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Balance y desafíos de las izquierdas continentales

En una gran parte de América Latina y el Caribe, partidos de izquierda –con diferentes tradiciones y proyectos ideológicos– han llegado al gobierno. Pese a los avances, se percibe un déficit estratégico a la hora de superar una primera etapa de reformas paliativas de los efectos del neoliberalismo. El artículo sostiene que si la izquierda latinoamericana y caribeña desea ampliar su fuerza sin perder el rumbo, tendrá que prestar más atención al debate sobre el capitalismo en el siglo xxi, así como al balance del socialismo del siglo XX y a la discusión estratégica. Esto incluye poner en la ecuación la relación entre las líneas políticas, la base social, el partido, el gobierno y el Estado.

Balance y desafíos de las izquierdas continentales

América Latina y el Caribe desempeñaron un papel importante en el desarrollo del capitalismo, más específicamente en el enriquecimiento de potencias aún dominantes en la actualidad, como Estados Unidos y algunos países europeos. El saqueo y la explotación de América Latina y el Caribe favorecieron la acumulación de riquezas que precedió a la industrialización capitalista de las metrópolis europeas. Luego, los países de la región no solo sirvieron como proveedores de materias primas, sino también como mercado consumidor de productos industriales y receptores de capitales exportados por las metrópolis.Esta relación de explotación se mantuvo a lo largo de la historia, sin importar cuál fuera el país que ejercía la hegemonía del polo metropolitano: Portugal, España, Holanda, Francia, Inglaterra o EEUU. La explotación de las metrópolis no obstaculizó el desarrollo de América Latina pero sí generó un tipo de desarrollo que reproduce las condiciones generadoras de la explotación, la dependencia externa y la desigualdad. En el límite, las metrópolis aceptaban e inclusive estimulaban el desarrollo, siempre que este último fuera asociado, subordinado, dependiente y periférico. En efecto, tanto la explotación como el desarrollo asumieron formas diferentes que dependían: a) de las condiciones naturales; b) de las características de las sociedades precolombinas y de las respectivas metrópolis; c) de los diferentes tipos y niveles de explotación, por lo tanto, de la actitud general de las clases dominantes y del comportamiento de los grupos sociales explotados.

Con frecuencia, las diferencias nacionales, subregionales, sociales, étnicas, culturales y lingüísticas son puestas al servicio del cuestionamiento de la existencia de una única América Latina y el Caribe. Así sucedió al comienzo del siglo XIX y continúa así a comienzos del siglo XXI, como se puede observar en el discurso de los sectores opositores a las políticas de integración, especialmente las impulsadas desde 1998 y plasmadas en instituciones como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe (Celac), etc.

Obviamente, no es posible desconocer o minimizar las profundas diferencias existentes entre los países de América Latina y el Caribe, parte de las cuales resultan de la acción de las metrópolis y de sus aliados en la región. La cuestión es notar que, desde el periodo colonial, la región ha manifestado un doble potencial: a) por un lado, un potencial de integración subordinada o, para ser más exactos, de desintegración en unidades nacionales autónomas y a veces enfrentadas entre sí, pero igualmente subordinadas a centros metropolitanos; b) por otro lado, un potencial de integración autónoma. Ambos destinos están incluidos entre los posibles futuros de América Latina y el Caribe: o bien se transforma en una región integrada desde afuera, a partir de los intereses y las necesidades de las potencias centrales o, por el contrario, se transforma en una región integrada desde adentro. Y en este segundo futuro posible se presenta un abanico de alternativas que van desde una integración con hegemonía ejercida por una nación de la región, en favor de los intereses de su propia clase dominante, hasta una integración con orientación socialista.Como sabemos, en el transcurso de los últimos cinco siglos prevaleció una variante dependiente, asociada y periférica de integración, combinada con desarrollos nacionales marcados por la desigualdad y las reducidas libertades democráticas. Durante ese tiempo, debido a las ya mencionadas conexiones, con cada crisis que ocurría en las metrópolis se acentuaba la lucha por la naturaleza del desarrollo nacional, la integración regional y las relaciones con el resto del mundo en la región. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el ciclo de revoluciones burguesas en Europa creó un contexto propicio para las independencias latinoamericanas. Pero es bueno notar que parte de las repúblicas independientes, así como la monarquía brasileña, escaparon de la hegemonía ibérica rumbo a la hegemonía británica.

