoyo de dádivas derivadas de nombramientos en cargos oficiales. Pero luego de casi ocho años de gobierno, en compañía de sus numerosos áulicos, el presidente se estrelló contra la relativa fortaleza institucional del Estado, cuando, el 26 de febrero de 2010, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley de Referendo de 2009 que permitía una nueva reelección por cuatro años más.

La prolongada campaña electoral de carácter subliminal lanzada por Uribe, mediada por buena parte de sus actos y declaraciones públicas, culminó con el fallo de la Corte pocas semanas antes de las elecciones legislativas del 14 de marzo de 2010. Pero este freno de la Corte a su campaña no impidió que el presidente continuara con su participación política electorera, esta vez inclinada a favor de sus candidatos preferidos. Junto con los comicios para elegir a los miembros del Congreso, el 14 de marzo también se eligieron los candidatos a la Presidencia de los partidos Conservador y Verde mediante consultas internas separadas. El fallo de la Corte había roto las esclusas que limitaban las nominaciones de candidatos presidenciales de las fuerzas integrantes de la coalición de gobierno, aunque ya habían decidido lanzarse a la palestra algunas figuras ambiciosas de la coalición, además de los candidatos de los dos partidos de oposición, el Liberal y el Polo Democrático Alternativo, amén del recién recompuesto Partido Verde.

Desde 2009, ante la oportunidad de aprovechar una coyuntura política y mediática favorable, se habían agrupado cuatro prestigiosos ex-alcaldes de las dos principales ciudades del país: Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo «Lucho» Garzón, de Bogotá, y Sergio Fajardo, de Medellín. Tras prolongados y fallidos intentos por acordar un mecanismo de selección del candidato presidencial entre los cuatro, Fajardo prosiguió con su campaña de cerca de dos años de duración, al frente de su movimiento «Compromiso Ciudadano por Colombia», ampliada entonces con candidatos al Senado. Parte de esa campaña fue la recolección de firmas para que Fajardo avalara legalmente su candidatura presidencial, como muestra de su independencia respecto de los partidos. En cambio, los tres ex-alcaldes bogotanos se encontraron en octubre con el ofrecimiento del pequeño Partido Verde para que se definiera un candidato presidencial mediante consultas internas en la misma fecha de las elecciones legislativas de 2010.Ya en 2010, en medio de la expectativa que llevó a la invalidación de la posibilidad de reelección de Uribe por parte de la Corte Constitucional, los tres ex-alcaldes de Bogotá disputaron la consulta interna. El 14 de marzo salió elegido por el Partido Verde el ex-alcalde Antanas Mockus, mientras que en el Partido Conservador se impuso Noemí Sanín, quien en copiosa votación sobrepasó por relativamente pocos votos al joven ex-ministro e incondicional alfil de Uribe, Andrés Felipe Arias, mejor conocido por la opinión pública como «Uribito».

Elecciones para el Congreso

Las elecciones legislativas operan en Colombia con lógica distinta y fecha previa a las presidenciales, aunque naturalmente guardan relación política con estas. El nivel regional de los partidos, expresado institucionalmente en el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales, además de los gobernadores de los departamentos y alcaldes de los municipios, se nutre del clientelismo administrado en gran medida por el gobierno nacional, aunque mantiene una independencia relativa con fuerte tendencia autoritaria. Esta se alimenta de las dinámicas de la descentralización ratificada y ampliada por la Constitución de 1991, además de las prácticas corruptas, fraudulentas e incluso criminales facilitadas por la diversidad regional del país, en cuyo trasfondo medran el narcotráfico y la violencia. De los entronques de grupos políticos regionales con el narcotráfico y el paramilitarismo, gracias a las denuncias de los medios de comunicación en los últimos años, surgió la «parapolítica», que permitió que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación enjuiciaran a numerosos políticos corruptos y criminales –muchos de ellos legisladores–. También permitió que partidos como Alas, Colombia Democrática y Alianza Democrática Nacional perdieran su personería jurídica. Es tal el poder mafioso de las prácticas políticas en algunas zonas del país que han logrado la captura del Estado local y regional para beneficio privado.

