Podría sostenerse, en una primera aproximación, que la esfera política municipal –es decir, el gobierno de las ciudades y las dinámicas de acción colectiva urbana– no ha llegado a tener una presencia relevante en las teorías y los proyectos de emancipación colectiva. La centralidad de los marcos nacional-estatales, así como el eje de clase en el conflicto social, habría desplazado los ámbitos de proximidad, en el contexto de las sociedades industriales, hacia roles aparentemente marginales en los procesos de transformación colectiva. Algo de razón hay en esta reflexión. Aún hoy la escala nacional estructura imaginarios políticos y vertebra actores de cambio; aún hoy se establecen relaciones de jerarquía entre Estados y ciudades. La dimensión municipal como espacio de disputa de proyectos emancipatorios sigue reflejando algunas debilidades. 

Es posible, sin embargo, adoptar otra mirada. Una perspectiva orientada a rescatar la relevancia histórica de lo local como activador de transformaciones. Y un enfoque, también, con sensibilidad para leer el fortalecimiento de lo urbano, de sus gramáticas democráticas y de esperanza, en el contexto actual de cambio de época y de ofensiva reaccionaria. Sí, la política de proximidad ha sido y es un espacio generador de utopías cotidianas y practicables; quizás con niveles bajos de épica y simbolismo, pero con un potencial remarcable para alterar trayectorias vitales y colectivas, para liberarlas de ataduras e injusticias. Este artículo intentará aportar algunas reflexiones sobre todo ello, tanto desde claves teóricas y contextos históricos como desde prácticas que se despliegan hoy y vienen cargadas de enorme potencial de futuro. 

Una genealogía de la «revolución urbana»: algunos apuntes

Tal vez la Comuna de París haya operado como referente fundacional del proceso de arraigo de la transformación social en entornos de proximidad. No solo la experiencia parisina, entre marzo y mayo de 1871, proyectó claves revolucionarias en el escenario local, sino que en ella lo comunitario emergió como lógica de creatividad colectiva y exploración de nuevos caminos. Junto con la eliminación de privilegios materiales se tejen prácticas de autogobierno municipal y democracia directa; surgen también, más allá de divisiones ideológicas, espacios de hibridación entre tradiciones anarquistas, republicanas y socialistas. Ya entrado el siglo xx, en la Barcelona combativa (la mítica Rosa de Foc o Rosa de Fuego) de 1909, vuelven a cristalizar proyectos municipalistas radicales. En clave socialista-autogestionaria, se expresaba la aspiración de constituir los municipios como «verdaderas cooperativas de producción y de consumo, capaces de coordinar todo lo colectivo (condiciones de trabajo y habitacionales) recuperando las funciones secuestradas por los poderes del Estado»¹. En clave libertaria, Joan Montseny formulaba en el libro Los municipios libres la doble reivindicación de la proximidad y la comunalidad: «lo local como escala de organización colectiva y la gestión comunitaria de los bienes básicos como prefiguración de la sociedad anarquista»². En otro contexto, y en el campo de las prácticas concretas, cabe destacar la relevante trayectoria del sewer socialism (socialismo de las alcantarillas) en la ciudad de Milwaukee (Wisconsin). Con una plataforma abiertamente socialista, Emil Seidel es elegido alcalde de la ciudad en abril de 1910. Arrancaba así una trayectoria de décadas de mayorías municipalistas transformadoras (viviendas asequibles, agua y electricidad bajo control democrático, construcción de escuelas públicas, etc.) con fuertes alianzas en el movimiento obrero. Fue una experiencia local exitosa que, además, inspiró buena parte de los valores y las políticas del New Deal de Franklin D. Roosevelt (un claro ejemplo de salto en escala de lo municipal a lo nacional). 

En el terreno de la acción colectiva urbana se registran, a su vez, durante la primera mitad del siglo xx, tres movilizaciones de inquilinos de gran alcance e impacto. En Buenos Aires, en 1907, 1.000 edificios articularon un movimiento que, a través del instrumento de la huelga de alquileres, alcanzaron una reducción de 30% de los precios. En Glasgow, en 1915, las mujeres del movimiento laborista independiente, encabezadas por la activista Mary Barbour, llegaron a organizar a 20.000 hogares contra los incrementos de los alquileres y los desalojos. En Barcelona, entre 1931 y 1932, casi 50.000 hogares participaron en una gran huelga inquilina, impulsada por el sindicalismo libertario.

