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Chile: economía política del desgaste

En Chile, se están agotando un modelo y una forma de hacer las cosas. La economía presenta severos problemas de libre competencia por la concentración de la propiedad y los mercados, así como por la falta de regulaciones. A su vez, el régimen político de transición se debilita, golpeado por el descrédito. Esta situación está provocando realineamientos en la coalición de gobierno, pero también en los partidos ubicados a su izquierda, con vistas a la elección presidencial de 2017. La forma en que esto cristalizará estará influida, en gran medida, por cómo los movimientos sociales resuelvan sus articulaciones con la política y por la capacidad de la izquierda para superar sus divisiones.

Chile: economía política del desgaste

En tiempos de tan alta incertidumbre global, la pregunta acerca de dónde va un país parece del todo impertinente, e incluso la idea de un lugar al cual llegar ha quedado bastante obsoleta. Sin embargo, el interrogante es candente, ya que mientras no se apague la multiplicidad de racionalidades e intereses en lucha, de lo que se trata es de la cuestión del poder y, con ella, de una conflictividad política que, por más que aparezca poco visible en las contiendas electorales o debates televisivos, esconde proyectos de sociedad y continúa produciendo transformaciones. En otras palabras, mientras la política –como forma de expresión de la voluntad colectiva en el espacio público, sea empresarial, popular, identitaria, etc.– más se debilita ante el poderío de los mercados globales de las finanzas, las personas más reclaman desde la orfandad de su representación política que se las considere y que las cosas cambien.

En las sociedades latinoamericanas se vive una ofensiva de los proyectos neoliberales de la mano de políticos de derecha, que tienen clara la respuesta: quieren ir de políticas neoliberales en economía a una sociedad neoliberal y para ello agitan las banderas de la privatización, la despolitización y el ataque al Estado y azuzan el miedo a una falta de ley y orden. A la inversa, el progresismo ha perdido el rumbo en la región. La derrota del Partido de los Trabajadores (pt) en Brasil y del Frente para la Victoria (fpv) en Argentina y las dificultades que encara el gobierno de Nueva Mayoría en Chile, a lo que se suma la derrota en el plebiscito de reforma constitucional de Evo Morales en Bolivia y la victoria del «No» a la paz en Colombia, nos indican que hay cuestiones sustantivas del proyecto político de izquierdas en la región que, ya sea por sus objetivos o por su estrategia, no logran cristalizar en apoyos contundentes por parte de la ciudadanía, sea en las urnas o en la movilización social.

En relación con esta problemática, hay dos cuestiones claves. Una es el modelo de desarrollo y la otra, el régimen político y la democracia. El ciclo de altos precios de las materias primas en el mercado mundial permitió a los gobiernos progresistas de la región financiar el desarrollo de grandes proyectos sociales, que impactaron positivamente en la vida de millones de personas, sea por la vía de subsidios estatales o por la inserción en la educación y la atención en salud de sectores populares y la ampliación de los programas de vivienda. Sin embargo, no se logró reducir la concentración de la propiedad y la riqueza, ni se pudo saltar hacia una estrategia de desarrollo nacional que superara el carácter extractivista y depredador de la naturaleza que impuso la inversión extranjera en el continente. En este sentido, hay algo de un «caso de desarrollo frustrado» del que hablara el economista chileno Aníbal Pinto.

En cuanto al régimen político, es interesante recordar a Antonio Gramsci cuando señala que, si bien los votos valen todos lo mismo, no es menos cierto que están midiendo «la eficacia y la capacidad de expansión y de persuasión de la opiniones de pocos, de las minorías activas, de las elites, de las vanguardias, es decir, su racionalidad, historicidad o funcionalidad concreta»1. Lo que en otras palabras implica que no basta con contar los votos, sino que es necesario formar una ciudadanía consciente, hay que ganar los corazones y también las mentes para hacer avanzar un proyecto político progresista. En este sentido, la concepción de democracia con la cual una parte de la izquierda en el continente ha gobernado es la del «gobierno de los políticos» (a decir de José Nun)2, sin concebir que la democracia pueda ser la del «gobierno del pueblo». Ganar elecciones mide la eficacia del discurso y el resultado de una gestión, pero si no se gobierna con el pueblo, se desactiva la base de apoyo para la disputa del modelo de sociedad y la estrategia de desarrollo (y ahí están los casos de Argentina y Chile).

