Perder aun ganando

El pasado 27 de octubre tuvieron lugar en Argentina las elecciones legislativas (de medio término) que renovaron ambas cámaras del Congreso Nacional. Se eligieron así 127 diputados nacionales en todo el país y 24 senadores nacionales en siete de las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Simultáneamente, tuvieron lugar elecciones para la renovación parcial de las cámaras provinciales y municipales. El oficialismo del Frente para la Victoria (FVP) y partidos menores aliados obtuvieron a escala nacional la primera minoría en la elección de diputados, con algo más de 33% de los votos. Frente a esto, encontramos una oposición dispersa: el peronismo no kirchnerista alcanzó 24% de los sufragios y el mismo porcentaje obtuvo la suma de la fragmentada oferta de radicales, socialistas y cívicos que ha hecho de la crítica republicana a la gestión de gobierno su principal estandarte. Bastante más alejados de esta división tripartita del espectro político encontramos al partido de centroderecha Propuesta Republicana (PRO) del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, con algo menos de 8%, y finalmente a la izquierda de inspiración trotskista con más de 5% de los votos. Este último dato resulta significativo: por motivos diversos, la izquierda radical había sido un fenómeno de las ciudades del litoral más moderno. En un hecho poco común, ha obtenido representación por la provincia de Mendoza y un muy cercano segundo lugar en la tradicional provincia de Salta, en el Noroeste, donde triunfó ampliamente en la ciudad capital.

En términos de espacios institucionales, el flojo desempeño electoral del oficialismo ha estado lejos de resultar catastrófico en lo inmediato: dado que en la Cámara de Diputados se renovaban las bancas obtenidas en los comicios de 2009 (efectuados tras la derrota del kirchnerismo luego del duro y desgastante conflicto con las patronales agropecuarias, producto de su intento de aplicar una mayor carga impositiva a las exportaciones del sector), el bloque oficial ha pasado de 127 a 130 bancas en esa cámara, con lo que se ha asegurado una muy ajustada mayoría. En el Senado, en cambio, renovaban sus cargos los legisladores elegidos en el año 2007, aunque la pérdida de tres bancas no impide al oficialismo seguir gozando de una mayoría algo más cómoda que en la Cámara Baja. El temor oficial radica mucho más en la posibilidad de futuras deserciones de legisladores hacia el peronismo no kirchnerista que en la distribución de la representación tal como ha surgido de los comicios.

En un contexto de amplia fragmentación y constante realineamiento de los espacios partidarios, resulta difícil la reconstrucción de series históricas que nos permitan comparar la evolución electoral. Las tendencias aparecen con mayor claridad si nos focalizamos en los seis principales distritos del país que representan más de 70% del padrón electoral. Allí vemos que el oficialismo, aun habiendo realizado una elección superior a la renovación legislativa de 2009, pierde casi 40% de su masa de votantes de 2011 para diputados. Más de seis de cada 10 votos perdidos allí pertenecen a la estratégica provincia de Buenos Aires, donde vive 37% de los electores nacionales.

Como en 2009, cuando la lista era encabezada por el ex-presidente Néstor Kirchner, el oficialismo ha perdido la provincia de Buenos Aires y lo ha hecho como entonces, conservando casi un tercio de las preferencias. Pese a que en el resto del país la elección para el oficialismo fue mejor que hace cuatro años, hoy parece muy poco probable que asistamos a un proceso de recuperación como el experimentado entre 2009 y 2011, cuando una audaz política de expansión de derechos, que incluyó la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el matrimonio igualitario y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual catapultó, tras la muerte de Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, su viuda, a la reelección con el mayor porcentaje que haya obtenido un presidente argentino desde Juan Domingo Perón.