Tras 1945, se abre en las democracias europeas un proceso de constitucionalización de derechos y de expansión de políticas de bienestar: un proyecto de cambio social a gran escala apoyado en bases populares y en mayorías de izquierda. Los gobiernos locales son, sin embargo, desplazados a las periferias institucionales de la transformación: la nueva ciudadanía social se construye en torno de los Estados-nación. Aun así, el municipalismo popular aprovecha la «grieta italiana». El Partido Comunista Italiano (pci), hegemónico en la izquierda, ve bloqueadas –en plena dinámica de Guerra Fría– sus posibilidades de acceder al gobierno central. Se abre, sin embargo, la ventana local. Las alcaldías del pci despliegan programas transformadores de largo alcance. Bologna la rossa se erige en referente, con mayorías municipales comunistas durante décadas, y su legado se aprecia hoy en la fortaleza del ecosistema territorial de economía social y solidaria, o en la fuerte presencia del cooperativismo habitacional. En esas décadas de posguerra, al otro lado del Atlántico, Jane Jacobs enciende la defensa del municipalismo vecinal y de la acción colectiva urbana. La teórica y activista de Nueva York propugna una ciudad de barrios con mixtura social y de usos (residenciales, comerciales, formativos, lúdicos), con espacios para las relaciones sociales y comunitarias. Articula para ello la movilización de colectivos residentes y clases populares frente a los delirios «modernizadores» (autopistas urbanas y ruptura de tejidos humanos) de los planificadores de Manhattan. Su mirada feminista y rebelde y sus luchas quedaron plasmadas en el fascinante libro The Death and Life of Great American Cities [La muerte y la vida de las grandes ciudades estadounidenses] de 1961³. Y se han seguido vertebrando comunidades y prácticas de base. Mucho de todo ello se expresa hoy en la articulación de valores y luchas que han llevado a Zohran Mamdani a la Alcaldía de Nueva York. 

Los acontecimientos de 1968 marcan un claro punto de inflexión. Se trata de un tiempo de revueltas inéditas. Nuevos colectivos llenan calles y plazas en ciudades tan disímiles como París, Praga, Chicago y Ciudad de México y abren un ciclo de esperanzas.

En ese contexto, le debemos a Henri Lefebvre una aportación teórica fundamental: la publicación del libro Le droit à la ville [El derecho a la ciudad] (1968)⁴. Lefebvre aporta una mirada crítica a la ciudad del capitalismo industrial, como espacio socialmente producido que refleja relaciones desiguales de poder y plantea una propuesta disruptiva que supone cartografiar los procesos de transformación en trazados cotidianos. Se trata de una doble lógica de cambio: (a) las personas tienen derecho a habitar, apropiarse y reconfigurar la ciudad como lugar de vida colectiva y no solo como espacio residencial y de consumo ligado a las dinámicas de acumulación de capital; (b) el derecho a la ciudad implica también la democratización del urbanismo y el acceso universal a la vivienda, el transporte y los servicios de bienestar. En la estela lefebvriana, Manuel Castells publica en 1974 dos obras claves: La cuestión urbana y Movimientos sociales urbanos⁵. Castells profundiza el cambio de paradigma: las ciudades –más allá de su dimensión física– se redefinen en tanto esfera del conflicto social alrededor de la reproducción de las condiciones de vida. Surgen ahí dos elaboraciones fundamentales: los «consumos colectivos» como el conjunto de bienes que sustentan esa reproducción: vivienda, transporte, educación, salud; y los movimientos urbanos como agentes de transformación estructural: el eje de clase se desplaza de la fábrica al barrio. 