Esto plantea otro problema, en las condiciones de la América Latina actual: ¿cuál es el «sujeto histórico» que puede motorizar los cambios, en favor de una redistribución del ingreso, mayores libertades políticas y autonomía de las personas? Se habla mucho de la extensión de las capas medias por la mejora de los ingresos y la ampliación de la cobertura educacional, lo que transformaría las mentalidades de los sectores populares que no quieren representarse ni ser representados como tales. Pero esto, que es parte de la batalla cultural contra la identidad constituida desde el mercado y como consumidores, no es algo inevitable. Tampoco es claro que con la decadencia del proletariado industrial –el sujeto histórico por excelencia del marxismo– hayan desaparecido otras formas de articulación social que, tras políticas, programas o utopías, tengan la posibilidad de incidir en los procesos que dibujan el futuro de nuestras sociedades. Más aún, esto es válido en América Latina, donde el «sujeto histórico» ampliamente debatido en el siglo xx marcó en parte las profundas diferencias entre los partidos políticos de izquierda y progresistas de la región. Hubo quienes les asignaron roles estratégicos ya sea al campesinado o a los pobres urbanos y algunos, a las clases medias emergentes. Es decir, los debates teóricos no han impedido la conformación de sujetos sociales colectivos que se ponen en movimiento en condiciones y tiempos históricos concretos y que pueden gravitar decididamente en la configuración de nuevas formas de organizar sus sociedades. ¿Qué ha hecho la izquierda en el continente respecto de esto y, en particular, qué han hecho las izquierdas en los gobiernos?

Considerando este contexto, la pregunta es: ¿cuál es la situación por la que atraviesa Chile? Este país ha llegado a un punto en que las altas tasas de ganancia para los grupos económicos que controlan la economía solo pueden sostenerse por la vía de alianzas o ventas de sus empresas a grupos transnacionalizados con mayor capital y con redes en los mercados financieros globales –proceso en curso en las administradoras de fondos de pensiones (afp) y en las instituciones de salud previsional (Isapres), así como en el sector minero–, saliendo a invertir en otros países –grandes almacenes, agroindustria, forestal– o generando una activa política de nuevos mercados para colocar sus productos, apoyados por el servicio exterior del Estado. En Chile, el grado de liberalización del mercado de bienes y servicios es total, la regulación es básicamente formal para los grandes grupos, la inspección sobre los mercados financieros locales es débil –en un año se han develado, por acción de los perjudicados y no de los organismos supervisores, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, al menos cinco grandes estafas a accionistas o inversionistas pequeños–.

El exceso de liberalización está produciendo consecuencias, pues en la población se ha instalado la sensación de abuso por parte del poder empresarial. El gran empresariado tiene varios procesos judiciales, sea por estafas piramidales, evasión de impuestos o financiamiento ilegal de la política de forma transversal a izquierda y derecha; algunas empresas son investigadas en el extranjero (Lan Chile en Estados Unidos y Argentina, Compañía de Papeles y Cartones en Colombia). A esto se suma un contexto de contracción de los mercados mundiales –particularmente el chino, principal destino de las exportaciones chilenas– y de enfrentamiento con un gobierno que empujó reformas estructurales en la tributación a las grandes ganancias, a la propiedad del sistema educacional y en las relaciones laborales.

