El magnate mexicano de las comunicaciones, Carlos Slim, quien desde hace casi diez años está a la cabeza de los más ricos del mundo –cuarto en el ránking de la revista Forbes en 2005–, maneja un refinado discurso crítico respecto de Estados Unidos, es receloso del Tratado de Libre Comercio (TLC), apoyó en el pasado al hoy candidato a la presidencia de México, el líder popular de centroizquierda Andrés López Obrador, y su más cercano asesor internacional es el ex-presidente socialista español Felipe González. Esas características no hacen de Slim un empresario de izquierda, pero han sido determinantes para crear el ambiente propicio para una iniciativa de los magnates de la región que, si bien no se acerca a un planteamiento que tiende hacia la izquierda, busca, al menos en el papel y la inspiración, los mismos efectos de amortiguamiento de la pobreza y la inequidad que señalan como metas los empresarios identificados con el socialismo.

A los 65 años y con un capital de 23.800 millones de dólares, Slim es el más ferviente promotor de unas reuniones anuales a las que asisten los magnates de América Latina para hablar, a puertas cerradas, del problema de la pobreza. La anterior no es una observación irónica de mi parte. Ellos han admitido que la pobreza es el tema central de esas cumbres, sin cámaras ni grabadoras, a las que acuden también los herederos de sus emporios. México, República Dominicana y Brasil han sido sede de estas reuniones.

En palabras de Slim, «la pobreza no es mercado». Una interpretación ligera de esta apreciación, utilizada por el empresario como invitación a la primera cumbre, podría sugerir que se trata de un simple llamado gremial para mejorar el poder adquisitivo de los países de la región. No obstante, creo que la frase, y los aquelarres de los magnates cada año, encierran más bien un mensaje angustioso para buscar salidas de emergencia ante las amenazas que la pobreza desarmada está planteando a su poder económico y, por consiguiente, a su poder político.

En este punto, es importante aclarar que el objetivo de este movimiento tardío de contrición empresarial no deriva de una inspiración ideológica de izquierda. Se supone que un empresario de izquierda es aquel que facilita una mayor participación de los empleados en las ganancias de la empresa y procura elevar las inversiones en pro de su bienestar social. En cambio, la estrategia de los magnates latinoamericanos tiene que ver, básicamente, con un problema de supervivencia.

Unidos por la necesidad

Por la insistencia de la realidad, los empresarios han comprendido que la miseria es la materia prima del éxito de los líderes populistas radicales que están cambiando el panorama político de América Latina con un discurso basado en la venganza. La venganza contra los ricos, los corruptos y los blancos.

De hecho, entre los cinco primeros magnates latinoamericanos ya hay uno que ha vivido en carne propia el proceso de desplazamiento forzoso del poder en su país de origen. Se trata del empresario venezolano Gustavo Cisneros, accionista principal de la cadena hispana más grande de EEUU –Univisión– y del canal Venevisión, en Venezuela. Cisneros es el segundo magnate más acaudalado de América Latina según la clasificación de Forbes.

Durante más de 40 años, la familia Cisneros, con el padre de Gustavo Cisneros a la cabeza, tuvo acceso directo al Palacio de Miraflores y a los grandes beneficios económicos que reportan las conocidas alianzas entre las grandes familias tradicionales y los gobernantes de turno. Pero esa situación ha cambiado. Cisneros, quien mantiene un acuerdo de no agresión con el presidente Hugo Chávez, ya no tiene entrada al palacio presidencial y, mucho menos, influencia en el gobierno. Antes de acordar la tregua, Chávez acusó a Cisneros de ser (en complicidad con el gobierno de EEUU) uno de los promotores del golpe de Estado de abril de 2001 y lo amenazó con la intervención de su canal. Cisneros ha negado categóricamente esas acusaciones.

Con este ejemplo tan cercano, los empresarios latinoamericanos parecen haber reconocido que la respuesta al desafío es impostergable. Después de todo, Chávez surgió como líder del escepticismo fermentado entre los pobres de un país intrínsecamente rico. La elección del presidente de Bolivia, Evo Morales, y la posibilidad de una victoria en Perú del ex-teniente indigenista Ollanta Humala (quien ha revivido el discurso del blanco opresor de la minoría cobriza), sumadas a las probabilidades de victoria de López Obrador en México, completan un cuadro aún más preocupante para el acceso al poder de los grandes empresarios, así como para la integridad de sus fortunas. Las estadísticas de esta pobreza sediciosa, en cuanto a los riesgos que implica para la riqueza, ya ni siquiera son noticia, pero hay que repetirlas: son 220 millones de pobres que viven en América Latina, el equivalente a 44% de la población.

Hasta ahora, los esfuerzos de los magnates han apuntado a una estrategia que, si se cumpliera, debería tener efectos inmediatos: el fortalecimiento de las obras filantrópicas y los programas sociales de sus conglomerados económicos para aliviar los altos niveles de pobreza absoluta y desempleo. Son inquietudes que se enmarcan en la noción, muy en boga entre los economistas, de «responsabilidad social corporativa». Algunos de los magnates lo llaman «el trabajo fundacional», en referencia a las diversas fundaciones sin fines de lucro que generalmente manejan sus esposas.