Pero más allá o a la par de las aportaciones intelectuales, se produce en los años 70 y 80 un nuevo ciclo de revoluciones urbanas. Dos ejemplos. La transición política en España arrancó bajo mayorías conservadoras. Los componentes de ruptura se desplazaron entonces a la esfera local. Los resultados de las primeras elecciones municipales, en 1979, arrojan amplias mayorías de izquierda en las principales ciudades. Destacan, por una parte, las alcaldías comunistas, en manos del Partido Socialista Unificado de Cataluña (psuc), en las principales ciudades del área metropolitana de Barcelona (el «cinturón rojo»): Badalona, Cornellà, El Prat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet… Y las experiencias, por otra parte, del «municipalismo jornalero» en Andalucía: Marinaleda, El Coronil, Trebujena… Se forjan, en ese marco, culturas de transformación que ensanchan, desde la proximidad, espacios de democracia y dignidad. En el Reino Unido, la activación municipalista se produce frente a la implacable ofensiva neoliberal de Margaret Thatcher. Surgen, en las principales ciudades inglesas, los proyectos de la nueva izquierda urbana (New Urban Left) y el socialismo municipal. Se trata de gobiernos locales que, ubicados en los espacios a la izquierda del laborismo y con mayor capacidad de innovación política, forjan mayorías para defender la vivienda y la educación pública y ahondar en derechos básicos. Manchester, Liverpool o Sheffield ponen en marcha «combates urbanos» frente al thatcherismo. Londres se convierte en el epicentro de este movimiento. Entre 1981 y 1986, el mítico alcalde Ken Livingstone (apodado «Ken el Rojo») impulsa políticas de igualdad y articula la rainbow coalition, una alianza ciudadana arcoíris de movimientos feministas, comunidades migrantes y colectivos lgbti+ para ensanchar la agenda de derechos civiles. La disputa con Thatcher se salda (provisionalmente) con un acto de autoritarismo político sin precedentes: la mayoría tory en el Parlamento aprueba la abolición de la Alcaldía de Londres, lo que deja la ciudad fragmentada en una veintena de distritos (boroughs), con poderes muy limitados. Entre 2000 y 2008, con el restablecimiento del Greater London Council (Consejo del Gran Londres), Ken Livingstone vuelve al gobierno municipal y retoma el proyecto municipalista, aunque ya con menor épica contenciosa. 

La construcción teórica de la ciudadanía de proximidad retorna con fuerza en los días del movimiento alterglobalización que cuestiona la globalización neoliberal. Lo hace de la mano de David Harvey, con dos libros claves: Spaces of Hope [Espacios de esperanza] (2000) y Rebel Cities [Ciudades rebeldes] (2012)⁶. Harvey se inscribe en las tesis de Lefebvre y Castells para conectarlas tanto con las realidades emergentes del capitalismo postindustrial como con las nuevas dinámicas de acción colectiva (Foros Sociales Mundiales e intentos de tejer una sociedad civil global articulada desde las ciudades, a partir del emblemático impulso de la ciudad brasileña de Porto Alegre). Analiza la gentrificación y la segregación urbana –con sus lógicas especulativas de fondo– como procesos vinculados a la concentración de poder y riqueza que tiene lugar a principios del siglo xxi. Y enriquece el paradigma del derecho a la ciudad: lo concibe como un derecho social a decidir sobre la producción y la organización de los espacios cotidianos y refuerza la tesis de que las políticas urbanas alternativas operan como marcos que facilitan la reducción de las desigualdades materiales.

En el proceso hacia la cumbre Hábitat iii de la Organización de las Naciones Unidas (onu), reunida en Quito en 2016, se abren nuevas ventanas de oportunidad para la articulación de la Coalición Internacional para el Hábitat (hic, por sus siglas en inglés). La «internacional urbana», impulsada por la académica y activista Lorena Zárate, alza la bandera del derecho a la ciudad como dimensión cotidiana y comunitaria de todos los derechos básicos y como proyecto de reconstrucción colectiva de una ciudadanía democrática para el siglo xxi. El impulso logra que ese derecho quede incorporado al texto de la Nueva Agenda Urbana (2017) aprobada en Hábitat iii.

En este marco adquiere sentido una nueva aportación: Edward W. Soja y su libro En busca de la justicia espacial (2014)⁷. Soja trabaja sobre la dimensión espacial de las desigualdades sociales y su expresión en forma de vulnerabilidad y exclusión urbana. Sobre estas bases, construye el concepto de justicia espacial en tanto horizonte normativo de igualdad en clave territorial. Y lo defiende, sobre todo, como herramienta para la acción política: para construir justicia, más allá del Estado de bienestar clásico, a través de revoluciones de proximidad y del empoderamiento de las comunidades.

