Tema central

Cambio político y nuevo orden sociocultural

Bolivia atraviesa una coyuntura compleja que supone, también, una oportunidad histórica para conjugar el reconocimiento cultural de los sectores indígenas excluidos con un desarrollo económico equitativo y un nuevo orden institucional. Para superar este triple desafío, los líderes deberán privilegiar una lógica deliberante, de reconocimiento del otro y de búsqueda de resultados concretos, como sucedió con el seleccionado de fútbol que en 1994 logró clasificar para el campeonato mundial. Si Bolivia logra conciliar economía y sociedad, si construye un nuevo tipo de Estado y si consolida un pacto de igualdad en la Asamblea Constituyente, no solo podrá aspirar a un nuevo mundial de fútbol: también podrá demostrarle al mundo que un proceso de modernidad emancipatoria puede provenir de la periferia.

Cambio político y nuevo orden sociocultural

¿Qué es lo que está en juego hoy en Bolivia? Las chances de un salto, tanto en términos del desarrollo como de la democracia. Hay posibilidades de que se avance en el mejoramiento de los niveles de igualdad entre los diferentes grupos socioculturales, así como en un crecimiento económico socialmente incluyente. Asimismo, parece probable que la democracia, además de obtener logros considerables en cuanto al régimen político, genere avances sustantivos y de reconocimiento de un genuino pluralismo sociocultural. Es decir, parece posible lograr una mayor y una mejor distribución del poder y de los beneficios del desarrollo. Es posible, entonces, que se consolide un nuevo orden. Pero no es fácil.

Otra posibilidad es que se configuren escenarios de descomposición, crisis y caos. Las chances de que se produzca esta situación serán mayores si la lógica del enfrentamiento y la confusión política prima sobre la negociación y la construcción clara de acuerdos, es decir sobre la capacidad de deliberar, de escuchar al «otro», por parte de los diferentes líderes políticos y sociales del país. Es posible, incluso, que se generen escenarios de descomposición nacional. En ese caso, los diferentes líderes, en los hechos, estarían reafirmando la tesis «neocolonial» del «Estado fallido», reiterada por algunos analistas estadounidenses y de varios países de la región. Y hasta se justificaría la tesis de la «polonización» de Bolivia defendida por Augusto Pinochet –en referencia a la repartición de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética en los 40– e incluso las tesis ultramontanas que aspiran a escenarios de conflicto armado en Latinoamérica.

El nuevo orden es, pues, un camino plagado de intereses contrapuestos, de miradas parciales y de pasiones a veces incontrolables. En realidad, las chances de que se avance en una u otra dirección tendrán que ver, principalmente, con la capacidad política de los actores y los líderes con los que cuenta el país, pero también con las acciones, los intereses y las percepciones que tienen sobre el proceso boliviano los distintos actores internacionales. Y, desde luego, con la evolución de una economía crecientemente internacionalizada.

Parecen existir algunas referencias básicas, de bien común si se quiere, que permitirían impulsar con realismo democrático las reformas que se avecinan. Estas referencias están dadas por la conciencia social acerca de la diversidad estructural y sociocultural del país, así como por los sentimientos generalizados de la mayoría de los bolivianos respecto de las formas negociadas de resolución de los conflictos. Parece claro que no es posible una salida impuesta, lo cual supondría que las opciones necesariamente tendrán que ser acordadas. Y, por otra parte, también está claro que en el centro del proceso anida una demanda de mayor justicia distributiva. Bajo estos parámetros, las chances de que Bolivia avance son mayores. Todos los actores tendrían que estar comprometidos, pues todos son responsables. Por supuesto, esto no significa negar el conflicto: tan solo supone una nueva forma de procesarlo.De cómo se puedan conjugar los diferentes intereses político-culturales dependerá el curso de la historia. La oportunidad existe, y será más real en la medida en que se reconozca una nueva gramática de conflictos en la construcción de un nuevo orden, que ese nuevo orden privilegie una lógica deliberante y de búsqueda de resultados concretos y, sobre todo, que predomine un cierto código de comportamiento para construir el bien común, que se podría denominar «el equipo del 94».

Un escenario ideal de emancipación republicana supondría quizás que el movimiento indígena busque transformar a los excluidos en protagonistas sin generar nuevos tipos de exclusión. Más allá de identidades culturales arraigadas o cambiantes, la gran mayoría nacional ya optó desde hace muchos años –y opta cada día– por el derecho al reconocimiento cultural de unos y de otros. Eligió, además, la negociación en lugar del enfrentamiento. Esto significa que la sociedad optó y opta por la democracia. Se trata, empero, de una democracia que necesita renovarse mediante un nuevo orden institucional, con más participación ciudadana y una mejor representación política.

