Coyuntura

Caso Gustavo Petro: flagrant system error

Los últimos años están marcados por luchas de diferente naturaleza que, a partir del uso de las nuevas tecnologías, han contribuido a rediseñar el espacio público, las formas de protesta y los repertorios de acción colectiva. Parte de esas luchas –con amplio protagonismo de los jóvenes– cuestionan la globalización neoliberal y se enfocan en corporaciones, en organismos multilaterales y en otros símbolos del capitalismo actual. Al mismo tiempo, expresan una variedad de demandas –económicas, sociales, culturales– que dan cuenta de un inconformismo que para muchos es demasiado difuso. Para otros, en cambio, en esa «política de los muchos» que no se unifica reside la auténtica potencia de estos movimientos. El número 251 de Nueva Sociedad está dedicado a esas disidencias que vuelven a poner de relieve la discusión sobre la emancipación, con la mirada en dirección hacia América Latina pero también hacia las luchas globales.

Caso Gustavo Petro: flagrant system error

El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación consumaba el proceso iniciado meses atrás de destitución e inhabilitación por 15 años para aspirar a cargos públicos del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. La sanción se basa en supuestas irregularidades y mala gestión en la reforma del sistema de recolección de basura en la capital colombiana, hechos acontecidos en diciembre de 2012 y a través de los cuales el gobierno municipal buscó revertir la privatización de este servicio público.

El origen del caso Petro

La destitución del alcalde capitalino se originó en la puesta en marcha del programa «Basura Cero», un compromiso electoral que Petro asumió como dirigente del Movimiento Progresista –tras apartarse del Polo Democrático Alternativo (PDA)– durante su campaña electoral en la segunda mitad de 2011.

Mediante la aplicación de este programa, la Alcaldía de Bogotá buscaba reducir en miles de toneladas la basura que produce diariamente dicha urbe. Así, el 18 de diciembre de 2012, el gobierno municipal de Bogotá decidió el traspaso de competencias de la recolección de residuos de manos de operadores privados a la empresa pública Aguas de Bogotá, vehículo de expansión de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La medida, aplicada con cierta improvisación y apresuramiento, provocó que mediante una acción concertada por parte de determinados contratistas privados, que hasta entonces se habían beneficiado por prórrogas permanentes de sus contratos, se acumulara basura durante tres días. Fruto de esta situación, el gobierno municipal tuvo que afrontar de forma transitoria la firma de nuevos contratos con operadores privados, mientras consolidaba su programa público de recolección de basuras y reciclaje.

A pesar de que el plan «Basura Cero» reduce notablemente las tarifas del servicio de recolección de desechos, a la par que formaliza las condiciones laborales de unos 14.500 recicladores que quedaron vinculados al proyecto, la Procuraduría General de la Nación, liderada por el ultraconservador Alejandro Ordoñez, resolvió abrir una investigación por «presuntas conductas irregulares». En descargo del dirigente socialdemócrata, cabe indicar que la medida aplicada está estrechamente vinculada a lo que fueron los principales ejes de su campaña electoral: la defensa de lo público y lo ambiental y la lucha contra las mafias.

Mafias ancladas en la recolección de basura

Entre los empresarios beneficiados por las prórrogas sine die de la recolección de desechos en Bogotá, destacan dos grandes y controvertidos contratistas colombianos: William Vélez y Alberto Ríos. Ambos fueron protagonistas de diversas maniobras que tuvieron como objetivo la prórroga de sus contratos, congestionando con todo tipo de observaciones las licitaciones que en diferentes momentos convocó el municipio bogotano. Esta estrategia se basó en el impulso de un amplio abanico de observaciones a los términos de referencia contractuales propuestos por la Alcaldía, los cuales iban desde la modificación de los indicadores de gestión planteados hasta la solicitud de cambios en los sistemas de remuneraciones para funciones complementarias, como era el caso de quienes cortan el césped o podan los árboles. Debido a que estas observaciones conllevan la necesidad de respuesta rápida por parte de una burocracia administrativa incapaz de cumplir con tales condiciones, los empresarios lograron en sucesivas ocasiones el retraso de las licitaciones y se mantuvieron como beneficiarios de los contratos a pesar de que sus concesiones habían finalizado.

