En una mañana soleada de mayo de 2019 en Los Pinos, la antigua residencia de los presidentes de México ahora abierta al público, ciudadanos mexicanos paseaban entre hileras de autos, camiones y vehículos blindados. Varios miraban hacia el interior de un Volkswagen escarabajo de 1951 y posaban para tomarse fotografías delante de un Lamborghini Murciélago. Los autos, todos ellos pertenecientes al gobierno mexicano (algunos para uso oficial, otros decomisados a organizaciones delictivas), esperaban ser subastados. «No puede haber gobierno rico con pueblo pobre», afirmó en varias ocasiones Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la campaña presidencial de 2018¹. Ahora, ya como presidente, la subasta simbolizaba el nuevo orden. Los ingresos de la venta de los autos se destinarían a algunos de los municipios más pobres. Incluso el organismo gubernamental responsable de la subasta tendría un nuevo nombre que reafirmaba la voluntad presidencial: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP).

Mientras esperaban a ser vendidos, los vehículos acumulaban polvo y suciedad, en una ciudad como la de México, que se encuentra en un valle que concentra la contaminación a 2.300 metros sobre el nivel del mar. La semana anterior, la actividad en la ciudad se había virtualmente detenido por varios días debido a una contingencia ambiental en la que temperaturas elevadas, baja precipitación e incendios empeoraron la de por sí baja calidad del aire ocasionada por el esmog y las emisiones industriales. En el polvo de la ventana de un Corvette Stingray, alguien escribió un insulto homofóbico dedicado al ex-presidente Enrique Peña Nieto. Pocos días después, los vehículos desaparecieron tras ser vendidos. La subasta recaudó más de un millón de dólares en ventas.

Esta iniciativa encarnaba algunas de las ambiciones políticas del nuevo presidente. Pocos dudan de la determinación de López Obrador por cambiar México. Incluso antes de asumir el cargo, había manifestado la dimensión histórica de su mandato, llamándolo la Cuarta Transformación de México (4T), en un entronque histórico con los cambios operados por la independencia del país de España, la Reforma liberal y la Revolución Mexicana. Aunque el nuevo presidente nunca ha definido precisamente en qué consiste la Cuarta Transformación, la denominación describe una reivindicación del orgullo nacional, un proyecto político de alinear la Presidencia con la voluntad popular, y la creación de un movimiento social que remueva los vestigios del viejo sistema político, la desigualdad social y el statu quo económico.

López Obrador se ha movido rápidamente para hacer cambios. Viejas oficinas y programas han sido desmantelados y sustituidos por nuevas políticas sociales. El gasto considerado excesivo ha sido eliminado, y las partidas presupuestales han sido reajustadas. El trabajo diario de secretarías y organismos gubernamentales ha sido capturado por las nuevas prioridades. Beneficiado por una elección que le dio una mayoría absoluta, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene un férreo control del Congreso. Y a pesar de las críticas, la popularidad del presidente se ha mantenido razonablemente elevada: su índice de aprobación ha caído de un máximo de 81 puntos a 68².

López Obrador es el cuarto presidente –y el primero de izquierda– elegido desde 2000, el año en que terminaron siete décadas del control monopólico de la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aproximadamente a un año de asumir el cargo, el índice de aprobación de López Obrador no difiere demasiado del de sus predecesores más conservadores en el mismo periodo. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son ampliamente considerados como oportunidades perdidas. De hecho, el legado de fiascos acumulados empujó decididamente a López Obrador a la Presidencia. Las expectativas son altas. Para que su gobierno tenga éxito, el nuevo mandatario tendrá que mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Para hacerlo, deberá reducir la corrupción y mejorar la equidad económica y la seguridad pública. En cada área, sin embargo, hay razones que generan preocupación en torno de la habilidad del presidente para avanzar de manera significativa.

En su campaña de 2018, López Obrador se enfocó en el proyecto de infraestructura más emblemático de la administración anterior: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En ese entonces, ya se había completado 20% de la construcción y se había asegurado 60% de la inversión. López Obrador argumentó que el proyecto era demasiado caro y que estaba plagado de corrupción. Ofreció varias alternativas, incluidas la cancelación del proyecto, su auditoría o su privatización. Como presidente electo, un mes antes de asumir la Presidencia, López Obrador delegó la decisión al pueblo, para lo que organizó un referéndum. Aunque la mayoría de las encuestas mostraban que gran parte de los mexicanos deseaba que se continuara con la construcción del aeropuerto, la consulta arrojó el resultado contrario: 70% de los participantes votaron por cancelarla y por construir en su lugar un aeropuerto más pequeño en la base militar de Santa Lucía.