En la primera mitad del siglo XX, el conflicto interimperialista ayudó a abrir las puertas de una creciente industrialización, proceso que a su vez estuvo en la base del ciclo revolucionario y populista de los años 1930-1950, así como en el ciclo de golpes y dictaduras que se iniciaron en la década de 1960. Esta etapa de industrialización sucedió simultáneamente con el declive de la hegemonía británica y la consolidación de la hegemonía regional y mundial de EEUU.

La crisis internacional de los años 70, y más precisamente la actitud de EEUU frente a la crisis, desencadenaron un proceso regresivo a escala mundial del que no estuvieron exentos América Latina y el Caribe, caracterizado por el colapso de la socialdemocracia europea, de los nacionalismos africanos, de los desarrollismos latinoamericanos y finalmente del socialismo de tipo soviético; y marcado además por la crisis de la deuda externa y por el progreso del neoliberalismo.

En este nuevo contexto, el neoliberalismo se volvió hegemónico en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990, lo que contribuyó a acentuar la dependencia, la desigualdad y el conservadurismo político. Así, en los años 90, la lucha por los intereses nacionales, populares, democráticos y socialistas en América Latina ingresó en una etapa de defensa estratégica. En otras palabras: se trataba de defender las conquistas logradas en el periodo anterior en un contexto marcado por la crisis del socialismo y por la ofensiva neoliberal.

A partir de la segunda mitad de los años 90, esta situación de defensa estratégica de las fuerzas populares coincidió, además, con un periodo de gran inestabilidad internacional, resultante de la combinación de dos fenómenos: la crisis del capitalismo y el declive de la hegemonía de EEUU. Por un lado, se puede observar una crisis de acumulación que se manifiesta directa o indirectamente en todos los terrenos: financiero, comercial, cambiario, energético, alimentario, ambiental. Por otro lado, se aprecia el reacomodamiento geopolítico derivado: a) de las dificultades enfrentadas por EEUU para mantener su hegemonía mundial; b) del agravamiento de las contradicciones intercapitalistas, en aumento luego de la derrota del bloque soviético; c) del fortalecimiento de potencias rivales, en especial de China. Se abre así un periodo de inestabilidad internacional –causada por la combinación de los fenómenos geopolíticos y macroeconómicos– que continuará marcado por crisis, guerras y revueltas sociales.

No es posible saber cuánto tiempo durará esta crisis y cómo será el mundo que emergerá de ella. Esto dependerá de la articulación de la lucha política dentro de cada país con la lucha entre Estados y bloques regionales. Actualmente, esta lucha se concentra en dos polos: por un lado en EEUU y sus aliados europeos y japoneses; y por otro, en los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica) y sus aliados. A diferencia de lo que ocurría antes de 1945, hoy existe una disputa entre Estados de la (casi) antigua periferia y Estados del (casi) antiguo centro. Y, a diferencia de lo que ocurría antes de 1990, hoy se trata de una disputa en el contexto del capitalismo.

América Latina es uno de los escenarios de esta lucha entre EEUU y los BRICS. Desde el punto de vista geopolítico, si se considera el mediano y largo plazo, existen por lo menos tres posibles escenarios. En el primero de ellos, EEUU mantiene su condición de potencia hegemónica mundial y regional. En el segundo, EEUU pierde su condición de hegemonía mundial, pero se mantiene como potencia regional. En el tercer escenario, el más favorable para América Latina y el Caribe, EEUU deja de ser potencia hegemónica mundial y también potencia hegemónica regional.

