Bernardo Guarachi es el más célebre escalador boliviano, el primero en subir al Everest. Hace diez años, sus habilidades sirvieron a las autoridades para detectar minas ilegales de oro que operaban en las laderas del Illimani, un nevado de 6.460 metros de altura cercano a La Paz, la capital administrativa de Bolivia. En una exploración de su cara oriental, Guarachi encontró, entre decenas de campamentos mineros locales, rastros de de operaciones chinas. Los chinos van y vienen de esta montaña, considerada una deidad protectora de La Paz. Recorrida por ríos formados por deshielo, que dejaron de ser limpios y cristalinos, el Illimani se ha convertido en otra víctima de la «fiebre del oro» que padece el país desde la década de 2010 y que se ha exacerbado en la presente década.

En 2009, Bolivia producía unas siete toneladas de oro anuales. En 2022 fueron 53 toneladas; en 2026, pese al crecimiento exponencial del contrabando, de todas formas se registrarán, según algunos pronósticos, unas 20 toneladas legales. 

Dos causas explican este auge del oro: el precio internacional del metal, que en la última década se ha disparado -un kilogramo costaba alrededor de 45.000 dólares en 2013 y ahora se encuentra en torno de los 140.000 dólares-, y la sencillez técnica de explotar oro en el país, donde generalmente se presenta en yacimientos aluviales, es decir, en las orillas y el fondo de los cursos de agua. Hay excepciones como las explotaciones en el Illimani, que necesitan perforar la roca. Pero la cuenca aurífera tradicional de Bolivia está bastante al norte del departamento de La Paz. Mientras la sede de gobierno se halla en la cordillera oriental de los Andes, el norte de La Paz es parte de la cuenca amazónica. Allí solo se necesita dragas y tractores para mover la tierra y cernirla y, luego, mercurio para separar por amalgamación el oro del material al que suele estar adherido. 

Así, agotados los yacimientos que explotaban las grandes compañías en distintos puntos del país hacia la primera década del siglo XXI, hoy alrededor de 95% de la producción se debe a la microminería realizada por cooperativas. A su vez, 70% de estas pequeñas explotaciones está concentrado en la zona de producción tradicional. En esta zona, municipios como Tipuani o Quime tienen casi todo su territorio solicitado para actividades mineras: lo único que queda fuera es el pueblo.

La imagen predominante en estos lugares es muy similar a la del gambusino que inmortalizaron las películas estadounidenses, excepto porque el pico y la mula han sido sustituidos por el tractor y la camioneta. A pesar de su precariedad tecnológica, la alta ley del oro amazónico ha permitido una rápida respuesta de las cooperativas bolivianas a los altos precios de los últimos años, tal como muestran José Peres-Cajías y Nigel Caspa en su libro Capital y trabajo. Una historia económica de la minería boliviana 1900-2025 (La Paz, Plural Editores, 2025).  

Un sistema poroso

La facilidad en la explotación de oro tiene un componente que no es técnico, sino legal: el laberíntico y poroso sistema de concesiones mineras. Según la Fundación Solón, hay unas 8.000 nuevas solicitudes de áreas aun no tomadas a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que es la institución que concede los derechos mineros. En muchas ocasiones, los interesados suponen que basta presentar la solicitud para comenzar a trabajar en el sitio reclamado. También existen «atajos para no cumplir la norma completa y trabajar sin licencia ambiental, sin consulta previa a los pueblos indígenas (o, si esta se hace, es muy informal)», apunta el ambientalista Pablo Solón. 

De acuerdo a esta fuente, solo 10% de los trámites realizados ante la AJAM han concluido en contratos mineros en regla. 30% están en revisión por más de una década y el resto son solicitudes aun no procesadas.

Coincidentemente, los mineros del oro acusan a la AJAM de «no darles seguridad jurídica». Según ellos, los contratos de derechos mineros tardan mucho en formalizarse y rara vez se concluyen de manera definitiva, porque deben ser aprobados en último término por el Parlamento. Además, se produce una constante disputa entre cooperativas, y entre cooperativas y pueblos indígenas, por la titularidad de las áreas de explotación. En algunos casos, por ejemplo en la zona de Apolo, ha habido enfrentamientos armados entre estos sectores.

La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL) cree que las dificultades jurídicas favorecen a la minería ilegal. Denuncia que la AJAM les da autorizaciones y luego se las quita, y sospecha de que haya sobornos de por medio. También denuncia que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas les ha permitido actuar en los parques naturales por años y un buen día se los ha prohibido. En fin, considera que el sector aurífero es un caos por las contradicciones y vacíos jurídicos que existen, así como por la falta de coordinación entre los ministerios y las agencias mineras del Estado. 