La consulta estuvo plagada de irregularidades. En primer lugar, como presidente electo, López Obrador no contaba con la facultad legal para convocarla. En el referéndum solo participaron 1,1 millones de personas –alrededor de 1,2% del padrón electoral–. Hubo más casillas para la consulta en los distritos electorales en los que Morena recibió más votos que en los lugares que le fueron más reacios. En las semanas anteriores al referéndum, numerosos demandantes promovieron amparos en contra de la decisión de convocar a la consulta. Los litigios en contra de la cancelación del aeropuerto continuaron hasta mediados de octubre de 2019, cuando el gobierno decidió clasificar el proyecto como un asunto de seguridad nacional para detener lo que el presidente describió como «sabotaje legal»³. Las cortes obedecieron. El magistrado que insistía en continuar con los litigios, Jorge Arturo Camero Ocampo, fue removido inmediatamente de su cargo y acusado de corrupción por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia y un cercano aliado del presidente. Hacia noviembre de 2019 no se habían iniciado investigaciones oficiales sobre la supuesta corrupción que se había enarbolado como razón para cancelar el proyecto.

El caso del aeropuerto ilustra tanto la centralidad de la campaña contra la corrupción para la presidencia de López Obrador como la frecuente naturaleza casuística de su implementación. El presidente espera que la gente crea que sus intenciones y las de quienes lo rodean son nobles, en lugar de seguir prácticas más institucionales. López Obrador describe su postura como «austeridad republicana», un imperativo moral dirigido contra los privilegios de las elites mexicanas, el dispendio y los excesos, el abuso de fondos públicos y la corrupción rampante. El paradigma se presenta como una alternativa al modelo neoliberal bajo el cual ha vivido el país desde la década de 1980, que abarcó privatización de empresas públicas, austeridad fiscal y vínculos antidemocráticos entre poder político y poder económico, todo ello acompañado de tasas decepcionantes de crecimiento económico. En teoría, la austeridad republicana pondría el poder político al servicio de los mexicanos corrientes, con los pobres como primera prioridad; la austeridad republicana resultaría en un gobierno frugal, competente y honesto, que trabajaría para crear una economía más justa e incluyente.

Las decisiones de López Obrador de abrir la residencia presidencial al público y de subastar los vehículos de lujo forman parte de la puesta en práctica de la austeridad republicana. Entre otras medidas, el presidente también ha decidido vender el avión presidencial y volar en clase económica de vuelos comerciales, bajarse el salario en 40%, reducir los salarios de los funcionarios jerárquicos, cancelar las pensiones vitalicias para los ex-presidentes y eliminar el Estado Mayor Presidencial (el equivalente mexicano de una guardia presidencial).

La pregunta es si estos gestos son más simbólicos que sustanciales. Los críticos del gobierno creen que sus decisiones más significativas pueden resultar contraproducentes. Según la investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad Ana Thaís Martínez, la cancelación del aeropuerto podría terminar costando miles de millones de pesos a los contribuyentes mexicanos⁴. La reducción de los salarios de los servidores públicos hará más difícil atraer y retener el talento necesario para ejecutar las labores de gobierno de manera efectiva. Y no es evidente que las políticas anticorrupción más visibles puedan reducir verdaderamente las prácticas de corrupción sin esfuerzos institucionales adicionales. Que el presidente vuele en clase económica es un símbolo poderoso de su compromiso de vivir modestamente, pero no altera en nada la economía política del antiguo régimen.

Hay una cierta ironía en hacer de la austeridad republicana una alternativa al neoliberalismo, dado que la austeridad fiscal ha sido un ancla de las políticas económicas neoliberales puestas en práctica por gobiernos anteriores. Sin embargo, el gobierno de Morena enfatiza que la austeridad republicana no significa reducir el gasto público, sino reajustar las partidas presupuestales para beneficiar a los más desfavorecidos. En el pasado, el gasto público en México incrementó la desigualdad en la distribución del ingreso, más que reducirla. Para López Obrador, la reducción de la corrupción y el dispendio es un componente fundamental de su estrategia para restablecer la confianza del público en su gobierno, terminando con prácticas que han permitido a los empleados públicos con acceso a recursos estatales mantener estándares de vida muy superiores a los de la mayor parte de los mexicanos.

