Coyuntura

Cerca de un acuerdo… ¿cerca de la paz? El laberinto de las negociaciones en Colombia

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han logrado acuerdos parciales en materia de participación política, desarrollo agrario y política de drogas. Ahora se está discutiendo sobre la justicia para las víctimas, y en ese marco ha habido avances en la búsqueda de mecanismos para desescalar el conflicto, entre ellos un acuerdo concreto sobre desminado. Sin embargo, los retos son múltiples: un sector de la política y de la sociedad colombianas se opone al proceso en sus términos actuales y, más allá de la firma de un compromiso, su implementación y las tareas que implica el posconflicto pueden ser aún más complejas que el logro del tan esperado acuerdo final.

Cerca de un acuerdo… ¿cerca de la paz? / El laberinto de las negociaciones en Colombia

En agosto de 2012, el gobierno de Colombia liderado por el presidente Juan Manuel Santos (en el poder desde 2010) hizo público el proceso de negociaciones iniciado a comienzos de 2011 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), que se propone poner fin a un conflicto armado que lleva más de 50 años. De acuerdo con el gobierno, al tiempo de dar a conocer las negociaciones se daba por concluida la primera etapa del proceso de paz, con la firma del «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», que incluye cinco puntos sustantivos y uno de garantías: desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, derechos de las víctimas y, por último, implementación, verificación y refrendación.

La segunda etapa, iniciada en Oslo en octubre de 2012 y que continúa desarrollándose en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes del proceso y Chile y Venezuela como facilitadores, implementó los diálogos directos por medio de los cuales se busca llegar a un Acuerdo Final sobre los puntos mencionados. A partir de la firma de ese acuerdo comenzará la transición hacia una paz sostenible, la tercera etapa del proceso según han subrayado las autoridades. En palabras de Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, «uno podría decir que ese es el verdadero comienzo del proceso de paz, no el fin».

En efecto, todos los analistas que trabajan sobre el largo conflicto colombiano coinciden en que la firma de un acuerdo no implica por sí misma el logro de la paz en el país. Aunque sería un hito político y simbólico importante, las tareas pendientes en el posconflicto son muchas y muy complejas, y la construcción de condiciones de paz verdaderas y sostenibles será un proceso largo y difícil, por lo cual gobierno y especialistas trabajan ya la preparación de esa etapa, mientras se espera la firma de un acuerdo definitivo con la guerrilla.

Escenario político y proceso de paz

Por supuesto, desde su inicio, las negociaciones son uno de los factores más relevantes en el escenario político colombiano, especialmente en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales que tuvieron lugar en mayo de 2014 (y ocurre lo mismo con las de alcaldes y autoridades locales previstas para octubre de 2015). Durante 2014, la mesa de negociación de La Habana se convirtió en el centro de una campaña que estuvo particularmente polarizada entre quienes apoyaban la iniciativa de paz del presidente Santos y quienes se oponían a ella de manera radical. El principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, que rige el desarrollo de las negociaciones, contribuyó aún más a la polarización y a la utilización del proceso como caballo de batalla durante la contienda electoral. Previendo ese escenario, Santos quería alcanzar el acuerdo final a más tardar en noviembre de 2013, momento en el que vencía el plazo para su postulación para la posible reelección, pero ello no fue posible.

Sin duda, el proceso ha sido mucho más lento de lo previsto en sus inicios. Para la época en que se esperaba que las negociaciones estuvieran terminadas, solamente se habían logrado avances en los dos primeros puntos de la agenda: desarrollo rural y participación política. Después de esos acuerdos parciales, los equipos negociadores decidieron enfocarse en el punto relativo al problema de las drogas ilícitas, sobre el cual se llegó a un acuerdo en mayo de 2014, dos semanas antes de la primera ronda de las elecciones presidenciales. Desde ese momento, se viene trabajando sobre el punto de la justicia para las víctimas, sobre el cual aún no hay consenso.

La reelección de Santos para un segundo periodo presidencial (2014-2018) fue en cierto sentido un plebiscito para la política de búsqueda de una paz negociada, y su victoria le dio un nuevo aire al proceso, aun si los resultados electorales evidenciaron también que amplios sectores de la sociedad colombiana tienen, por lo menos, dudas sobre la forma en que se están desarrollando las conversaciones de La Habana: el ganador de la primera vuelta fue Oscar Iván Zuluaga, el candidato uribista, con 29,3% de los votos, contra 25,7% de Santos, mientras que en la segunda vuelta este último obtuvo casi 51% frente a 45% de Zuluaga. Para conseguir este resultado, Santos contó con el voto de casi toda la izquierda, que buscó evitar que los guerreristas volvieran al Palacio de Nariño.

Por su parte, las elecciones al Congreso consolidaron un bloque parlamentario de derecha, alrededor del ex-presidente y hoy senador Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático y opositor radical al proceso de paz. Ya desde la campaña electoral, Uribe y sus seguidores mantuvieron una permanente campaña de críticas a las conversaciones y han insistido en que se está negociando una paz con impunidad y en que se les está entregando el país a las farc-ep.

Precisamente como respuesta a esas críticas, en septiembre de 2014, Santos y la guerrilla acordaron publicar los borradores de los acuerdos alcanzados hasta ese momento. En un comunicado conjunto del gobierno y las farc-ep, los negociadores señalan que tomaron la decisión de hacer públicos los textos dado que «persisten todo tipo de especulaciones sobre lo acordado, que son producto unas veces del desconocimiento (…) y otras de una intención clara de desinformar a la opinión pública».

De todos modos, las críticas persisten, y la sensibilidad de los temas que se están tratando en la Habana constituye un caldo de cultivo para que las suspicacias consigan apoyo social. La discusión sobre las víctimas está muy vinculada a la de la justicia y al tipo de mecanismos que se establecerán para que realmente los acuerdos no lleven a una paz con impunidad, punto en el que las farc-ep y el gobierno tienen aún diferencias muy profundas. De hecho, la mayoría de los analistas piensa que el acuerdo final recién se logrará en 2016 o incluso en 2017.