La minería de supervivencia reapareció de forma masiva en Bolivia en los años 80, tras la quiebra y el cierre de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), privatizada por dos vías: los mejores yacimientos se vendieron a grandes empresarios y los otros se entregaron a los trabajadores mineros, que constituyeron cooperativas para explotarlos. Estas recibieron apoyo constante del Estado: concesiones de yacimientos, maquinaria y una baja presión tributaria, mucho menor que la que se aplica a las mineras privadas y estatales. Peres-Cajías y Caspa calculan, en el libro antes citado, que en 2021 existían unas 2.380 cooperativas mineras, de las cuales más de 1.500 se dedicaban a la explotación aurífera. 

En general, esta la realizan cooperativas con pocos «socios», que tienen prohibido contratar asalariados y pagan muy pocos impuestos (habitualmente 2,5% en concepto de regalía, frente a una tasa legal que puede llegar a 7% para determinados yacimientos). Sin embargo, algunas han admitido inversiones de súbditos chinos y colombianos, y de empresas nacionales de pocos escrúpulos que se camuflan como cooperativistas para evadir impuestos. Hace poco, la Gobernación de La Paz, que es oficialista, exigió que la AJAM actuara contra la minería ilegal del oro, pero es improbable que su llamado sea escuchado en las condiciones actuales, mientras el gobierno de Rodrigo Paz esté negociando con los cooperativistas una nueva ley minera.

Uno de los escasos operativos policiales realizados contra la minería ilegal de oro data de julio de 2023, mientras gobernaba Luis Arce. 27 dragas flotantes que explotaban el metal precioso en el río Madre de Dios fueron voladas por la Policía, como establece la ley minera. Los 57 mineros aprehendidos en el operativo eran empleados asalariados de la cooperativa Asobal, pero figuraban como «voluntarios» para que esta no fuera considerada una compañía minera grande. Según las autoridades, Asobal no contaba con permiso de explotación ni licencia ambiental y usaba mercurio «de forma descontrolada».  

El Gobierno esgrimió razones ambientales, en particular la protección de los indígenas que viven en el río y sufren la contaminación por mercurio. Pero dos de los detenidos eran indígenas lecos y este pueblo, junto con los vecinos de la ciudad de Riberalta, protestaron contra el operativo en nombre de la «libertad de trabajo».

Estos datos mostraron los complejos desafíos que este auge minero plantea a la sociedad boliviana: por un lado, es una oportunidad de trabajo y enriquecimiento en un país que tiene muy pocas y por eso es defendida por la gente de los sitios en los que opera, inclusive por los pueblos indígenas que son las principales víctimas de la contaminación minera en la Amazonia. Por el otro lado, reviste las características de una economía criminal, con la mayor parte de los agentes actuando sin permisos en regla, contaminando seriamente el ambiente y estableciendo relaciones ilegales con inversiones extranjeras que, gracias a ellos, no pagan regalías ni impuestos por operaciones multimillonarias.

La fiebre del oro llegó hasta tal punto que, ya en 2009, en la localidad paceña de Palca los vecinos comenzaron a cavar pozos en los patios de sus propias casas —algunos de hasta 14 metros de profundidad-, llegando a horadar el subsuelo bajo la escuela y la iglesia del pueblo. Una década y media después, pobladores como Henry Apuri en el municipio de Teoponte, ven cómo los pozos mineros -que hace años estaban a 400 metros del río- se han acercado a apenas 20 metros de su vivienda, convertida en el borde de un cráter abierto por una cooperativa sin licencia ambiental.

Pueblos envenenados

El mercurio es considerado venenoso para animales y seres humanos, así que el Convenio de Minamata busca su reducción y eliminación de los procesos mineros e industriales de todo el mundo. Bolivia ha firmado y ratificado este convenio, pero no lo cumple. 

En 2016, el país alcanzó su pico histórico de importación de mercurio, con 238 toneladas, consolidándose como uno de los mayores importadores de esta sustancia tóxica en el mundo. Aunque esa cifra bajó en los años siguientes, en 2023 el país todavía importó 71 toneladas, una cantidad que sigue siendo alta y peligrosa.

