El primer capítulo del improbable manual El peronismo explicado a un europeo definiría el movimiento creado por Juan Domingo Perón en la década de 1940 por su capacidad para adaptarse a la época que le toca vivir y por su voluntad de modelarla: el peronismo es un signo de los tiempos tanto como la intención de fabricar un clima. Fue populista en los 40, revolucionario en los 70, neoliberal en los 90 y progresista en los 2000, y por eso los estudiosos del peronismo prefieren utilizar el plural –«peronismos»– y contarlos: tres peronismos, según algunos, cuatro, según otros¹.

Hasta la irrupción del covid-19 y su veloz expansión como pandemia global, el gobierno de Alberto Fernández era un peronismo lento, limitado por las severas restricciones heredadas de la gestión neoliberal de Mauricio Macri. Atrapado en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (fmi) y los acreedores privados de deuda, que capturaba prácticamente toda su atención, se había obligado a una gestión fiscalista que hiciera creíble el nuevo acuerdo de deuda. Con pocos recursos disponibles para grandes iniciativas, se concentraba en dar respuestas reparatorias a los sectores más afectados por el ajuste del gobierno anterior. Aunque había explorado algunos temas interesantes, como la legalización del aborto y una reforma judicial, todavía no había encontrado una batalla como la que en su momento libró el kirchnerismo en favor de los derechos humanos: ¿cuál sería su símbolo? ¿Qué esma convertirá Alberto en qué museo?, nos preguntábamos en relación con la decisión de Néstor Kirchner de transformar un centro de tortura de la dictadura, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, en «espacio de la memoria» y de afirmar su identidad a partir de ello².

Recordemos que la postulación de Alberto Fernández como candidato único del peronismo para las elecciones presidenciales de 2015 no fue resultado de su popularidad arrasadora ni de una interna entre diferentes sectores sino de una decisión de… Cristina Fernández de Kirchner. Capaz de concitar más votos que cualquier otro de los candidatos peronistas, la ex-presidenta despertaba al mismo tiempo el rechazo cerrado de un amplio sector de la sociedad, lo que habría puesto en peligro sus posibilidades de imponerse en un eventual balotaje contra Macri. Consciente de este juego de pisos y techos («sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza», según la fórmula del propio Fernández), la ex-presidenta anunció sorpresivamente su intención de dar un paso al costado, cederle la candidatura presidencial y acompañarlo como vice. La fórmula «sensatez y sentimientos», que unía la moderación de Alberto Fernández con el influjo emocional de Cristina Fernández de Kirchner alterando decisivamente el orden natural de los factores, permitió desanudar la interna peronista, alinear a los demás candidatos detrás de una sola lista y derrotar cómodamente a Macri en la primera vuelta.

Pero esto no impidió que Fernández dejara de ser lo que había sido toda su vida: un integrante, cierto que particularmente brillante, del sistema político argentino, un profesional de la política que había desempeñado altos cargos en el Estado (fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner) pero que nunca había disputado una elección. Su desempeño en la campaña fue impecable y su transformación de político en las sombras a candidato fue rápida, pero estaba lejos aún de construir un lazo emocional con el electorado a la altura del de la ex-presidenta. Su gabinete, integrado por dirigentes con experiencia de gestión y sin acusaciones de corrupción en su contra (uno de los déficits del kirchnerismo), elegidos respetando los complejos equilibrios internos de la coalición, no cometía grandes errores pero tampoco mostraba grandes triunfos. La intención deliberada de no caer en la sobrenarración que caracterizó el último tramo del gobierno de Fernández de Kirchner, una especie de «literatura del yo» de la Presidencia, impedía al mismo tiempo instalar una nueva épica. Un gobierno, en suma, bienintencionado, honesto y que avanzaba en la dirección correcta, pero que aún buscaba una síntesis, un sentido.

El coronavirus cambió radicalmente el contexto y obligó a Fernández a reaccionar. La cronología es elocuente: el 11 de marzo, atento a la dramática evolución de la situación en Europa, el presidente anunció la suspensión de espectáculos masivos y la cuarentena obligatoria para quienes arribaban de los países afectados; al día siguiente utilizó la cadena nacional de radio y televisión para alertar a la población sobre el peligro del virus, declaró la emergencia sanitaria y suspendió todos los vuelos de los países con más casos; tres días más tarde, el 15 de marzo, decretó el cierre total de las fronteras, la licencia obligatoria para todos los trabajadores mayores de 60 años, límites al transporte público y la suspensión de las clases en todos los niveles. Finalmente, el 19 de marzo decretó una rigurosa cuarentena total, de la que quedaron exceptuadas unas pocas actividades –alimentación, energía, telecomunicaciones– consideradas esenciales. El objetivo declarado era ralentizar la propagación del virus mientras se preparaba el sistema de salud para la inevitable sobredemanda generada por la pandemia.