El nuevo municipalismo hoy: espacio de transformaciones, frustraciones y esperanzas

La Gran Recesión, la crisis económico-financiera que se desarrolló entre 2008 y 2014, empobreció a la sociedad, pero fueron las políticas de austeridad las que incrementaron la desigualdad y erosionaron las democracias. El programa neoliberal alcanzó su máxima expresión a través de privatizaciones y recortes, y las lógicas representativas empezaron a ceder ante modelos opacos y autoritarios de toma de decisiones. Siguió operando la globalización desregulada y los Estados tendieron a atrincherarse en estrategias de protección basadas en el endurecimiento de las políticas migratorias y en repliegues reaccionarios. El contrapunto, de nuevo, empezó a habitar en la política municipal. Muchas ciudades, en ese contexto, mantuvieron abierta la ventana democrática: gobiernos de proximidad tejieron apoyos frente a las vulnerabilidades, profundizando procesos de revolución verde o reconectando las instituciones al bien común. El nuevo municipalismo, desde estas coordenadas, empezó a dibujar puntos de encuentro entre fraternidad, arraigo y responsabilidad climática. Ciudades y gobiernos locales aparecen como protagonistas –como sujetos políticos– de un mundo en el que erigir alternativas practicables a injusticias globales y exclusiones estatales.

El ciclo político del nuevo municipalismo toma fuerza en las ciudades españolas. En 2015 irrumpe –en el marco cultural y de energías sociales del llamado movimiento de indignados del 15-m– un conjunto de candidaturas impulsadas desde espacios de movilización ciudadana, en confluencia con izquierdas alternativas diversas. Irrumpen y ganan: los resultados electorales muestran dinámicas de ruptura en clave local. El nuevo municipalismo se erige como referencia ganadora y de transformación, frente a los viejos esquemas del bipartidismo. Los nuevos sujetos articulan entonces la red de «ciudades del cambio», con alcaldías en cuatro de los cinco principales municipios de España: Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, además de otros como A Coruña, Santiago de Compostela, Iruña, Cádiz, Badalona... Los resultados de 2019 alteran temporalmente el escenario. En la capital española, el triunfo de Más Madrid queda eclipsado por la mayoría conservadora que retoma el gobierno local. Tampoco se revalidan las alcaldías de Zaragoza ni las de las grandes ciudades gallegas. En Barcelona, Valencia y Cádiz, sin embargo, el proyecto del nuevo municipalismo se refuerza, entre 2019 y 2023, con proyectos liderados respectivamente por Barcelona en Comú, Compromís y Adelante Andalucía. 

La experiencia de Barcelona (2015-2023) ha sido sin duda la más relevante por su intensidad local y por la capacidad de convertirse en referencia global. Pueden destacarse dos aportaciones claves. La candidatura de confluencia progresista de 2015, por un lado, transita hacia una «cooperativa de acción» de carácter municipalista. Se intenta consolidar un dispositivo político no asimilable a los partidos tradicionales: ni en su identidad (menos ideológica), ni en sus formas organizativas (más deliberativas), ni en sus horizontes estratégicos (más emancipatorios). El gobierno de Barcelona en Comú (BComú), por otro lado, impulsa giros estratégicos de agenda en tres ejes: socioeconómico (ampliación de derechos básicos), ecológico (transición verde) y democrático (acuerdos público-comunitarios), y explora lógicas de interacción con los movimientos urbanos para conjurar riesgos de desconexión ciudadana. Ello se traduce, por ejemplo, en tres tipos de transformaciones concretas: la obligación legal de que 30% de cada nuevo desarrollo inmobiliario se destine a vivienda protegida y asequible, impulsada junto al Sindicato de Inquilinas como herramienta contra la especulación; la gestión cívica de servicios e infraestructuras del barrio –centros culturales, bibliotecas, espacios deportivos– por parte de comunidades organizadas; y la cesión de espacios públicos municipales a redes comunitarias para construir vivienda cooperativa o desarrollar economía social y solidaria.