Los resultados electorales de octubre terminaron de sepultar cualquier aspiración de sectores oficiales de impulsar una reforma constitucional que habilitara a Cristina Kirchner a competir por un tercer periodo consecutivo: los dos tercios de cada cámara requeridos están lejos de ser una realidad. Un movimiento con la concentración del poder que ha tenido el kirchnerismo a lo largo de la última década no ha generado hasta ahora posibles sucesores aceptados por todo el espacio, y la única dirigente hoy acatada por el conjunto deberá abandonar el gobierno a fines de 2015, como establece la Constitución. Por otra parte, distintos dirigentes han emergido en el espacio opositor: en primer lugar, el intendente de Tigre Sergio Massa, ex-jefe de gabinete de Cristina Kirchner, se ha alzado con el triunfo en el principal distrito, la provincia de Buenos Aires, y se ha convertido en un referente para el peronismo no oficialista. Con cerca de 3.800.000 votos y una diferencia de más de 11 puntos sobre el oficialismo, Massa se ha transformado en la figura central de estos comicios. También el ex-vicepresidente de Cristina Kirchner durante su primer mandato, Julio Cobos, vuelto a las filas de la Unión Cívica Radical (UCR), ha obtenido un contundente triunfo en Mendoza, mientras que otro tanto hizo el socialista Hermes Binner en la provincia de Santa Fe. Con un menor desarrollo territorial que los anteriores, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ha conseguido un ajustado triunfo de sus candidatos en la ciudad capital y un segundo lugar en Santa Fe.

No es sin embargo la emergencia de los aún dispersos espacios opositores la que proyecta mayores dificultades sobre el ciclo iniciado en 2003. Con la excepción de la izquierda radical, extraparlamentaria hasta estas elecciones, el conjunto de los partidos políticos argentinos sufrió agudos procesos de fragmentación y fuga tras la crisis de 2001, con realineamientos diversos a lo largo de la década. Las principales dificultades que atraviesa el oficialismo provienen de su propia gestión de gobierno.

El fantasma de la crisis

El principal problema que hoy enfrenta el gobierno es la estructuración de una política consistente frente a la conjunción de altas tasas de inflación y la creciente restricción externa de la economía. El ciclo kirchnerista se inició en mayo de 2003, tras una devaluación de 236% de la moneda establecida el año anterior por Eduardo Duhalde y la amplia transferencia regresiva del ingreso que implicó el sistema de pesificación de deudas en divisas y las compensaciones al sistema financiero. La mejora de la competitividad como producto de la devaluación y el aumento del precio internacional de las exportaciones primarias argentinas, sumados a la existencia de una gran capacidad productiva ociosa como efecto de las políticas de la década anterior, permitieron una rápida recuperación. Con la excepción de 2009, año en que la crisis internacional golpeó de lleno, el PIB argentino creció a un promedio de 8,6% entre 2003 y 2011. Eso posibilitó que el kirchnerismo desarrollara amplias políticas de reparación, que están en la base del ciclo político más duradero que ha vivido Argentina: una reducción de la pobreza tras la crisis de 49,4% a 19,9% entre 2003 y 2012; un descenso de la indigencia de 22,5% a 4,3% en el mismo periodo; una expansión de 76% en los beneficiarios de jubilaciones y pensiones y la reducción del empleo no registrado de 49,2% a 34,4%. Al mismo tiempo, se triplicó el presupuesto destinado a educación, ciencia y tecnología, hasta superar el 6% del PIB. Tras la derrota electoral de 2009, el gobierno estableció además la AUH, que actualmente cubre a 3.500.000 niños y jóvenes en situación precaria.

Como herencia de la crisis de 2001-2002, el Estado implementó una amplia política de subsidios al transporte, la energía y el agua en virtud de las dificultades existentes para una mayoría de la población empobrecida de afrontar tales gastos. Los subsidios han ido a las empresas concesionarias que prestan los servicios, en un país con una endémica debilidad para el control por parte del Estado. La estructura es muy desigual y se privilegia el Área Metropolitana de Buenos Aires, una región de fuerte incidencia electoral. Si bien el gobierno ha realizado tenues intentos de morigerar este gasto a medida que la situación social mejoraba, siempre ha terminado por desistir, excepto en lo que atañe a las tarifas de segmentos insignificantes de la población. Hoy el conjunto de estos subsidios compromete, según distintas estimaciones, alrededor de 17% del presupuesto nacional.

El ciclo kirchnerista también ha estado caracterizado por un fuerte desendeudamiento externo del país a través de la negociación de quitas y el pago de compromisos. Pero el Estado se ha endeudado crecientemente con el sistema público de pensiones, reestatizado en 2008, lo que crea interrogantes acerca de su estabilidad futura.