El cuadro 1 muestra los resultados de las elecciones para el Senado de la República y la Cámara de Representantes del 14 de marzo. Las listas para el Senado son de circunscripción nacional y las de la Cámara, de circunscripción regional por departamentos. Estas cifras no están consolidadas por demoras en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El potencial de votación en el país no ha sido confiable dado el manejo artesanal y con influencia clientelista de la Registraduría. Los votos nulos o no marcados en las elecciones del 14 de marzo obedecen en esencia a deficiencias en las instrucciones previas a las elecciones y a problemas y atrasos tecnológicos, como la inexistencia del voto electrónico. En cuanto a la gran abstención, además de ser un fenómeno común en muchos países, obedece a deficiencias en la construcción de ciudadanía debido a la exclusión social de amplios sectores de la población. Además, se registra un gran rechazo a la política por motivos que van desde los visibles lastres de clientelismo y corrupción hasta posiciones apolíticas. En las últimas décadas, la abstención ha tendido a sobrepasar el 50% del potencial electoral.

En cuanto a la votación total y al número de curules asignadas a cada partido, la víspera del 20 de julio, día de instalación del nuevo Congreso, se entregaron credenciales de Senado y Cámara y quedaron pendientes de definir algunas demandas. Denuncias por fraude, quejas, reclamos y recursos interpuestos impidieron que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral dieran datos consolidados tanto en votación como en curules.

Pero más allá de estos problemas, lo central es que el Partido de la U, eje de la coalición de gobierno, obtuvo la cuarta parte de la votación, seguido por el Partido Conservador, que sobrepasó la quinta parte. Estos partidos obtuvieron en el Senado 28 y 22 curules respectivamente, de un total de 102, incluidas las circunscripciones indígenas, y 46 y 38 en la Cámara, de un total de 166 representantes. El Partido de la U prácticamente duplicó su representación con respecto a la Legislatura anterior, y el Conservador la aumentó en 22% en el Senado y 46% en la Cámara.

A diferencia de su par Liberal durante la hegemonía bipartidista, el Partido Conservador gozó de favores políticos por ser el más fiel miembro de la coalición de gobierno. El Partido de Integración Nacional (PIN) –organizado a última hora para agrupar a políticos cuestionados por «parapolítica» cuya fuerza política anterior perdió la personería jurídica–, con poco más de 8% de los votos, obtuvo 8 senadores y 11 representantes, uniéndose de manera vergonzante a esa coalición, que acumuló así 58 escaños en el Senado y 95 en la Cámara. Esto sin contar a Cambio Radical –con cerca de 8% de los votos y 8 curules en el Senado y 16 en la Cámara–, miembro díscolo de la coalición de gobierno dadas las pretensiones presidenciales anticipadas de su jefe, Germán Vargas Lleras. Estas pretensiones le costaron la pérdida de 7 curules en el Senado y 4 en la Cámara con respecto a la Legislatura anterior, debido a la «fuga» previa de varios congresistas al Partido de la U, alentados por una ley que permitió transitoriamente el «transfuguismo».

Por su parte, el Partido Liberal, con cerca de 16% de la votación, mantuvo de manera sorprendente –por ser oposición– su representación anterior, con 17 curules en el Senado y 38 en la Cámara. Este partido permaneció en la oposición por 12 años, sumando el gobierno conservador de Andrés Pastrana (1998-2002). El otro partido de oposición, el izquierdista Polo Democrático, obtuvo poco más de 7,5% de los votos, con 8 senadores (perdió 3 curules con respecto a la Legislatura anterior) y solo 4 representantes (perdió 5). Sumados los votos de ambas fuerzas, la oposición sobrepasó escasamente 23% del caudal electoral, con 25 senadores y 42 representantes.