En lo referente a la vinculación de ciertos grupos empresariales y políticos con el paramilitarismo, el caso de Vélez es paradigmático. En los últimos diez años, se convirtió en uno de los grandes contratistas de obras públicas del país, habiendo construido el holding empresarial Grupo ETHUSS, que factura cifras por encima de los 200 millones de dólares anuales y opera más allá de las fronteras colombianas. El nombre de Vélez ha sido referido en múltiples ocasiones por ex-jefes paramilitares –destacan las declaraciones de Freddy Rendón Herrera, alias «el Alemán»; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias «Monoleche»–, que lo identifican como testaferro de Vicente Castaño, alias «el Profe», uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su nombre aparece también en memorandos del Bloque Norte de las AUC relacionados con el negocio de la basura. En círculos empresariales, Vélez es señalado como protegido y gran amigo del ex-presidente Álvaro Uribe.

Con respecto al empresario Alberto Ríos Velilla, quien es socio de la empresa Aseo Capital, cabe señalar que el clan Ríos Velilla es socio de la familia Nule –Grupo Nule– en polémicos negocios que en la actualidad son investigados por las autoridades judiciales. Al respecto, a mediados de 2010 salieron a la luz pruebas que evidencian la negociación de multimillonarias comisiones entre el ex-congresista Germán Olano y el empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa manejaba contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en Bogotá durante la gestión de Moreno. La principal obra que se vio directamente afectada en esas negociaciones irregulares fue la construcción del sistema de transporte público TransMilenio, que llegó a tener casi dos años de retraso y notables incrementos en sus costos iniciales. En la lista de los implicados en el llamado «carrusel de contratación» –hechos que sacudieron la gestión municipal de Moreno–, aparecen entre otros los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule, todos ellos detenidos e imputados por la Fiscalía en diferentes delitos vinculados a este escándalo. En abril de 2013, una investigación periodística descubría la participación del clan Ríos Velilla en la sociedad anónima Land Developer Investment Inc, con sede en el paraíso fiscal de Panamá, sociedad que se beneficia de un porcentaje del pago de cada uno de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Periodistas del diario El Tiempo documentaron en Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del SITP, así como su conexión panameña. Estas triangulaciones se complejizan con la aparición de empresas como Inversiones Alsacia SA, compañía que presta servicios de transporte público en Santiago de Chile y tiene entre sus accionistas de forma indirecta a los Ríos Velilla.

Más allá de lo expuesto, el hecho de que ambos empresarios se mantuvieran por más tiempo de lo estipulado en la recolección de basuras de Bogotá implicó unas tarifas 20% más altas de lo establecido por la regulación vigente.

Procuraduría General de la Nación: el ariete contra Petro

La Procuraduría General de la Nación ejerce como un organismo de control autónomo del Estado que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir irregularidades de los gobernantes, los funcionarios públicos y las agencias del Estado colombiano. Este organismo pretende garantizar la vigencia de los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil. Su funcionario de mayor jerarquía, el procurador general, es elegido por el Senado por un periodo de cuatro años a partir de una terna integrada por candidatos postulados por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.Según Claudia Ruiz, ex-investigadora de la Corporación Arco Iris y ex-secretaria de Acción Social del gobierno de Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá, el procurador Ordóñez «compró» su reciente reelección (2013-2017) «vendiéndoles a los congresistas puestos y contratos en la Procuraduría». Más allá de la polémica, cabe recordar que el propio Petro avaló con su voto como senador (2009) el primer nombramiento de Ordoñez como procurador general.