En otras palabras, Fernández reaccionó velozmente y eligió un camino. Aunque ahora el rápido crescendo de las medidas parece el único trayecto posible, en aquel momento había otras opciones: de hecho, por esos mismos días y con más casos comprobados, los países más importantes del hemisferio optaban por estrategias diferentes y sus presidentes articulaban la breve pero ruidosa «internacional negacionista»: Donald Trump todavía prometía a los estadounidenses unas Pascuas de puro consumo, Andrés Manuel López Obrador recomendaba a los mexicanos concurrir a los restaurantes y abrazarse y él mismo besaba a niños en actos públicos, y Jair Bolsonaro instaba a los brasileños a salir a las calles (el 16 de marzo, cuando los argentinos ya llevaban una semana confinados, Bolsonaro dijo que el coronavirus pasaría como una «gripecita» o un «resfriadito»). El día en que se declaró la cuarentena total de la población, Argentina registraba 97 casos y dos muertos. Cuando España tomó la misma medida, apenas seis días antes a pesar de que el virus había llegado hacía al menos dos semanas, llevaba contabilizados 5.232 casos, en tanto el gobierno italiano esperó a que los infectados superaran los 9.000, con 463 muertos.

Todavía los gobiernos dudaban entre salud y economía, todavía circulaba la tesis de que el costo económico de suspender la actividad por un tiempo sería mayor que el impacto sanitario; otros incluso postulaban la idea de que era necesario permitir que la sociedad adquiriera una «inmunidad de rebaño» lo más rápidamente posible (en una primera instancia, en el Reino Unido, Boris Johnson se negó a declarar la cuarentena y explicó que desgraciadamente algunos habrían de morir mientras el resto se inmunizaba; al cabo de unos días el mismo Johnson, infectado de coronavirus, tuvo que ser internado en terapia intensiva).

En el caso de Argentina, además, como en otros países en desarrollo, las dudas se acrecentaban por el temor al impacto social derivado de una interrupción de la actividad económica. Con una economía informal de alrededor de 40% y 35% de los trabajadores y las trabajadoras sin contrato ni acceso a la seguridad social, la cuarentena implicaba un golpe durísimo para quienes no perciben un salario fijo ni disponen de ahorros: pequeña construcción, venta ambulante, servicio doméstico, transporte, entre otras actividades, dependen de su reproducción en el día a día. Y sus operaciones, decisivamente, se concretan en efectivo. El temor era que la súbita disminución de la circulación de dinero en efectivo en los conurbanos de las grandes ciudades, en particular en Buenos Aires, derivara en protestas e incluso en episodios de violencia social, como de hecho ocurrió durante el último estallido masivo, en 2001, cuando el gobierno decidió limitar la extracción de dinero de las cuentas bancarias. Al mismo tiempo, la suspensión de las clases suponía la interrupción de la asistencia alimentaria en un país en el que millones de chicos comen diariamente en los comedores que funcionan en las escuelas. Atentos a este cuadro complejo, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y los gobernadores e intendentes en contacto directo con los sectores más postergados advertían sobre el riesgo de imponer una cuarentena dura.

En otras palabras, la decisión de Alberto Fernández fue exactamente eso: una decisión, entre otras posibles, en un momento en el que las alternativas no estaban tan claras y había que navegar a ciegas. Como explicó el politólogo Julio Burdman, el célebre gráfico de curvas que muestra la evolución de los infectados si no se adoptan medidas y el achatamiento si se restringe la circulación no refleja una ley newtoniana sino que es un modelo estadístico opinable³. Aunque al final prácticamente todos los países terminarían adoptando algún tipo de esquema de cierre de fronteras, suspensión de la actividad económica y confinamiento, el gobierno argentino podría haber optado por otro camino. Eligió la estrategia de cuarentena total en lugar de diseñar un plan más blando y escalonado, como el que intentaron los países europeos antes de que la realidad los arrasara.

The end of the grieta

Consciente de los riesgos que implicaba su decisión, el gobierno fue desplegando una serie de medidas complementarias orientadas a legitimar socialmente la cuarentena y garantizar su cumplimiento. Convocó, en primer lugar, a un comité de expertos, integrado por los principales epidemiólogos del país, para que lo asesorara en las diferentes decisiones; sus integrantes cumplieron un rol fundamental explicando las medidas en los medios de comunicación: no era el gobierno el que hablaba, era «la ciencia».