Como hemos señalado, la lucha EEUU-BRICS ocurre en el contexto del capitalismo. Pero en América Latina y el Caribe debe considerarse una variable excéntrica: como resultado de un proceso iniciado en 1998, se conformó en la región una fuerte influencia de la izquierda. Como se destaca en el documento base del XVII Encuentro del Foro de San Pablo1, partidos de izquierda apoyan, participan o dirigen los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y República Dominicana.

Excepto Cuba, cuyo gobierno es el resultado de una lucha armada revolucionaria en un proceso que en abril de 1961 asumió un carácter socialista, los demás gobiernos resultan de victorias electorales, en una onda expansiva que se inició en 1998 con Hugo Chávez en Venezuela y que se extendió hasta 2009 con Mauricio Funes en El Salvador. Este llamado «giro a la izquierda» ha tenido un nuevo capítulo con el reciente triunfo de Ollanta Humala en Perú.

Sin duda, los gobiernos en los cuales la izquierda tiene participación mantienen entre sí importantes diferencias, que van desde las causadas por la naturaleza y la geografía a las históricas y sociales, incluyendo las producidas por las diferentes líneas políticas en juego, tanto de la izquierda que llegó al gobierno como de la derecha que pasó a la oposición. Pero esas diferencias políticas no necesariamente representan un aspecto negativo. Por el contrario: si fuera solo una, si siguiera un único modelo, la izquierda latinoamericana no habría vencido en las elecciones en países tan diferentes.

No obstante, pese la diversidad, todas las izquierdas de América Latina y el Caribe enfrentan problemas comunes: a) la herencia histórica del neoliberalismo, del desarrollismo conservador y del pasado colonial (como el racismo en Bolivia y Brasil); b) la oposición radical que el sector mayoritario de la burguesía latinoamericana (y de los sectores medios aliados) ejerce contra cualquier tipo de política de redistribución, sea de poder, riquezas o acceso a derechos sociales; c) la actitud beligerante de las antiguas metrópolis contra gobiernos latinoamericanos que dan prioridad a procesos de integración regional.

Existen diferentes procesos de integración. Algunos comenzaron antes de la ola de gobiernos progresistas y de izquierda. Es el caso del Mercosur y de otros acuerdos comerciales subregionales, que respondían a propósitos integracionistas pero que también eran tratados como pasos intermedios en dirección al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Otros procesos de integración surgieron recientemente como iniciativa de gobiernos en los cuales la izquierda participa: Unasur, el ALBA y la Celac. Así, mientras que el ALBA es un encuadramiento institucional para la cooperación entre gobiernos ideológicamente afines, la Unasur y el Celac son proyectos de integración regional que buscan incluir a todos los países de la región, independientemente de la orientación política e ideológica de sus gobiernos.

Se mencionó antes que la lucha EEUU-BRICS ocurre en el contexto del capitalismo, que América Latina y el Caribe es uno de los escenarios donde sucede esta lucha, y que en la región existe una variable excéntrica que debe ser considerada: la fuerte influencia de la izquierda. Y es esta influencia de la izquierda la que torna factible que América Latina y el Caribe se constituyan, no en un escenario pasivo sino, por el contrario, en uno de los polos del combate de carácter geopolítico que está en curso en el mundo. Es decir, permite hacer de la región uno de los espacios de reconstrucción de una alternativa socialista al capitalismo.

Para transformar en realidad estas dos posibilidades, la izquierda de América Latina y el Caribe deberá enfrentar varios desafíos teóricos, estratégicos y tácticos. El primero de ellos es derrotar el contraataque impulsado por la derecha latinoamericana y sus aliados metropolitanos. Como hemos visto en estos años, este contraataque incluye: a) una campaña mediática permanente contra la izquierda; b) el intento por colocar una cuña entre los gobiernos de izquierda en la región, dividiéndolos en «moderados» y «radicales» y lanzándolos unos contra otros; c) la promoción de campañas de desestabilización e incluso de golpes de Estado, de los cuales hasta ahora solo el de Honduras tuvo éxito; d) el lanzamiento de candidaturas electoralmente competitivas, táctica que triunfó en Panamá, Costa Rica y Chile; d) la presión militar a través del relanzamiento de la IV Flota y de la ampliación del número de bases militares de EEUU y sus aliados europeos en la región.

