Tema central

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha?

Tras su cercanía durante dos periodos presidenciales, ver enfrentados a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en las últimas elecciones suscita entre los observadores alejados de la política colombiana cierta perplejidad. Preguntas como cuáles son las diferencias entre uno y otro, o qué ocurrió para que terminaran en veredas contrarias, sobrevienen de inmediato. Más allá de las cuestiones que los distancian, ¿el santismo y el uribismo encarnan modelos diferentes de país? ¿Cómo inciden las biografías personales en las perspectivas diferentes frente a la política? Un recorrido por los tópicos estructurantes del programa político de uno y otro, enfocando los rasgos de continuidad y ruptura, permite elaborar algunas respuestas a estos interrogantes. Gina Paola

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha?

Cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2010, muchos apostaron a que se trataría de una continuación tout court de la agenda del mandatario saliente, Álvaro Uribe Vélez, impedido constitucionalmente de ocupar el cargo por tercera vez. Así lo hacían prever el papel de Santos como fundador del Partido de la U, que convocó a antiguos miembros del Partido Liberal para apoyar las dos candidaturas de Uribe, y su desempeño como ministro de Defensa entre 2006 y 2009, bajo la égida de la política de seguridad democrática. Por eso, ver enfrentadas a las masas de votantes lideradas por Santos y Uribe es un episodio que suscita, cuando menos, cierta perplejidad. Preguntas como cuáles son las diferencias entre uno y otro, o qué ocurrió para que terminaran en trincheras contrarias, sobrevienen de inmediato. En los últimos cuatro años se escribieron decenas de columnas periodísticas y hasta libros indagando en los pormenores del distanciamiento de los ahora «enemigos íntimos». Lo que pocos se preguntan es si, más allá de las cuestiones que los separan, Uribe y Santos encarnan, en sentido estricto, modelos diferentes de país. En este artículo hacemos un recorrido general por los tópicos estructurantes del programa político de uno y otro tratando de advertir sus rasgos de continuidad y ruptura.

El ascenso de la «seguridad democrática»

Uribe llegó a la Presidencia en agosto de 2002, luego de capitalizar el descontento nacional por el fracaso de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Cuatro años de un proceso errático, desarrollado en medio de la confrontación armada, hicieron que las acciones violentas de la guerrilla cobraran mayor visibilidad mediática que los avances en la mesa de negociación. El agravamiento del secuestro, los ataques indiscriminados contra la población civil y su transmisión continua por los medios de comunicación fortalecieron la imagen de las FARC como una organización brutal en su agresión militar. Por otra parte, la concesión de una zona de despeje sin condiciones ni reglas de juego claras permitió a la guerrilla contar con una retaguardia táctica desde la cual preparar ataques contra las fuerzas militares, mantener a las personas secuestradas lejos de la posibilidad de rescate y desarrollar actividades ilícitas como el narcotráfico, lo que generó en la opinión pública la idea de que no tenían un compromiso de paz serio. La animadversión generalizada hacia la guerrilla coincidió con el discurso antiterrorista global que siguió al ataque contra las Torres Gemelas. La inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas como Al Qaeda terminó de liquidar sus posibilidades de reconocimiento como interlocutor político válido.

Plegado a la retórica patriótica de George W. Bush, Uribe articuló todo su discurso de campaña y sus acciones de gobierno en torno del combate contra las FARC, transformadas en el «gran enemigo» del país. La política de seguridad democrática concibió e implementó, con ayuda de la cooperación estadounidense, una ofensiva militar amplia y sistemática contra todos los grupos guerrilleros, al tiempo que planteó la necesidad de que la sociedad civil contribuyese en el fortalecimiento de las actividades de los órganos de seguridad. En consecuencia, se apuntaron acciones como la creación de unidades de soldados campesinos, el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la fundación de redes de cooperantes y el estímulo a las deserciones dentro de los grupos armados ilegales1.

Otro vector de la seguridad democrática fue la desmovilización de los grupos paramilitares. Uribe se mostró favorable a la creación de estas fuerzas paraestatales desde su gestión como gobernador de Antioquia en 1994. Posteriormente, el cuerpo legal que dio vida a las Autodefensas fue derogado sin que ello implicara el debilitamiento o la desaparición de estas. Así, entre 1996 y 2002 se produjo una expansión y unificación de los grupos paramilitares bajo la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que supo traducir todo su poder en una enorme capacidad para capturar rentas públicas y privadas y para penetrar los órganos de seguridad, las agencias del Estado, los partidos políticos, los cuerpos colegiados y el Poder Judicial2. Las condiciones obtenidas por los paramilitares en el proceso de desmovilización abierto por la Ley de Justicia y Paz dieron una muestra fehaciente del tratamiento preferencial del que eran objeto en tiempos de Uribe. La negociación de su gobierno con los paramilitares arrojó más déficit que ganancias por convertirse, con intención o no, en un proceso proclive a la asimilación y convalidación de las redes mafiosas, sus economías y zonas de influencia política antes que a la verdad, justicia y reparación de las víctimas3.

Para lograr el éxito de la seguridad democrática, Uribe se ocupó personalmente de supervisar el combate contra las guerrillas, incrementando las exigencias a las fuerzas militares. La obtención de resultados fue posible, en parte, gracias al proceso de reingeniería de las Fuerzas Armadas propiciado desde el gobierno de Pastrana, que permitió una acción contrainsurgente más rápida y eficiente; y también en virtud del despliegue del Plan Patriota, desarrollado con asesoría y financiación estadounidense con miras a golpear a la guerrilla en el suroriente del país que usaba como retaguardia. Cuando las acciones amparadas en el derecho no fueron suficientes para mostrar resultados al mandatario, las fuerzas militares acudieron a las ejecuciones extrajudiciales y a la acción mancomunada con los grupos paramilitares para mejorar sus indicadores.

Santos era ministro de Defensa en el momento en que estalló el escándalo de los «falsos positivos», que sacó a la luz pública el involucramiento de miembros del Ejército en el asesinato de más de 950 civiles inocentes que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate. Aunque admitió públicamente la existencia de los hechos, jamás asumió su responsabilidad política. Por el contrario, puso el foco en «unas pocas manzanas podridas» y procedió al retiro discrecional de 27 oficiales del Ejército del servicio activo y a la aceptación de la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya, quien pasó a ocupar el cargo de embajador en República Dominicana. Siendo presidente, Santos declaró que los «falsos positivos» eran una cuestión del pasado. Sin embargo, informes presentados por defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana señalan que durante su gobierno continuaron produciéndose nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. En total, se estima que los «falsos positivos» habrían dejado más de 3.500 víctimas entre 2002 y 20124.

  • 1. Presidencia de la República de Colombia, Ministerio de Defensa: «Política de defensa y seguridad democrática», Bogotá, 2003, disponible en www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf.
  • 2. V. al respecto Claudia López Hernández: Y refundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Debate, Bogotá, 2010 y Corporación Nuevo Arcoiris: Así fue la infiltración paramilitar de la política en Colombia, Bogotá, 2007.
  • 3. Hemos analizado con más detalle este proceso en G.P. Rodríguez: «Perdonar lo imperdonable. Crimen y castigo en sociedades en transición» en Enrique del Percio (comp.): Prejuicio, crimen y castigo, Sudamericana / coppal, Buenos Aires, 2010, pp. 143-181.
  • 4. Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos: «En Colombia las desapariciones forzadas no son asunto del pasado», documento presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, noviembre de 2012.