La industria de las noticias en México se desarrolló naturalmente al ritmo de las tendencias propias de su símil mundial, caracterizándose por hitos de tipo social, político, económico y tecnológico que fueron perfilándola a través de sus menos de dos siglos de historia como tal1. Así sucedió, de manera más o menos predecible, hasta hace tres décadas, cuando irrumpió con violencia un protagonista social empoderado como nunca antes, que la transformó dramáticamente –aunque esperemos que no para siempre–: el crimen organizado2.
Hasta hoy, los estudios e informes públicos y ciudadanos en la materia se han enfocado sobre todo en las trágicas consecuencias de este fenómeno para el ejercicio del periodismo y, en general, de la libre expresión y el derecho ciudadano a la información. Es comprensible: son periodistas principalmente del interior del país quienes han llevado la peor parte en todo esto, sufriendo amenazas y acosos, ataques personales y familiares, allanamientos y robos, secuestros y detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, desapariciones, desapariciones forzadas, persecuciones y exilio3.
En contraste, por atender este aspecto de emergencia han sido obviados otros temas cuya profundización permitiría comprender y dimensionar el impacto de la violencia delictiva en el ejercicio del periodismo y la libre expresión, y consecuentemente, en el ejercicio ciudadano del derecho a la información.
Entre tales temas destacan cinco:
a) medir el nivel de incidencia y participación financiera de la delincuencia organizada en las empresas de noticias;b) precisar el grado de cooptación económica del gremio periodístico por parte de ese agente corruptor, así como la correlación entre la capacidad corruptora de la delincuencia organizada y la precarización laboral del gremio de los periodistas, a causa de políticas de recursos humanos mayoritariamente leoninas aplicadas por las empresas de noticias;c) determinar el grado de participación de los periodistas y los medios industriales de noticias –por cooptación, empatía, complicidad, inercia o lucro– en las espirales de violencia simbólica, a través de la diseminación y sobreexposición masiva y explícita de actos atroces de grupos delincuenciales;d) establecer si cierta perspectiva victimizante de segmentos del gremio periodístico, paradójicamente, se beneficia del estado violento de cosas, al reproducir y reforzar socialmente la engañosa discursiva de «guerra», en una lógica donde convergen de facto, por una parte, los intereses comunicacionales estratégicos y económicos y la ideología de los gobiernos federal y locales, las empresas y corporativos mediáticos, y por otra, determinadas expresiones delincuenciales caracterizadas por poseer una evidente sensibilidad mediática;e) estudiar cómo las implicaciones de la precaria cultura de agremiación, colegiación y organización solidaria entre los periodistas mexicanos aumenta su vulnerabilidad ante agentes violentos.
Por sí mismos, estos temas debieran constituir el núcleo de una amplia agenda de problematización, estudio y comprensión de las correlaciones entre los poderes fácticos implicados, y su impacto sobre las libertades de información y expresión en la sociedad mexicana, como un esfuerzo colectivo ineludible hacia soluciones estructurales democráticas.
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Me viene a la memoria una charla, a principios de la década de 1990, con Carlos Monsiváis, en la que al comentar el asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo, cometido oficialmente por una organización criminal en la ciudad occidental de Guadalajara, en mayo de 1993, él vaticinaba con tono sombrío: «Siguen los periodistas».
Aunque no se lo dije, el comentario me pareció pesimista y quizás algo exagerado, pero lo cierto es que tenía argumentos sostenibles: a) para ciertos efectos criminales, matar a un periodista o atacar a un medio noticioso podía lograr el objetivo de silenciamiento mediático generalizado; b) para otros, alcanzar la visibilidad mediática equivalente a la que implicaba agredir a un gobernante, un político, un empresario o un líder social.
De hecho, para entonces había ya cuando menos dos casos impactantes de periodistas abatidos a tiros en plena calle por móviles relacionados virtualmente con el tráfico de drogas y la corrupción: el de Manuel Buendía, en Ciudad de México, en mayo de 1984, y el de Héctor Félix Miranda, en la norteña ciudad fronteriza de Tijuana, casi cuatro años más tarde, en abril de 1988.
Uno de los mayores legados periodísticos y morales de Miguel Ángel Granados Chapa fue su investigación póstuma sobre el primer caso4: el prestigiado columnista y pensador del periodismo Manuel Buendía se había especializado en la investigación sobre corrupción pública y política, poderes fácticos como la ultraderecha y la creciente visibilidad e incidencia de grupos delincuenciales en la vida social mexicana, hasta convertirse en el columnista más influyente y respetado.