El famoso «modelo» se basaba en la existencia de dos superávits: el fiscal y el comercial. El primero se sostuvo en el aumento de la carga impositiva y la aplicación de fuertes retenciones a las exportaciones agropecuarias, que desde 2007 alcanzaron el 35% para el producto principal, la soja. A partir de allí, y en virtud del incremento del precio internacional de las exportaciones primarias, el gobierno realizó una fuerte promoción del consumo interno. El peso comenzó a apreciarse con rapidez y con ello el sector productivo fue perdiendo paulatinamente competitividad, al tiempo que se aceleraba el proceso inflacionario hasta alcanzar en la actualidad niveles que rondan el 25% anual.

La consecuencia fue que la economía dejó de crear empleo privado y la generación de nuevos puestos de trabajo quedó básicamente en la órbita estatal. La recaudación se resintió, el superávit fiscal desapareció y el comercial decrece año a año. En 2012, la economía argentina creció apenas 1,9%. La débil inversión en energía y transportes realizada en la primera etapa del ciclo comprometió cada vez más el saldo comercial. Hoy, más de 57% de ese saldo está destinado a la importación de energía, y la tendencia tiende a agudizarse. La tumultuosa estatización de la mayor parte del paquete accionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en abril de 2012 intentó crear bases para paliar esta situación en el futuro. La inversión en transporte e infraestructura también ha sido deficiente para compensar el retroceso en la competitividad del tipo de cambio. El transporte público, y el ferroviario en particular, alcanzó niveles de prestación por debajo de estándares mínimos, y la sucesión de accidentes ferroviarios que produjeron decenas de víctimas en los últimos dos años ha impactado muy fuertemente en la consideración de la administración kirchnerista.

Cuando algunas de estas dificultades comenzaban a emerger en las cifras oficiales, el gobierno intervino en 2007 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y desplazó a los equipos técnicos responsables del índice de precios al consumidor (IPC). Desde entonces, algunos de los indicadores principales de la economía argentina han sido groseramente manipulados: de esta forma, los índices oficiales del costo de vida se han llegado a ubicar entre 50% y 60% por debajo de las estimaciones de las direcciones de estadísticas provinciales y de los incrementos salariales acordados en paritarias y homologados por el Ministerio de Trabajo.

Desde sus inicios, el kirchnerismo desarrolló una gran concentración de poder que acentuó los rasgos delegativos que la democracia argentina adquirió en los años 90. Pese a las crecientes señales de desgaste del modelo de crecimiento que siguió a la crisis de 2001-2002, el gobierno reforzó la política de expansión del consumo y moderó sus enfrentamientos con la dispersa oposición política en el camino a la renovación presidencial de 2011. La inesperada muerte de Néstor Kirchner, el seguro candidato oficial, desembocó en ese contexto en la abrumadora reelección de su viuda.

Con la muerte de Néstor Kirchner, el esquema de sucesión alternada entre los esposos llegó a su fin. La Constitución argentina no pone límites a la reelección alternada, pero permite una sola reelección consecutiva del presidente. Las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner revelan además matices de particular importancia más allá de la fuerte concentración del poder en el Ejecutivo. Paradójicamente, Néstor Kirchner, un político peronista de provincias, atendió a lo largo de su gobierno la agenda propia de la centroizquierda en Argentina: las demandas de justicia por las violaciones a los derechos humanos, la inclusión social, la conformación de un bloque político regional. Primero intentando una construcción alternativa a la del Partido Justicialista y luego colocándose por muy buenas razones al frente de este, Kirchner fue un incansable armador político, cuidadoso de alinear territorialmente a su fuerza y atendiendo en persona los más nimios detalles del entramado partidario y de su alianza con sectores sindicales; una tarea que realizaría hasta su muerte, en el tercer año de la primera presidencia de su esposa.