De acuerdo con quienes han asistido a los foros de los magnates, los jóvenes herederos de sus fortunas, educados en EEUU, son los más interesados en procurar que la filosofía empresarial de la filantropía estadounidense tenga una mayor incidencia en los presupuestos de sus emporios. Ellos han entendido el mensaje inicial de Felipe González en vísperas de la primera cumbre, realizada a fines de mayo de 2003 en el exclusivo Puerto Ixtapa, en las costas del Pacífico de México. «Ningún país emergente –advirtió González– se convirtió en país central, y España no es excepción, sin realizar la liberalización comercial con equidad social y distribución de la renta». Slim lo había entendido a su manera, la más pragmática y simple, un año antes, al declarar en Monterrey que «hay que acabar con la pobreza para fortalecer los mercados. Esto no es caridad».

La crónica apresurada de la prensa mexicana, tomada por sorpresa al enterarse de la reunión de los millonarios en Puerto Ixtapa por una nota breve de la revista Forbes en internet, indicó que a la «conspiración» –así llamó a la conferencia la publicación estadounidense– asistieron 32 magnates. Además de Slim y Cisneros, se encontraban allí Roberto Marinho, el «ciudadano Kane» de las comunicaciones de Brasil, quien falleció unos meses después, a los 98 años; Marcelo Odebrech, del conglomerado brasileño de la construcción; el banquero Joseph Safra, también de Brasil; los argentinos Carlos Miguens Bemberg, del grupo cervercero Bemberg; Alberto Roemmers, del conglomerado farmacéutico Roemmers; Federico Braun, del Grupo de Importaciones y Exportaciones de la Patagonia; el ecuatoriano Álvaro Noboa, uno de los mayores productores de banano del mundo y actual candidato presidencial de su país; los colombianos Julio Mario Santo Domingo, por ese entonces el industrial cervecero más poderoso de América Latina, junto con el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y el industrial Carlos Julio Ardila. Desde Chile viajó Andrónico Lucsik, dueño de un sector importante de la industria de alimentos y bebidas en ese país. Además de Slim, representaron a México Lorenzo Zambrano, el tercer productor de cemento del mundo; Emilio Azcárraga Jean, accionista mayoritario de la empresa de televisión hispana más grande de América Latina (Televisa); y María Aramburuzabala, de la cervecería Grupo Modelo.

En la primera jornada, los invitados recibieron de Alvin Toffler un shock de futurología. Al día siguiente, sus aviones ejecutivos emigraron en bandada al puerto del Pacífico, donde apagaron sus celulares y se desconectaron de sus imperios para proponer alternativas al gran problema social. La siguiente reunión, que se realizó en República Dominicana en mayo de 2004, obtuvo una menor repercusión mediática. En ella participaron padres magnates e hijos herederos. Al final de dos días de sesiones, Slim, Cisneros, Santo Domingo y el empresario cubano-americano de la industria azucarera, José Fanjul, ofrecieron sus comentarios a periodistas de diferentes países de América Latina.

Slim anunció que en la reunión se había decidido constituir una asociación latinoamericana de las fundaciones que manejan los empresarios del grupo y agregó que también dialogaron «sobre la importancia de lo básico, como es el crecimiento del empleo y cómo anda la pobreza». Santo Domingo fue un poco más críptico, aunque en su comentario se reflejaba la urgencia social que Slim prefirió resumir casi marginalmente con la expresión acerca de «cómo anda la pobreza». «Yo quiero decir una cosa», señaló el empresario colombiano de 80 años. «Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho aquí hasta ahora y entre ello lo principal es evitar que pasen cosas como por ejemplo en Cuba. Los Estados Unidos no ayudaron a defender a Cuba. En cambio, por el hecho que de estemos haciendo todos la misma cosa no creo que vaya a haber cambios malos: la amistad y el entendimiento que existen aquí sirven para fortalecer la democracia». Fanjul fue el más directo: «Esto de la democracia se da con el estómago lleno para que el país viva mejor», aseveró el empresario, quien ha sido duramente cuestionado por la situación de abandono de los trabajadores haitianos que trabajan en las extensas zonas de cultivo de caña de su propiedad en República Dominicana.

Slim y López Obrador: una extraña amistad

Cuba, barrigas llenas, el andar de la pobreza: los empresarios parecen estar sintonizados en sus inquietudes. Sin embargo, los efectos de estas conspiraciones contra la miseria en sus programas de responsabilidad social corporativa aún no se conocen. Hasta ahora, la mayoría de los grandes conglomerados latinoamericanos, especialmente los encabezados por los 20 magnates más ricos de la región, no se han caracterizado por su transparencia en la divulgación voluntaria del monto del presupuesto destinado a esa clase de programas y acciones. La magnificencia –o la tacañería– en materia social es un secreto contable en los emporios latinoamericanos.