Cuando López Obrador estuvo a punto de ganar la elección presidencial de 2006 –elección en la que insistió que había perdido debido a un fraude electoral, sin ofrecer pruebas al respecto–, sus oponentes lo compararon frecuentemente con otros «populistas» de izquierda en América Latina. El fantasma de Hugo Chávez se usaba a menudo para sugerir que su victoria llevaría a México a un futuro de irresponsabilidad económica y eventual crisis. Sin embargo, la austeridad republicana se ha distanciado significativamente de las políticas económicas insostenibles de Venezuela. Por ejemplo, nadie en México clama por la nacionalización de empresas del sector privado y el gasto público no se ha elevado de manera notable. El primer año de López Obrador en el poder se ha caracterizado por una férrea disciplina macroeconómica. De hecho, su gobierno ha evitado implementar reformas fiscales e institucionales necesarias para hacer del modelo económico algo más progresivo e incluyente. Por ahora, se ha limitado a reajustar recursos existentes, sin generar nuevos ingresos fiscales.

Estos reajustes no están exentos de problemas. La reducción de subsidios en el sector salud ha ocasionado escasez de medicamentos y personal en hospitales públicos. Los recortes salariales y los despidos de personal en áreas tan importantes como el Sistema de Administración Tributaria han debilitado aún más las magras capacidades recaudatorias del gobierno federal. El gobierno también ha transformado un número de programas sociales vigentes. Reemplazó los programas condicionales de transferencias en efectivo por la provisión directa de apoyos económicos, especialmente a jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Aunque las partidas presupuestales para los programas sociales se han incrementado, al tercer trimestre de 2019 el gobierno había subejecutado su gasto social en cerca de 2.500 millones de dólares en áreas claves como el desempleo juvenil⁵. En otros casos, las ayudas económicas en efectivo no han sido suficientes para reemplazar los beneficios perdidos, como ocurrió con los apoyos de guarderías para madres de bajos recursos que fueron reemplazados por un pago único de 42 dólares mensuales por familia.

Las transferencias monetarias son emblemáticas de la voluntad del gobierno para poner la igualdad social en el centro de la política pública. Sin embargo, los apoyos podrían convertirse en una nueva base de políticas clientelares, uno de los aspectos más negativos del antiguo régimen político. Por ejemplo, hoy no existen padrones confiables o transparentes de los beneficiarios. En 2019, los fondos se entregaron sin supervisión o regulación: no hay todavía ningún marco legal que los regule en 2020. Y, al menos por ahora, hay poca evidencia de que estas políticas estén produciendo resultados. La iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas sociales más importantes del gobierno, que está enfocado a proveer de empleo a los jóvenes, no ha producido una caída significativa en la tasa de desempleo de la población entre 18 y 29 años que no trabaja ni estudia. Después de 10 meses, y con cerca de un millón de personas inscritas en el programa, la iniciativa ha sido capaz de ubicar únicamente a 15.000 jóvenes en puestos de trabajo.

Un logro más significativo en el mercado laboral ha sido el incremento en el salario mínimo nacional de 4,39 dólares diarios a alrededor de 5 dólares diarios. En la región fronteriza –la más industrializada y con la población de mayores ingresos–, el salario mínimo prácticamente creció al doble, a casi 9 dólares por día. Esta política salarial empoderó a numerosos trabajadores. Después del anuncio del incremento al salario mínimo, hubo varias huelgas en maquiladoras de la ciudad fronteriza de Matamoros donde decenas de miles de trabajadores consiguieron renegociar sus contratos y mejoraron su paga. La abogada laboral Susana Prieto Terrazas, quien se convirtió en la líder simbólica de las huelgas, las comparó con la Primavera Árabe. «Siempre soñé que los trabajadores iban a despertar y luchar [por sus derechos] y sucedió», declaró⁶. El gobierno de López Obrador se mantuvo neutral ante las huelgas, un cambio notable dada la clara hostilidad de los gobiernos anteriores a las acciones colectivas por parte de los trabajadores. En todo el país, el poder adquisitivo de los trabajadores ha aumentado y ha habido un incremento en el consumo, dos factores que explican la duradera popularidad del presidente.

En otros ámbitos, hay señales económicas más preocupantes. La economía se está desacelerando y el PIB cayó 0,1% en 2019, el peor dato de la década. Confrontado con la posibilidad de que su primer año en el poder fuera de casi nulo crecimiento económico, López Obrador dijo que «no hay recesión económica, aunque no le[s] guste a nuestros adversarios»⁷. Apuntando a la distribución del ingreso, añadió que a su gobierno le importa el crecimiento, pero le preocupa más el desarrollo. Sin embargo, un bajo crecimiento económico hará más difíciles los esfuerzos por redistribuir el ingreso y la riqueza. Carlos Manuel Urzúa Macías, un renombrado economista progresista y secretario de Hacienda del gobierno actual durante siete meses, expresó su preocupación por el rechazo del presidente a la pericia técnica y dejó escrito en su carta de renuncia: «Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia (…) Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco»⁸.

Hay ecos, sin embargo, de algunas dinámicas políticas de países «bolivarianos», a pesar de las diferencias significativas respecto de la política económica. López Obrador ha mantenido por mucho tiempo que una elite pequeña (la «mafia en el poder») es responsable de los problemas nacionales, y ha descrito a las elites mexicanas con la palabra coloquial «fifí» (que refiere a gustos exclusivos y excesivamente refinados). Pero eso no ha impedido que ahora intente colaborar con los ultrarricos mexicanos. Cuando la inversión en el sector privado decayó a principios de 2019, al tiempo que Donald Trump amenazaba con imponer tarifas a las exportaciones mexicanas en junio, el presidente mexicano respondió tomando contacto con algunos de los ciudadanos más acaudalados del país. Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, dos de los hombres más ricos del planeta, han aparecido en eventos públicos junto al mandatario y han anunciado su interés en colaborar con el gobierno en grandes proyectos de infraestructura.

Más que un «populista de izquierda», López Obrador es un político de corte «nacionalista popular» que combate el régimen tecnocrático y la globalización. Por ejemplo, desde hace años viene repitiendo con insistencia su deseo de convertir la empresa petrolera pública Pemex en el motor de desarrollo del país. Sus otros proyectos insignia –el aeropuerto en Santa Lucía, una refinería de crudo en Dos Bocas y el Tren Maya, que haría un recorrido turístico alrededor de sitios arqueológicos mayas en la península de Yucatán– evocan cierta nostalgia por la era del «desarrollo estabilizador» de México, el periodo de crecimiento económico sostenido de mediados del siglo XX. Pero las condiciones –y prioridades– hoy no son las de antes. Julia Carabias Lillo, una de las activistas ambientales más respetadas del país, ha dicho que el Tren Maya es un modelo de «antiecoturismo»: se trata de un proyecto masivo y de alta intensidad que no respeta el medio ambiente, no cuenta con una función social y no involucra a las comunidades locales. Por su parte, López Obrador ha dicho que a «los abajofirmantes» que han expresado reservas sobre el tren –incluyendo académicos, ambientalistas y grupos indígenas– les «falta baño de pueblo»⁹.

López Obrador ganó la elección presidencial en gran parte por la frustración de los mexicanos con los gobiernos que lo precedieron. Además de la corrupción y el desarrollo desigual, se percibía ampliamente como fallida la estrategia punitiva de militarización para combatir el crimen organizado. La seguridad pública en México ha alcanzado un punto extremo: desde 2006, el número de asesinatos ha alcanzado los 250.000 –adicionalmente, el número de desaparecidos ronda los 40.000¹⁰–. La participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado ha resultado en serias violaciones a los derechos humanos. Durante su campaña, López Obrador prometió un cambio radical en materia de seguridad, incluyendo el retorno gradual de los militares a sus cuarteles, la legalización de las drogas, justicia transicional y amnistías selectivas. Insistió, además, en que sus políticas para combatir la corrupción en el gobierno y la desigualdad económica disminuirían las tasas de delincuencia.

Sin embargo, durante el primer año de su gobierno, la tasa de homicidios aumentó. En los primeros diez meses de 2019, hubo casi 30.000 asesinatos, un número récord. En gran parte la cifra fue consecuencia de las políticas fallidas de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Pero a medida que pase el tiempo, el nuevo gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en la crisis de seguridad. Esto no será fácil. En particular, una nueva iniciativa sentó un precedente preocupante: en julio de 2019, López Obrador creó una Guardia Nacional. Este nuevo cuerpo de seguridad –emblemático de la política de seguridad del gobierno– es una fuerza híbrida militar-policial que parece en gran parte una continuación del enfoque militarizado de la denominada «guerra contra las drogas».

En algunas partes del país, los grupos criminales son tan fuertes que el gobierno mexicano carece de autoridad efectiva. El pasado octubre, el gobierno tuvo que liberar a Ovidio Guzmán López –uno de los hijos de Joaquín «el Chapo» Guzmán– tras su arresto por fuerzas de seguridad en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Apenas después de la detención de Ovidio Guzmán, miembros del Cártel de Sinaloa bloquearon avenidas, prendieron fuego a vehículos y crearon caos en la ciudad: nueve personas murieron en la confrontación. Abrumado por la violencia narco, el gobierno federal decidió liberar a Guzmán. Tras su puesta en libertad, la credibilidad de la estrategia anticrimen del gobierno se desplomó.

El arresto fallido fue resultado de una operación pobremente planeada; sin embargo, también generó preguntas importantes sobre las políticas de seguridad de López Obrador. El episodio de Culiacán replicó los aspectos más criticados de los gobiernos anteriores: la «decapitación» de los cárteles de la droga, matando o deteniendo a sus líderes, en vez de dar prioridad a medidas menos espectaculares pero más efectivas en el largo plazo, como el desmantelamiento de las redes criminales en los niveles medios, el despliegue enérgico de la inteligencia financiera contra el lavado de dinero y, sobre todo, el compromiso con una reforma integral de las fuerzas policiales y el sistema de administración de justicia.

El episodio también refleja los retos que enfrenta López Obrador en el escenario internacional, particularmente en relación con su vecino del norte. Después del cruel asesinato de nueve integrantes de una familia mormona en el norte de México a principios de noviembre de 2019, muchos mexicanos y estadounidenses acusaron de fallida a la política de «abrazos, no balazos» que promueve el presidente. El 5 de noviembre, Trump escribió en Twitter: «Es hora de que México, con la ayuda de Estados Unidos, declare la guerra a los cárteles de la droga y los extermine de la faz de la tierra». López Obrador tiene razones de peso para tomar con seriedad los caprichos de Trump. Con sus amenazas de imponer tarifas a las exportaciones mexicanas, Trump consiguió que el gobierno se comprometiera a incrementar la vigilancia y el cumplimiento de sus regulaciones migratorias no solo en las fronteras mexicanas sino en todo el territorio nacional. Como resultado de las presiones de Trump, el gobierno abandonó la política de dar permisos de trabajo a migrantes centroamericanos y adoptó una posición más dura, notablemente a través de la movilización de cerca de 25.000 miembros de la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes y restringir su movimiento dentro del territorio mexicano, impidiéndoles, por ejemplo, salir del sureño estado fronterizo de Chiapas.

Como ha argumentado el antropólogo Claudio Lomnitz, este drástico cambio en la política de migración demostró una consecuencia irreversible del proceso de integración norteamericana: México se vio efectivamente obligado a desplegar tropas en contra de los migrantes centroamericanos para mantener sus flujos comerciales con EEUU. La integración norteamericana es, por supuesto, profundamente asimétrica. Por ejemplo, como ha indicado el veterano reportero británico Ioan Grillo, dado que los cárteles mexicanos de la droga emplean armas de alto calibre fabricadas en EEUU, sería de gran ayuda para la lucha contra los cárteles que menos armas de este tipo estuvieran disponibles a la venta¹¹. Pero muy rara vez el tema se discute en EEUU, incluso entre los partidarios de controles de venta de armas más estrictos.

A diferencia de Guatemala, Honduras y El Salvador, México se ha rehusado en repetidas ocasiones a cumplir con la demanda estadounidense de firmar un acuerdo de «tercer país seguro», que requeriría que los migrantes solicitaran asilo en un país de tránsito, en este caso México, y que su petición fuera rechazada en ese país antes de solicitar asilo en EEUU. Sin embargo, la adopción en enero de 2019 de los Protocolos de Protección a Migrantes en EEUU –conocidos como el plan «Remain in Mexico», por el cual los migrantes que solicitan asilo en EEUU son enviados a México para esperar respuesta a sus solicitudes– ha convertido a México, de facto, en un «tercer país seguro». Como resultado de los Protocolos de Protección a Migrantes, cerca de 60.000 migrantes están varados en ciudades fronterizas mexicanas, a la espera de que las autoridades estadounidenses tramiten sus solicitudes de asilo. La mayoría de los migrantes vive en condiciones de extrema precariedad y es objeto de extorsiones, robos y secuestros. Estas condiciones han contribuido a un alza en sentimientos y opiniones antiinmigrantes sin precedentes en la vida pública de México.

Solo queda un componente del conjunto original de políticas migratorias de López Obrador que buscaba crear una alternativa al statu quo: la promoción de un plan de desarrollo regional para Centroamérica que atienda algunas de las causas principales de la migración. Desde un punto de vista práctico y ético, un esfuerzo regional parece inevitable; con el cambio climático, muy probablemente el flujo de migrantes de Centroamérica a México y a EEUU aumentará en el largo plazo. Pero la tendencia general es clara: bajo presión, México se ha convertido en un socio a tiempo completo de la agresiva postura antiinmigrante del gobierno estadounidense.