Como se sabe, no se avanza sin riesgos, pero tampoco es posible avanzar por atajos. La construcción de un nuevo orden cultural y social seguramente atravesará un largo ciclo histórico en el cual la sociedad, los gobiernos, los partidos y los actores se irán renovando. La misma realidad nacional irá cambiando. Es fundamental, entonces, contar con una visión del futuro como proceso pleno de obstáculos, donde la sociedad pueda mejorarse constantemente a sí misma.

La cuestión central, entonces, es cómo las capacidades políticas de los actores logran combinar el orden sociocultural con un nuevo orden político-institucional y un desarrollo económico relanzado. Las posibilidades son múltiples. Si el orden sociocultural busca cambiar las jerarquías étnico-culturales, territoriales y sociales en función de un principio estructurante equitativo, necesitará cambios institucionales que reflejen un principio de justicia distributiva, respaldada en un crecimiento económico que vaya más allá del gas y del uso de los recursos naturales, es decir, más allá del imaginario rentista tan arraigado en buena parte de las elites y de la sociedad boliviana. Si, por el contrario, los avances sociales son menores, los cambios institucionales y de desarrollo necesariamente quedarán en la superficie.

El peligro es pensar que avanzar en un ámbito implica necesariamente avanzar en los otros, o pensar que es posible avanzar rápidamente, en todos los aspectos, solo por la iniciativa de algunos o mediante una lógica de presiones. El cambio es complejo y obliga a una mirada amplia y a una práctica responsable. Resulta imprescindible aprender a navegar entre vientos contrapuestos, para lo cual será fundamental redefinir la idea del bien común a través de un espacio público transparente y, sobre todo, aprender a manejar los códigos, como hizo la selección de fútbol en 1994.

Economía y sociedad

La economía boliviana es débil, muy desigual y diversa. Chiquita pero compleja. Conviven en ella desde formas comunitarias y familiares de producción hasta sofisticadas empresas, transnacionales o nacionales, integradas activamente a los procesos de globalización. Prácticamente no existen economías autónomas, y las economías campesinas, de una u otra manera, están integradas al mercado, por lo general en condiciones de intercambio muy desigual. Así, por ejemplo, la economía campesina, que en el pasado reciente era decisiva en la conformación de la canasta básica de alimentos, hoy ha visto deteriorada su participación productiva, pues han variado la composición y la calidad de la canasta, al tiempo que los campesinos se han integrado a un mercado de consumo distante de sus propias fuerzas productivas.

Las diversas economías campesinas tienen desiguales niveles de desarrollo y se han estructurado en un complejo proceso de diferenciación cuya referencia principal es la estructura de tenencia de la tierra. Por una parte, existen formas comunitarias (sistema de ayllus) que en general tienen una escasa capacidad productiva y están dispersas en tierras de baja calidad y con escasos recursos: por ejemplo, las comunidades del norte de Potosí y otras zonas de alta montaña y del altiplano sur, donde viven las personas más pobres del continente, pero que, a pesar de su miseria, mantienen un lazo social vivo y un sentimiento comunitario andino muy arraigado y culturalmente muy rico. Por otra parte, los procesos de recampesinización en las zonas de colonización –como el Chapare en Cochabamba o Yapacaní en Santa Cruz–, que cuentan con potencialidades económicas inéditas, apoyadas en economías familiares diversificadas que actúan en diversos pisos ecológicos.

Las ciudades, además de pluriculturales, son un poco campesinas. Las economías informales urbanas se apoyan en dinámicas familiares y de pequeña escala que integran campo y ciudad en complejas estrategias de reproducción familiar. Y que van más allá de las fronteras: la reproducción social de la economía boliviana en su conjunto depende también de la extensión de estas economías a otros países. Los emigrantes bolivianos que viven en Madrid, Buenos Aires o Virginia responden a estrategias de reproducción familiar y generan complejas formas de trabajo e intercambio que explican en buena medida el funcionamiento de la economía nacional, no solo en cuanto a las remesas, sino también en cuanto al intercambio de productos materiales, informacionales y culturales.