Este contraataque de la derecha se ve favorecido por dos factores: uno de ellos, la administración Obama, y el otro, los impactos regionales de la crisis internacional. La elección de Barack Obama generó enormes expectativas en la población periférica del mundo, que proporcionaron al mandatario estadounidense un capital político con el que George W. Bush no contaba. Y aun cuando la administración Obama no alteró lo fundamental de la política exterior estadounidense, ese capital político continúa activo, aunque bastante desgastado. Por otro lado, la crisis internacional causó enormes dificultades a varios países de la región, en especial a los más dependientes de sus exportaciones.

Otros dos desafíos de la izquierda político-social de América Latina y el Caribe son: a) no perder los gobiernos nacionales conquistados hasta ahora; b) conquistar nuevos gobiernos nacionales. Ello se ha logrado en Perú cerrando paso al regreso del fujimorismo, y en los próximos meses hay procesos electorales en Guatemala, Argentina y Nicaragua, tres países gobernados por la centroizquierda. Posteriormente, se realizarán dos elecciones fundamentales: las de Venezuela y México.

El cuarto desafío de la izquierda político-social es, en los países donde tiene el control del gobierno nacional, impulsar cambios estructurales de carácter democrático-popular. En este punto, es preciso considerar algunas limitaciones:

a) en el ámbito mundial, la izquierda todavía se encuentra en una etapa de defensa estratégica, lo cual crea dificultades objetivas y subjetivas para cambios estructurales;b) impulsar cambios estructurales a partir de un gobierno surgido de elecciones es algo muy diferente de hacerlo a partir de gobiernos revolucionarios; c) hacer reformas estructurales exige un respaldo político mayor que el necesario para vencer en las elecciones; d) los gobiernos en los cuales la izquierda político-social participa en América Latina y el Caribe son coaliciones generalmente políticas (con partidos de centro y hasta de derecha) y sociales (con sectores de la burguesía) que actúan en los marcos del capitalismo y que, en mayor o menor medida, adoptan políticas que también favorecen a sectores de la burguesía;e) por este motivo, además de la oposición de derecha, los gobiernos respaldados por la izquierda político-social en América Latina enfrentan una oposición de izquierda, contraria a los acuerdos con sectores de centro y de la burguesía, y a las políticas de tipo capitalista.

Brasil es un buen ejemplo de lo complejo y difícil que es impulsar cambios estructurales de naturaleza democrático-popular desde el gobierno nacional. En el transcurso de todo el siglo XX, la historia brasileña estuvo marcada por la lucha entre dos grandes alternativas de desarrollo: la conservadora y la progresista. La primera consistía en un desarrollo del capitalismo sin reformas estructurales, con bajos niveles de democracia y en el que Brasil se mantenía alineado con los intereses de las metrópolis (primero Inglaterra y luego EEUU). Mientras, la alternativa progresista conllevaba un desarrollo capitalista combinado con reformas, democratización, soberanía nacional y una política externa autónoma.

A lo largo de gran parte del siglo XX, la alternativa conservadora fue predominante, lo que explica la coexistencia de un crecimiento rápido en un ambiente de dictaduras y desigualdad social en aumento. En contraste, la alternativa progresista, además de ser minoritaria, sufrió la supremacía de fuerzas capitalistas y tuvo algunas fuerzas socialistas como aliadas. Pero a finales de la década de 1980, las fuerzas socialistas encabezadas por el Partido de los Trabajadores (PT) comenzaron a dirigir el bloque de fuerzas políticas y sociales que defendían la alternativa progresista. Así, durante un breve instante, pareció que Brasil libraría una lucha entre dos grandes alternativas: la capitalista conservadora y la democrático-popular y socialista.