La noche del 30 de mayo de 1984, Buendía fue acribillado por un pistolero cuando caminaba por una céntrica zona de la Ciudad de México, en medio del tráfago citadino. La compleja trama reconstruida por Granados Chapa acerca de la muerte violenta de su maestro y amigo entrañable revela que Buendía habría sido silenciado por encomienda de José Antonio Zorrilla Pérez, siniestro policía de Estado entonces al frente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Aunque periodista y policía eran amigos y compadres, habrían ido distanciándose a causa de información en poder de Buendía que evidenciaba la penetración del narcotráfico en la DFS –en particular, del llamado «Cartel de Guadalajara»–, con la connivencia directa de Zorrilla Pérez y de otros funcionarios públicos de mayor nivel burocrático.
El presidente de la República Miguel de la Madrid (1982-1988) designó precisamente a Zorrilla Pérez como responsable de la investigación, fuera de todo principio de legalidad, puesto que: a) la DFS no tenía facultades de policía ministerial; b) al erigirse como tal, suplantaba a la Policía Judicial Federal; c) había existido una relación personal entre la víctima y el policía, y d) en la época inmediatamente previa a su asesinato, el periodista investigaba justamente al policía por su posible colusión con narcotraficantes. De este modo se consumó lo que Granados Chapa consideró «el crimen perfecto».Obviamente, Zorrilla Pérez se enfocó en borrar cuanta evidencia fuera posible, dislocar las líneas de investigación y hacer «tortuguismo», comenzando por allanar la oficina y sustraer el archivo de su ex-compadre, así como desvirtuar evidencias, acosar a cuando menos un testigo presencial y mantener a distancia a familiares y colegas suspicaces del gremio periodístico.
Casi cuatro años después, la mañana del 20 de abril de 1988, Héctor Félix Miranda, codirector fundador del semanario Zeta, de Tijuana, cayó abatido por dos proyectiles. A diferencia de Buendía, era un columnista frívolo, que escribía sobre las elites políticas y económicas, la vida pública, la corrupción y el crimen, en un lenguaje más bien ofensivo y periodísticamente antiético, pero era apreciado en diversos círculos locales por su trayectoria profesional de cierta independencia.
Desde entonces, ambos crímenes no han dejado de tener visibilidad y resonancia en la agenda pública y mediática. En México, son el inicio descarnado de un camino cuyo final no se vislumbra por ahora: el del periodismo y la libre expresión acosados como nunca antes, sometidos a una cruenta escalada de violencia. Pero ambos hechos evidencian también la creciente colusión de poderes formales e informales, y sus efectos perniciosos en la calidad de la democracia. Exhiben, de paso, la postración del sistema de justicia penal, la cual propicia un índice de impunidad superior a 92% en delitos del fuero común (lo que incluye los homicidios)5.
Finalmente, Zorrilla Pérez fue apresado por la policía en junio de 1989, en gran medida a resultas del cambio de gobierno –hacía siete meses que era nuevo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari–, la presión ciudadana y mediática, y el activismo del gremio periodístico en pro de verdad y justicia. El ex-policía fue sentenciado por un juez a 35 años de prisión, por ser el autor intelectual del asesinato de Buendía, lo que, sin embargo, resultó insatisfactorio, en parte por la falta de credibilidad del sistema penal y por la certeza que comparten periodistas y activistas respecto a que la investigación acerca de los responsables no llegó a niveles más altos del poder público. Lo cierto es que aún hoy se sabe más de este crimen gracias a investigaciones periodísticas como la de Granados Chapa que a la solidez de la investigación judicial6.Con Félix Bautista ha sucedido algo semejante. Los directivos editoriales del semanario Zeta, sobre la base de sus propias indagaciones periodísticas, han sostenido la versión de que el autor intelectual de este homicidio es el empresario y político priísta Jorge Hank Rhon, quien estaría asociado al llamado «Cartel de Tijuana»7. Pero solo fue encauzado judicialmente su guardaespaldas Antonio Vera Palestina, quien según la sentencia judicial respectiva participó en la emboscada que terminó con la vida del periodista de Tijuana y hoy cumple una sanción de 25 años de prisión.
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El periodismo mexicano, en suma, cumple prácticamente tres décadas bajo creciente presión del crimen organizado. