Opinión

Aborto: el rechazo del Senado, la potencia de la lucha

El Senado argentino rechazó el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En las calles, una poderosa «marea verde» se manifestó en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. A pesar del rechazo, la cuestión del aborto está instalada en la sociedad argentina y el movimiento que la defiende avanzará cada vez más hasta conseguir su legalización. Sin embargo, las fuerzas conservadoras que se oponen a lo que califican de «ideología de género» también avanzan. Será preciso desarrollar un posfeminismo que concite actores sociales diversos para enfrentar la amenaza de los retrógrados.

Aborto: el rechazo del Senado, la potencia de la lucha

Sobre las mujeres cae el peso de la maternidad obligatoria y la culpabilidad ante al deseo de no ser madre. Los mandatos sociales constituyen representaciones que obligan a las mujeres a una maternidad forzada y se institucionaliza la idea de que son las encargadas reproducir. El debate de los grupos feministas sobre la legalización del aborto que se está produciendo en Argentina -y se expande a la región-, viene a romper con lo culturalmente establecido. Pero con eso no alcanza: es necesaria una ley que garantice el derecho a elegir la maternidad y que se ocupe de solucionar los problemas en materia de salud pública y ampliación de derechos.

En América Latina, el aborto clandestino presenta cifras alarmantes. Las mujeres que no eligen la maternidad, viven el embarazo no deseado como un proceso tortuoso. El hecho las obliga a la clandestinidad y a arriesgar sus vidas para evitarlo. A pesar de los datos y estadísticas que demuestran los riesgos que corren las mujeres y personas gestantes, las muertes y el negocio ilegal que hay detrás de los abortos clandestinos, los grupos más conservadores insisten en imponer ideas que obstaculizan los derechos que deben ser garantizados en una democracia.

De esta manera, en Argentina, los autodenominados «pro vida», sectores conservadores de la Iglesia Católica y evangélicas, y diversos senadores y diputados, se opusieron a una ley que garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Alcanza con tener en cuenta algunos de los discursos que se dispararon estos días en Argentina y las reacciones en América Latina para comprender la ideología conservadora que manifiestan estos grupos y que se empeñan en dejar fuera de las condiciones de ciudadanía básicas a las mujeres y cuerpos gestantes.

La situación en Argentina

Luego de la media sanción del proyecto de legalización y despenalización del aborto que se produjo el pasado 14 de junio, los grupos más conservadores salieron al combate contra el feminismo y los sectores que apoyaban la legalización de la práctica clandestina. A pesar de que los datos en los países en donde la interrupción voluntaria del embarazo está legislada demuestran una disminución de abortos y muertes (10 de cada 1000 mujeres en Uruguay y 12 de cada 1000 en Europa Occidental), algunos representantes políticos y religiosos volvieron a ideas que provienen del siglo XVIII, es decir, retomaron un discurso masculinista por medio del cual la mujer aparece subordinada y debe ser disciplinada por su cuerpo pecador. Desde estas ideas retrógradas, se obstaculizó el progreso de una sociedad democrática que debe garantizar los derechos ciudadanos. En este sentido, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dijo: «Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa con el embarazo, trabajarlo con el psicólogo. Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que, porque exista ese drama, digamos que a uno no se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción al bebé y no te pasa nada». A su vez, Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y miembro del bloque oficialista Cambiemos, justificó su rechazo a la ley con un proyecto «antiaborto» que proponía atenuar la pena de la mujer que aborte y que el Estado se hiciera cargo de los embarazos no deseados de manera que la mujer pudiera dar en adopción al «niño por nacer». Los discursos de los representantes, que evidencian las voces de una masculinidad opresora, perpetuaron la idea del cuerpo objeto, productivo y reproductivo.