El estilo de Cristina Kirchner ha sido radicalmente distinto y se ha acentuado en los dos últimos años. Pese a sus antecedentes de una larga militancia en el peronismo, Cristina se había destacado como legisladora, en no pocas oportunidades con posiciones muy cercanas a las de los representantes de la centroizquierda. Una de las medidas más destacadas de la presidencia de su marido, la remoción de la antigua y cuestionada Corte Suprema de Justicia heredada del menemismo y la incorporación de incuestionables magistrados a través de procesos públicos de selección, fue inspiración suya. Más aún, el lema de su campaña en el año 2007 fue el de una fuerte mejora de la calidad institucional. Pese a ello, con los años la presidenta ha acentuado un liderazgo más beligerante, menos mediado y poco atento a la construcción territorial. Hizo saltar por los aires buena parte de los compromisos con sectores sindicales, promoviendo la división de las dos principales centrales obreras y el paso de su antiguo aliado, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Hugo Moyano, a las filas de la oposición tras los comicios de 2011. La apuesta de este nuevo estilo imperial fue apoyarse en sectores juveniles y partidarios incondicionales (una parte de ellos organizada en la agrupación La Cámpora), ambos utilizados para hostilizar el poder de líderes territoriales peronistas, al punto de reservarse el armado preponderante de todas las listas de candidatos legislativos tanto en 2011 como en 2013. Frente a esta situación, la contestación en las filas peronistas no tardaría en salir a la superficie y el principal desafío estuvo dado en 2013 por el pase a la oposición del ex-jefe de gabinete, Sergio Massa, acompañado por una veintena de intendentes de la provincia de Buenos Aires. El nuevo estilo implicó una fuerte exposición de la figura presidencial en todos los conflictos, situación que se agudizaría tras los comicios de 2011.

Poco después de ser elegida para un nuevo mandato, Cristina Kirchner anunció la necesidad de realizar lo que llamó «sintonía fina» del modelo. Las resistencias que deparaba la reducción de los subsidios y la carencia de una política industrial consistente empantanaron la gestión y se optó en cambio por una expansión de los controles estatales para intentar al menos disipar las amenazas que sufría la balanza comercial y la creciente caída de las reservas del Banco Central. El resultado fue un aquelarre de controles del mercado de divisas escasamente coordinado, que resintió la importación de insumos para la industria y contrajo severamente el mercado inmobiliario. Durante décadas, la inestabilidad de la moneda nacional había hecho del dólar un mecanismo extendido de ahorro: el «cepo» cambiario fue oficialmente justificado como un mecanismo para volcar los excedentes al mercado interno.

Pero si la dilación en enfrentar el agotamiento del modelo de crecimiento de 2003 es una de las razones para comprender la pérdida de votos en el medio rural y en los cordones empobrecidos de las grandes ciudades, no menos importante es prestar atención a la conflictividad política que acabó por enajenar el respaldo de importantes sectores medios urbanos. Desde el año 2009, cuando se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que buscaba desoligopolizar la oferta, el gobierno desarrolló una extenuante batalla contra el principal multimedios del país, el Grupo Clarín, ciertamente correspondida por la beligerancia de este grupo hacia el oficialismo. Desde 2011, los avatares de la ley, que había sido recurrida en algunos de sus artículos por Clarín ante la justicia, se convirtieron en la bandera principal del oficialismo. Mientras tanto, el resto de la norma era aplicada en forma muy desigual según la cercanía o lejanía de los distintos grupos de medios con el gobierno.

La acusación oficial de que los hijos de la principal accionista del medio eran en verdad hijos de desaparecidos durante la dictadura naufragó ante las pruebas negativas del Banco Nacional de Datos Genéticos. La propaganda pública oficial saturó medios públicos y transmisiones deportivas, al tiempo que el gobierno coaccionó a sectores empresarios para que retiraran la pauta publicitaria de los medios gráficos opositores. Una serie de escándalos involucró a empresarios muy cercanos al gobierno en operaciones de lavado de dinero; la Justicia procesó al ex-secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, Ricardo Jaime, por enriquecimiento ilícito y dádivas recibidas de las empresas concesionarias. Además, crece el compromiso judicial del actual vicepresidente, Amado Boudou, en las causas que se le siguen por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La denuncia había sido promovida ante las sospechas de que el propio vicepresidente había maniobrado para hacerse con el control de una imprenta privada que proveía al Estado de los billetes de la moneda de circulación oficial. El gobierno reaccionó expulsando al procurador general y removiendo al juez y al fiscal de la causa. La nueva procuradora, aún en el cargo, ha desarrollado un particular hostigamiento a los fiscales que investigan a funcionarios oficiales o allegados a estos.

