Opinión
noviembre 2019

Lula suelto en el país de Bolsonaro

La libertad de Lula no solo tiene efectos directos para la izquierda y el progresismo de Brasil. También afecta claramente a un bolsonarismo que sufre fuertes disputas y crisis internas. Aunque la Justicia acaba de ratificar la condena al ex mandatario, Lula todavía sigue en libertad. Sus movimientos políticos están enviando mensajes claros a la ciudadanía brasileña.

Lula suelto en el país de Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva es un personaje singular. Se abrió camino entre las filas del sindicalismo oficial durante la dictadura militar para emerger, a fines de la década de 1970, como el hombre que supo reinsertar al movimiento obrero entre los protagonistas de la política brasileña. Se negó a liderar la oposición burguesa en la transición democrática y fundó su propio partido, con el que al mismo tiempo se apartó de los esquemas típicos de las izquierdas para beber directamente de la experiencia de los trabajadores. Adaptándose al juego político tradicional, buscó activamente una política de conciliación que permitiera hacer frente a las necesidades de la población pobre sin encarnar una amenaza a los privilegios de la clase dominante. Víctima de la mayor campaña de persecución mediática, policial y judicial en la historia de Brasil, mantuvo alta su popularidad y fue necesario que lo condenaran y encarcelaran, tras un proceso probadamente fraudulento y a contrapelo de la Constitución, para que no pudiera capitanear una victoria de la centroizquierda en las elecciones presidenciales de 2018 y, por esa vía, poner en jaque el proyecto instalado tras el golpe de 2016.

Así las cosas, es normal que su liberación después de haber pasado 580 días en la cárcel haya causado un profundo impacto en la coyuntura política brasileña. Respecto de esto, voy a analizar brevemente tres dimensiones.

El significado de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF)

La liberación de Lula fue propiciada por una decisión judicial que restableció la vigencia del artículo 5º de la Constitución Federal. De acuerdo con algunas lecturas, tal liberación pasó a ser un desenlace previsible desde el momento en que ya estaba logrado el objetivo principal de la puesta en prisión (retirar al ex-presidente de la contienda electoral de 2018). Sin embargo, el hecho de que pasaran más de diez meses entre la asunción del nuevo gobierno y la decisión del STF de liberar a Lula –decisión a la que se arribó, por lo demás, tras una votación muy disputada–, demuestra que tal desenlace no era del todo obvio. El episodio más bien revelaría una fractura en las fuerzas que se unieron en 2016 para asestar el golpe que destituyó de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, ello en la medida en que tales fuerzas podrían estar parcialmente representadas entre los ministros del STF. Existen, entre estos magistrados, zonas de consenso o cuasi consenso: en general se oponen a las iniciativas iliberales del gobierno de Jair Bolsonaro en terrenos como la libertad de expresión o los derechos de las minorías sexuales, al tiempo que tienden a respaldarlo en lo tocante al recorte de derechos para la clase trabajadora y la extranjerización de la economía. Pero hay divergencias internas respecto de la continuidad del punitivismo estatal y la criminalización de la izquierda política. Están, en otras palabras, quienes abogan por apuntalar el orden autoritario regido por la Constitución de 1988 y quienes, por el contrario, proponen una revisión. La liberación de Lula estaría mostrando que actualmente en el STF se conformó una mayoría favorable a la revisión.

La reacción de la derecha política

La puesta en libertad de Lula se da en un momento de fuertes disputas internas dentro de la derecha triunfante. En un gesto inédito para un presidente de la República, Bolsonaro se desafilió de su propio partido, rompió con sus líneas directivas y con el grueso de su bancada en el Congreso y pasó a dirigir sus esfuerzos hacia la creación de una nueva organización en la cual el rasgo esencial ha de ser la lealtad personal a su rol de líder. Hay una pelea por el liderazgo de la extrema derecha entre Bolsonaro y los sectores que se habían unido a él de cara a las elecciones pasadas. Y hay una tensión creciente con los sectores de la derecha menos radicalizada, la cual, después de ver a sus candidatos derrotados en primera vuelta en 2018, prefirió apoyar a Bolsonaro antes que reabrir negociaciones con el Partido de los Trabajadores (PT), pero hoy desea marcar distancia respecto de las actitudes más ostensiblemente autoritarias e insensatas del actual gobierno.

