En un contexto de crisis económica y ajuste, ¿quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores del blanqueo de capitales lanzado recientemente por el gobierno argentino?

El blanqueo de capitales apunta a un doble objetivo: a incrementar la recaudación tributaria en un contexto de aumento del déficit fiscal y a aportar dólares a la economía de forma de aliviar la situación externa. Sí se cumplieran ambos objetivos, el gobierno saldría beneficiado, en tanto esto le permitiría morigerar parcialmente la caída en la recaudación producida por la reducción de otros tributos (retenciones y bienes personales) y por la caída en el nivel de actividad económica, a la vez que se produciría un ingreso de divisas por una vía alternativa al endeudamiento.

Sin embargo, los beneficios obtenidos por el gobierno serían transitorios, ya que no se trata de un incremento sostenible de los ingresos tributarios ni tampoco de una fuente genuina de dólares. Lejos de tratarse de un nuevo flujo de ingresos fiscales y divisas para fortalecer la capacidad de intervención del Estado –tanto a través del gasto público como en materia cambiaria–, se trata de un stock que ingresa por única vez. En este sentido, probablemente le sirva al gobierno para ganar algo de «aire», teniendo en cuenta que la crisis económica no parece haber encontrado su piso aún y que el año que viene se llevarán a cabo las elecciones de medio término. Esta política está muy lejos de resolver algunos de los problemas estructurales que, tanto en materia fiscal como de balance de pagos, enfrenta la economía argentina.

Por fuera del sector político, los que claramente se benefician con el «blanqueo» son aquellos que nunca declararon sus tenencias y ahora pueden hacerlo a un costo muy reducido y sin mayores penalidades. Si bien puede haber individuos de sectores medios que, por ejemplo, en los últimos años hayan adquirido dólares en el mercado ilegal de divisas (guardándolos «debajo del colchón») y ahora quieran blanquearlos, los mayores beneficiarios de este tipo de políticas suelen ser los grandes empresarios, aquellos que fugaron capitales en masa, tanto para evadir el pago de impuestos locales como para reasegurar sus ingresos en «moneda dura». Basta con señalar que entre 2007 y 2011 (antes de la implementación del denominado «cepo cambiario») se fugaron del circuito financiero local nada menos que 75.000 millones de dólares, casi el equivalente a la deuda pública que entró en default en diciembre de 2001. Las filtraciones y denuncias por maniobras de fuga de activos facilitadas por bancos como el HSBC y J.P. Morgan son solo algunos ejemplos del carácter estructural de esta operatoria.

A ello hay que agregar que dentro del «paquete» de la ley de exteriorización de capitales se incorporó el compromiso de ir reduciendo progresivamente el impuesto a los bienes personales hasta su desaparición total en 2019. Se trata de una medida sumamente regresiva, ya que este tributo es proporcional al patrimonio de los individuos, con lo cual se desfinancia el Estado recortándoles impuestos a los sectores de más altos ingresos.

Los perdedores lógicamente son siempre los mismos, aquellos que no tienen capacidad de ahorro y mucho menos de fugar dinero. En este sentido, dada la orientación que han venido teniendo la mayoría de las políticas aplicadas por el gobierno de la alianza Cambiemos, es muy difícil que lo recaudado a través del blanqueo sea utilizado para llevar adelante políticas que permitan ir resolviendo algunos de los problemas estructurales que aquejan a la economía argentina y que afectan el desempeño del mercado de trabajo local (tanto en materia de empleo como de salarios), lo cual no quiere decir que no pueda haber medidas «paliativas» de carácter transitorio que le garanticen cierta «paz social» al gobierno.

Teniendo en cuenta las enormes asimetrías socioeconómicas existentes y los procesos de concentración de riqueza en marcha, ¿cuáles serían las implicancias políticas de estos mecanismos de «sinceramiento» en términos de legitimidad democrática?

Mi interpretación es que el blanqueo puede tener efectos contradictorios en términos de legitimidad política. Por un lado, desde el Estado se está diciendo «se pueden trasgredir las leyes sin que haya un verdadero castigo», dado que regularmente, transcurrido un tiempo, se ofrecen «amnistías económicas». En este caso en particular, el efecto es más negativo, ya que los mayores beneficiarios son aquellos que se encuentran en la parte superior de la pirámide social. De todos modos, es un hecho que en Argentina los delitos económicos cuentan con una amplia tolerancia social, especialmente aquellos vinculados a la evasión fiscal y a la fuga de capitales. La poca sanción social a este tipo de delitos se ve acompañada de una escasa penalización judicial, procesos que contrastan con la fuerte sanción de los pequeños delitos cometidos contra la propiedad privada, los cuales generalmente están asociados a los sectores populares.

Sin embargo, por otro lado, la mayor recaudación tributaria generada por el blanqueo aporta recursos que se podrían destinar a suavizar algunos de los efectos negativos de la política de ajuste que está llevando adelante el gobierno. Por ejemplo, financiar algunas demandas de los movimientos sociales y/o realizar obras de infraestructura que dinamicen la inversión y el empleo. En este sentido, se trata de recursos que potencialmente pueden contribuir a sostener aspectos materiales de la función de legitimación social del Estado. Ello dependerá de las relaciones de fuerza en el plano social y del margen de maniobra política que tenga el gobierno, es decir, del nivel de consenso que logre –o no– para impulsar sus políticas de ajuste.