Pero ese momento de optimismo duró poco: en un ambiente internacional y nacional marcado por la crisis del socialismo y por la ofensiva neoliberal, el PT y gran parte de la izquierda brasileña modificaron sus objetivos programáticos y estratégicos y asumieron una línea hegemonizada por el progresismo (desarrollo capitalista con políticas sociales, democracia, soberanía e integración), aun cuando mantuvieran el socialismo como meta de largo plazo. Así, los años 90 estuvieron marcados por la lucha entre la alternativa conservadora (bajo la hegemonía neoliberal) y la progresista (ahora encabezada por el PT).

El periodo neoliberal acentuó las tendencias más conservadoras del patrón tradicional de desarrollo brasileño, a tal punto que ocurrieron rupturas en el bloque hegemónico. De hecho, las disidencias entre la grande, mediana y pequeña burguesía fueron fundamentales para la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente en 2002. Y en efecto, luego de conquistar la Presidencia de la República, el gran tema de la política nacional (y el gran desafío táctico de la izquierda brasileña) continuó siendo la superación de la herencia neoliberal. Pero en 2011, y a pesar de más de ocho años de gobierno petista, esta herencia neoliberal aún posee extrema influencia.

Hoy, el gran desafío estratégico consiste en mantener el control sobre el gobierno nacional, conservar la hegemonía del PT sobre las fuerzas progresistas y lograr que la alternativa socialista vuelva a ser uno de los polos de disputa (como ocurrió a fines de 1980). Pero a su turno este desafío estratégico se ve impedido por la creciente influencia material, política e ideológica que algunos sectores de la burguesía ejercen sobre el PT.

La vinculación práctica entre el desafío táctico y el desafío estratégico depende de la realización de las denominadas «reformas estructurales democrático-populares», reformas que tienen como objetivo modificar la concentración de los ingresos, de las propiedades y del poder. En concreto, nos referimos a la reforma tributaria, la reforma agraria, la reforma urbana, la reforma del sistema financiero, la reforma política, la democratización de la comunicación, etc. La reforma política se destaca de manera importante, sea por la necesidad de disminuir la influencia del capital sobre la izquierda o por hacer alcanzable la mayoría parlamentaria indispensable en las transformaciones estructurales, por lo menos en el contexto de la estrategia que actualmente implementa la izquierda.

Si la izquierda no es capaz de al menos dar pasos en dirección a estas reformas, detentar el gobierno no posee significado estratégico aunque en lo inmediato ayude a mejorar la vida del pueblo. Y, al mismo tiempo, no realizar tales reformas puede decepcionar y dividir a quienes respaldan a la izquierda, como en cierta medida ocurrió en Chile con la Concertación. Empero, para realizar reformas estructurales (o por lo menos para acumular fuerzas en ese sentido), un gobierno de izquierda necesita de sustento político y sin él puede ser derrocado, como sucedió con el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Por estas razones, la izquierda político-social no puede ir ni muy rápido ni muy despacio: se hace necesario considerar de manera adecuada la correlación de fuerzas, mediante el análisis concreto de las situaciones específicas.

El quinto desafío de la izquierda político-social de América Latina y el Caribe es poder acelerar el proceso de integración, fundamental en el aprovechamiento del potencial de la región y en la reducción de la injerencia imperialista. Un sexto desafío es volver hegemónica una cultura popular latinoamericana y caribeña en la región ya que, en realidad, el american way of life sigue siendo culturalmente preeminente, aun cuando EEUU reciba fuertes cuestionamientos desde el punto de vista político.

Por último, el séptimo desafío está relacionado con la ampliación de la capacidad teórica y política de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas. Se destaca la necesidad de extender la coordinación entre gobiernos, partidos y movimientos sociales. Sin ello, será cada vez más difícil enfrentar a la derecha en el plano nacional o bien afrontar los desafíos de la integración continental y de la inestabilidad mundial. La reflexión teórica necesita enfrentar y superar tres factores negativos que producen deformaciones sistémicas en la visión del mundo y en las formulaciones de las diferentes familias de la izquierda latinoamericana:

a) la crisis de las alternativas nacionalistas, desarrollistas, socialdemócratas y socialistas, combinada con la influencia del neoliberalismo;b) la importancia que asumieron los procesos electorales y la participación en la institucionalidad estatal;c) la necesaria construcción de frentes policlasistas en un contexto de debilitamiento de la clase trabajadora, como clase en sí y para sí.