Todo esto ha ido redefiniendo una economía, una sociedad y una cultura económica cada vez más internacionalizadas, aunque profundamente orientadas hacia lo local. Hoy una parte importante del sector informal es determinante en la absorción de fuerza de trabajo y también juega un papel clave debido a sus potencialidades productivas, especialmente las economías informales de «peso mediano». En ese contexto, la cuestión del desarrollo pasa sobre todo por cómo invertir la pirámide producción-empleo, ya que las economías de nivel intermedio tienen cada vez mayor importancia en la dinámica económica y como puente entre los sectores más productivos y los menos dinámicos.

El gas, junto con otras economías extractivas de recursos naturales, resultará estratégico para cualquier posibilidad de desarrollo nacional. Es necesario que genere un efecto multiplicador en tres planos. El primero es el impulso de un ethos empresarial sustentado cada vez más en un desarrollo de capacidades tecno-informacionales asociadas con investigación científico-tecnológica. El segundo aspecto es la construcción de dinámicas competitivas y de innovación cada vez más integradas regionalmente y con otros sectores de la economía. El tercero es la capacidad de posicionarse, estratégica y pragmáticamente, en el mercado internacional. La forma institucional que asuman estas empresas (pública, estatal, privada, mixta, terciarizada o no) es obviamente un tema importante, pero no de vida o muerte. En ese sentido, la impresión es que llegó la hora de pensar en procesos y en estructuras institucionales que sean leales a la eficiencia de los resultados.

En ese contexto, las economías regionales o departamentales ampliadas son fundamentales. El hecho de que se fortalezcan, tanto localmente como en relación con la globalización, será fundamental no solo para el futuro de cada región, sino de la economía nacional en su conjunto. El futuro de las economías del Oriente, del altiplano, de los valles, el Chaco y las serranías del sur, e incluso del norte amazónico, es impensable sin las potencialidades de las macrorregiones internacionales en las cuales están insertas, ya sea el Mato Grosso, el norte de Chile y el sur de Perú, la región fronteriza del norte argentino y el Chaco paraguayo o la zona del Acre brasileño. Los tejidos económicos y sociales preexistentes les dan una gran potencialidad a estas regiones; la cuestión es cómo se vinculan entre ellas y cómo esto redunda en un mayor desarrollo nacional.

Si bien las ciudades bolivianas son también ciudades de campesinos, y por eso los temas campesinos tienen presencia en el imaginario urbano, lo cierto es que la urbanización está cambiando la cara rural de la sociedad. El país es cada vez más urbano y pluricultural y hoy está más vinculado que nunca, no solo por el dinamismo de sus principales ciudades sino, sobre todo, por la creación de ciudades pequeñas e intermedias y, con ellas, la expansión de una serie de servicios y nuevos mecanismos de mercado, consumo colectivo, dinamismo institucional-local y reproducción social. Los niveles de educación han aumentado, sobre todo la cobertura de la educación básica, y los niveles de analfabetismo son cada vez más bajos. Del mismo modo, la esperanza de vida es mayor, un tercio de la población vive fuera del lugar donde nació, las estructuras familiares se redujeron y la mujer, aunque de manera discriminada, se ha incorporado aceleradamente al mercado de trabajo. El acceso a los medios de comunicación de masas, crecientemente internacionalizados, es muy amplio: prácticamente no hay comunidad que no esté vinculada a los medios de comunicación y actualmente más de la mitad de los bolivianos tiene acceso a la TV. Existen más de 500 estaciones de radio y 130 estaciones y sistemas en red de televisión. La demanda de acceso a internet por parte de los jóvenes de todos los estratos sociales es casi total. En este contexto, el deseo de asumir cambios aceptando riesgos es una constante asociada a la evolución de los niveles educativos y la exposición a los medios de comunicación. El cambio multicultural actual es más amplio y complejo que en el pasado: los desafíos de una genuina interculturalidad democrática también tendrían que redefinirse considerando este nuevo contexto.

Posiblemente no haya una región nacionalmente más integrada que Santa Cruz, que es el resultado de múltiples esfuerzos: de los planes y los sueños de un empresariado visionario que supo transformarse de terrateniente en empresario o industrial agrícola, de las políticas de inversión del Estado nacional y, sobre todo, de las acciones de la Corporación Boliviana de Fomento, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de otras empresas estatales. Pero la situación de Santa Cruz también es resultado de la fuerza y el espíritu de los migrantes del interior del país y del exterior que, desde variadas categorías sociales, supieron abrir horizontes de cambio y progreso. Santa Cruz es una región que, a pesar de algunos serios problemas, cuenta con importantes niveles de inclusión y desarrollo. No obstante, las elites dirigentes parecen retrasadas respecto del sentimiento integrado de nación que prevalece en la población del departamento. Las nuevas opciones de desarrollo regional posiblemente tendrán que considerar no solo nuevas opciones económicas de crecimiento, sino también el hecho de que se ha consolidado una sociedad más multicultural y educada, que demanda reconocimiento y participación.