López Obrador fue elegido con el apoyo entusiasta de la mayor parte de la izquierda mexicana. ¿Qué hemos aprendido sobre el tipo de izquierda que representa tras un año en el poder? Sus rasgos de izquierda más claros son su postura crítica de la oligarquía mexicana y su intento de repensar la relación entre poder político y poder económico. En un marcado contraste con los políticos mexicanos de las últimas décadas, López Obrador ha cuestionado por mucho tiempo la concentración de riqueza y recursos por parte de la elite mexicana. Sin embargo, a pesar de su viejo compromiso con la denuncia de la exclusión social, su postura adolece de deficiencias importantes. Por ejemplo, su intenso énfasis en la corrupción política puede crear la impresión de que detrás de ese tipo de corrupción existe una serie de relaciones económicas que son esencialmente justas y que no merecen ser replanteadas. Existe el riesgo de que el enfoque en la corrupción desvíe la atención del objetivo principal de un verdadero programa político de izquierda: la creación de una economía política igualitaria capaz de transformar la distribución de los recursos materiales. El programa económico del gobierno carece de las herramientas principales para tal redistribución, incluyendo las muy necesarias reformas fiscales.

El programa para el desarrollo social y económico del país sufre de otra deficiencia profunda: su énfasis en la producción, refinación y consumo de petróleo, justificado en la defensa de la «soberanía energética». Las energías limpias y renovables están completamente ausentes de sus planes, mientras que proyectos de gran escala y de alto impacto ambiental como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas ocupan un espacio central. Es también problemático el hecho de que el presidente no parezca distinguir entre las críticas de buena y mala fe; como proyecto político, la Cuarta Transformación prefiere fortalecer el liderazgo presidencial como único instrumento de la voluntad popular.

Aunque su política exterior incorpora elementos progresistas –incluyendo la oferta de mediación entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó cuando ambos reclamaron la Presidencia de Venezuela y el asilo a Evo Morales tras su derrocamiento, con participación militar, en noviembre de 2019–, López Obrador ha mostrado carecer de una visión sobre las dimensiones globales de problemas como el cambio climático, la migración y la política económica. Uno de los objetivos fundamentales de política exterior de su gobierno ha sido (algo paradójicamente) la batalla por la preservación de los principios de comercio exterior codificados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la forma del nuevo Tratado de México, EEUU y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés). Será difícil poner fin al neoliberalismo si las políticas internas no se acompañan de un conjunto similar de políticas externas. López Obrador ha repetido insistentemente que «la mejor política exterior es la [política] interior». Pero sin un enfoque de izquierda ante problemas globales, el gobierno simplemente ha adoptado algunos de los programas de libre comercio más emblemáticos de los gobiernos anteriores sin presentar una alternativa propia.

La llegada de Morena a la Presidencia generó sentimientos de esperanza, entusiasmo y renovación en México. A un año de su asunción, hay una creciente inquietud de que la Cuarta Transformación no sea capaz de realizar los cambios que los mexicanos necesitan urgentemente. Por el momento, la oposición política no logra salir de su propio embrollo. No tiene liderazgo, no tiene ideas y, sobre todo, no tiene relevancia. Pero Morena y López Obrador, quien insiste que está llevando a cabo una profunda transformación de México, necesitan ser más audaces, más astutos, y estar dispuestos a rendir cuentas para tener éxito en su labor. El poeta Javier Sicilia, quien fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que agrupa a víctimas de la delincuencia tras el asesinato de su hijo en 2011, ha dado voz a las preocupaciones de muchos. «No somos [los] enemigos [de López Obrador], no queremos su fracaso, [el] fracaso de la 4T es el fracaso del país para siempre», dijo en noviembre pasado. «Si fracasa la 4T, ya no hay nada».

Epílogo: México y el coronavirus

La reacción de López Obrador durante las primeras semanas a partir del surgimiento de casos de covid-19 en México a finales de febrero estuvo marcada por una actitud cercana a la negación de la gravedad del problema de salud que se enfrentaba. Significativamente, el mandatario se rehusó a marcar una pausa en sus giras alrededor del país, caracterizadas por su convivencia cercana con cientos o miles de sus simpatizantes. Probablemente, esta actitud alcanzó su punto más álgido a finales de marzo, cuando durante una de sus cotidianas conferencias de prensa matutinas, exhibió un par de «amuletos» que, según alegó, los protegerían a él y al país de la pandemia. La postura de López Obrador se podía explicar, en parte, por la reticencia a adoptar medidas radicales de aislamiento social en un país como México, donde una mayoría de la población recibe su sustento diario de actividades económicas informales no susceptibles de ser paralizadas indefinidamente. Sin embargo, ello soslayaba otras características estructurales de la población mexicana, como su enorme vulnerabilidad en términos de salud a amenazas como el coronavirus. México se encuentra entre los primeros lugares mundiales de los tipos de padecimiento de mayor riesgo en caso de contagio, como la diabetes, la hipertensión o la obesidad.