La coyuntura económica está dejando en evidencia un agotamiento del modelo de desarrollo neoliberal impuesto en la dictadura y continuado en la democracia. Este agotamiento no implica una crisis terminal, pues el modelo extractivista se basó en una suerte de «acumulación originaria del capital» con sobreexplotación de la naturaleza (sobre todo, minería y explotación forestal), que descansa en la inversión extranjera y en los subsidios a las plantaciones forestales, junto con la contratación de fuerza de trabajo precaria (contratistas de la minería y de las empresas del papel y celulosa y salmoneras). Parte sustantiva de esa acumulación se hizo posible por el debilitamiento de los sindicatos y federaciones sindicales (que reúnen solo a 18% de la fuerza de trabajo), por la pasividad de partidos políticos que no tuvieron como propósito fortalecer los movimientos reivindicativos ni la formación política y por la fragilidad de las instituciones dedicadas al control ambiental de las inversiones extractivistas. El agotamiento de este ciclo económico converge con el «desnudamiento del rey mercado»: el abuso, la desigualdad, el lucro y la injusticia se hacen evidentes para la población, que desde distintas motivaciones y lugares toma la calle, e incluso algunos pueblos y territorios, y pone en evidencia tres cosas: a) que los privilegios son excesivos para unos pocos, sean empresarios, políticos, religiosos, militares o lobistas, los que se han aliado para mantener las cosas como están; b) que la elite ha perdido legitimidad ante la población, lo que provoca una fisura en la forma de dominación, y c) que se ha agudizado la crisis de representación de los partidos, pues las corrientes neoliberales eran en la práctica un «partido transversal», que operaba tanto en el interior de la centroizquierda como en la derecha política, como quedó comprobado con los escándalos de corrupción de políticos con dinero de los grandes empresarios.

El prestigio de la elite se ha deteriorado a punto tal que la pérdida de la confianza en la política y el Congreso por parte de la ciudadanía se expandió a la propia oligarquía empresarial. Su debilitamiento ha llevado a algunos intelectuales a diagnosticar la muerte de la elite3 y la apertura de una crisis de legitimidad para sostener el aparato institucional, aunque hasta ahora sin alternativas de recambio. El Estado –en términos más precisos, el régimen constituido–, como representación de la nación, deja de expresar un pacto social que suponía incluir a todos. Pero aún más: hace trizas un imaginario compartido asentado en el éxito del modelo económico y la disminución de la pobreza.

Esta situación es la que abrió en Chile un periodo de reordenamiento del poder, alentado por el gobierno reformista de Michelle Bachelet. La reacción de empresarios y políticos de diversas tendencias ante sus intentos de reformas expresa las profundas redes tejidas por la elite en el interior de los partidos que conformaron la Concertación y que hoy gobiernan junto con el Partido Comunista bajo el rótulo de Nueva Mayoría. Hoy la elite solo tiene como estrategia defender el modelo neoliberal, sostenido en los «éxitos pasados» y reivindicar la «democracia consonciativa» (llamada en Chile «democracia de los acuerdos»), que permite el veto de una minoría gracias a su sobrerrepresentación en diversos órganos del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Televisión, etc.) y en el sistema electoral. Sin embargo, esto es altamente insuficiente, pues diversos actores sociales han entrado en escena con sus reclamos polifónicos –locales o nacionales, políticos o gremiales–, que se politizan en la medida en que esa misma elite no logra comprenderlos ni procesarlos.

El movimiento estudiantil ya había mostrado su grado de coordinación y politización en 2006, cuando salió a la calle de forma masiva y persistente, para reclamar por el alto precio del pasaje escolar y exigir luego una reforma a la ley constitucional sobre educación que garantice la calidad educativa. La reacción de la izquierda en el gobierno fue consensuar un documento con el centro y la derecha, de manera «gatopardista», para modificar superficialmente la estructura educativa fundada en la estamentalidad de la calidad de la educación según los ingresos de la población. Este acuerdo prontamente fue desechado, ante la crítica estudiantil y de la sociedad.