Varios análisis bioquímicos han concluido que los miembros de las comunidades indígenas esse ejja, lecos, mosetenes chimanes, tacanas y uchupiamonas que viven en torno a dos ríos de la cuenca amazónica boliviana, el Madre de Dios y el Beni, tienen entre dos y siete veces más mercurio en el cuerpo que lo normal. En mayo de 2023, el científico colombiano Jesús Olivero-Verbel contó que había realizado evaluaciones del estado de salud de los indígenas y «fue notable el reporte de la pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales para un buen número de personas». Esto indicaba que su dieta, basada en pescado, los estaba envenenando. En el periodo colonial de la historia de Bolivia, el mercurio se usó para explotar plata, se llevó incontables vidas de indígenas y seguramente acortó y empeoró la existencia de muchos españoles. Hoy el problema vuelve a ser acuciante.

El tratamiento del oro con mercurio puede ser sustituido por una tecnología gravimétrica y de fundición directa que no es muy cara y que permite una recuperación mayor del mineral. Sin embargo, al mismo tiempo requiere más capacitación y unas inversiones que los mineros creen que deben correr por cuenta del Estado. Hasta ahora no se ha avanzado en esta sustitución.

Una parte importante de la población está preocupada por el cooperativismo minero no solamente por sus efectos sobre el medioambiente, sino también porque este sector está recibiendo una gran cantidad de dinero y, al mismo tiempo, se niega a aportar con más seriedad al fisco, a fin de ayudar a financiar las actividades del Estado, sobre todo en un momento de crisis como el actual.  

Reservas y contrabando

El 22 de julio, el personal de Aduanas del aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra detuvo cuatro maletas con 77 lingotes de oro que iban a abordar un vuelo charter con destino a Dubái. Era oro de contrabando porque carecía del permiso de exportación que emite el Banco Central de Bolivia (BCB), que goza de prioridad para comprar el oro que produce el país a fin de atesorarlo como parte de sus reservas internacionales.

El problema es que el BCB paga en bolivianos y no en dólares, que escasean de forma severa en el país. Su propósito, justamente, es hacer refinar en el extranjero el oro que compra y luego venderlo para acumular divisas internacionales. Así que los productores y comercializadores el metal prefieren exportar por su cuenta y no sufrir el riesgo cambiario. Esta es una de las razones por las que los especialistas calculan que el contrabando exportador del oro en Bolivia ha llegado a ser de unos 5.000 millones de dólares por año, muchísimo si se toma en cuenta que las exportaciones legales de 2025 ascendieron solamente a 1.485 millones de dólares (12 toneladas en oro bruto y tres toneladas y media en joyería) según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En 2022, antes de que existiera el certificado de exportación de oro del BCB, la venta declarada al extranjero era mucho mayor: unas 53 toneladas. Con ello, ese año el oro fue el principal producto de exportación del país, por un valor de 3.000 millones de dólares. En 2025, en cambio, pasó al tercer lugar, detrás de la plata y el zinc.

Sin embargo, la estadística de 2022 tampoco era muy confiable. Ignoraba el contrabando, que entonces era menor pero existía, y pasaba por alto que parte de las 53 toneladas que salieron de Bolivia fueron transportadas –igualmente de contrabando– desde Perú para eludir las regulaciones de ese país, más rígidas que las bolivianas. Esa triangulación era posible porque en 2022 todavía abundaban los dólares en Bolivia, necesarios para pagar a los proveedores peruanos; hoy, con la escasez de divisas, ese flujo específico se ha reducido bastante —aunque el contrabando de oro boliviano hacia terceros países, como se vio antes, no ha dejado de crecer—.

El decomiso de los 77 lingotes en Viru Viru dio origen a una de las muchas telenovelas políticas en las que participa el gobierno de Rodrigo Paz. Seis personas fueron liberadas rápidamente. El único detenido fue un joven de clase alta que algunos informes vincularon con una de las hijas del presidente. Este lo negó: «me parece una grosería», dijo. Poco después, pasó a detención domiciliaria. 

La casa comercializadora del oro decomisado, Emporio Dorado, cerró sus puertas. Si la Fiscalía la está investigado, no ha trascendido a la prensa. Además, hubo una amarga polémica sobre si se retuvieron 189 kilos, con un valor de casi 25 millones de dólares, como informó la Policía, o si eran 211 kilos y alguna autoridad se había quedado con la diferencia. También se escuchó que la entrega de certificados de exportación de oro, que ya generaba negocios ilegales durante el gobierno de Luis Arce (que inventó tales certificados), sigue haciéndolo en el gobierno actual, que ha centralizado los permisos en pocas empresas comercializadoras de gran poder económico. 

