Coyuntura

Caso Gustavo Petro: flagrant system error

Los últimos años están marcados por luchas de diferente naturaleza que, a partir del uso de las nuevas tecnologías, han contribuido a rediseñar el espacio público, las formas de protesta y los repertorios de acción colectiva. Parte de esas luchas –con amplio protagonismo de los jóvenes– cuestionan la globalización neoliberal y se enfocan en corporaciones, en organismos multilaterales y en otros símbolos del capitalismo actual. Al mismo tiempo, expresan una variedad de demandas –económicas, sociales, culturales– que dan cuenta de un inconformismo que para muchos es demasiado difuso. Para otros, en cambio, en esa «política de los muchos» que no se unifica reside la auténtica potencia de estos movimientos. El número 251 de Nueva Sociedad está dedicado a esas disidencias que vuelven a poner de relieve la discusión sobre la emancipación, con la mirada en dirección hacia América Latina pero también hacia las luchas globales.

Caso Gustavo Petro: flagrant system error

El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación consumaba el proceso iniciado meses atrás de destitución e inhabilitación por 15 años para aspirar a cargos públicos del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. La sanción se basa en supuestas irregularidades y mala gestión en la reforma del sistema de recolección de basura en la capital colombiana, hechos acontecidos en diciembre de 2012 y a través de los cuales el gobierno municipal buscó revertir la privatización de este servicio público.

El origen del caso Petro

La destitución del alcalde capitalino se originó en la puesta en marcha del programa «Basura Cero», un compromiso electoral que Petro asumió como dirigente del Movimiento Progresista –tras apartarse del Polo Democrático Alternativo (PDA)– durante su campaña electoral en la segunda mitad de 2011.

Mediante la aplicación de este programa, la Alcaldía de Bogotá buscaba reducir en miles de toneladas la basura que produce diariamente dicha urbe. Así, el 18 de diciembre de 2012, el gobierno municipal de Bogotá decidió el traspaso de competencias de la recolección de residuos de manos de operadores privados a la empresa pública Aguas de Bogotá, vehículo de expansión de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La medida, aplicada con cierta improvisación y apresuramiento, provocó que mediante una acción concertada por parte de determinados contratistas privados, que hasta entonces se habían beneficiado por prórrogas permanentes de sus contratos, se acumulara basura durante tres días. Fruto de esta situación, el gobierno municipal tuvo que afrontar de forma transitoria la firma de nuevos contratos con operadores privados, mientras consolidaba su programa público de recolección de basuras y reciclaje.

A pesar de que el plan «Basura Cero» reduce notablemente las tarifas del servicio de recolección de desechos, a la par que formaliza las condiciones laborales de unos 14.500 recicladores que quedaron vinculados al proyecto, la Procuraduría General de la Nación, liderada por el ultraconservador Alejandro Ordoñez, resolvió abrir una investigación por «presuntas conductas irregulares». En descargo del dirigente socialdemócrata, cabe indicar que la medida aplicada está estrechamente vinculada a lo que fueron los principales ejes de su campaña electoral: la defensa de lo público y lo ambiental y la lucha contra las mafias.

Mafias ancladas en la recolección de basura

Entre los empresarios beneficiados por las prórrogas sine die de la recolección de desechos en Bogotá, destacan dos grandes y controvertidos contratistas colombianos: William Vélez y Alberto Ríos. Ambos fueron protagonistas de diversas maniobras que tuvieron como objetivo la prórroga de sus contratos, congestionando con todo tipo de observaciones las licitaciones que en diferentes momentos convocó el municipio bogotano. Esta estrategia se basó en el impulso de un amplio abanico de observaciones a los términos de referencia contractuales propuestos por la Alcaldía, los cuales iban desde la modificación de los indicadores de gestión planteados hasta la solicitud de cambios en los sistemas de remuneraciones para funciones complementarias, como era el caso de quienes cortan el césped o podan los árboles. Debido a que estas observaciones conllevan la necesidad de respuesta rápida por parte de una burocracia administrativa incapaz de cumplir con tales condiciones, los empresarios lograron en sucesivas ocasiones el retraso de las licitaciones y se mantuvieron como beneficiarios de los contratos a pesar de que sus concesiones habían finalizado.

En lo referente a la vinculación de ciertos grupos empresariales y políticos con el paramilitarismo, el caso de Vélez es paradigmático. En los últimos diez años, se convirtió en uno de los grandes contratistas de obras públicas del país, habiendo construido el holding empresarial Grupo ETHUSS, que factura cifras por encima de los 200 millones de dólares anuales y opera más allá de las fronteras colombianas. El nombre de Vélez ha sido referido en múltiples ocasiones por ex-jefes paramilitares –destacan las declaraciones de Freddy Rendón Herrera, alias «el Alemán»; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias «Monoleche»–, que lo identifican como testaferro de Vicente Castaño, alias «el Profe», uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su nombre aparece también en memorandos del Bloque Norte de las AUC relacionados con el negocio de la basura. En círculos empresariales, Vélez es señalado como protegido y gran amigo del ex-presidente Álvaro Uribe.

Con respecto al empresario Alberto Ríos Velilla, quien es socio de la empresa Aseo Capital, cabe señalar que el clan Ríos Velilla es socio de la familia Nule –Grupo Nule– en polémicos negocios que en la actualidad son investigados por las autoridades judiciales. Al respecto, a mediados de 2010 salieron a la luz pruebas que evidencian la negociación de multimillonarias comisiones entre el ex-congresista Germán Olano y el empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa manejaba contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en Bogotá durante la gestión de Moreno. La principal obra que se vio directamente afectada en esas negociaciones irregulares fue la construcción del sistema de transporte público TransMilenio, que llegó a tener casi dos años de retraso y notables incrementos en sus costos iniciales. En la lista de los implicados en el llamado «carrusel de contratación» –hechos que sacudieron la gestión municipal de Moreno–, aparecen entre otros los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule, todos ellos detenidos e imputados por la Fiscalía en diferentes delitos vinculados a este escándalo. En abril de 2013, una investigación periodística descubría la participación del clan Ríos Velilla en la sociedad anónima Land Developer Investment Inc, con sede en el paraíso fiscal de Panamá, sociedad que se beneficia de un porcentaje del pago de cada uno de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Periodistas del diario El Tiempo documentaron en Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del SITP, así como su conexión panameña. Estas triangulaciones se complejizan con la aparición de empresas como Inversiones Alsacia SA, compañía que presta servicios de transporte público en Santiago de Chile y tiene entre sus accionistas de forma indirecta a los Ríos Velilla.