Sin embargo, a pesar de estos avances y de los que se produjeron en otras regiones, en el plano nacional no han cambiado las características estructurales del desarrollo económico y el carácter limitado de la competitividad de las empresas, la estructura del empleo y los salarios, los niveles de pobreza, la desigual distribución del ingreso y la insatisfacción con el orden actual por parte de grandes mayorías nacionales. Hoy los excluidos están en buena medida semiincluidos, no solo por el cambio en los patrones de consumo, sino también por sus demandas de integración económica, participación política y mayor y mejor movilidad social. No estamos, pues, ante una sociedad atrasada que no cambia, sino más bien ante una sociedad relativamente secularizada e injusta, con altos niveles de frustración, que reclama sobre todo dignidad para los más pobres y excluidos.

La impresión es que existe una suerte de tensión entre dirigentes y sociedad, como si la sociedad hubiera avanzado más que sus dirigentes. Si bien los líderes sociales e indígenas buscan integrar comunidad con institucionalidad a partir de un cierto ideario hegemónico andino, y aunque los líderes regionalistas del Oriente buscan mayor autonomía regional con una limitada visión nacional e intercultural, lo cierto es que la sociedad en general ha demostrado importantes niveles de convivencia dentro de la diversidad cultural y reclama soluciones concretas y opciones concertadas para potenciar su desarrollo en libertad.

El Estado

En este contexto, el tema del Estado vuelve a ser decisivo. Es necesario que el Estado actúe para producir cohesión social y posicionamiento económico, y también es crucial que se mueva en la globalización y en el mercado en función de las diversidades regionales y culturales propias de Bolivia. El Estado es el único actor que puede representar a la diversidad nacional en su conjunto y, a su vez, servir a la sociedad con políticas de distribución y desarrollo.

Por eso, uno de los desafíos que enfrenta la sociedad boliviana es decidir democráticamente el nuevo carácter del Estado. Para que éste se encuentre efectivamente al servicio de la sociedad, debe superar rápidamente las dos inercias que le impiden convertirse en un promotor del desarrollo: por una parte, deberá dejar de lado la lógica puramente clientelar, corporativa y centralista que reproduce relaciones de dominación tradicional y, por otra, deberá dejar de estar subordinado a los poderes transnacionales. El Estado tendría que actuar en función de la sociedad y en comunicación permanente con ella. Es desde allí donde el país podría construir relaciones internacionales de equilibrio en la región y con el mundo.

Sin embargo, ¿es posible plantearse un Estado inteligente e innovador, un Estado que vincule de manera creativa la dinámica económica y sociocultural y los procesos internos con los externos? ¿Cómo definir un Estado que pueda combinar la solidaridad productiva con las comunidades pobres de Potosí, el respeto a las autonomías regionales y una presencia en las negociaciones más sofisticadas para comprar tecnología en Oslo? El Estado necesita construir redes amplias de cooperación en la gestión de la globalización a través de alianzas prácticas con otros Estados para posicionar al país en la mundialización. La cuestión es cómo los actores gubernamentales, regionales o socioculturales se plantean este tipo de problemas y cómo se reflejan sus orientaciones en la Asamblea Constituyente. Aunque de allí seguramente no saldrá un nuevo diseño de desarrollo ni de democracia, tal vez se puedan definir las condiciones político-institucionales para construirlo. Por eso, llegar a acuerdos sobre el carácter del Estado y generar una nueva gramática del conflicto constituyen importantes desafíos del cambio institucional.

En la Asamblea Constituyente se plantea la posibilidad de generar un nuevo pacto de igualdad que supere anclajes estamentales y redefina las reglas de distribución y de ejercicio del poder, condicionando los comportamientos de los actores políticos, regionales, sociales y culturales en función de una opción económica socialmente incluyente. Pero para cerrar este acuerdo no solamente se deberá apelar al realismo de la correlación de fuerzas, sino también al predominio de una cultura política «pactista» que reconozca la diversidad estructural de la sociedad boliviana.