En la misma dirección, aunque con un efecto mucho más acotado, podría operar el mayor ingreso de divisas que generaría el blanqueo. Si bien en términos cuantitativos se trata de un monto limitado, ya que no hay obligatoriedad en todos los casos de efectivamente depositar las divisas en el sistema financiero local, los que sí lo hagan podrían terminar contribuyendo a mantener cierta estabilidad en el tipo de cambio. Ello no solo podría fortalecer parcialmente la posición del Banco Central –y evitar una mayor desvalorización del peso–, sino que también ayudaría a que la inflación no se acelerase aún más. Aunque, reitero, dadas las magnitudes involucradas y el hecho de que no todos están obligados a «traer los dólares», su efecto sería bastante acotado.

¿Qué efectos macroeconómicos tienen estas medidas tributarias? ¿Cuáles podrían ser las herramientas alternativas para aumentar la recaudación fiscal en los países en desarrollo?

Como señalaba anteriormente, los efectos macroeconómicos son limitados tanto en su impacto sobre el conjunto de la economía como en el tiempo. En materia tributaria, estas medidas pueden producir un aumento transitorio en el nivel de recaudación, dado que se trata de un stock que ingresa por única vez. Sin embargo, en la medida en que este tipo de situaciones no sean acompañadas de mayores condicionalidades en el destino de los fondos, en un breve lapso la situación recaudatoria va a volver al punto de partida anterior o inclusive a uno peor, dado que se dispuso la eliminación de gravámenes como el impuesto a los bienes personales. Por otro lado, ante la ausencia de direccionamientos en su destino, difícilmente la masa de recursos que ingrese con la exteriorización de capitales se traduzca en inversiones «productivas» con un algún impacto de consideración sobre la economía local.

En lo que respecta al sector externo, como mencioné anteriormente, no es esperable una «lluvia de dólares» ya que, más allá del éxito que tenga la medida, en muchos casos los declarantes no están obligados siquiera a ingresarlos al sistema financiero local. Por otro lado, no se trata de dólares generados «genuinamente» a través de, por ejemplo, mayores exportaciones, sino que se trata de un ingreso extraordinario que no es posible replicar en el tiempo.

De modo que la mayor recaudación tributaria que generan los blanqueos como el lanzado por el gobierno de Mauricio Macri no se basa en una nueva fuente estable de ingresos sino que constituye una medida excepcional y extraordinaria. Más bien, al reducir y eliminar el impuesto a los bienes personales, tiende a reducirla en el mediano plazo. Justamente los impuestos a los patrimonios son medidas progresivas que permitirían incrementar la recaudación en países subdesarrollados. Por ejemplo, una medida inexistente en nuestro país que contribuiría a incrementar los ingresos del Estado de forma progresiva es el famoso impuesto a la herencia. Otro ejemplo de ello son los impuestos a los inmuebles, como el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, cuyo nivel es relativamente bajo en relación con el patrimonio. Por supuesto que implementar este tipo de iniciativas requiere de voluntad política y un fuerte apoyo social, tal como quedó evidenciado con las resistencias que enfrentó el gobierno provincial anterior por parte de los propietarios rurales cuando quiso imponer el último aumento del inmobiliario rural.

Algo similar sucede con las retenciones a las exportaciones, las cuales fueron reducidas o directamente eliminadas –según el caso– por el actual gobierno nacional. Se trata de un tributo altamente progresivo por dos motivos complementarios: por un lado, porque se deduce de la renta obtenida en las actividades agropecuaria y extractiva, es decir, un excedente generado a partir de la explotación de recursos naturales que, como tales, no fueron «producidos» por sus dueños sino apropiados. Por otro lado, las retenciones tienen la función de desvincular parcialmente el precio internacional del bien en cuestión del precio doméstico. Esto es de suma importancia cuando se trata de «bienes salario», es decir, de productos que no solo se exportan sino que también se destinan al mercado interno y que tienen un fuerte impacto en la canasta de consumo de los sectores populares, como el trigo o la carne.

Otra de las reformas que se está discutiendo actualmente, que es la del impuesto a las ganancias, también va en sentido contrario a aumentar la recaudación e incrementar la progresividad. Si bien es cierto que el mínimo no imponible es bajo y que las escalas deben actualizarse, las modificaciones propuestas hasta el momento apuntan a beneficiar a los segmentos más privilegiados de los trabajadores, sin una alternativa clara de cómo compensar la merma recaudatoria que ello generaría. Es importante señalar que el impuesto a las ganancias es el más importante y progresivo (y casi el único) que tiene Argentina.

De todas formas, debe tenerse en cuenta que si bien un incremento en la recaudación tributaria a partir de este tipo de medidas puede permitir una reducción en los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, lejos está de eliminar las asimetrías que imperan en el ámbito de la producción, es decir, entre quienes generan la riqueza nacional y quienes se apropian de ella. Pero ello requeriría una discusión mucho más profunda que las planteadas en la actual coyuntura.

Andrés Wainer es Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), Licenciado en Sociología (UBA) y Magíster en Economía Política (FLACSO). Investigador del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y del CONICET. Docente de grado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM) y en la FLACSO. Sus principales temas de investigación se vinculan con las restricciones al desarrollo económico y el rol de las clases dominantes en la Argentina y Latinoamérica.