Estos factores negativos actuaron de manera diferente en cada familia de la izquierda y en cada organización en particular. No obstante, es posible identificar tres tendencias que se hicieron presentes en todas las líneas y partidos: el centrismo, el utopismo y el movimientismo.

Sin duda, en la coyuntura de 1990 era inevitable hacer concesiones (políticas y programáticas), salvo para el izquierdismo fanático. Por lo tanto, al hablar sobre (y criticar) el centrismo nos referimos a organizaciones que realizaron concesiones más profundas y que cambiaron los objetivos programáticos o su base social, o que simplemente adoptaron una postura estratégicamente subordinada a los intereses de sectores de la burguesía. Esta postura predominó entre quienes adoptaron estrategias de centroizquierda.

Por otro lado, en cualquier coyuntura una organización de izquierda necesita de alguna dosis de voluntarismo romántico –o utopismo, en el sentido corriente de la palabra–, que complemente y fortalezca las convicciones científicas y racionales, y que también ayude a mantener en mente los objetivos de largo plazo. Por lo tanto, al hablar sobre (y criticar) el utopismo, nos estamos refiriendo a organizaciones que en el plano táctico adoptan una postura de sistemática minimización de la fuerza de los adversarios de los procesos de cambio, y que en el plano estratégico adoptan paradigmas precapitalistas. Esta segunda característica se encuentra muy presente, por ejemplo, en parte de la izquierda boliviana y ecuatoriana.

En última instancia, un partido de izquierda que cambia bases sociales organizadas por bases electorales está condenado a la derrota ideológica, política e inclusive electoral. Por este motivo, la izquierda necesita obligadamente tanto apoyar como fomentar la movilización y la organización de sus bases sociales. Por lo tanto, cuando hablamos sobre (y criticamos) el movimientismo nos referimos a una concepción criptoanarquista, que en este periodo histórico subestima la importancia de la lucha electoral y de la participación en los gobiernos; que mistifica y mitifica a los denominados «movimientos sociales»; y que en el plano de las ideas tiende a convertir los movimientos sociales en vanguardia de la lucha contra el capitalismo.

Como resultado de todo ello, la izquierda de América Latina y el Caribe enfrenta actualmente grandes dificultades para cumplir con las dos tareas básicas para quienes desean alterar el statu quo: ofrecer un mapa del camino y coordinar el conjunto de los frentes de acción. Claro que esta última afirmación puede no ser adecuada en lo que se refiere a algunas organizaciones o algunos sectores existentes dentro de cada partido, pero mirando de forma global consideramos que se trata de una descripción adecuada. Y más específicamente en el caso de los partidos de gobierno, también es preciso considerar que ganar elecciones y administrar países tan desiguales, con poblaciones muy influenciadas por los medios de masas, exige movilizar a menudo el respaldo de capas populares más propensas a seguir liderazgos carismáticos, a contramano de las indispensables direcciones colectivas. Y lo mismo ocurre con la necesidad de gran cantidad de recursos financieros, indispensables en procesos electorales en los cuales el debate programático es relegado por el «comercio del voto». Esto genera una relación con el Estado y con los sectores empresariales que puede generar autonomía, aunque parcial, de estos partidos respecto de sus bases sociales originales. Finalmente, la situación descripta exige actuar dentro y fuera del aparato del Estado, buscando ser al mismo tiempo fuerza hegemónica y contrahegemónica, capaz de disputar elecciones y de gobernar como parte del camino hacia el poder. Es decir, hacia una revolución político-social.