En ese sentido, es posible consensuar las reglas de juego mediante un procesamiento institucionalizado del conflicto que reparta garantías y obligaciones a los diversos actores y que recompense a los sectores más excluidos o marginados del sistema político. Una sociedad sin conflictos no funciona, pero una formada solo sobre la base de conflictos tampoco. Por eso lo central es que el nuevo orden institucional genere una nueva gramática que reconozca nuevos temas, actores y entornos. Consiguientemente, resulta fundamental poder explicitar los nuevos conflictos, contar con canales de participación para que se delibere acerca de ellos y para que los actores tomen conciencia de que toda negociación supone la voluntad de las partes de respetar los acuerdos y que esto, a su vez, implica necesariamente ciertas concesiones mutuas.

Un nuevo esquema institucional con estas características reafirmaría el sentido común que ya prevalece en alguna medida en la opinión pública nacional y en la práctica de los movimientos socioculturales y regionales. La cuestión es saber si los actuales líderes estarán a la altura de las circunstancias y si sabrán aprovechar las oportunidades históricas. A veces, lo que parece sólido se termina esfumando en el aire.

Las culturas

En el plano histórico-cultural, la situación es aún más complicada. Los bolivianos cargan sobre sus espaldas, desde tiempos arcanos, un conjunto de superposiciones históricas y socioculturales –lo que se ha definido como un chenk’o histórico– que organizan la vida social desde el periodo precolombino y que siguen presentes en la coyuntura política y en el imaginario nacional. A veces, esto se expresa como reificación de un pasado andino o colonial que nunca existió; otras, como la referencia insoslayable de una continuidad histórica que se desea transformar. Se trata, en todo caso, de una historia llena de matices y dramas sociales, y de una relación de la sociedad con un mundo percibido a menudo como distante, ajeno y amenazador. Este fenómeno cultural se expresa también psicológicamente y tiene su importancia a la hora de tomar las decisiones políticas, porque es sobre la base de esto que se construyen las memorias de lo que el país fue, quiso y trató de ser, y se interpretan sus heridas e injusticias más profundas, sus frustraciones más hondas y también sus logros, escasamente reconocidos por los mismos bolivianos. Es a veces una lectura confusa de la propia historia, pero que evidencia los deseos de justicia y reconocimiento. Y aunque la confusión en las ideas evidentemente no conduce a nada bueno en la práctica, no reconocer la densidad de los procesos históricos y los sentimientos de la gente sería cometer un acto de ceguera política. Como decía Walter Benjamin, los pueblos reconstruyen su interpretación histórica en los momentos de peligro. Y en eso está hoy Bolivia.

El país está marcado, desde sus orígenes, por una cierta diversidad étnico-cultural. Basta recordar los reinos aymaras del siglo XV, el control múltiple de los ecosistemas en Charcas, el reino de Moxos en las llanuras del Bení o la variedad de pueblos tupí-guaraníes de la Amazonía boliviana que ya antes de la llegada de los colonizadores intercambiaban productos y símbolos con los pueblos andinos. El mismo Imperio Incaico, que dominó poco tiempo el Qollasuyu, es el resultado de una poderosa sumatoria de pueblos sometidos por el poder militar. La corona española actuó sobre esta diversidad. Y los españoles mismos, desde su propia diversidad y su mestizaje cultural de origen, utilizaron la diversidad cultural del Qollasuyu para estructurar su dominación. Pero al hacerlo, no solo crearon las instituciones de dominación cultural que aún perduran, sino que también ellos mismos cambiaron. Como ha subrayado Aníbal Quijano, con la Conquista los europeos descubrieron al «otro» y pudieron pensar la modernidad.

La Colonia instaló una estratificación socio-étnica que construyó un orden político estamental y también una dialéctica de negación del otro, sobre todo si el otro era indígena, negro o mestizo y, más tarde, excluido en general. Hubo, por supuesto, múltiples formas de resistencia, entre las que sobresalen los levantamientos de indígenas-campesinos y de mestizos-artesanos, así como las creaciones estéticas de indígenas y mestizos que demostraron la fuerza creativa de sus comunidades y pueblos de origen, y que a veces utilizaron la misma racionalidad del poder colonial pero con otros contenidos: el frente de la iglesia de San Lorenzo en Potosí y la música del barroco chiquitano son importantes referencias y bellos ejemplos.