Gradualmente, sin embargo, comenzó a gestarse un cambio en la posición oficial ante la crisis. López Obrador depositó el manejo público de la emergencia en manos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y experto en epidemiología Hugo López-Gatell, y comenzó la promoción del distanciamiento social mediante la «Jornada Nacional de Sana Distancia», que ha implicado, entre otras medidas, la suspensión de las actividades públicas y de las clases presenciales en los establecimientos escolares. Sin imponer una cuarentena obligatoria, el gobierno federal inició la adopción de una activa política de promoción del confinamiento voluntario, ejemplificada por el lema «Quédate en casa». Estas medidas se reforzaron el 31 de marzo con una declaración de emergencia sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General, que supuso la suspensión de todas las actividades no esenciales en los sectores público y privado hasta el 30 de abril, periodo extendido luego hasta el 30 de mayo. A pesar de estas medidas, los gobernadores de varios estados (tanto gobernados por la oposición como por Morena, con la Ciudad de México como ejemplo más emblemático en ese sentido) han optado por adoptar medidas unilaterales, ya sea complementarias o contradictorias con las de la Federación.

El gobierno federal ha puesto en práctica medidas adicionales, como la reconversión de la infraestructura hospitalaria, la convocatoria a un programa de contratación masiva de personal médico y de enfermería, el establecimiento de un acuerdo con hospitales privados para atender a usuarios de los institutos de salud pública durante la contingencia, y la compra de materiales y equipo médico a China y EEUU. Sin embargo, una de las principales críticas que se han formulado a la respuesta del gobierno es que no se aprovechó la ventaja temporal que tuvo México para prepararse. Aunque las autoridades han insistido en que venían preparándose desde enero, las fechas en que se anunciaron las medidas indican que se pudo haber perdido un tiempo valioso.

Adicionalmente, otros aspectos del manejo oficial de la crisis han generado controversia. En diversas partes del país se han registrado brotes de covid-19 en hospitales y clínicas del sistema nacional de salud y han surgido protestas por parte del personal de instituciones de salud por la falta de materiales médicos. Otro tema cuestionado ha sido la metodología para el conteo de los contagios. En vez de basarse en la aplicación masiva de pruebas, el actual sistema se basa en el modelo «Centinela»¹², que estima el número de contagios mediante la recopilación de reportes sobre enfermedades respiratorias en cientos de unidades de salud a lo largo del país. En este rubro, el gobierno federal ha comenzado a dar un giro mediante el inicio del reparto de cientos de miles de pruebas entre las 32 entidades federativas de la nación. Al 14 de mayo, se habían registrado en México 42.595 casos de contagio y 4.477 fallecidos por efectos del covid-19. Según los cálculos oficiales, de funcionar las medidas adoptadas, se podría proyectar un regreso gradual a las actividades el 17 de mayo (en los municipios sin casos de contagio) y el 1 de junio para el resto del país, y una vuelta completa a la normalidad para el 25 de junio.

Como casi todos los países, México se enfrenta a una fuerte contracción económica debido al coronavirus. Pero hay algunos retos adicionales: el presupuesto federal de México depende de los ingresos del petróleo y, ajustados por inflación, los precios han caído a sus niveles más bajos en más de 70 años. Por el momento, la cobertura petrolera con que cuenta el país cubrirá parte de esos ingresos perdidos, aunque crea restricciones a mediano plazo¹³. La economía de México es una economía abierta, que se enfrenta a interrupciones en las cadenas de suministros y de la actividad turística. Otro desafío es el alto peso de la economía informal, que alcanza a más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras. Una de las razones que explica la resistencia al cierre hasta que lo hizo necesario la transmisión comunitaria era que los trabajadores informales, muchos de ellos pobres, no tenían los recursos para refugiarse en el lugar. «No puedo parar», decía un vendedor de hamburguesas a un cronista de The New York Times. «Si no vendo, no como»¹⁴.