Los estudiantes volvieron sobre sus demandas en 2011 –esta vez, bajo el primer gobierno de derecha tras el fin de la dictadura, el de Sebastián Piñera–. Lo hicieron de forma más estructurada, con las lecciones aprendidas, y el movimiento se extendió por todo el país, con un grado de legitimidad nunca visto desde 1990. Lo habían antecedido movilizaciones medioambientales, territoriales y por la identidad de género. La crítica al régimen político se hizo más consistente por la movilización y también por el despliegue de una nueva camada de intelectuales críticos que dotaban de fundamentos a las demandas transformando aspiraciones en objetivos políticos, la crítica en programas y la consigna en medidas posibles.

Los movimientos sociales profundizaron las movilizaciones regionalistas (Punta Arenas, Aysén, Calama), las medioambientales (represa Hidroaysén, Cajón del Maipo, Río Puelo) y las de diversidades sexuales (por el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto). La composición social de estos movimientos ha sido heterogénea y expresa una reactivación de la sociedad civil y de las demandas de participación, que enfrenta la clausura del régimen político a escuchar «la voz de la calle» y responder a sus exigencias. Estos movimientos han logrado poner en crisis la idea de la infalibilidad del modelo neoliberal y sus «soluciones» de más mercado. También han provocado una desnaturalización de las respuestas de tipo tecnocrático construidas sin participación y están siendo capaces de sostener la movilización social durante más de cinco años: la extensión de los abusos y lo limitado de las políticas públicas de protección social han permitido la rotación de sus protagonistas principales. En una coyuntura la llama es la educación, en otra es la salud, en otra el sistema de pensiones o los derechos de las mujeres (más de 50.000 personas se movilizaron en octubre pasado contra el femicidio).

Hoy, los movimientos sociales son débiles en cuanto a su capacidad de imponer soluciones, pero lo suficientemente fuertes como para marcar la agenda política. En este sentido, el movimiento más estructurado y politizado es el estudiantil universitario agrupado en la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech) y, actualmente, el movimiento No+afp (No más administradoras de fondos de pensiones), que ha logrado organizar en julio, agosto y octubre de 2016 tres masivas marchas nacionales que sumaron más de un millón y medio de personas en todo el país para exigir un nuevo modelo de pensiones.

El movimiento estudiantil está cruzado por múltiples corrientes, aunque está particularmente influido por lo que fue la izquierda de los años 60 y su posición rupturista, que dio origen a una variada gama de grupos y colectivos izquierdistas que no logran confluir para conquistar una reforma educativa radical. Es socialmente plural, pero está marcado por dirigentes de clase media con tradiciones familiares en la lucha contra la dictadura pinochetista. No+afp es un movimiento policlasista, transgeneracional, que pone el foco en la demanda de terminar con el sistema de pensiones de capitalización individual para pasar a uno tripartito y con reparto solidario entre generaciones e ingresos. Políticamente no tiene expresión partidista, sus dirigentes tienen tradición de izquierda pero desconfían de los partidos.

En este contexto, una debilidad importante de los movimientos sociales es el estado del campo sindical. La dirigencia sindical tuvo un rol clave en el proceso de movilizaciones contra la dictadura a principios de los años 80, mediante la Coordinadora Nacional Sindical, y fue el eje en torno del cual se produjo la unidad del movimiento social plural reflejado en esos años en la Asamblea de la Civilidad. También impulsó la incorporación de los gremios en la lucha del plebiscito de 1988, que desembocó en la derrota de Augusto Pinochet. Se constituyó como Central Única de Trabajadores (cut) ese mismo año, retomando la tradición de 1953; sin embargo, en los años de la transición se debilitó su protagonismo, algunos de sus principales dirigentes migraron hacia el Parlamento y los otros se quedaron en forma vitalicia en la dirección. Durante las dos últimas décadas, la cut ha sido un organismo sin relevancia, financiado por los gobiernos de turno y alineado con los partidos de la coalición democrática, sin autonomía real del Estado ni gravitación en las dos reformas laborales del periodo. La expresión más fiel de su debilidad y falta de propuestas ha sido el proceso para elegir autoridades en agosto de este año, lleno de irregularidades, con voto indirecto y cómputos retrasados por días y poco fiables, que han puesto en crisis a la principal organización sindical del país. No es que la sindicalización sea alta en Chile, pero el rol jugado por el sindicalismo en los procesos de movilización social siempre ha sido gravitante por su simbolismo y por el lugar que ocupa en la economía. Pero mientras esta se ha transformado, el sindicalismo no logró renovarse en los nuevos escenarios.

