Entrevista

Un primer paso con muchas dudas Entrevista a Yerko Ljubetic

El recientemente lanzado Plan de Acción Nacional chileno en materia de empresas y derechos humanos puede constituir una herramienta eficaz de socialización y sensibilización sobre los derechos humanos en dimensiones distintas a las civiles y políticas que son las que, en razón de las épocas dictatoriales que ha vivido la región, nuestras sociedades tienen más presentes.

Un primer paso con muchas dudas / Entrevista a Yerko Ljubetic

Las empresas pueden contribuir al bienestar de un país, sin embargo, también pueden generar impactos altamente negativos y afectar los derechos humanos de las personas directa o indirectamente involucradas en sus cadenas de valor. Uno de los instrumentos guía más recientemente desarrollados para proteger los derechos humanos en el ámbito empresarial son los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PR), adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2011. Sobre la base de los PR, distintos países han avanzado en la configuración de Planes de Acción Nacional (PAN), como herramientas del Estado para la protección de los derechos humanos.

Teniendo en cuenta que existen diversas voces tanto a favor como en contra de la efectividad de estos instrumentos para salvaguardar los derechos humanos ¿Cuál es su opinión sobre los PR y los PAN?

Tanto los PR como los PAN tienen una naturaleza que hace difícil evaluarlos como instrumentos en cuanto a su efectividad. Me refiero al carácter programático y no vinculante que ambos comparten. Es decir, sus propósitos solo podrán cumplirse en la medida que los actores involucrados, estados y empresas fundamentalmente, tengan la voluntad de acogerlos y traducirlos en políticas, normas y actitudes concretas. Como es obvio, no es pecar de pesimistas el no albergar demasiadas esperanzas de que este camino conduzca a resultados importantes en plazos razonables, especialmente considerando las urgencias que el mundo tiene en esta materia. En esa perspectiva, soy partidario de avanzar en el debate internacional sobre instrumentos vinculantes que incidan más directamente en el desafío de que los procesos productivos se desarrollen con respeto y protección de los derechos humanos.

Sin embargo, debo rescatar, al menos, un par de cuestiones relevantes que hacen que sin duda sea mejor hoy tener estos instrumentos que no contar con ellos, especialmente en realidades como la de Chile y los demás países de la región.

En relación a los PR, ellos constituyen un cuerpo consistente de criterios y orientaciones desplegados con una lógica que facilita su comprensión y uso por los actores, especialmente el concepto de debida diligencia. Los PAN, por su parte, pueden constituir una herramienta eficaz de socialización y sensibilización sobre los derechos humanos en dimensiones distintas a las civiles y políticas que son las que, en razón de las épocas dictatoriales que la región ha vivido, muestras sociedades tienen más presente. Ampliar la conciencia acerca de que la actividad empresarial puede vulnerar gravemente los derechos de las personas y de las comunidades es una condición para avanzar en la discusión de instrumentos internacionales más imperativos y vinculantes. También es valorable, en el mismo sentido, la elaboración de Líneas de Base que permiten acercarse a un diagnóstico general de la situación en el país.

Dicho lo anterior, creo que el PAN presentado adolece de un aspecto que, precisamente en función de nuestras historias políticas como región, debiera haber sido contemplado: la revisión del rol que cupo a las empresas privadas en la violación sistemática de los derechos humanos durante las dictaduras.

Precisamente en relación al PAN presentado a mediados de 2017 por el Gobierno de Michele Bachelet ¿Cuál es su opinión sobre los resultados alcanzados? ¿Qué grado de representación conservan la sociedad civil y los pueblos indígenas? ¿Existen mecanismos adecuados de reparación efectiva para las víctimas?

Creo que los resultados de este primer proceso de gestación de un PAN en Chile se relacionan principalmente con el hecho de haber involucrado a una gran cantidad de organismos públicos de distinto nivel en la reflexión sobre la necesidad de incorporar la mirada de derechos humanos en el desempeño de sus funciones. Probablemente eso fue más relevante que los niveles de participación efectiva de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, los que debieran mejorar ostensiblemente en próximos ejercicios.

Puede sostenerse, por otro lado, que ciertos mecanismos asociados a la capacidad de contratación y compra del Estado están en condiciones de profundizar la consideración del tema de derechos humanos entre las condiciones que las empresas deben cumplir para hacer negocios con el sector público.

En materia de reparación el PAN no contempla innovaciones respecto a lo ya existente en nuestra institucionalidad, sino que se propone introducir en ellos consideraciones basadas en los PR. En esta materia nuestro país sigue registrando importantes deficiencias, al igual que en lo relativo a los mecanismos de participación de las comunidades y pueblos respecto de proyectos que les puedan afectar. Consecuencia de ello es que haya problemas de acceso por un lado y que los casos que se resuelven circunscriben la reparación a la regulación de compensaciones indemnizatorias sin hacerse cargo de los aspectos no económicos involucrados, los que pueden ser mucho más relevantes, especialmente tratándose de pueblos indígenas.

Considerando los desafíos de coordinación y transversalización que plantea una política pública de estas características ¿Qué medidas complementarias y/o adicionales deberían tomarse para mejorar el alcance y efectividad del PAN chileno?

Como primera experiencia, el PAN, a mi juicio, plantea más preguntas y desafíos que respuestas concretas hoy. Así, una primera cuestión estará dada por la viabilidad de convertir esta iniciativa en una política de estado, es decir una que se mantenga y profundice en el tiempo sin quedar entregada a los avatares de los cambios de administración. Considerando la ideología neo liberal dominante en el país, este desafío es incierto. Por lo pronto, debe resolverse el hecho de que este PAN haya sido gestionado desde la Cancillería, considerando que desde este año ya existe una Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de elaborar, por mandato legal, un Plan Nacional de Acción en derechos humanos.

Por otra parte, el monitoreo y seguimiento del PAN queda entregado a un Comité interministerial, quedando los actores no estatales en una instancia meramente asesora. Esto encierra riesgos evidentes tales como convertir el tema de derechos humanos en otro check list meramente formal de las instituciones públicas –como ha ocurrido con otros componentes, como los de género, que se han integrado en los últimos años– con indicadores de cumplimiento blandos y flexibles que permitan a la administración presentarse siempre en situación de cumplimiento.

A propósito de transversalizaciones necesarias, una debilidad de los PAN está dada por el hecho de que generalmente plantean iniciativas que involucran solo a los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, más susceptibles de ser articulados en políticas de esta naturaleza, sin incorporar progresivamente a los Poderes Legislativo y Judicial, los que tienen responsabilidades fundamentales en los avances o retrocesos que puedan haber en este campo. Las normas y regulaciones generadas por los Parlamentos no siempre tienen como referencia las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, lo mismo que los tribunales a la hora de resolver sobre su aplicación. Esta situación se hace más evidente cuando se trata de los efectos producidos por la actividad empresarial, lo que se explica no sólo por el desconocimiento o falta de sensibilidad de legisladores y jueces sino también por el evidente poder económico que puede entrar a tallar en estas circunstancias.

Lo anterior hace necesario considerar que en las próximas versiones se asuma este desafío.


Yerko Ljubetic fue ministro de trabajo de Chile. Integró el Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad del primer gobierno de Michele Bachelet. Estuvo a cargo del Programa sobre Empresa y Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Es académico de la Universidad Alberto Hurtado e investigador en el área de empresas y derechos humanos de la Facultad de Economía de la misma universidad.