Los independentistas buscaron construir un Estado moderno en torno de los derechos de los ciudadanos. La Universidad de Charcas fue el núcleo de un ideario emancipatorio único en su género, no solo en Bolivia sino en toda la región. Pero la larga lucha por la independencia y el juego de poderes no lograron conformar un Estado-nación integrado. Proliferaron los conflictos locales y aparecieron nuevos pactos de dominación oligárquica entre hacendados y propietarios mineros. El país se organizó en función de los enclaves mineros, alrededor de la plata primero y del estaño después. En esta dialéctica de la resistencia, uno de los fenómenos más novedosos fue la creación de un movimiento de sindicatos mineros revolucionarios y el fortalecimiento de una clase trabajadora industrial, cuya acción y cuyo imaginario marcaron la evolución política y cultural del país.

La Revolución de 1952, resultado de una alianza entre sectores medios y populares, intentó impulsar la liberación nacional, modernizar e integrar territorialmente al país y construir un imaginario indo-mestizo como crisol de la nacionalidad. Fue incompleta, no reconoció el pluralismo cultural constitutivo del país y terminó creando un sistema de dominación patrimonial-corporativa sustentado en redes de clientela que gestionaban un faccionalismo partidario y social a través de un complejo esquema de prebendas que, finalmente, superó las posibilidades económicas e institucionales de Bolivia. La revolución que había logrado agrupar a más de 60.000 obreros y campesinos armados fracasó por sus propios conflictos internos. Un alto dirigente decía, con cinismo, que la revolución había fracasado porque el partido que la impulsó, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), tenía 200.000 militantes, mientras que el Estado disponía solo de 100.000 puestos. El resto fueron pesadillas autoritarias.

Las reformas estructurales de mercado, apoyadas en un pacto interpartidario, dieron lugar a un ciclo de 20 años de relativa estabilidad democrática, pero no generaron los resultados prometidos. Dejaron como saldo un gran malestar social e institucional y dispararon movilizaciones políticas que abrieron un nuevo periodo histórico. En un clima de conflicto y polarización, la contundente victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de 2005 colocó en el centro del debate político las posibilidades de una vía democrática de transformación sociocultural sobre la base de una combinación entre pluralismo cultural, equidad y desarrollo endógeno. Se abrió, así, un nuevo ciclo de transformaciones político-institucionales, que quizás genere un nuevo acuerdo intrasocietal. La cuestión, empero, es desde qué cultura política se procesarán estos cambios.

En síntesis, la refundación de un nuevo orden no es un hecho aislado, ni se puede entender con un pensamiento dicotómico que opone blanco a negro. Es el resultado de un largo camino que se va construyendo y desarrollando, con idas y vueltas, con varios actores y distintos procesos políticos. Por ello, la crítica y el cambio solo serán fecundos si recuperan una cierta idea de continuidad histórica. De alguna manera, los dados ya están lanzados...

Palabras finales

Finalmente, es importante dejar planteadas algunas preguntas. ¿Podrán los líderes del gobierno y la oposición superar la dicotomía amigo-enemigo y responder complejamente a los problemas y desafíos que esta «coyuntura estructural» plantea? ¿Podrá la sociedad boliviana evolucionar de una lógica pluricultural hacia una lógica intercultural, vinculando tal evolución a opciones prácticas de política social? ¿Podrá producirse una reforma democrática que recoja experiencias y lógicas culturales originarias que permitan innovar el sistema de participación y de toma de decisiones? ¿Podrá construirse un sistema de partidos abierto y pluralista que refleje a la sociedad y a las culturas preexistentes? ¿Podrá la dinámica política y cultural plantear una opción de crecimiento económico incluyente capaz de competir en la globalización? ¿Cuál es la capacidad de los diversos actores sociales, culturales y regionales, y de los intelectuales que los acompañan, para constituir una agenda de reformas que permita acercarse a un nuevo orden sociocultural?

Quizás, al final de cuentas, el mismo proceso histórico vaya constituyendo una fuerza emancipatoria de nuevo tipo, sobre todo si se asocia la idea de libertad cultural con la voluntad de abrir el país al otro. Una fuerza cultural y social principalmente indígena buscaría una incorporación a la democracia y al desarrollo de todos los sectores sociales, lo que le daría al proceso un carácter único. Si Bolivia responde adecuadamente a este tipo de preguntas, quizás pueda demostrar que una modernidad emancipatoria también puede provenir de la periferia. Y esto solo será comparable, con todas las distancias del caso, a los sueños de Nelson Mandela.