Por lo ocurrido luego, merece mención aparte el Partido Verde, reorganizado como independiente alrededor de los tres ex-alcaldes de Bogotá, que alcanzó cerca de 5% de la votación, con 5 curules en el Senado y 2 en la Cámara. Cabe mencionar además que el movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia, del ex-alcalde de Medellín y matemático Sergio Fajardo, no alcanzó el 2% del Senado, con una votación dispersa que le impidió obtener siquiera una curul. Durante su campaña solitaria, en las siete encuestas nacionales efectuadas en 2009 para medir el apoyo de los candidatos potenciales a la Presidencia, Fajardo había ocupado los primeros lugares frente a Juan Manuel Santos (Partido de la U), Gustavo Petro (Polo Democrático) y Andrés Felipe Arias, «Uribito» (Partido Conservador). El golpe electoral sufrido en las elecciones legislativas posibilitaría luego que Fajardo se incorporara al Partido Verde en una posición inferior a la que hubiese obtenido en 2009.

De esta manera, el Congreso renovó 62% de sus nombres, luego del desprestigio con el que terminó la Legislatura pasada, provocado en especial por los vínculos de congresistas con la «parapolítica». De estos hay 59 judicializados –la mayor parte de la bancada de gobierno–, además de 334 casos en la Fiscalía General y 47 en la Corte Suprema de Justicia.

Pero en el nuevo Congreso hay 20 senadores que son investigados por «parapolítica», «narcopolítica» e irregularidades en las votaciones de la Legislatura pasada, casi todos del Partido de la U y el PIN. Además, buena parte de los nuevos nombres son familiares cercanos de los implicados en tales vínculos durante la Legislatura anterior, con lo cual se aprovechó la tendencia de herencias políticas cuyo origen se remonta a la «clase política» que se profesionalizó durante el Frente Nacional (1958-1974).

Elecciones para la Presidencia de la República

Pasadas las elecciones del 14 de marzo, se activó la campaña para las presidenciales: la primera vuelta se realizó el 30 de mayo y la segunda el 20 de junio. Nunca antes en la larga historia electoral del país se había presentado una campaña tan corta con una dinámica tan intensa. Las encuestas de opinión pública, pese a sus perfiles profesionales de objetividad estadística, desde hace años forman parte de las campañas electorales. Pero en esta ocasión superaron las experiencias anteriores al multiplicarse en número y acentuarse la competencia entre las firmas encuestadoras. Además, el despliegue informativo de cada una de ellas, con anuncios previos para despertar mayores expectativas, alcanzó un punto de saturación inédito.

Como si esto fuera poco, los debates televisados entre seis de los candidatos fueron numerosos, pues se multiplicaron ante la competencia de varios medios de comunicación. Luego de la primera vuelta, durante las tres semanas transcurridas antes de la segunda, esa competencia se acentuó, esta vez entre los dos candidatos ganadores. Pero la saturación fue aún mayor al incluir debates, también televisados, entre los postulantes a la Vicepresidencia, antes y después de la primera vuelta. En los debates previos a la primera vuelta fueron excluidos los tres candidatos que habían tenido menos de 1% en la mayoría de las anteriores encuestas de opinión. Los demás, con mayor o menor apoyo en la opinión pública, son figuras conocidas a escala nacional, además de contar con prestigio político.

Pero la originalidad de las elecciones presidenciales no se limitó a las características mencionadas, ya que ocho años antes, en la campaña de 2002, había ocurrido un fenómeno similar debido a la sorpresa que provocó la candidatura de Álvaro Uribe. En aquella oportunidad, Uribe comenzó con un porcentaje insignificante en las encuestas que logró ir elevando progresivamente al punto que, pocos meses después, sobrepasó el 50% en la primera vuelta y consiguió evitar la segunda. Sin embargo, Uribe era un político tradicional de provincia que hizo carrera en el Partido Liberal, fue gobernador de Antioquia y congresista antes de ser presidente. Su originalidad radicó en su condición de disidente de su partido y, sobre todo, en la capacidad para «traducir» el clamor popular de confrontar de manera abierta a las FARC, luego del desastroso experimento de las conversaciones de paz llevadas a cabo por el gobierno anterior, en una zona desmilitarizada de más de 40.000 kilómetros cuadrados que sirvió para fortalecer y envalentonar más a la guerrilla, además de despertar mucho temor entre la población.