Sin embargo, en línea con su visión de austeridad gubernamental, el paquete de ayuda previsto es pequeño. López Obrador ha dicho que no aumentará la deuda ni ofrecerá rescates a las empresas. Las grandes empresas, dijo, han evadido impuestos y no merecen ser apoyadas. «Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal que les daban a los bancos, a las grandes empresas», declaró¹⁵. Se han puesto a disposición de las pequeñas empresas líneas de microcrédito. Las redes existentes de programas sociales han permitido acelerar los pagos. Sin embargo, el número de beneficiarios parece ser menor que en 2018, y el gasto total en programas sociales es similar al de 2011. A diferencia de otros gobiernos, que han creado nuevos programas para proteger a los pobres y ayudarlos a permanecer en sus hogares durante el distanciamiento social, México se ha resistido hasta ahora a hacerlo. El gasto en infraestructura continuará en los proyectos favorecidos por López Obrador, pero como esta creación de empleo ya estaba planificada, no forma parte realmente de la reacción ante la pandemia. La respuesta global planeada es, hasta ahora, equivalente a 1% del PIB: Perú ha prometido un gasto de 12%, y EEUU y Brasil, alrededor de 10%¹⁶. Gerardo Esquivel, un economista designado por López Obrador para el Banco Central, ha pedido un programa anticíclico, centrado en la ayuda a los trabajadores¹⁷.

La pandemia de covid-19 parece estar acelerando el desgaste político que ya comenzaba a acusar la amplia coalición con que ganó López Obrador y con que había gobernado hasta ahora, al tiempo que abre nuevas oportunidades para que algunas oposiciones traten de recuperar relevancia.

A principios de marzo de este año la aprobación presidencial se ubicaba en 59%, diez puntos menos que en diciembre del año pasado¹⁸. Lorena Becerra, encuestadora del periódico Reforma, explica en una entrevista que esa caída es producto de «una creciente percepción de falta de resultados», sobre todo en los dos temas que más les importan a los mexicanos: economía y seguridad. Asimismo, Becerra advierte que los primeros indicios de su manejo de la emergencia sanitaria eran negativos y apuntaban, junto con los estragos de la crisis económica en ciernes y la insuficiencia de las medidas gubernamentales para hacerles frente, a que la popularidad del presidente mexicano podría sufrir «un golpe durísimo»¹⁹.

Por lo pronto, varias figuras y sectores que antes lo apoyaron han procurado distanciarse, cuando no criticarlo abiertamente. Entre los círculos de izquierda no parece haber ningún economista que no les ponga peros, por insuficientes o mal concebidas, a las medidas anunciadas hasta este momento para tratar de mitigar el impacto económico del coronavirus. Los gobernadores de Baja California y Puebla, que llegaron al poder bajo las siglas del mismo partido que el presidente, Morena, han denunciado problemas con las cifras oficiales de contagios y muertos, así como falta de apoyo por parte del gobierno federal a estados. La decisión de extinguir los fideicomisos públicos con el fin de usar ese dinero para atender la emergencia ha alienado a las comunidades científica y cultural del país, que gestionan buena parte de sus recursos a través de esos mecanismos. Y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un organismo que aglutina a las principales cúpulas de la iniciativa privada y cuyo presidente, Carlos Salazar, había logrado una visible capacidad de interlocución con el presidente, reprochó que en su plan de reactivación económica el gobierno le «cerró la puerta» a la propuesta de estímulos fiscales del organismo e hizo un llamado a sus agremiados para canalizar su enojo por la vía legal de la revocación del mandato²⁰.

A su vez, algunas fuerzas de oposición han buscado aprovechar la contingencia para reafirmarse, capitalizar el descontento y elevarle el costo de sus decisiones al gobierno federal. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la agrupación más grande y representativa del empresariado nacional, señaló que la negativa del presidente a adoptar muchas de las políticas expansivas que ya se han implementado en otros países agravará las consecuencias de la pandemia²¹. La asociación de gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), que reúne a los mandatarios de diez estados, ha denunciado que los insumos médicos proporcionados por las autoridades federales son, tanto en cantidad como en calidad, inaceptables. Y los gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas, haciendo eco del llamado de algunas cámaras empresariales locales a dejar de pagar impuestos, han demandado una revisión del pacto fiscal con el fin de recalcular la fórmula de asignación de presupuestos entre las distintas entidades federativas.

En suma, la contingencia sanitaria y sus efectos económicos están desestabilizando los equilibrios políticos que López Obrador había logrado en más de un año en el poder. Y eso, aunado al conflicto que impera dentro de su propio partido, Morena, entrampado en un proceso de sucesión de su dirigencia que sigue sin poder llevarse a cabo²², y cuya intención de voto ha pasado de 44% en marzo de 2019 a 18% en marzo de este año, sin que ningún otro partido se beneficie de ello, anticipa un panorama complicado para el presidente de cara a las elecciones intermedias de 2021²³.

Nota: una primera versión de este artículo en inglés fue publicada con el título «Year One of AMLO’s Mexico» en la revista Dissent, invierno de 2020. Publicamos este artículo como parte de un esfuerzo común entre Nueva Sociedad y Dissent para difundir el pensamiento progresista en América. Traducción: Manuel A. Bautista González.