Un caso aparte es el proceso de movilización que viene desarrollando el pueblo mapuche por el reconocimiento de sus derechos, que se ha visibilizado mediante acciones violentas contra las empresas forestales y «colonos chilenos», definidos como aquellos propietarios de las tierras indígenas ocupadas producto de la invasión militar de 1883 y luego por la usurpación y venta engañosa en los «juzgados de indios» que permitía la ley en el siglo xx. Es un movimiento que tiene la paradoja de ser una fuerza con creciente coordinación, pero atravesada por la fragmentación y por diversidad de proyectos políticos; esto lo vuelve muy diferente del movimiento de las décadas previas a 1990, cuando había una representación partidista que canalizaba las demandas hacia el sistema político.

Este contexto ha sido producido, en parte también, por las políticas de los partidos de izquierda hacia los movimientos sociales: en las organizaciones partidarias pareciera operar la lógica de «si somos menos, mejor para nosotros, los dirigentes». Por ello resulta necesario un análisis del estado de situación de la izquierda chilena actual. Una primera cuestión es que la izquierda ingresó en el periodo de transición con un ala de origen marxista y leninista –el Partido Comunista (pc), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir) y un sector del Partido Socialista (ps), que conformaban el Movimiento Democrático Popular (mdp) y luego el Partido Amplio de Izquierda Socialista (pais)–, que había desarrollado la estrategia de confrontación radical con la dictadura –mediante la estrategia de la rebelión popular de masas– y la lucha por un gobierno provisional con Asamblea Constituyente. Pero esta estrategia, debilitada por diversos factores, se hace inviable luego del fracaso del atentado contra Pinochet en 1986 y la respuesta represiva que este desata. Así las cosas, la «izquierda renovada», que había leído la derrota de la Unidad Popular como el resultado de la falta de mayorías para el cambio y una escasa valoración de la democracia liberal, cobró un protagonismo clave sin tener grandes bases organizativas, pero sí importante influencia social gracias a su discurso y a sus relaciones con el centro político. Esta izquierda, tras la unificación del ps y la creación del Partido por la Democracia, permitió crear un cuadro político que posibilitó a la Democracia Cristiana tener una gravitación fundamental en la conducción del proceso, en principio como partido mayoritario y con posterioridad a 1997 como parte de una alianza de centroizquierda.

En otras palabras, la izquierda fuera de la Concertación4 fue irrelevante electoral y políticamente en este periodo. En los comicios de 2005, la coalición Juntos Podemos Más (pc, Partido Humanista y otros) alcanzó 5,4% de los votos. En virtud del sistema electoral binominal, tampoco tuvieron posibilidades de lograr representación parlamentaria. En este sentido, se evidencia que este sector de la izquierda no supo leer los fenómenos de transformación social y cultural de la sociedad chilena y, por lo tanto, asumió un discurso crítico agitativo de corto alcance, cuestión que se vio ratificada en las movilizaciones de 2011 y años siguientes, cuando la incidencia de esta izquierda va a ser muy limitada y luego casi inexistente.

La izquierda que participó de los gobiernos de la transición tuvo un desempeño clave en la generación de un contexto de desmovilización social, ya que su estrategia para la democratización del país se orientaba a dar garantías de que las transformaciones se harían sin tensiones ni rupturas y a través de consensos persuasivos. Y esa situación le imponía la tarea –que cumplió con éxito– de resolver las demandas sociales y, a la vez, tener peso electoral para responder a las expectativas. Sin embargo, no pudo resolver los nudos políticos que se iban configurando en torno de tres temas: el sistema democrático de corte autoritario y restringido, que debía limitarse a administrar; las demandas por una sociedad más abierta y plural, que chocaban con los valores conservadores de sus aliados, de la Iglesia católica y de los grupos empresariales; y las grandes desigualdades que se configuraban en torno de los ingresos, los territorios y el acceso a la educación y la salud.