En el caso de la contienda presidencial de 2010, el escenario fue distinto, aunque también lleno de sorpresas. Las FARC se hallan en el nivel más bajo de su capacidad combativa en más de dos décadas, dada la ofensiva armada de la «Seguridad Democrática». La opinión pública se encuentra polarizada en gran medida por el estímulo permanente del gobierno durante casi ocho años: la mayoría ve a Uribe como el «salvador de la patria», frente a una minoría no despreciable que por sus críticas ha sido tachada por el presidente y sus áulicos de aliada del terrorismo. En medio de esta polarización, hay sectores cada vez más preocupados por el auge del clientelismo y la corrupción y los frecuentes atajos que toman quienes quieren sacarle el cuerpo al cumplimiento de sus obligaciones legales y normativas con el fin de obtener prontos réditos individuales. Este ambiente sirve para entender las sorpresas electorales que se dieron.

Los seis candidatos presidenciales que participaron de este agitado proceso electoral fueron los siguientes: Juan Manuel Santos, inicialmente del Partido de la U, que luego se identificó con el Partido Social de Unidad Nacional, es sobrino nieto del presidente liberal Eduardo Santos (1938-1942), miembro de la familia dueña por décadas del diario nacional El Tiempo, ministro en los dos últimos gobiernos, con una actuación destacada en el Ministerio de Defensa Nacional en el segundo periodo de Uribe, cuando comenzaron los éxitos militares contra las FARC; Antanas Mockus, hijo de inmigrantes lituanos, académico y matemático, alcalde independiente de Bogotá en dos periodos y ganador de la consulta del revitalizado Partido Verde; Germán Vargas Lleras, nieto del presidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), congresista por varios periodos y jefe del Partido Cambio Radical surgido de la descomposición bipartidista; Gustavo Petro, ex-guerrillero del M-19, congresista destacado en el último periodo, ganó de manera sorpresiva la consulta interna del Polo Democrático Alternativo; Noemí Sanín, de familia conservadora, ex-candidata presidencial, ex-canciller, ex-embajadora, que ganó la consulta del Partido Conservador el 14 de marzo. Y, finalmente, Rafael Pardo, ex-ministro, ex-congresista y nuevo director del Partido Liberal.

Las sucesivas encuestas de opinión comenzaron tan pronto se calmó el ruido inicial causado por las notorias fallas en la administración oficial de las elecciones del 14 de marzo y las numerosas denuncias de fraude. Antes de que terminara el mes de marzo, los sondeos mostraban a Santos con entre 34% y 36% de intención de voto, Sanín entre 17% y 23% y Mockus entre 9% y 10%, Vargas entre 6% y 8%, Petro alrededor de 6% y Pardo alrededor de 5%. En ese momento, Fajardo era uno de los candidatos presidenciales y figuraba con un porcentaje de alrededor de 6%. En las mismas encuestas, para la segunda vuelta, Santos obtenía 45% frente a 43% de Sanín, y entre Santos y Fajardo, el primero tenía 56% y el segundo, 27%.

Un mes después, a fines de abril, el panorama había cambiado radicalmente. Mockus obtenía entre 32% y 38%, Santos entre 29% y 34%, Sanín había descendido a alrededor de 16%, Pardo obtenía cerca de 6%, Petro 5% y Vargas 4%. Fajardo había desaparecido en las encuestas, al ceder a las presiones que le sugirieron aceptar presentarse como candidato a vicepresidente de Mockus. Este hecho, sumado al entusiasmo de la juventud apolítica, que hizo crecer velozmente su apoyo en Facebook, y al apoyo de los grupos seducidos por la consigna «verde» de la transparencia en el manejo de los recursos públicos y su rechazo a los «atajos», produjo lo que se conoció como «la ola verde». Además, es posible que muchos uribistas no radicales apoyaran también a Mockus en las encuestas.

