Opinión
agosto 2016

Perú dice «Ni una menos»

Desde 2009, un promedio de diez mujeres son asesinadas mensualmente en contextos de femicidio. El movimiento ciudadano «Ni una Menos» logra lo que no pudo la política pública en Perú.

Perú dice «Ni una menos»

El 15 de julio un tribunal dio prisión suspendida de un año a Adriano Pozo, un joven que arrastró tirando de los cabellos a su ex pareja por la recepción de un hostal luego de intentar violarla. La versión de Pozo, hijo de un regidor provincial bien contactado con las autoridades judiciales de la región Ayacucho, pesó más en la sentencia, pues los magistrados afirmaron no haber encontrado pruebas del intento de violación a Arlette Contreras ni de intento de femicidio. Cuatro días después, un juzgado en Lima absolvió por el delito de secuestro a Rony García, quien en 2012 golpeó salvajemente a Lady Guillén: lo sentenció a cuatro años de prisión suspendida por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Ambas tienen miedo de que sus agresores las maten. Ante tales sentencias, el nacimiento en Facebook del grupo llamado «Ni una menos» , resultó trascendente. Al igual que en otros países, particularmente Argentina, la iniciativa consiguió movilizar a la sociedad civil y a las instituciones públicas y privadas para organizar una marcha nacional e internacional que exija al sistema judicial un trato adecuado a las mujeres que sufren violencia.

El primer logro antes de la marcha del 13 de agosto ha sido una decisión del Poder Judicial –el jueves 11– de incluir como obligatoria una capacitación en enfoque de género para los jueces, y en la víspera conformó una comisión de justicia de género en la judicatura con el objeto de «contrarrestar la desigualdad y la discriminación, y remediar situaciones asimétricas de poder».

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha denominado la iniciativa Plan Nacional de Capacitación de Jueces sobre Justicia con Perspectiva de Género. La misma tiene como objetivo otorgar herramientas que permitan «conocer adecuadamente, prevenir y atender de manera integral los casos de violencia de género». El mismo día, una veintena de jóvenes realizaron una intervención ciudadana en las escalinatas del Palacio de Justicia en el centro de Lima, escenificando la imagen que se viralizó el mes pasado, de Arlette Contreras gritando mientras era golpeada y arrastrada de los cabellos: las parejas repetían el hecho, para reiterar una prueba –un video– que no fue tomado en cuenta por la corte ayacuchana. La imagen fue similar, en efecto, a una caricatura de Carlín Tovar, en el diario La República, en la que los miembros de la sala que falló contra Contreras dicen al agresor «Solo hay lesiones leves, puede irse con libertad condicional», frente a la joven en el piso, jaloneada por Pozo, desnudo, igual al video de circuito cerrado del alojamiento.

Las organizadoras de la movilización del 13 de agosto, entre las que se encuentran la artista plástica Natalia Iguiñiz, la filósofa Jimena Ledgard y la popular actriz Monica Sánchez, pusieron énfasis en convocar a familias y niños, no solo a mujeres que se identifiquen con las mujeres violentadas y maltratadas por sus parejas y por el sistema de justicia.

Perú ocupó hasta 2012 el primer lugar por cantidad de casos de violación sexual en Latinoamérica: según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA, el país andino tiene una tasa de 28 víctimas por cada 10.000 habitantes, de violación denunciada a la policía. Es decir, ocupa ahora el segundo escalón luego de Bolivia.

Sumándose a «Ni Una Menos», la Defensoría del Pueblo reveló en agosto que entre 2009 y 2015, un promedio mensual de diez mujeres han sido asesinadas en Perú en situaciones de femicidio, y que el es el tercer país con los más altos índices de violencia en femicidios íntimos, de acuerdo a la CEPAL.

Además, en el último año más de 163.300 mujeres fueron violentadas sexualmente por parte de sus parejas. Entre el 2006 y el 2015 el Ministerio Público recibió 174.895 denuncias de delitos contra la libertad sexual, pero muchos casos no llegan hasta ese nivel, pues las mujeres reciben maltrato verbal en las comisarías cuando suelen intentar denunciar una agresión o una violación. Los policías suelen preguntarles ¿Qué habrás hecho para que te golpeen? o ¿cómo estaba vestida?

Los medios

Como si las dos sentencias de julio no hubieran sido suficientes para alertar a los medios de la necesidad de un tratamiento cuidadoso en la información sobre las agresiones contra la mujer, el diario más vendido en Iberoamérica, Trome, editado en Perú por el Grupo El Comercio, y la principal radio del país, reportaron un femicidio como una anécdota de un jugador del videojuego Dota. «Popular youtuber de Dota asesinó a mujer que se negó a tener relaciones», reportó RPP Noticias; y Trome colocó la noticia en la sección Tecnología: «Dota 2: joven asesinó a cuchilladas a su amiga tras intentar abusar de ella».

«A Marielena la recogí de su casa y en mi auto nos fuimos a mi casa en San Isidro. Pedimos pizza y le dije para tener relaciones sexuales y ella se negó. Insistí y salió corriendo, pero luego la tranquilicé e hice que suba al carro para irnos”, relató Trome.

Erick Espinal, de 20 años, ya había sido denunciado a la policía en febrero porque intentó hacer lo mismo con otra joven, pero ésta logró escapar y salvar su vida. La Policía Nacional lo soltó.

Los casos, no cesan en cantidad ni en la magnitud de la violencia: el 8 de agosto, el tabloide Trome informó que un hombre atacó con un ladrillo a su conviviente porque la comida que preparó estaba muy picante. Esta vez, el diario incluyó el cintillo de «Ni una menos», al lado de la noticia.

También el semanario Caretas generó una fuerte polémica al ofrecer la portada a Adriano Pozo en una foto con actitud de autosuficiencia, y una entrevista concesiva, suave. La revista respondió argumentando que solo quiso obtener respuestas del agresor de Arlette Contreras, «pero de ninguna manera pretendemos mantener una cómplice neutralidad. Basta una primera mirada a la portada de la última edición para constatar que las tintas están cargadas contra el indignante fenómeno del femicidio», alegó.

Las voces contra «Ni una menos», sin embargo, están activas. Las críticas al feminismo, al enfoque de género y al contenido político del movimiento, son evidentes. La Iglesia Católica, en particular el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, ha sido furibundo contra el movimiento. Pero también políticos y ciudadanos de a pie han manifestado su oposición al mismo. Sin embargo, la ola en Facebook y en las calles es poderosa. La piedra ha empezado a rodar y la movilización del 13 de agosto lo ha dejado claro. El respeto a la mujer y a sus derechos son un imperativo ético. La sociedad peruana parece haberse hecho cargo de ello.


En este artículo


Newsletter

Suscribase al newsletter