Desde esta perspectiva, la izquierda en el gobierno no fue crítica del modelo económico extractivista y la hegemonía de los mercados, lo que reducía la relevancia de la política y el Estado, terreno donde la izquierda debía bregar por cumplir sus promesas de protección social y emancipación. Esta postura acrítica pudo haberse originado en la etapa de renovación de la izquierda exiliada en Europa, donde se vivía el «thatcherismo con rostro humano»5, ligado a la liberalización del laborismo, que fue precedida por la destrucción de los sindicatos en toda la década de 1980, y a François Mitterrand, quien en 1983 abrazó la política monetaria ortodoxa6. El punto es que la izquierda chilena en el gobierno se vio tensionada por el debate entre «autocomplacientes» y «flagelantes», que cruzó a toda la coalición política desde 1997 en adelante. Ese debate se mantuvo abierto hasta 2009, cuando estalló la crisis de representación política del proyecto de izquierda en el seno del ps.

Sería finalmente la imposición del candidato Eduardo Frei en la Concertación la culminación del proceso de elitización de la política en ese conglomerado; en esa oportunidad, unos pocos dirigentes decidieron la designación del candidato presidencial ignorando los procesos participativos que pedían los militantes y la desconfianza ciudadana que se originaba en las promesas incumplidas de los programas de gobierno. Esto ya tenía como antecedente el malestar social por el transporte público y la salud, la protesta estudiantil de 2006 y los diversos informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) sobre el malestar ciudadano, el uso y abuso del poder y la forma de hacer las cosas, que alertaban acerca de los cambios que estaban produciéndose en la sociedad. Fue en la elección presidencial de fines de 2009 cuando la hegemonía liberal en la dirección de la izquierda fue puesta en cuestión. Tres dirigentes levantaron sus candidaturas presidenciales por fuera del ps: Jorge Arrate, ex-presidente del partido y ex-ministro, que compitió en alianza con el pc y obtuvo 6,2% de los votos; el ex-diputado Marco Enriquez-Ominami, que consiguió 20,1% de los sufragios; y el senador Alejandro Navarro, que desistió de participar pero conformó un nuevo partido.

Resultó sintomático que el diagnóstico y el programa de Frei fueran similares a los de los otros dos candidatos, en tanto reconocían la desigualdad social, los déficits democráticos, la excesiva centralización del Estado y el excesivo presidencialismo. Esto implicaba definir una nueva Constitución «para el Bicentenario», que además asegurara formas de democracia participativa y directa. A esas alturas, la crisis de confianza ciudadana hacia los partidos y la política estaba extendida y ya se reclamaban nuevos liderazgos y no solo nuevos programas.

La derrota electoral de 2009 no llevó a un proceso de debate teórico y político, ni tampoco sirvió para hacer un balance en la izquierda. Más bien se operó pragmáticamente para generar las condiciones para que la ex-presidenta Michelle Bachelet, que le había entregado la banda presidencial al empresario de derecha Sebastián Piñera y tenía un alto grado de aceptación en las encuestas, retornara al gobierno. Por su parte, la ex-presidenta compartió el diagnóstico de que Chile llegaba al fin de un ciclo y requería de reformas políticas y económicas que permitieran mayores grados de igualdad y de ampliación de las libertades individuales, con un sistema democrático en forma. La selección de su equipo político y económico se realizó sin injerencia de los partidos –aunque guardando los equilibrios políticos– y con un programa al cual se sumaron diversos dirigentes entusiasmados con la posibilidad de regresar al gobierno. En la práctica, era un equipo políticamente reformista, pero que también desplazaba a la vieja guardia de la Concertación, apostando a un recambio generacional que llevara adelante el programa de gobierno.