El pánico cundió entonces en las filas de Santos, que desde su nombramiento como ministro de Defensa, cuatro años antes, había iniciado con gran habilidad y suma discreción su campaña: sus actos públicos tuvieron seguramente como objetivo secreto la Presidencia de la República. Pese a la desconfianza mutua con el presidente, los éxitos de Santos contra las FARC le permitieron administrar su imagen pública con éxito. Luego, ya retirado del Ministerio, preparó su campaña desde antes de que la Corte Constitucional decidiera frenar la ley del referendo reeleccionista de Uribe. Por eso, fueron frecuentes sus loas a Uribe y a su obra de gobierno, frente a las preferencias de este hacia «Uribito».

De esta manera, ante el pánico desatado por el ascenso de Mockus, Santos se jugó el todo por el todo al contratar al conocido y cuestionado –sobre todo en México– venezolano «J.J. Rendón», eficiente asesor internacional de candidatos presidenciales, para cambiar a fondo su estrategia de campaña, que incluyó mensajes directos e indirectos poco éticos. A esta decisión se sumó el mal desempeño mediático de Mockus, quien en los debates televisados desencantó a muchos de sus seguidores iniciales, además de ofrecer declaraciones públicas confusas y despilfarrar el «arsenal» programático heredado de la larga campaña de Fajardo.

Menos de un mes después, en la tercera semana de mayo, las encuestas mostraban a Santos con alrededor de 38%, a Mockus con 36%, a Sanín con 9%, a Petro con 7%, a Vargas entre 4% y 5% y a Pardo entre 3% y 4%. Para la segunda vuelta, las encuestas indicaban que Mockus obtendría entre 45% y 48%, frente a Santos, quien conseguiría entre 40% y 43%. Supuestas encuestas realizadas durante la semana previa a las elecciones no fueron publicadas por la prohibición de la legislación electoral. De esta manera, las dudas persistían y las huestes de Santos afinaron la «guerra sucia» contra Mockus en las redes virtuales.

Como se ve en el cuadro 2, la primera vuelta electoral despejó las dudas. Santos obtuvo 6.758.539 votos (46,56%) y Mockus 3.120.716 votos (21,49%). Vargas y Petro sorprendieron con 1.471.377 votos (10,13%) y 1.329.512 votos (9,15%) respectivamente, mientras que Sanín obtuvo 6,14% y Pardo 4,38%. De esta manera, Sanín fue la gran sacrificada en esa rápida campaña, junto con Pardo, puesto que sus votos no correspondían a los numerosos que obtuvo el Partido Liberal en las elecciones legislativas previas. En ambas candidaturas se apreciaron los deslizamientos de políticos del antiguo bipartidismo hacia «el sol que más alumbra», en este caso Santos y el Partido de la U. Perdedoras sin duda fueron las firmas encuestadoras por sus pifias, aunque alegaron que los cambios se habían dado en la última semana y que sus encuestas «secretas» así lo mostraban. El hecho es que la aceitada maquinaria político-electoral de la coalición de gobierno dio sus frutos y demostró que sin partidos más o menos fuertes, con representación significativa en los cuerpos colegiados, y apoyándose solo en corrientes volátiles de opinión pública, no se puede competir electoralmente. Además, el manejo de la campaña de Mockus no fue acertado, lo que se sumó a la falta relativa de recursos de toda clase frente al arsenal de Santos y sus seguidores, buena parte de ellos movidos por sus intereses personales.

Tres semanas después, el 20 de junio, la segunda vuelta ratificó de manera contundente los resultados anteriores, ya que los deslices se dirigieron en general hacia Santos, quien sobrepasó los nueve millones de votos (69,05%), cifra no vista en elecciones anteriores. La votación de Mockus fue bastante decorosa, ya que ningún candidato independiente había sacado antes los más de tres millones y medio de sufragios que él obtuvo (27,52%). Está claro, además, que las encuestas de opinión pública difícilmente llegan con sus muestras supuestamente representativas a los pequeños centros urbanos y las áreas rurales, que abarcan al menos 20% de la población. Y a esos lugares sí los cubren las maquinarias electorales. Pero hay un aspecto adicional que cabe mencionar: el constante llamado de Santos a la «unidad nacional» alrededor de su proyecto político durante toda su campaña, con el fin de seducir electoralmente a grupos dubitativos y de oposición.