Estos factores negativos afectan a todos los partidos políticos progresistas en el gobierno, independientemente de la radicalidad exhibida por las administraciones que los integran o apoyan. Pero existen diferencias relevantes para considerar: en aquellos países donde el neoliberalismo fue más destructivo, se erosionaron incluso las bases de sostén de la derecha clientelista e implosionó todo el espectro político, inclusive el de izquierda. También por ese motivo, cuando se agota la hegemonía neoliberal y la oposición vence en las elecciones, los nuevos presidentes son parte integrante de organizaciones políticas relativamente recientes, como es el caso del Movimiento V República (MVR) venezolano, del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano y de Alianza PAÍS en Ecuador.

Además, los nuevos gobernantes encuentran la necesidad, y al mismo tiempo cuentan con los medios para convocar a asambleas constituyentes, lo que radicaliza el proceso desde el punto de vista retórico, político e institucional. En parte, esta radicalización es una reacción a las brutales desigualdades estructurales; pero por otro lado representa una respuesta a la radicalidad de la oposición de derecha, con sus campañas de descalificación, desestabilización y golpes. Al mismo tiempo, las políticas radicales no implican que en esos países las condiciones macro y microeconómicas sean las más favorables para construir un modelo económico posneoliberal, ni mucho menos un modelo poscapitalista.

La contradicción entre las condiciones subjetivas y objetivas está en la base del creciente conflicto entre una parte de la base social original de esos gobiernos y algunas de las políticas desarrollistas que esos mismos gobiernos se sienten obligados a implementar. Decimos «obligados» porque se trata tanto de responder a las demandas sociales acumuladas como de corresponder a las necesidades futuras en el mediano y largo plazo. Pero como el desarrollismo realmente existente es de naturaleza capitalista, genera reacciones centristas (alianzas estratégicas con el capital), movimientistas (reacciones sectoriales contra determinadas políticas) y utopistas (rechazo izquierdista al desarrollo) entre las diferentes familias de la izquierda. Y no puede ocultarse que tales divisiones en la base política y social de los gobiernos, en un escenario de dificultades causadas por la crisis internacional, pueden causar un contexto electoral favorable a la oposición de derecha.Por el contrario, en otros países del continente, donde existía una economía industrial diversificada, la resistencia político-social consiguió imponer más límites al neoliberalismo. A su vez, el Estado y el espectro político fueron mejor preservados y los partidos antineoliberales que ganaron las elecciones tienen muchos años de vida, como es el caso del PT brasileño (fundado en 1980) y del Frente Amplio (FA) de Uruguay (creado en 1971). Pero por motivos similares, la derecha electoralmente derrotada se mantiene muy poderosa e influyente, bloqueando procesos constitucionales y reformas estructurales.

En estos países no sorprende que el pragmatismo centrista sea fuerte, mientras que el utopismo y el movimientismo son, en términos relativos, marginales. Paradójicamente, y a contramano de esta relativa moderación política de los procesos, esos países poseen condiciones macro y microeconómicas (por lo menos en potencia) más favorables a la construcción de un modelo económico posneoliberal, e incluso para transitar la construcción del socialismo.

Aun considerando el esquematismo de la descripción, la contradicción mencionada entre condiciones subjetivas y objetivas solo encuentra solución teórica y práctica en el contexto de una estrategia continental. Por ese motivo, la integración es el principal divisor de aguas en el debate político de la izquierda en América Latina y el Caribe. Sin duda, la integración no asegura un futuro socialista para cada uno de los países de la región, y no cualquier integración es compatible con una estrategia socialista. Pero en la actual situación internacional, para la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, solo la integración hace del socialismo (o también de un desarrollo capitalista progresista) una alternativa realista.

Así, si la izquierda latinoamericana y caribeña desea ampliar su fuerza sin perder el rumbo, tendrá que poner más atención en el debate sobre el capitalismo en el siglo XXI, en el balance del socialismo del siglo XX y en la discusión estratégica. Esto incluye poner en la ecuación la relación entre línea política, base social, partido, gobierno y Estado. Y también, poner en la ecuación la relación entre transformación nacional e integración regional.