Opinión

Brasil y los cimientos de su crisis

Dilma Rousseff enfrenta una complicada posibilidad de impeachment mientras el sistema político de Brasil sigue sin cambiar.

Brasil y los cimientos de su crisis

La inmediatez es un rasgo común a los análisis y a la propia dinámica política de Brasil por estos días. No es sorprendente si atendemos a la velocidad con la que se entreteje la crisis en curso, desatada casi al mismo momento de comenzar el segundo mandato de Dilma Rousseff. Diversos movimientos se combinan en una feroz lucha por el poder perdido por la derecha en 2003: estridentes denuncias y causas judiciales sesgadas partidariamente e inquisitoriales, jugadas parlamentarias que rozan la ilegalidad, una cobertura informativa de la realidad monopolizada por el interés de las grandes corporaciones, transfuguismo de aliados, y un alarmante fascismo diseminado, sobre todo, en las clases privilegiadas. Este cóctel que ha puesto en cuestión la capacidad de gobierno de Rousseff y la fortaleza de las instituciones democráticas merece, además del análisis cotidiano -que tiene, y mucho, con qué nutrirse- de miradas más estructurales que ayuden a explicar cómo es posible que la situación política del Brasil haya llegado a este punto.

I

El domingo 17 de abril la Cámara de los Diputados votará sobre el impeachment de la Presidenta. No hay ninguna certeza respecto de su desenlace. Lo que sí es un hecho es que Rousseff continúe su mandato o quede apartada del cargo hasta finalizar la investigación -en cuyo caso gobernaría el impopular y opositor vicepresidente Michel Temer (PMDB)-, o se convoquen nuevas elecciones, como pide parte de la oposición -mientras queda al mando temporario el Presidente de la Cámara el «multi imputado» Eduardo Cunha (PMDB)-, los cimientos de la política brasileña permanecerán intactos1. Buena parte de la inestabilidad política y la extendida corrupción que salpica a la mayoría de los partidos son fruto de un diseño institucional que favorece a los partidos mayoritarios, el financiamiento ilegal y «en negro» de las costosísimas campañas electorales2 -que facilita la representación política de los poderes concentrados-, la coaligación de fuerzas sin ninguna afinidad programática ni ideológica y un «presidencialismo de coalición» que determina la fortaleza del Ejecutivo según la capacidad de negociar cargos y otros privilegios con las fuerzas aliadas en el Parlamento.

II

La necesidad de una Reforma Política se reveló con fuerza desde las manifestaciones populares de 2013, que comenzaron con un reclamo por mejoras en el sistema de transporte y luego fueron diversificando sus demandas. Reformar el sistema político se instaló en la agenda de varios partidos de cara a la campaña presidencial de 2014 y en buena parte de los movimientos sociales y sindicales. Pero, pasadas las elecciones, el impulso de la Reforma se licuó en pocos meses.

Con un Parlamento de los más conservadores y fragmentados que se han visto en Brasil desde el regreso de la democracia, la gran mayoría de proyectos tendientes a contrapesar la capacidad de representación política de los grandes grupos de poder a favor de los partidos pequeños y de las demandas populares quedaron descartados o fueron modificados radicalmente hasta perder toda capacidad de transformación. Los proyectos que fueron cursados y aprobados -en los 6 meses posteriores a la asunción de Rousseff y que ocuparon la atención de la prensa hasta el tema impeachment- provenían de legisladores que poco interés tenían en que algo cambie. Allí quedó estancada la gran oportunidad del Partido de los Trabajadores (PT) para concretar sus promesas de campaña y, en definitiva, para evitar la brutal ofensiva de la derecha.

El único logro significativo al respecto -que no fue mérito precisamente del Parlamento- fue que se consiguió prohibir el financiamiento empresarial de las campañas políticas. La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) presentó, oportunamente, al Supremo Trbunal Federal (STF) una consulta sobre la constitucionalidad del financiamiento empresarial. Uno de sus Ministros, el opositor Gilmar Mendes, se tomó más de un año para evaluar la solicitud y, al llegar el momento de la votación, se opuso a la misma. Sin embargo, ésta logró ser aprobada. Durante ese «cajoneo», el Congreso -a instancias de Cunha- impulsó lo contrario: una ley que mantuviera el financiamiento empresarial. Los detalles de esas legalmente cuestionables sesiones3 son dignos de conocer, como también el hecho de que la Presidenta Rousseff vetó lo aprobado en el Legislativo, en consonancia con el fallo del STF.

III

El sistema político hoy es prácticamente el mismo después de meses de discusiones sobre su posible reforma en el candelero parlamentario y mediático. Los puntos más salientes de las discusiones relativas a las reformas pueden ser resumidos en reclamos populares como la creación de un fondo democrático partidario para financiamiento exclusivo y equitativo de campañas; el acceso igualitario de los partidos a espacios de TV y radio; el establecimiento de reglas electorales que promuevan la votación sobre programas partidarios y no sobre candidatos; el aumento de la frecuencia de plebiscitos y referéndums sobre los temas de gran interés ciudadano; revocabilidad de los mandatos; mecanismos de control social sobre presupuestos de los Ejecutivos federal, estatal y municipal; regulación social del monto salarial y reducción de otros privilegios de los funcionarios públicos de alto rango, y fortalecimiento del control popular sobre el financiamiento de las campañas. La declaración de la inconstitucionalidad del financiamiento empresarial ha sido un gran logro político de quienes verdaderamente buscan terminar con la corrupción y con un diseño institucional que promueve que los intereses de los grandes grupos de poder se impongan a los del común. Sin embargo, este aspecto es sólo una pieza del gran engranaje político electoral que estructura y jaquea al mismo tiempo la dinámica democrática.

Si Dilma Rousseff sale victoriosa de este embate tiene la oportunidad de reposicionar la necesidad de la reforma política como una prioridad de gobierno. No será el único desafío en una coyuntura signada por una importante crisis económica y un deterioro político-cultural con escasos precedentes: también una reforma fiscal más progresiva, políticas económicas de crecimiento sin ajuste, nuevas alianzas productivas que acaben con el mito del pacto en el que «todos ganan», regulación del sistema de medios de modo que se democratice la producción y el acceso a la información, y el fin de la vergonzosa Ley de Amnistía que rige desde la transición.

No le será fácil. La correlación de fuerzas políticas no está a su favor. Su salida del gobierno, anticipada o no, debe hacerle honra a los años de lucha política y sindical de su partido, y marcar una agenda en consonancia con las expectativas de los cientos de miles de personas que desde hace semanas están en la calle apoyando a la democracia. Muchas de ellas son críticas, y hasta opositoras a su gestión. Pero saben que si el golpe prospera, el Brasil será gobernado por los grupos de poder más reaccionarios. Y los cimientos de la democracia no tendrán chance alguna de fortalecerse.



  • 1.

    Según las últimas estimaciones de Datafolha, más del 70% de los brasileños quiere que sea apartado de la Presidencia de la Cámara

  • 2.

    Se calcula que el costo «en blanco» de una campaña a alcalde de San Pablo es de 60 millones de reales y de un diputado federal de 3 millones de reales. El costo total -recaudación no declarada- es hasta tres veces mayor.

  • 3.

    http://www.celag.org/brasil-la-reforma-politica-y-...

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