Perspectivas inciertas

El llamado de Santos a la «unidad nacional» rindió sus frutos electorales, pero más aún luego de ser elegido presidente. Desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta se sabía que no requería de apoyos adicionales para ganar, pero su insistencia mostró que deseaba un mandato sin precedentes con el fin de obtener la gobernabilidad necesaria para administrar el Estado con autonomía. Su tono conciliador contrastaba con la personalidad «camorrera» de Uribe. En ese sentido, a partir de su triunfo buscó marcar distancia con el presidente. Este deslinde es importante para manejar de manera adecuada la injerencia que seguramente buscará Uribe en el nuevo gobierno.Bien pronto hubo una nueva redistribución de fuerzas políticas sobre la base de las bancadas de los partidos elegidas en el Congreso. La de mayor significación fue la decisión del Partido Liberal de dejar de lado sus largos años de oposición para vincularse a la «unidad nacional». Por su parte, Cambio Radical ratificó su calidad de miembro de esta unidad. El 20 de julio, en las instalaciones del nuevo Congreso, la coalición de gobierno alcanzó el 80%, cifra sin precedentes en la historia política contemporánea del país. Solo el Polo Democrático se declaró en oposición y algunos grupos pequeños siguieron como independientes. Los pocos congresistas del Partido Verde no se pronunciaron al respecto, luego de que, pasada la segunda vuelta, Mockus evitó usar la palabra «oposición» frente al nuevo presidente.

La mayoría de los ministros y funcionarios de alto nivel nombrados por Santos como presidente electo tienen un perfil de autonomía política. Varios de ellos seguramente no fueron del agrado de Uribe, ya que habían sido sus críticos pese a que varios pertenecen al Partido Conservador. Asimismo, las declaraciones conciliadoras de Santos frente a la agresividad verbal del presidente Hugo Chávez contra el gobierno colombiano fueron significativas, así como la invitación que les hizo a él y al presidente Rafael Correa a su toma de posesión. Pero las intempestivas denuncias públicas de Uribe sobre la presencia de jefes de las FARC en territorio venezolano –que no son nuevas– y su presentación posterior ante la Organización de Estados Americanos (OEA) agriaron las relaciones entre los dos países, al punto que Chávez rompió vínculos diplomáticos con Colombia el 22 de julio, dejando entrever una esperanza de arreglo con el nuevo gobierno. De hecho, a escasos tres días de asumir Santos y de acuerdo con lo convenido entre los cancilleres de los dos países, Chávez viajó el 10 de agosto a Colombia a un encuentro con Santos, cuyo resultado fue la reanudación de relaciones entre los países.

Las expectativas generadas por el nuevo gobierno en sus propósitos de corregir los graves déficits sociales que hay en Colombia son altas. Entre ellos se mencionan el desempleo estructural –la tasa más alta de la región, con alrededor de 12%– y el empleo informal, la marginalidad de amplios sectores de la población y la situación crítica de los servicios de salud. También preocupa la situación económica debido al creciente gasto público durante los ocho años de gobierno de Uribe, aunque el centro de la preocupación en muchos sectores no matriculados en las huestes del uribismo radical es la corrupción rampante que viene de la mano del tradicional clientelismo cimentado durante el Frente Nacional. La erradicación de estos lastres fueron las banderas que generaron la «ola verde» y el ascenso inusitado de la candidatura de Mockus y Fajardo.

¿Hasta dónde la gran bancada de la coalición de gobierno en el Congreso –entre quienes se cuentan varios implicados en la «parapolítica», así como familiares cercanos de muchos procesados– se someterá a una eventual decisión de enfrentar el clientelismo y la corrupción de manera decidida? ¿Hasta dónde el Partido Verde será capaz de conservar –esgrimiendo de manera dinámica sus banderas éticas de campaña– el capital político alcanzado en la segunda vuelta electoral?