Opinión

Acción Ecológica: una organización popular ilegalizada en Ecuador

La ilegalización de la organización no gubernamental Acción Ecológica abre debates sobre la relación del progresismo ecuatoriano y las asociaciones de la sociedad civil.

Acción Ecológica: una organización popular ilegalizada en Ecuador

A fines de diciembre de 2016, el gobierno ecuatoriano inició el procedimiento de retiro de la personería jurídica a la organización no gubernamental ecologista Acción Ecológica. Ya en 2009 se había iniciado un procedimiento similar por la misma causa: haberse desviado de los fines para los que fue constituida. Hace ocho años el gobierno debió dar paso atrás por la presión internacional y porque el presidente Rafael Correa no controlaba plenamente a todos sus funcionarios. Pero desde entonces siguió presionando personalmente para continuar el procedimiento. Aun así, no encontraba una ocasión propicia para concretarlo.

Un ataque realizado presumiblemente por comunidades de la nacionalidad indígena shuar en el sur de la Amazonía ecuatoriana contra un campamento minero en el que murió un policía y que marca el punto más alto de la conflictividad provocada por la obstinación gubernamental en promover la minería metálica a gran escala en el país, brindó la ocasión. Sin la menor prueba, se acusa a la organización de apoyar la violencia armada cuando Acción Ecológica, como casi todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, apoya el derecho del pueblo shuar a resistir la indeseada invasión extractivista en su territorio.

En sus 30 años de existencia Acción Ecológica ha mostrado un compromiso intachable con la no violencia activa y con las resistencias populares frente a la destrucción ambiental. Está en la raíz del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008, y ha acompañado las más generosas luchas que combinan el cuidado de la tierra y la justicia social. Con una radicalidad y valentía dignas de las mejores causas, las militantes de Acción Ecológica estuvieron presentes durante las últimas tres décadas en la denuncia de los transgénicos, los agro-combustibles, el capitalismo verde, los desastres petroleros, la tala de bosques y de manglares, y de los efectos destructivos de los tratados de libre comercio. Símbolo y estandarte del pensamiento y la acción crítica, el ecologismo popular y la desobediencia no violenta, nadie puede excluir a Acción Ecológica del recuento latinoamericano de la solidaridad con las luchas indígenas, campesinas, de trabajadores y pobladores suburbanos.

La supresión de la personería jurídica de esta organización no la borrará de la historia y la memoria del país. Tampoco dejará de existir. Ni su nombre ni su acción dejarán de acompañarnos, pero tendrán que enfrentar más obstáculos, estorbos, persecuciones y arbitrariedades. El objetivo coyuntural de esta medida no es eliminar lo ineliminable sino debilitar el apoyo social e internacional en el conflicto anti-minero en el territorio shuar. Al obligar a Acción Ecológica a dedicarse a la defensa de su propia existencia, la organización no puede seguir ejerciendo su decisiva función en la movilización de la solidaridad con los pueblos amazónicos.

Pensada desde una perspectiva más amplia, esta ilegalización rebasa la coyuntura y expresa algo más profundo en la política del correísmo. Con pretextos igualmente banales e improbables, se retiró la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores, la más grande de las organizaciones de docentes del país, y se intentó quitarle el usufructo de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y a todas las demás organizaciones, les impuso requisitos cada vez más escabrosos y el cumplimiento de cientos de trámites inútiles como si la supervisión estatal consistiera en un océano de formularios.

La inundación tramitológica cumple un papel: brinda la ocasión para usar selectivamente el poder discrecional de la presión administrativa y la intimidación judicial. Es una forma indirecta de ahogar la participación indeseada, la fiscalización incómoda o la movilización social crítica. No se trata de una política de represión abierta e ilegalización dictatorial sino que requiere siempre el funcionamiento permanente de los pretextos legales y los controles burocráticos. Es un proceso lento de disciplinamiento que se ejerce mediante una multitud de pequeños actos de acoso, amenazas veladas y vigilancia obsesiva. No se trata tanto de infundir terror, como se hace en el autoritarismo clásico, sino de provocar un agotamiento nervioso, un cansancio final y un hastío generalizado en los potenciales grupos movilizados. La presión ha sido sistemática y el resultado, hasta ahora, exitoso: buscaba debilitar la organización social independiente, cortarle sus capacidades de movilización y debilitar sus liderazgos.

Acción Ecológica ha sido a lo largo de varias décadas una de las marcas más activas y tercas de las principales resistencias y demandas radicales. Más allá de su papel decisivo en la lucha anti-minera y en la solidaridad con los shuar, ha sido una animadora fundamental de las redes de acción colectiva en una sociedad, como la ecuatoriana, con tradiciones débiles de acción colectiva. La defensa de esta admirable organización no se impone solo por su oposición a un modelo económico y ambiental desastroso sino como garantía de la vitalidad de una sociedad civil movilizada sin la cual ningún cambio significativo y positivo será posible.

Pie de página