Bolsonaro y sus competidores de ultraderecha se pelean por la apropiación de la postura anti-Lula, es decir, cada uno de ellos quiere presentarse como la única esperanza para salvar al país del retorno del PT al poder. La derecha más moderada hoy vuelve a invertir en un discurso de superación de la «polarización» (una polarización bastante asimétrica, puesto que Lula representa a una izquierda muy cercana al centro), pese a que con ese discurso fracasaron en las elecciones de 2018. El dato más relevante, de todos modos, es que la decisión del STF obliga a los grupos conservadores, ya sean radicales o moderados, a repensar su confianza en aquel discurso criminalizador de la izquierda esgrimido desde los días de preparación del golpe de 2016. Hoy cabe incluso la posibilidad de que se anulen los cargos contra Lula: la parcialidad de los jueces, siempre denunciada por la defensa, ha quedado ampliamente probada con la exposición de mensajes cruzados entre ellos y el grupo de tareas del Ministerio Público Federal. Una derrota contundente del punitivismo selectivo obligará a la derecha brasileña a recalcular sus movimientos.

La reacción en la izquierda

Desde el tiempo en que se tramó la destitución de la presidenta Rousseff, Lula dejó en claro su ambición de relanzar el compromiso que en 2002 les permitió llegar al poder a él y al PT. Incluso estando preso, mostró esa misma voluntad desde el momento en que se le permitió recibir a los medios de prensa. El «lulismo», como suele denominarse ese proyecto, ajusta los intereses de los grupos privilegiados –tanto de la élite política corrupta como de los banqueros y empresarios– para permitir la adopción de políticas compensatorias en favor de los más pobres. Pero no parece ser nada fácil que pueda reeditarse ese proyecto, ya que el sentido del golpe de 2016, de la persecución contra el propio Lula y de la inclinación algo sorprendente de la derecha moderada en favor de Bolsonaro en 2018 fue impedir el reconocimiento del campo popular como interlocutor legítimo dentro del debate político. Eso hace, por lo tanto, que no haya interés en volver a negociar con el PT.

Desde su liberación, Lula viene haciendo movimientos ambiguos. Por un lado, envía emisarios a entablar conversaciones con los líderes de la derecha tradicional como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Por ese camino, las políticas de reducción del Estado, venta de recursos públicos y recorte de derechos sociales, que constituyeron el programa de gobierno de quienes derrocaron a Rousseff, permanecerían (casi) intactas. El objetivo sería restaurar las instituciones del Estado democrático de derecho y volver al gobierno en las elecciones de 2022 sobre la base de una nueva coalición más amplia, pero con un horizonte de transformación social más reducido. Por otro lado, y en lo que toca a la militancia, Lula ha orientado sus críticas al costo social de las medidas tomadas por Bolsonaro y ha convocado a que Brasil siga el ejemplo de Chile, esto es, a que la gente salga a las calles en manifestaciones masivas y continuas. Pero son pocos los analistas que creen que esta veta de Lula –tan cercana al líder sindical que fue hace cuatro décadas– sea la que acabe prevaleciendo.

Para los líderes de los partidos de centroizquierda rivales del PT, la libertad de Lula significa una reducción significativa de sus espacios políticos. Para los que están a la izquierda del PT, sigue siendo grande el desafío de encontrar un camino propio. El golpe que derrocó a Rousseff y la persecución de Lula y otros líderes petistas impusieron la necesidad de solidarizarse con el PT y poner en segundo plano las críticas que hasta entonces le hacían. Ahora, con el ex-presidente libre pero aún en el centro de los ataques constantes de la extrema derecha, a la izquierda más distante respecto del PT se le hace necesario un gran esfuerzo a fin de encauzar un discurso que sea capaz de defender los derechos políticos de Lula y el PT manteniendo una distancia clara frente a sus estrategias. Para las elecciones de 2018 ese esfuerzo fracasó: el principal candidato a la izquierda del PT, Guilherme Boulos, hizo de la libertad de Lula una de las principales banderas de su campaña, pero terminó obteniendo menos de 1% de los votos.


Traducción: Cristian De Nápoli



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