Hoy, en 2026, una década larga después de su irrupción, podría constatarse el fin, quizá provisional, del ciclo del nuevo municipalismo, al menos desde la perspectiva de las fórmulas de gobierno que lo protagonizaron. Sería exagerado, sin embargo, considerar agotada la fuerza de las ciudades del cambio. Cabe ubicarla, eso sí, en las nuevas coordenadas globales. Asistimos hoy a una dinámica de repliegue configurada por nuevas mezclas de materiales ideológicos. Se trata de una ola reaccionaria que prioriza estrategias de restauración de órdenes tradicionales. La agenda económica contra los derechos sociales –bandera del ciclo neoliberal– queda ahora parcialmente desplazada por una combinación de autocracia, jerarquías, binarismo, homogeneidad… Son discursos y prácticas forjadas desde repositorios de odio y exclusión; narrativas instaladas en la propagación de miedos, negacionismos y nostalgias; relatos que convocan a una suerte de pasados idílicos (que nunca existieron). El régimen de guerra –la invasión de Ucrania, el genocidio en Palestina, la nueva Doctrina Monroe en las Américas y la guerra en Irán– y la centralidad geopolítica de los Estados juegan a favor de las dinámicas de involución. Punitivismo, puritanismo y militarismo son sesgos de una misma pulsión reaccionaria que cruza sociedades, actores y propuestas políticas.

En este marco, y según una lógica ya conocida en coyunturas históricas precedentes, la política de proximidad vuelve a reconfigurar un espacio clave de esperanza: de rebeldía y reconstrucción democrática. Los avances recientes de la extrema derecha se dan en el ámbito de los Estados: forma parte o sostiene a ocho de los 27 gobiernos nacionales de la Unión Europea. No gobierna, en cambio, en ninguna de sus capitales ni grandes ciudades, ni siquiera como socio minoritario. Un gran número de metrópolis en todo el mundo resisten el ciclo reaccionario, forjando proyectos de transformación y de paz.

Algunos ejemplos relevantes. Hungría ha atravesado casi dos décadas de gobierno del nacional-conservador Viktor Orbán, con voluntad de autócrata; Budapest, en contraste, ha ido expresando un amplio apoyo al alcalde ecologista Gergely Karácsony, quien no solo ha desafiado la involución, sino que ha situado la ciudad al frente de la lucha por los derechos civiles. Suecia había sido a lo largo del siglo xx el paradigma de la socialdemocracia. Las cosas han cambiado: el llamado «bloque burgués» (liberales, demócrata-cristianos y el Partido Moderado) gobierna hoy el país nórdico con el apoyo de la extrema derecha. Pero no en Estocolmo. La ciudad sigue configurando mayorías progresistas. La alcaldesa socialdemócrata Karin Wanngård lidera el municipio con el apoyo de la izquierda y los verdes. Mientras Francia se ha inclinado hacia la derecha, con un peso creciente del partido Reagrupamiento Nacional (rn), París no lo ha hecho. La capital encadena 25 años de gobiernos plurales progresistas. Emmanuel Grégoire toma el testigo de Anne Hidalgo, la alcaldesa referente de la remunicipalización del agua y de la revolución verde en la ciudad. En Estados Unidos, en enero de 2025 Donald Trump asume la Presidencia. En enero de 2026, accede a la Alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani, nacido en Uganda, musulmán, activista comunitario y socialista democrático. Lo hace sobre la base de un programa de «radicalidades cotidianas»: congelamiento de alquileres, buses urbanos gratuitos, educación infantil para todos, red pública de alimentación a precios asequibles. Más allá de Nueva York, se expande en todo el país la ecuación política de gobiernos locales progresistas frente a la autocracia trumpista. Las ocho ciudades principales están gobernadas por los demócratas, y algunas de ellas con una fuerza creciente e inédita del ala más izquierdista, como Chicago con Brandon Johnson o Seattle con la activista Katie Wilson en la Alcaldía. Pero, en medio de los vientos reaccionarios, hay también contraejemplos: Madrid es gobernada por la derecha con políticas urbanas regresivas, y en América Latina Buenos Aires o Lima son gobernadas por fuerzas ubicadas en la derecha o la extrema derecha.