La crisis económica que vive Bolivia ha traído sufrimiento a la mayoría de las familias, pero también ha abierto oportunidades de corrupción para algunos privilegiados. El certificado de exportación de oro es un ejemplo de ello. Busca incrementar las reservas internacionales del país mediante compras del BCB a los productores bolivianos, que solo se autorizaron a mediados de 2023 y que en 2024 —el primer año completo bajo el nuevo mecanismo— alcanzaron 14,5 toneladas, por un valor cercano a los 1.200 millones de dólares. Parte de ese oro se vendió luego en el mercado internacional para financiar la importación de combustibles y otros insumos básicos que el país necesitaba. Al mismo tiempo, los certificados han multiplicado el contrabando exportador.

Aun así, si se considera que en 2025 las regalías por la minería del oro no llegaron a 60 millones de dólares, es probable que la mayor contribución de esta actividad a la economía nacional no venga de los impuestos, sino de la incorporación de ese oro a las reservas internacionales del BCB.

¿Los cooperativistas como chivos expiatorios?

El sector cooperativista es uno de los más impopulares del país. Este rechazo ha estado basado en que algunas cooperativas del oro son en realidad empresas capitalistas que tienen empleados asalariados y obtienen beneficios significativos. Se asegura a menudo que «todos los cooperativistas son ricos». Esto no es completamente cierto, pues lo predominante sigue siendo la minería de «supervivencia», aunque sin duda quienes tienen la oportunidad de involucrarse en la explotación de oro han gozado de unos últimos 15 años espectaculares. Pero no se trata solo de un problema económico. El desprecio contra los cooperativistas mineros está relacionado, en gran medida, con la cercanía de este sector de origen indígena a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) entre 2006 y 2025. Durante este tiempo tuvieron una fuerte representación en diferentes instituciones y mostraron fuerza política suficiente para oponerse a medidas como el incremento de los impuestos mineros. 

Un meme muy famoso que circula en las redes sociales bolivianas dice: «Ni oro ni coca, el bosque no se toca», que relaciona al metal con el cultivo de hoja de coca, cuyos cultivadores eran el núcleo duro del MAS. Este mensaje choca contra los migrantes indígenas que han ido desde la montañas hasta los llanos bolivianos para dedicarse a la minería y la agricultura. Pero se olvida de otros actores, oriundos de esta misma zona geográfica, que también tienen su cuota parte en la destrucción del medio ambiente, como ganaderos, madereros y sojeros. En algún sentido, los mineros del oro se han convertido en el chivo expiatorio de la destrucción ambiental que sufre el país. Dirigiendo toda la furia social contra este conglomerado, al que se rechaza especialmente porque se lo considera «masista» (por el MAS), adjetivo que se ha usado a menudo para decir «indígena», se ha redirigido el malestar de la sociedad por la depredación ambiental lejos de otros actores más poderosos y distinguidos.

Sin embargo, la FECMABOL no ayuda a mejorar su imagen al plantear la demanda de que se legalice la situación de sus afiliados que tienen presencia en las áreas protegidas, con el argumento de que sus derechos son «preconstituidos», es decir previos a la decisión de crear estas áreas. Tal demanda ha sido rechazada por una amplia mayoría de de los bolivianos. La principal preocupación ciudadana es el impacto que está teniendo la minería en un área protegida en particular: el Madidi, el parque natural con la mayor biodiversidad de fauna y flora del mundo, que está situado en la principal zona de actividad aurífera del país. En ella comienzan los ríos, como el Madre de Dios, que terminan en el Amazonas. En estos ríos está el oro. Este se acumula en el fondo y en las orillas de las corrientes de agua que, a lo largo de miles de años, han «lavado» los yacimientos originarios.

Se esperaba que el cambio de gobierno y de ciclo político marcado por el giro a la derecha significase una reducción del margen de acción del cooperativismo minero, pero esto solo ha ocurrido de forma contradictoria. Al mismo tiempo que ya no se ven viceministros y funcionarios del gobierno salidos de las cooperativas mineras, estas mostraron en un reciente conflicto con Rodrigo Paz que siguen teniendo la capacidad de defender las facilidades legales y tributarias que las benefician. Tras sumarse a los fuertes bloqueos campesinos que fracasaron en la busca de la renuncia del presidente en mayo y junio de este año, lograron un compromiso por separado con el gobierno para que se vuelva a poner en vigencia el reglamento de minería en áreas protegidas, suspendido por la anterior gestión gubernamental de Arce, y por tanto para que las actividades en estas áreas, que no ha parado, dejen de ser ilegales. Además, Paz les prometió más concesiones, combustible (que escasea en el país porque no hay suficientes dólares para importarlo) y otras ventajas. 

El compromiso oficial de apoyar al sector no se ha realizado aún, pero el gobierno sostiene una ronda de reuniones con los actores mineros de todos los tamaños («Cumbre minera») para implicarlos en la redacción de una nueva ley minera que se estima esté lista en octubre de 2026.