En el mundo académico tampoco existe un estudio que permita establecer qué porcentaje de los ingresos de las grandes empresas se destina a programas de responsabilidad corporativa y a las obras sociales con las que se pretende serenar las secuelas de la inequidad. Por ahora tenemos que conformarnos con la información sin cifras que muestran las páginas de internet de los grupos empresariales, como el de los Mendoza de Venezuela (Fundación Polar), los Safra de Brasil (Fundación Edmundo Safra), o Santo Domingo en Colombia (Fundación Mario Santo Domingo). Allí se puede encontrar información de lo que, sin duda, son esfuerzos encomiables en los campos de la educación, el deporte y la salud, así como en la puesta en marcha de planes de ayuda de vivienda y alimentación. Pero los datos de cuánto pesa esa generosidad en el presupuesto de las empresas y en qué medida han aumentado los aportes en ese sentido como resultado de las cumbres secretas de México, Dominicana y Brasil, todavía son un misterio.

Mientras tanto, el promotor de las cumbres ha concentrado su atención en los asuntos internos de su país, consciente de que no todas las fichas del ajedrez electoral están a su alcance y de que México podría ser el próximo escenario del populismo justiciero que ha triunfado en otros países de América Latina. El candidato con más chances para ganar las elecciones presidenciales de julio, Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene nervioso al empresariado. Algunos de sus gestos públicos sugieren que no se siente muy cómodo entre los poderosos de siempre. En noviembre, el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, Gonzalo Rojas, se quedó esperándolo para una convención de la bolsa a la que lo había invitado especialmente para conocer sus planteamientos. A raíz del desplante, Rojas declaró que existen «muchas dudas» sobre el proyecto económico de López Obrador.

Con Slim, la relación tiene mejores antecedentes. López Obrador trabajó mano a mano con el magnate en el proyecto de restauración del centro de la ciudad, para el cual el empresario ofreció donar 450 millones de dólares. Como contraprestación, Slim fue nombrado por López Obrador coordinador del Comité Ejecutivo del consejo consultivo del proyecto. Y fue Slim, también, quien lideró la colecta empresarial, cuando López Obrador era alcalde, para contratar como asesor en programas de prevención del crimen organizado al ex-alcalde de Nueva York, Rudolph Guliani. El ex-funcionario neoyorquino percibió 4.300.000 dólares.

Reflexiones finales

Ahora la amistad no tiene la distancia que Slim quisiera –la distancia de quien habla al oído– y muchos creen que el protagonismo del empresario en esta época preelectoral se explica justamente porque sabe que en la baraja hay un candidato arisco. Para madrugarle a las sorpresas, Slim se ha ingeniado una original colección de reglas de juego y principios a los que deben acogerse los candidatos en las reñidas elecciones presidenciales. Bajo el nombre de «Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, la Inversión y el Empleo», el documento de doce páginas es una declaración de intenciones –Slim lo llama «una carta al Papá Noel»– cuyo objetivo consiste en comprometer a los candidatos para fortalecer el estado de derecho, estimular las obras de infraestructura, reducir los costos de la electricidad y facilitar la aprobación de leyes tributarias. «Serán los actores políticos, los partidos y sus candidatos quienes con propuestas y no con descalificaciones encuentren acciones y soluciones para que como gobernantes hagan posible que podamos todos vivir en un estado de derecho, con seguridad pública, crecimiento económico acelerado con empleo y desarrollando nuestro capital físico, así como el capital humano social, que es el sustento de esta nueva civilización», afirmó Slim.

El Pacto de Chapultepec, como se conoce la iniciativa lanzada en el Alcázar del cerro del Chapulín el 29 de septiembre de 2005, ha sido firmado por todos los candidatos presidenciales importantes, pero no por López Obrador. El candidato del PRD ha dicho que se niega a firmarlo, entre otras razones, porque no contiene ningún compromiso de lucha contra la pobreza y la corrupción. López Obrador, a quienes los analistas tratan de ubicar en un punto equidistante entre Chávez y Lula, ha dicho que su gobierno intentará recuperar el tiempo y los recursos perdidos durante la era neoliberal. En 20 años, según él, la deuda pública de México se triplicó, el salario mínimo perdió 70% de su valor y dos millones y medio de personas se han ido a EEUU en los últimos cuatro años. «Es una desgracia –dice–; se van porque no tienen trabajo».

No debe ser un argumento que le agrade escuchar en su propia casa a un empresario que lidera la búsqueda de paliativos a la miseria hemisférica. La pregunta para Slim, y para sus colegas de fortuna, es si no es un poco tarde para hablar de la pobreza en balnearios, a puertas cerradas y una vez al año. Llámese socialismo empresarial (si es que esos términos son convergentes), o responsabilidad corporativa (si eso es lo que buscan), lo cierto es que el juego del empresariado no tendrá ningún efecto social si sus propósitos y los resultados obtenidos son ignorados por la sociedad.

En América Latina los empresarios no tienen que rendir cuentas de responsabilidad social a nadie. Pero están comprobando en forma abrupta que la pobreza, agitada políticamente por líderes hábiles y maldicientes, necesita una respuesta más efectiva.