Las ciudades, laboratorios de transformación: políticas públicas y prácticas sociales

No se trata solo de un mosaico de buenos resultados electorales para el municipalismo de izquierda y ecologista. Ese abanico de ciudades que han ido construyendo políticas y alianzas progresistas articula hoy laboratorios de transformación e innovación. El derecho a la ciudad aparece como paradigma y cristaliza en clave de prácticas concretas: (a) ante la persistente cartografía urbana de las injusticias sociales, emerge la construcción del bienestar de proximidad desde valores e instrumentos que habían quedado relegados en el contrato social del siglo xx; (b) frente al legado de ciudades insostenibles y con graves problemas de injusticia espacial, surge un nuevo urbanismo feminista para hacer posible la vida en calles, plazas y barrios, y un nuevo ecologismo para proteger el clima y el planeta; (c) ante un esquema económico global donde las ciudades operan como plataformas de aterrizaje de un capital financiero desencadenante de burbujas especulativas, el derecho a la ciudad erige la apuesta por tejidos cooperativos articulados a las comunidades y generadores de sociabilidad; (d) frente a la vieja política desconectada del bien común, las ciudades progresistas articulan ecosistemas locales de innovación democrática sobre bases de construcción comunitaria y de participación ciudadana.

Esta agenda de políticas por el derecho a la ciudad ha cristalizado de forma diversa en ciudades también diversas. Las prácticas transformadoras configuran hoy un mosaico amplio de procesos y experiencias rebeldes que sitúan al municipalismo de izquierdas y ecologista en la vanguardia de la emancipación social. Veamos algunos ejemplos a partir de los tres grandes giros: social, ecológico y democrático.

Más allá del Estado de bienestar: la ampliación municipalista de derechos sociales

Destacan, en la dimensión de localización de derechos básicos, algunas apuestas innovadoras del municipalismo transformador, orientadas a la construcción de seguridades económicas y habitacionales. Un primer eje pasa por la exploración de caminos hacia la renta básica, en tanto que garantía universal e incondicional de bases materiales de existencia (Barcelona, Glasgow, Ontario, Utrecht…). En la capital catalana, el programa b-mincome, desarrollado por el gobierno de Barcelona en Comú, vinculó la renta ciudadana al fortalecimiento comunitario en barrios vulnerables. En eeuu, la Red de Alcaldías por un Ingreso Garantizado (mgi, por sus siglas en inglés) cuenta ya con 72 programas en 26 estados y más de 335 millones de dólares de inversión, en ciudades como Baltimore, Chicago o Minneapolis, entre otras. En el eje habitacional, destaca la centralidad del derecho a la vivienda. En un contexto global de fuertes presiones especulativas, el municipalismo progresista ha contribuido a armar un engranaje de instrumentos orientados a garantizar el acceso a viviendas asequibles y dignas, en tanto que derecho básico. Viena opera, desde hace décadas, como paradigma de creación de un extenso parque de vivienda pública municipal; Copenhague, Zúrich o Montevideo, por otro lado, han configurado estrategias altamente resilientes de vivienda cooperativa. En clave regulativa, París ha blindado la reserva obligatoria de pisos asequibles como herramienta de mixtura social; Berlín y Nueva York han desarrollado esquemas potentes de control municipal de rentas; Ámsterdam ha prohibido la compra especulativa; Helsinki ha erradicado el sinhogarismo a partir de una fuerte apuesta por el modelo housing first [la vivienda primero].