Ordóñez, un hombre que reza diariamente el rosario y es un fiel seguidor de la doctrina ortodoxa de monseñor Marcel Lefebvre, goza de fama por lo intransigente de sus actuaciones. Sus antecedentes se remontan a la quema de libros considerados «eróticos» de autores como Thomas Mann, Jean-Jacques Rousseau, Marcel Proust o Victor Hugo, cuando aún era estudiante en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga. En la actualidad, más allá de la destitución e inhabilitación de Petro, el procurador mantiene duras batallas contra el «matrimonio igualitario» –la Procuraduría ha anulado todos los matrimonios de personas del mismo sexo que se han dado en el país–; obstaculiza paralelamente todos los esfuerzos que se generan desde diversos ámbitos por garantizar la prestación de los servicios de interrupción de embarazos, incluso en los casos admitidos por la ley; para terminar ejerciendo una férrea oposición a los debates sobre la legalización de la droga y al proceso de paz que se desarrolla con la insurgencia.

Respecto al caso Petro, la Procuraduría General de la Nación esgrimió varias acusaciones de irresponsabilidad para sostener su destitución e inhabilitación. La primera hace referencia a la improvisación, determinando que el burgomaestre «de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarles la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad». Según el procurador, esto generó «la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012», añadiendo que dicha improvisación significó la compra y el alquiler de compactadores en detrimento del patrimonio distrital, y la necesidad de contratar nuevamente a operadores privados.

La Procuraduría considera, a su vez, que desde el gobierno distrital se implementó un modelo para el aseo de la ciudad que está fuera de la ley y que vulnera «los principios de la libre empresa y competencia». Ordoñez sostiene que Petro actuó de forma consciente y voluntaria, sabiendo que sus medidas eran irregulares. Por último, el procurador le imputa como falta disciplinaria la autorización de «prestación de servicio de aseo con volquetas», decisión que se tomó ante la acumulación de «entre 6.000 y 9.000 toneladas de basura» durante los tres días de caos en Bogotá.

En resumen, según la Procuraduría General de la Nación, el alcalde Petro provocó «la crisis y el caos en diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por volquetas hasta junio de 2013 y el riesgo actual de que los compactadores estén a punto de perderse». De esta manera, se habría vulnerado el principio de «lealtad de empresa», poniendo en riesgo la salud del conjunto de los ciudadanos de Bogotá.

Las estrategias de Petro

A partir de su destitución, Petro jugó a liderar un proceso que pretende tener características similares al movimiento de los «indignados», que tuvo su origen en la «primavera árabe» –diciembre de 2010– y que, posteriormente, se expandió a través del 15-M español, la «toma» de Wall Street en Nueva York o las más recientes protestas masivas en distintas ciudades brasileñas contra el alza del transporte y los gastos del Mundial de Fútbol. Para ello se posicionaron mensajes como «Bogotá se levanta indignado» y un llamado a la movilización permanente en protesta contra la desproporcionada sanción decidida por la Procuraduría. Petro llegó a afirmar, la misma noche de su destitución, desde la Plaza Bolívar –hoy rebautizada como «plaza de los indignados»– que «el alcalde se queda si ustedes se quedan», en referencia a las acampadas urbanas protagonizadas en otros países.Sin embargo, los indignados que han protagonizado movilizaciones en otros países se han manifestado en protesta contra los altos niveles de desempleo, la corrupción o la ausencia de libertades políticas. Sus discursos comparten ejes que van desde el cuestionamiento al poder de las transnacionales hasta la «bancocracia» y los malos servicios públicos, y han derrocado a regímenes dictatoriales o, en otras ocasiones, evidenciado las falencias de sistemas «democráticos» a través de la consigna «Somos el 99%».

Si bien Petro supo aglutinar al conjunto de afectados por las arbitrariedades de la Procuraduría –jóvenes por la despenalización del consumo de las drogas, movimientos de mujeres proabortistas o el frente LGBT–, lo cierto es que el alcalde de Bogotá no deja de representar a una burocracia de más de 80.000 servidores públicos y a una institución-plataforma para aspirar a la Presidencia de la República, cuyo último presupuesto municipal suma 14 billones de pesos (casi 500 millones de dólares). Con estos condicionantes, la Plaza Bolívar quedó lejos de equipararse a la Plaza Tahrir, en Egipto, aunque la capacidad de movilización del petrismo es indudable.