Pero la suma de las partes no es lo mismo que el todo. El actual gobierno ha hecho aprobar una reforma tributaria, otra sobre la educación general y también una laboral. El diseño y la orientación de estas reformas han sido duramente criticados por partidarios y opositores, lo que generó un desgaste político en la coalición gobernante. No obstante, finalmente ha sido posible liquidar el sistema electoral binominal al que todos se habían amoldado y se ha aprobado el voto chileno en el exterior, al que la derecha le tuvo por dos décadas mucho pánico. Estas reformas políticas se dan en un contexto de acusaciones de corrupción y probablemente llegan demasiado tarde, con un sistema desgastado. Así lo comprueba el último informe del pnud sobre auditoría de la democracia, que demuestra que la ciudadanía tiene una actitud crítica clara frente al funcionamiento democrático y que demanda mecanismos de democracia directa (consultas y plebiscitos) y sanciones a los parlamentarios culpables de corrupción. El estudio muestra también un desapego radical hacia los partidos políticos y sus representantes, aunque hay acuerdo sobre la necesidad de un cambio de la Constitución y sobre que este sea plebiscitado.

Como puede apreciarse, hay un proceso de politización ciudadana que no está conectado con los partidos, lo que abre un espacio importante para la reconfiguración del sistema político. Ya no es el proceso constituyente como forma de ampliar el debate democrático sobre el régimen futuro el que puede lograrlo; sea porque fue convocado sin mucha convicción por el gobierno o porque las izquierdas no supieron aprovecharlo.

El resultado de las elecciones municipales del 23 de octubre dejó al desnudo el completo descrédito de los dirigentes políticos ante la ciudadanía, plasmado en una abstención de 65% –la mayor de la historia electoral del país–. Los que votaron castigaron a la centroizquierda gobernante, que perdió municipios emblemáticos y bajó tanto en cantidad de alcaldes elegidos como en votos. La gran sorpresa fue la victoria de Jorge Sharp (de 31 años) en el puerto de Valparaíso –la segunda ciudad más poblada de Chile–. Sostenido por un movimiento ciudadano progresista, el ex-líder estudiantil, abogado y dirigente del Movimiento Autonomista (de izquierda) derrotó al alcalde derechista y al candidato de Nueva Mayoría.

La situación ha quedado abierta para que el proceso de elecciones presidenciales de 2017 catalice nuevos ordenamientos de las alianzas, sea porque por fuera de Nueva Mayoría se articula una alternativa de gobierno que atraiga al electorado de izquierdas o porque la Democracia Cristiana levanta una candidatura presidencial que rompa el eje con el ps, que es lo que ha sustentado la coalición de centroizquierda con veto centrista a las reformas que impulsaba el gobierno de Bachelet. Esto obligará a la izquierda a profundizar sus propuestas de justicia social, democratización y ampliación de las libertades individuales, en contextos de agotamiento de un modelo neoliberal que no permite resolver las demandas de igualdad y mayor regulación estatal en la economía. Para ello se requerirán ideas y voluntad unitarias.

  • 1.

    A. Gramsci: «El número y la cualidad en los regímenes representativos» en Antología, sel., trad. y notas de Manuel Sacristán, Siglo xxi, Ciudad de México, 1970, p. 398.

  • 2.

    J. Nun: Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, fce, Buenos Aires, 2002.

  • 3.

    Alberto Mayol: Autopsia. ¿De qué se murió la elite chilena?, Catalonia, Santiago de Chile, 2016.

  • 4.

    Partidos Comunista, Humanista y Ecologista-Verde.

  • 5.

    Ernst Hillebrand: «La crisis de la socialdemocracia europea» en Nueva Sociedad No 261, 1-2/2016, disponible en www.nuso.org.

  • 6.

    Khatchik DerGhoughassian: «La izquierda después de la Guerra Fría» en Nueva Sociedad No 261, 1-2/2016, disponible en www.nuso.org.