Más allá de la adaptación climática: las revoluciones verdes urbanas

El hilo verde va tejiendo transformaciones de proximidad. Se ha producido, de forma reciente, un giro sin precedentes: la irrupción y consolidación de gobiernos ecologistas en importantes ciudades. El contexto ha sido propicio. Los partidos verdes han ganado fuerza en muchos países y la crisis ecológica no solo se ha agudizado, sino que ha situado en el ámbito local buena parte de las políticas de respuesta: experiencias de transición energética, urbanismo sostenible, movilidad activa, soberanía alimentaria, etc. Las ciudades se han convertido en laboratorios de acción climática y descarbonización. La revolución verde urbana avanza frente a la tibieza (cuando no el negacionismo) de Estados y corporaciones. Copenhague está a punto de ser la primera gran ciudad neutra en carbono; Ámsterdam ha implementado amplias restricciones al uso del automóvil para llegar a emisiones cero en tráfico; Grenoble ha aprobado la plena gratuidad del transporte público; Estocolmo y Londres han implantado peajes urbanos en el núcleo de sus políticas de movilidad y como fuentes de recursos para financiar la transformación verde; Barcelona ha creado una empresa pública de energía, basada en fuentes renovables y generación de proximidad, como alternativa al oligopolio eléctrico; Berlín y París han desandado el camino mercantilizador de los bienes comunes con la remunicipalización del agua; Milán ha impulsado el pacto de políticas alimentarias, con la producción agroecológica en el núcleo de la estrategia, y Bristol ha creado una potente moneda local (Bristol pound) vinculada a la red de comercios de proximidad y a la soberanía alimentaria. Destaca, finalmente, la experiencia de Hernani (País Vasco) con su proyecto integral de transición ecosocial Hernani Burujabe [Hernani soberana]. El proyecto articula el tejido económico, social y administrativo del municipio en torno de ocho sectores estratégicos –energía, alimentación, cuidados, moneda local, telecomunicaciones, biodiversidad, trabajo y vivienda– organizados cada uno en mesas de soberanía donde colaboran ayuntamiento, ciudadanía y agentes económicos.

Más allá de la vieja política: la democracia comunal y ciudadana

El municipalismo transformador ha impulsado, a través del giro comunal y participativo, la ampliación del contrato social en clave democrática: ha tratado de articular lo institucional, lo comunitario y lo ciudadano. Ello implica trabajar en las intersecciones entre el carácter universalista de las políticas y el potencial cooperativo de las dinámicas de acción colectiva: construir una esfera de proximidad compartida orientada a vertebrar lo común en términos de democracia radical. En las últimas décadas ha emergido, por un lado, un abanico de prácticas sociales que conectan movilización y construcción de lo común («comunes urbanos»). Estas adoptan formas de «autonomía» urbana (viviendas recuperadas, espacios autogestionados, escuelas populares), innovación social (crianza compartida, huertos urbanos, economía solidaria) y apoyo mutuo (redes vecinales para enfrentar vulnerabilidades de tipo relacional o material). La conexión entre el ciclo municipalista y este tipo de acción colectiva ha hecho posible ir generando espacios de articulación de estructuras público-comunitarias. Por otro lado, las ciudades del cambio han abierto el segundo eje de la ventana democrática: la posibilidad de ahondar en modelos de participación ciudadana; de activar dinámicas de retorno de lo institucional a manos de la ciudadanía; de empujar los esquemas clásicos de participación consultiva hacia lógicas deliberativas, con más capacidad decisional. 

En Europa, Barcelona y Nápoles disponen de una estrategia de patrimonio ciudadano que fija tanto la gestión comunitaria de los equipamientos municipales como la autogestión cooperativa de espacios públicos. La red de gestión ciudadana de Barcelona supera los 60 espacios –centros cívicos, bibliotecas, instalaciones deportivas, centros de día–, administrados por plataformas vecinales bajo acuerdos de cooperación con el gobierno municipal, una de las experiencias de cogestión público-comunitaria más amplias de Europa.

La cesión de espacios municipales a la autogestión vecinal, por otro lado, tiene en Can Batlló su referente principal. En 2019, el gobierno de Barcelona en Comú cedió 13.000 metros cuadrados de ese viejo recinto industrial a una plataforma comunitaria. En 2021 se concretó el proyecto de instalar uno de los mayores espacios de economía cooperativa de Europa: 60 iniciativas vinculadas a los cuidados, la transición energética, la vivienda, la movilidad compartida, la cultura o la agroecología. En América Latina, Iztapalapa y Guadalajara han creado, respectivamente, las «Utopías» y las «Colmenas», infraestructuras sociales de alta calidad (espacios culturales, educativos y deportivos) en barrios de vulnerabilidad severa. Son, tomando el concepto de Eric Klinenberg, «palacios del pueblo» orientados a cristalizar, de forma simultánea, derechos sociales y lazos comunitarios. En el eje de la participación ciudadana, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (oidp) registra más de 200 experiencias municipales de presupuestos participativos y por encima de 40 asambleas deliberativas a escala local. En clave digital, la plataforma Decidim, nacida en Barcelona en 2016, ha articulado en esa ciudad 80 procesos participativos, con 150.000 personas registradas y 33.000 propuestas. Hoy la plataforma ha sido adoptada por 240 municipios y 150 organizaciones sociales, con 1.345.000 participantes en Europa y América Latina. 