Al mismo tiempo, desplegó un amplio esfuerzo de asistencia social: anunció un bono extraordinario para los jubilados de menores ingresos (tres millones de personas) y para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (un plan de transferencia de renta a las madres de bajos recursos que llega a casi cuatro millones de personas), reforzó la llegada de alimentos a los comedores escolares, que comenzaron a entregar la comida en porciones para que los niños las llevaran a sus casas, y creó un nuevo programa de ayuda, el Ingreso Familiar de Emergencia, destinado al amplio y heterogéneo universo de los trabajadores informales (ocho millones de personas). El objetivo de este despliegue, que incluye otras medidas hasta alcanzar alrededor de 1,3% del pib, era asegurar el cumplimiento del confinamiento en los barrios populares, cuyos habitantes necesitan salir a trabajar para conseguir el mínimo sustento y no pueden recurrir al teletrabajo, un lujo de clases medias. En un país en el que tres millones de personas padecen déficits habitaciones porque viven hacinadas, sin los servicios esenciales, en alguna de las 5.000 urbanizaciones precarias (villas de emergencia) la consigna «quedate en casa» resultaba quimérica: imposible quedarse en casa cuando una familia entera convive en 20 metros cuadrados o el acceso al agua se encuentra a 200 metros de distancia. Por eso el gobierno apostó a un «aislamiento comunitario», versión tercermundista de la cuarentena, incitando a la gente a no salir del barrio, para lo cual se hacía indispensable proveer al menos de alimentos.

Con estas medidas, el confinamiento se cumplió sin necesidad de apelar a una política excesivamente coercitiva, solo con comunicación y controles, a punto tal que la mayor parte de la población la aprueba. Aunque hubo tropiezos, como las largas filas que se formaron en los bancos el día de cobro de jubilaciones, el consenso conseguido, según coinciden las encuestas, fue altísimo. La administración se movió rápido. Hasta el momento sofrenadas por la orientación fiscalista impuesta desde el Ministerio de Economía, las diferentes áreas de gobierno se articularon en pos de un mismo objetivo, como si finalmente hubieran encontrado un sentido. Contribuyó al éxito de la estrategia la decisión del mismo Fernández de centralizar la voz oficial. Con conferencias de prensa y entrevistas prácticamente diarias, el presidente desplegó un esfuerzo de pedagogía para explicar una y otra vez el alcance de las medidas, mostrar gráficos de evolución de la curva de contagiados, trazar comparaciones con otros países. En el pasado, tanto Macri como Cristina Fernández de Kirchner solían recurrir a un tono áspero para amonestar a la sociedad por su comportamiento, retándola por la supuesta propensión a los atajos y las avivadas (Macri) o por el egoísmo de quienes no quieren ceder sus privilegios (Cristina). En contraste, Alberto se manifestó «orgulloso» y agradecido por la reacción social ante la pandemia.

Pero la eficacia no se explica solo por la agilidad administrativa ni la buena comunicación; tuvo también un componente específicamente político. Para entenderlo, es necesario recordar que en los últimos años la política argentina se había configurado en torno de dos «minorías intensas», de alrededor de 30% de la población, una fervientemente kirchnerista y otra ferozmente opositora, que lograban sumar de manera contingente a un electorado flotante pero se mostraban incapaces de estabilizar una representación mayoritaria⁴. Podían ganar elecciones, como Fernández de Kirchner en 2011 o Macri en 2015, pero encontraban dificultades para reunir una base de apoyos más amplia que les permitiera producir transformaciones profundas. La grieta, como se denominó en Argentina esta configuración esterilizante de la política, este empate inmovilizador, comenzó a cerrarse cuando la ex-presidenta anunció su renuncia a la candidatura a la primera magistratura y eligió a Alberto Fernández, quien en los años previos había criticado duramente sus iniciativas más polarizantes, al frente de una coalición opositora amplia. Fue un giro al centro, una promesa de moderación y apertura que traficaba una autocrítica implícita al tramo más conflictivo del kirchnerismo: una de las propuestas de campaña de Alberto Fernández fue dejar atrás la grieta y construir un nuevo modelo de gobernabilidad, que no descanse ya en la confrontación maximalista con el otro sino en la articulación de una base social, política y territorial más ancha. Como señaló Sol Montero⁵, del «Vamos por todo» (consigna que guió la última etapa del kirchnerismo) al «Frente de Todos» (denominación electoral de la coalición que encabezó Alberto Fernández).