El alcalde destituido supo, tras la medida propugnada por la Procuraduría, convertir una gestión hasta entonces escasamente considerada –su imagen favorable era tan solo de 30%– en una poderosa herramienta de propaganda que conllevó incluso pronunciamientos al respecto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Petro y su equipo están haciendo todo lo posible por situar el caso en el ámbito internacional, con una estrategia que se basa en la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento de persecución ideológica. El corregidor bogotano también viajó a Washington, donde se reunió con un grupo de congresistas estadounidenses, incluido el senador demócrata Jim McGovern –un personaje habitual en temas colombianos–, para ejercer presión sobre el Palacio de Nariño. En paralelo, Petro ha recibido declaraciones de apoyo de los alcaldes de la Red de Ciudades Sudamericanas (Redcisur) y de los diputados de Izquierda Verde del Parlamento Europeo.

Con esta visibilidad internacional, los petristas lograron dilatar los efectos del fallo y aumentaron el costo político para sus adversarios en el supuesto de que aquel se hiciera efectivo. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado varias tutelas a favor de Petro, lo cual también frena provisionalmente la decisión del procurador. Estos recursos fueron interpuestos por ciudadanos –en el marco de las disposiciones constitucionales– a los que se les dio la razón bajo el argumento de que «la destitución de un funcionario elegido popularmente limita el goce efectivo del derecho fundamental al control político». Esta decisión ha sido impugnada por la Procuraduría, lo que deja en un limbo jurídico la destitución del burgomaestre.

Revocatoria: estrategia uribista que actúa como «boomerang» petrista

Tras los sucesos de diciembre de 2012, el congresista Miguel Gómez –Partido de la U– impulsó la recolección de firmas con el objetivo de revocar a Petro. Para ello, necesitaba 289.263 firmas –40% del total de votos de Petro en las últimas elecciones– y presentó en total 640.000.

Si el cuestionado alcalde hubiera aceptado enfrentar la revocatoria, tenía grandes posibilidades de ser relegitimado; el referéndum se habría realizado entre septiembre u octubre del año pasado. Sin embargo optó por dilatar el proceso lo máximo posible, reivindicando su derecho a la revisión de firmas. Tras la validación de 355.000 de esta y la interposición de sucesivos recursos legales, el proceso llegó a su fin cuando la Registraduría certificó de forma definitiva las firmas. El pasado 18 de diciembre era denegada la última de las más de 200 tutelas interpuestas por los petristas, con lo cual la revocatoria ya no tenía vuelta atrás y se fijó el 2 de marzo como la fecha para su realización, aunque fue luego postergado para el 6 de abril.

Las acciones de la Procuraduría comenzaron seis meses después de que el uribismo iniciase su recogida de firmas, y lo cierto es que la situación generada por el fallo de destitución no pudo tener mejor impacto para el corregidor bogotano. Una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, realizada pocos días después del fallo, indicaba que la solidaridad generada por el alcalde de Bogotá había elevado su nivel de aprobación de 30% a 53%. La misma firma encuestadora reafirmaba, a finales del mes de enero, la progresión positiva de la imagen de Petro, que ya alcanzaba el 58%. Ante la pregunta concreta referente a si se estaba de acuerdo con su destitución, tan solo 30% dijo respaldar la sanción de la Procuraduría General.

La decisión del presidente Juan Manuel Santos, al momento de escribir este artículo, de desestimar las medidas cautelares de la CIDH y validar el fallo de la Procuraduría clausura la consulta por la revocatoria y cierra legalmente el caso. Posiblemente, lo que no quede cerrado con el nombramiento de un nuevo alcalde provisional sea el descontento generalizado con la Procuraduría, a la que se le cuestionan sus «megapoderes» por romper el equilibrio de fuerzas existente en un sistema democrático y en un Estado de derecho.

El caso Petro ha propiciado un debate social de gran magnitud, en el que se discute desde la reforma del rol de la Procuraduría hasta la necesidad de cambios estructurales en el sistema de justicia de Colombia.