A modo de síntesis: potencial y retos de las ciudades del cambio

Abrimos este artículo mencionando un doble reto: rescatar la relevancia histórica de lo local como esfera transformadora y construir una mirada sensible sobre el municipalismo emancipador, en el contexto actual de cambios estructurales. En pleno siglo xxi, las ciudades ganan centralidad en el marco de las dinámicas de cambio de época: el capitalismo digital y rentista es esencialmente urbano; la vivienda configura el eje principal de las desigualdades; la sociedad compleja y líquida se expresa en lo cotidiano; las metrópolis son responsables de 70% de las emisiones de calentamiento global... Las ciudades convocan hoy a disputar las grandes batallas colectivas: entre la especulación y la vida; entre la segregación y el bien común; entre la soledad y los vínculos; entre los combustibles fósiles y el futuro del planeta. Y lo hacen forjando nuevos proyectos colectivos y nuevos sujetos políticos. Un municipalismo de izquierda y ecologista que explora la ampliación de derechos sociales –más allá del Estado de bienestar– frente a privilegios aún inalterados; que pone en marcha revoluciones verdes y cooperativas frente al capitalismo fósil y sus petroestados; que radicaliza la democracia frente a la autocratización estadocéntrica del mundo; que articula redes horizontales de ciudades frente a la anacrónica geopolítica de los Estados. Un municipalismo donde cuajan actores desde lógicas de confluencia y reconocimiento mutuo, con menos intransigencias y miedos que los mostrados por las fuerzas políticas en ámbitos nacionales. Es en las ciudades donde los frentes amplios han ganado; donde incluso los partidos tradicionales han apostado por dosis más elevadas de audacia política.

Claro que todo ello enfrenta dificultades. El derecho a la ciudad –como paradigma del municipalismo transformador‒ está constreñido por dinámicas (especulación inmobiliaria, crisis climática, desigualdades, migraciones y digitalización, entre otras), cuyos factores desencadenantes e impactos operan en escalas globales. El ámbito local, por sí solo, resulta insuficiente para embridar esas dinámicas de fondo, arraigadas en el núcleo del capitalismo rentista y fósil. Sucede, sin embargo, que sin capacidades de respuesta urbana, tampoco hay salida democrática y de mayorías. Superar ese dilema requiere, por lo menos, transitar dos procesos:
(a) El fortalecimiento, por un lado, de las bases económicas y políticas del municipalismo. Los poderes locales deberían poder gestionar un porcentaje significativo del conjunto de recursos públicos de cada Estado. Y deberían ganar soberanía, conquistar el derecho a decidir sobre el control de alquileres, sobre la gestión del agua y de la energía, sobre el acceso a la plena ciudadanía de sus habitantes, entre otras cuestiones.
(b) El fortalecimiento de las redes de ciudades para avanzar hacia una gobernanza global post-estatal, basada en interdependencias y en soberanías acordadas y compartidas: redes que sitúen a las ciudades en el núcleo de las instituciones internacionales (como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la principal organización mundial de municipios, o Eurocities, su equivalente europeo) y redes para transferir políticas, alianzas sociales y aprendizajes (como c40, de ciudades por el clima, o los Gobiernos Locales por la Sostenibilidad).

La centralidad política y simbólica de los Estados resulta aún abrumadora, pero ahí están las «ciudades sin miedo» tejiendo tramas de esperanza democrática. La disputa sigue abierta. Y el municipalismo –con raíces en prácticas y memorias populares– muestra argumentos y fuerza para retomar, barrio a barrio, caminos de humanidad.