Otras de las exposiciones en el Senado se opusieron a la ley pidiendo más educación sexual en las escuelas. Algunas alocuciones fueron un verdadero espectáculo de ignorancia y de prejuicios de clase. Es necesario recordar que, en Argentina, la Ley Nacional de Educación Sexual está sancionada desde el año 2006. Esta ley constituyó un hecho político fundamental que tendió a la promoción de una educación para la sexualidad responsable desde una perspectiva de género y diversidad sexual. Todos los estudiantes del país tienen el derecho de recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privados. A pesar de esto, algunas provincias como Tucumán no permiten ni garantizan este derecho y disfrazan el conservadurismo desde creencias religiosas personales que van más allá de su función pública. En relación con esto, Abel Albino, médico pediatra y miembro de la Academia Nacional de Medicina, manifestó un retroceso en datos sobre comprobaciones científicas al decir que el preservativo no previene el contagio del sida y agregó: «Tienen que entender que el profiláctico no protege de nada. Porque (…) el virus del sida (…) atraviesa la porcelana».

La senadora de la provincia de Catamarca, Inés Blas (Partido Justicialista) habló en nombre de las mujeres de su provincia y afirmó que, aunque la práctica sea legal en los hospitales, no podían asegurar que las mujeres catamarqueñas iban a dejar de ir a la «comadrona» para abortar. Varios discursos de los legisladores justificaron su voto en contra de la ley desde una concepción representativista de la política, en la que el representante se limita a transmitir la opinión de sus representados (o de una parte de ellos) en lugar de concebir a la política como un espacio creativo de interpelación a la sociedad. Estos discursos, también, se insertaron por izquierda para justificar su postura en contra y se manifestó aquello que se denomina como representaciones cerradas: formaron un estereotipo de las mujeres pobres y conformaron, a partir de allí, una caricatura de la mujer y de sus costumbres o creencias por medio de un discurso totalizador. Tal es el caso del padre «Pepe» Di Paola que aseguró que las pobres no abortan y que «los hijos son sagrados» para ellas. El día del debate en el Senado, Silvina García Larraburu, del kirchherista Frente para la Victoria -y única representante de su bloque que votó en contra- dijo que el proyecto no tenía que ver con la realidad, habló de «soluciones escandinavas» y festejó que las mujeres pobres tengan hijos porque es «lo único que tienen».

Es necesario destacar, por último, otra cuestión importante que influyó en la decisión: el promedio de edad de la mayoría de los senadores en contra de la ley es de 57 años. Esto agrega un componente generacional de pensamiento caduco que obstaculiza un proceso social.Rodolfo Urtubey (Partido Justicialista) argumentó en contra desde un discurso polémico: «En algunos casos, la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer. En el abuso intrafamiliar, donde no hay violencia, no es la violencia clásica. A veces la violación no es un acto voluntario». De todas maneras, algunos pocos como el senador Pino Solanas demostraron que el pensamiento arcaico se debe más a una concepción patriarcal y opresora de la masculinidad sobre las mujeres que a un componente generacional.

La repercusión en América Latina

El movimiento feminista de Argentina dio esperanzas a América Latina tras la media sanción en la Cámara de Diputados y la expectativa posterior en el Senado. El mismo día de la votación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, toda Latinoamérica se sumó al «pañuelazo» y la movilización en apoyo en una vigilia histórica. Sin embargo, unas semanas antes, los grupos conservadores salieron a la calle con violencia y manifestando su vocación de endurecer leyes. En Chile, por ejemplo, tres mujeres fueron apuñaladas durante la marcha por el aborto libre en la Alameda de Santiago el 26 de julio. En ese momento, el gobierno se pronunció frente al suceso vía redes sociales y no mediante voceros oficiales ni tampoco anunció acciones legales. Además, durante la protesta se pintó la Alameda con sangre para «recordarles a las #Aborteras que aquello que buscan es dar muerte al niño», como sostuvo el Movimiento Social Patriota que se define como «nacionalista, independiente y anti-dictadura gay».