El enfrentamiento con la Justicia merece un tratamiento aparte. El gobierno cuestionó a los distintos tribunales por la demora o las medidas cautelares que diferían en el tiempo la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sus críticas se dirigieron a la propia Corte Suprema de Justicia, tal vez la institución oficial más respetada actualmente por los argentinos. A comienzos de 2013, el gobierno aprobó un conjunto de leyes de democratización de la Justicia que variaban la composición del Consejo de la Magistratura (el órgano que nombra, suspende y designa al jury de enjuiciamiento de los jueces federales). Se pretendía que la mayoría del Consejo fuera elegida en forma directa y simultánea junto al presidente de la Nación. El paquete incorporaba también fuertes restricciones a la vigencia de las medidas cautelares. La reforma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en junio de 2013. A todas estas medidas se suma un acuerdo con Irán, país que había sido oficialmente acusado por el gobierno como responsable del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, para allanar la causa judicial habilitando a la Justicia argentina a indagar a los acusados en Teherán y proponiendo la creación de una «Comisión de la Verdad» compuesta por juristas internacionales.

A medida que las dificultades económicas se hicieron más manifiestas, el gobierno endureció y radicalizó su discurso y sus propuestas. Al mismo tiempo, descuidó apoyos y armados territoriales y se refugió en sus núcleos de adhesión más intensos. Ante esta situación, que por una parte restringía ciertos mecanismos difundidos de prevención ante la inflación, y por otra, promovía algunas decisiones políticas que afectaban núcleos del consenso fundacional que guió la democracia argentina desde 1983, distintas protestas, heterogéneas en sus reclamos aunque con una composición mayoritaria de los sectores medios, no tardaron en aflorar y ganar las calles, ante una oposición fragmentada que apenas atinaba a replicar la agenda mediática opositora o a sumarse a esas movilizaciones.

Un incierto porvenir

Cristina Kirchner estuvo ausente de la mayor parte de la campaña electoral de 2013. Por motivos de salud, debió pedir una licencia para ser operada entre comienzos de octubre y mediados de noviembre pasado. Apenas 48 horas después de las elecciones, un fallo de la Corte Suprema que declaraba la constitucionalidad integral de la Ley de Servicios Audiovisuales quitó protagonismo a Sergio Massa. Si tras las elecciones el gobierno había puesto en escena los artificiales festejos de una victoria pírrica, el retorno a sus funciones de Cristina Kirchner deparó novedades basadas tanto en las recomendaciones médicas como en el cálculo estratégico.

Dos han sido las novedades más salientes tras la reasunción de la presidenta: en primer lugar, el nombramiento como jefe de gabinete del hasta ahora gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich. Se trata de una figura con peso propio dentro del universo peronista, con especial predicamento entre los gobernadores. Capitanich ha formado parte de las gestiones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde y se alineó decididamente con el gobierno federal durante el kirchnerismo, pese a ser un político formado en el neoliberalismo y un ex-colaborador del otrora ministro de Economía Domingo Cavallo.

Con el nombramiento de Capitanich, el oficialismo pretende también diversificar la oferta de posibles candidatos para la sucesión de 2015. El más afectado es hoy el gobernador bonaerense Daniel Scioli, ex-vicepresidente de Néstor Kirchner. También con un perfil de centroderecha, Scioli ha tenido una relación tempestuosa con la Casa Rosada, de la que en no pocas ocasiones pretendió diferenciarse adoptando un perfil de mayor moderación. Siendo una figura altamente resistida por los sectores más duros del kirchnerismo, Scioli recibió reiterados maltratos, restricciones presupuestarias y desaires desde la Casa Rosada. Negoció hasta último momento su deserción del oficialismo con Massa, pero acabó por continuar en sus filas y se convirtió en el mayor sostén de una lista de diputados digitada por la presidenta. Scioli aspiraba a convertirse en el único heredero posible del espacio oficial. Sus actuales perspectivas son complicadas, pero ha demostrado una singular capacidad para sobrevivir a las distintas transformaciones del peronismo. La presidenta ha decidido delegar importantes aspectos de la gestión en Capitanich y tiene así una menor exposición pública en los conflictos coyunturales.

