Coyuntura

Brasil: la crisis de un proyecto nacional y regional

¿Qué supone el fin del ciclo de gobiernos del Partido de los Trabajadores (pt) en Brasil para la realidad política de la región? En estos días, algunos medios brasileños recuerdan la frase que el hoy canciller José Serra pronunció en marzo de 2015 en el Senado de Brasil: «El Mercosur fue un delirio megalomaníaco». Y, de mantenerse en el cargo, el nuevo gobierno de Michel Temer anuncia cambios geopolíticos respecto de la integración sudamericana debido al fuerte peso de Brasil en la región, junto con las redistribuciones internas de poder entre diferentes grupos sociales.

Brasil: la crisis de un proyecto nacional y regional

El impacto político de la suspensión de Dilma Rousseff altera radicalmente no solo la política interna brasileña, sino también toda la dinámica regional sudamericana de la última década. Se trata de algo que ya sabíamos: así como la durabilidad del gobierno del Partido de los Trabajadores (pt) había funcionado todos estos años como un gran paraguas protector de los demás procesos políticos progresistas en la región, su salida del gobierno proyecta el mismo poder de fuego en un sentido inverso. A partir de la destitución de Rousseff, tanto el «moderado» Tabaré Vázquez en Uruguay como el «radical» Nicolás Maduro en Venezuela pierden un apoyo clave para sostener sus respectivos proyectos políticos. Por el contrario, las oposiciones de derecha se entusiasman ante lo que juzgan, con razón, una oportunidad de oro para retornar velozmente a las presidencias después de un largo ciclo de «arar en el mar».

La razón del cimbronazo regional es, en primer lugar, aritmética. Brasil representa la mitad del pib regional, es el único país de América Latina con aspiraciones concretas de potencia mundial y tiene un desarrollo industrial que sus vecinos solo pueden ver desde varios escalones abajo, cuando no desde una lejanía monoproductora de soja, carne o leche. A fines de 2011 se había convertido en la sexta economía del mundo y había desplazado al séptimo lugar al viejo imperio británico. El peso específico de Brasil habla por sí mismo. ¿Qué pasaría si el nuevo gobierno sin votos de Michel Temer decidiera renegociar a la baja el precio del gas con Evo Morales, o reducir al mínimo la presencia comercial y empresarial en Venezuela –que actualmente abarca desde la exportación de carne hasta la ampliación del subterráneo de Caracas–? En términos no económicos: ¿qué pasará con el grado de autonomía soberana alcanzado en la región si, como todo hace suponer, la cancillería de Itamaraty abandonara su reciente rol como representante sudamericano frente a Estados Unidos, para convertirse en el representante norteamericano en América del Sur?

Antes de continuar, es necesario enmarcar el contexto de este cambio. El impeachment contra Rousseff debe ser calibrado en su gravedad: el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (psdb) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (pmdb) –ex-aliado del pt y de donde proviene Temer– juntaron fuerzas en el Congreso para llevar adelante un juicio político jurídicamente absurdo y políticamente deshonesto, en tanto desconoce abiertamente el mapa del voto ciudadano de fines de 2014. Pero además, si las razones para el juicio político a Rousseff fueran ciertas, el hasta ahora vicepresidente y actual presidente en funciones Temer debería encauzar un gobierno técnico que se corriera lo menos posible de la plataforma que lo llevó a ubicarse en la línea sucesoria. Por el contrario, Brasil asiste a un «volantazo» político-ideológico de 180 grados, con un cambio total de los ministros, el ingreso de notables figuras opositoras –como el dos veces candidato presidencial José Serra– y un cambio significativo en la orientación de las políticas públicas. A modo de ejemplo: el nuevo ministro de Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra, anunció por televisión su intención de pasar «un peine fino» en el programa Bolsa Família y dejar afuera hasta a 10% de los beneficiarios. Y todo esto, sin que medie el voto ciudadano.

Surgimiento, auge y crisis de una dinámica regional

El jueves 2 de enero de 2003, un día después de asumir como presidente, Luiz Inácio «Lula» Da Silva tuvo el primer encuentro formal con otro jefe de Estado en el Palacio del Planalto. Esa primera cita fue con Hugo Chávez, quien hasta ese momento no tenía ningún aliado en todo el continente, con la excepción simbólica de Cuba. Pocos meses después, Lula y Chávez se volvieron a encontrar en Buenos Aires para saludar al nuevo presidente Néstor Kirchner. Y luego vendrían las elecciones en Bolivia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. En menos de cuatro años, los habitantes de América del Sur –con la excepción de Colombia y de Chile durante el periodo de Sebastián Piñera– pasaron a estar gobernados por líderes de izquierda, centroizquierda o «nacional-populares». Fue un cambio veloz, en simultáneo, pero sin articulación. Casi en ningún caso los líderes se conocían antes de ser presidentes. Las segundas líneas y las fuerzas políticas, menos aún. A pesar de lo que puede sugerir la imagen de las fichas de dominó, cuando una impulsa la caída de la siguiente, en el caso del cambio político en América del Sur habría que buscar ese motor dinámico en el agotamiento, cuando no crisis, de los modelos neoliberales, antes que en la coordinación de las fuerzas progresistas.

Lo que esto nos marca es que prácticamente toda la articulación política regional que cobró fuerza a partir de 2005 y se extendió durante una década más fue un ensayo a puertas abiertas, una dinámica política experimental, en la cual los actores iban reconociendo afinidades, similitudes e intereses comunes, aun a pesar de tener orígenes disímiles. Sin embargo, nada de esto impidió que estos líderes hicieran propio un inédito programa de integración política regional. Si los resultados pueden matizarse, la voluntad de construir puentes diplomáticos y de articulación política fue notoria. Como muestra basta un botón: si recién en 2000, por primera vez en la historia, tuvo lugar una reunión de presidentes de América del Sur, para 2014 existía un organismo regional propio –la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)– en cuyo marco se habían realizado ocho cumbres presidenciales.

Esta verdadera invención diplomática no podría haber sucedido sin el empuje brasileño. De hecho, el acta constitutiva de la Unasur se firmó en Brasilia en 2008. Pero las huellas son más lejanas: aquella reunión iniciática de 2000 había sido promovida por el antecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso. Ese embrión integracionista, con mucho menos ropaje ideológico y simbólico, tenía la virtud de dejar ver los intereses del gigante sudamericano con mayor facilidad: en un contexto de hegemonía neoliberal y donde el final del camino parecía el ingreso en el Área de Libre Comercio de las Américas (alca), Cardoso había logrado juntar por primera vez a sus pares para darle vida a un ambicioso proyecto de conectividad económica y logística, la famosa iirsa (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana). La iirsa, que luego se convertiría en el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de Unasur (Cosiplan), ya como parte de la Unasur, puede definirse como un conjunto de grandes obras de infraestructura (carreteras, puertos, usinas, centros de acopio y distribución, etc.) cuyo objetivo es lograr la interconexión de una región que, históricamente, solo miró desde cada puerto nacional a los mercados internacionales.