A su vez, la diputada Camila Flores (Renovación Nacional), autodenominada «mujer derecha» y defensora de la pena de muerte, propuso castraciones para casos de violación en su postura en contra de la ley. Con respecto a esto, sostuvo: «Hay que distinguir dos cosas. De lo que hablamos nosotros es de la protección férrea y potente del derecho a la vida del que está por nacer, no del derecho de los que ya nacieron».

En Perú, la lucha se viene dando desde el 2012 con la campaña «Dejala decidir». Se abarcó, en ese año, la causal por violación sexual. Leonor Bendezú, integrante del colectivo Aborto Legal Perú, dijo: «La campaña logró conseguir 100.000 firmas de las cuales sólo validaron 64.000. Aun así, se archivó el proyecto antes de llegar a Pleno de Congreso. Ahora queremos retomar la lucha inspiradas en nuestras compañeras argentinas y, aunque no hayamos salido a las calles, hemos recibido opiniones contradictorias por parte de los peruanos. El Perú es un país muy conservador por lo que sabemos que la lucha por el aborto será muy dura».Bendezú agregó que la Iglesia Católica tiene un fuerte poder sobre el Estado. Se organizaron marchas bajo el lema «Manifiesto por la Vida, la familia y valores de Perú» con pancartas que decían «Quien ama, no mata». El principal promotor fue el cardenal y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, quien exhorta a los defensores de la interrupción voluntaria del embarazo a quitarse la vida si no están a favor de esta.

América Latina tiene las leyes más restrictivas del mundo con seis países en la región que operan con prohibiciones generales, con excepción de Uruguay en donde la ley se aprobó y disminuyó notablemente la práctica. Lo cierto es que el movimiento feminista argentino, como lo hizo en su momento el uruguayo, proyectó una esperanza que mueve a América Latina a luchar por una ley que promueva y garantice los derechos de las mujeres y personas gestantes. Aunque los opositores a «las ideologías de género», como ellos mismos se denominan, todavía tienen un rol central en la toma de decisiones a la hora de ampliar derechos.

Hacia un posfeminismo

En Argentina el proyecto de ley para interrumpir voluntariamente el embarazo ya fue presentado en siete oportunidades. Tuvo dos vigilias históricas que convocaron a decenas de miles de personas en el Congreso de Buenos Aires. La votación en senadores se saldó con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. Sin embargo, un anteproyecto abrirá el debate nuevamente el próximo 21 de agosto: el Poder Ejecutivo enviará al Senado una reforma del Código Penal, que propone la despenalización a la mujer que practique el aborto. Una de las modificaciones centrales es declarar no punible a la mujer que cause su propio aborto o que consienta que otro lo practique. También se agrega, a las causales ya contempladas en el actual Código, la interrupción del embarazo en caso de que este provenga de abuso sexual y la tipificación del aborto imprudente, «las lesiones ocasionadas a la persona por nacer así como también los tratamiento médicos no consentidos y la violencia obstetricia».De todas maneras, la posibilidad de eximir a la mujer quedará en manos del juez a cargo.

Más allá de esto, lo cierto es que los senadores argentinos no están a la altura de las demandas de un colectivo que amplió su campo de acción social. Los senadores hablaron en nombre de las creencias de sus supuestos representados sin tener en cuenta el interés general. No obstante, la esperanza está en un movimiento que crece a pasos agigantados en América Latina.

La esperanza de una sociedad con más derechos ciudadanos ha despertado y la palabra feminismo ya queda chica para englobar lo que el movimiento convoca. Es imposible, entonces, no pensar hoy en un posfeminismo, como lo denomina Paul B. Preciado: se trata de un movimiento cuyos actores ya nos son solamente las mujeres sino los distintos sujetos de género. Un movimiento apoyado por los más jóvenes que es consciente de la opresión del patriarcado, que desplaza lo viejo, lo caduco, lo retrógrado, lo culturalmente establecido. Un movimiento que no tiene retorno y que ha despertado. Un movimiento que no se detendrá y se meterá en el barro de la política. Que conseguirá el derecho a decidir.

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