El problema era encontrar un programa concreto para esta postulación abstracta. En sus primeros meses en el poder, Alberto Fernández había ensayado un estilo de gestión alejado del confrontacionismo del kirchnerismo, había evocado la figura de Raúl Alfonsín (el presidente radical que lideró la recuperación de la democracia con una propuesta socialdemócrata que quedó trunca) y se había esforzado por mantener unido al frente que lo llevó al poder, pero no terminaba de encontrar la forma de transformar esta propuesta en realidad. El fin de la grieta no implicaba cancelar el conflicto ni podía ser un promedio reactivo a dos opciones igualmente rechazadas, no podía ser kirchnerismo más macrismo dividido dos. Había que encontrar un nuevo centro, inventar un tiempo. La inesperada llegada de la pandemia le permitió dar este paso. En el marco de un mundo trastocado, en el que el progresismo defiende un enfoque punitivo para castigar a quienes violan las disposiciones oficiales y los liberales reclaman una acción más enérgica del Estado, el gobierno mostró una gestión de la crisis inclusiva y abierta, pero no débil. El presidente escuchó a los expertos y convocó a los actores económicos y sociales y a los gobernadores de todos los partidos. Y concretó una foto impactante: el 18 de marzo, cuando anunció la coordinación de una serie de medidas para enfrentar la pandemia, apareció acompañado por los dos jefes territoriales más importantes del país: Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex-ministro de Economía y expresión del kirchnerismo puro, y Horacio Rodríguez Larreta, ex-mano derecha de Macri y su sucesor en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La estrategia resultó exitosa. Empujado por el «efecto estadista», el presidente alcanzaba, al cierre de esta nota, una popularidad cercana a 90%⁶. Kicillof y Rodríguez Larreta no solo cooperaron con decisiones y medidas, algo fundamental en un área metropolitana funcionalmente integrada, sino que emitieron nítidas señales de concordia: Kicillof replicó textualmente la escena con Alberto Fernández organizando una foto con alcaldes opositores, y Rodríguez Larreta evitó criticar al gobierno nacional en los dos o tres errores cometidos durante la cuarentena (las colas de ancianos que se formaron en los bancos y los sobreprecios detectados en la compra de alimentos por el Estado). Impensable bajo Macri o Fernández de Kirchner, la foto resultó decisiva para dotar de legitimidad la gestión de la crisis y produjo un efecto tranquilizador sobre una sociedad asustada. Era también, como apuntó Pablo Touzon, la revelación de un déficit: desprovisto del sistema de vigilancia del gobierno chino y la disciplina de su sociedad, sin los recursos para realizar test masivos como Alemania o Corea y atento a un sistema de salud fragmentado y frágil, el gobierno argentino no tuvo otra opción que apelar a la política para contener el virus mediante una temprana, rígida y larga cuarentena, la solución analógica que se viene aplicando ante las pandemias más o menos desde la Edad Media⁷.

Escenario posvirus

Origen de un cambio sistémico que recién estamos empezando a imaginar, el coronavirus produjo una alteración también en la política argentina. El momento es excepcional y, como tal, pasará. Tarde o temprano recuperaremos una normalidad, que será diferente de la anterior pero se estabilizará en un nuevo horizonte (lo más difícil en un acontecimiento como este es intuir un futuro que no sea una prolongación –mejorada, deteriorada, idealizada– del pasado, sino algo totalmente diferente). Cuando el «momento virus» quede atrás, el presidente deberá decidir qué hace con la enorme popularidad lograda en el contexto de un mundo radicalmente nuevo. Y aunque es pronto para afirmarlo, se insinúan ya algunas líneas. En primer lugar, la decisión de encarar una renegociación de la deuda agresiva, que incluye la suspensión total de los pagos al fmi por un tiempo (algo que el mismo organismo parece dispuesto a aceptar) y una fuerte quita a los bonistas, sin temor a un default más o menos general. Esto permitiría flexibilizar las metas fiscales, dado que ya no es necesario mostrar «buena conducta» con vistas a una negociación amistosa, y abriría un espacio de política pública antes vedado: medidas de estímulo a la demanda más activas, con obra pública, subsidios y créditos, y la posibilidad de que decisiones improvisadas para la crisis, como el Ingreso Familiar de Emergencia a los trabajadores del sector informal, se transformen en políticas permanentes, un protoingreso universal como el que se está discutiendo globalmente adaptado a Argentina. Más que una radicalización, se trata de convertir el consenso logrado en una «épica de la reconstrucción» social y económica que sintonice con el mundo posvirus y confirme una vez más la capacidad del peronismo para intuir la dirección del viento.