La segunda medida del gobierno fue unificar la conducción económica, que hasta ahora tenía cinco referentes con la preponderancia de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior. Moreno, una figura altamente resistida por la opinión pública por su estilo autoritario y su paternidad sobre diversas medidas que profundizaron la crisis, dejó el gobierno. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue nombrado ministro, aunque el Banco Central fue confiado a técnicos de la entidad. En las últimas semanas, el equipo económico ha avanzado en la toma de medidas que intentan paliar la restricción externa: así se estableció un preacuerdo para la indemnización de Repsol, ex-propietaria de YPF. Este acuerdo busca habilitar posibles inversiones internacionales en el gran yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, que requiere para su explotación de técnicas de fractura hidráulica que demandan inversiones que exceden la capacidad del país. Es una apuesta a superar en el mediano plazo tanto el déficit energético como la amenaza de la balanza comercial. También se proyecta saldar viejas disputas con organismos y tribunales internacionales para poder retornar al mercado de créditos.

En relación con el tipo de cambio, durante los últimos meses se produjeron microdevaluaciones del peso que, de prolongarse, proyectan un nivel de 80% anual, muy por encima de la inflación. Al mismo tiempo, el gobierno ha operado sobre el dólar paralelo a través de la venta de bonos dolarizados, muchos de ellos provenientes del fondo de garantía del sistema de pensiones, intentando achicar la brecha entre aquel y el cambio oficial, y ha aumentado los recargos al turismo en el extranjero.

No ha habido la misma celeridad en atacar el problema inflacionario. Se proyecta un control de precios que ya ha fracasado antes. Una alternativa que, si es temporalmente viable para gobiernos que comienzan, parece dificultosa para aquellos que están terminando. Se ha hablado de una reducción de subsidios, pero pese a los anuncios del ministro del área, aún no ha habido medidas al respecto. Distintos trascendidos hablan del establecimiento de un tope a las paritarias para el año 2014, lo que de no mediar una reducción de la inflación agravará la conflictividad social, al descargar el ajuste sobre los sectores asalariados.

El gobierno ha emprendido así una carrera contra el tiempo: buscando divisas, necesita saldar antes deudas que generan mayores erogaciones. La tentativa es desarrollar una estrategia de control de daños que permita llegar a los comicios de 2015.

El universo opositor, tanto de signo peronista como aquel conformado por radicales, socialistas y cívicos, ha comenzado su camino hacia 2015. Unos y otros, y quizás también los candidatos oficialistas, tendrán la posibilidad de dirimir candidaturas a través del sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) puesto en marcha por la misma administración kirchnerista desde las elecciones de 2011. Si lograrán hacerlo o si nos dirigimos a un escenario altamente fragmentado como el de 2003 es hasta ahora una incógnita. La proliferación de candidaturas débiles ha retrasado la lógica licuación del poder presidencial en un término de mandato y convierte cualquier pronóstico acerca de 2015 en una quimera.

El aumento de la violencia ha dado lugar a la articulación de discursos que hacen de la demagogia punitiva un recurso caro a ciertos sectores tanto de la oposición como del oficialismo. El narcotráfico, la corrupción de sectores de las fuerzas de seguridad y las redes de comercialización al menudeo que disputan el territorio en las grandes ciudades se han convertido en un tema de especial gravitación para el cual el sistema político aún no articula respuestas consistentes.Concluyo estas páginas cuando una ola de violencia social azota algunas regiones del país. En Córdoba, una huelga policial derivó en masivos saqueos de comercios por parte de los habitantes de las zonas empobrecidas. Las fuerzas de seguridad nacionales no intervinieron en una provincia conducida por la oposición peronista. Como en otros diciembres, el fenómeno parece extenderse.

El kirchnerismo carece de candidatos a la sucesión. Aun una candidatura de Capitanich o de Scioli representaría, en caso de triunfar, un fin del proceso iniciado en 2003. El gran error fue no advertir que la exitosa política que permitió un ciclo ininterrumpido de crecimiento debía cambiar a tiempo, que era necesario atender inversiones fundamentales. Lejos de ello, el gobierno se encerró en un discurso y una política cada vez más expulsivos y autorreferenciales. Llegamos así al presente en el que el temor de una nueva crisis recorre a porciones significativas de la población. El tiempo de un balance sereno, capaz de reconocer los grandes avances y los múltiples errores cometidos a lo largo de la última década, recién comienza.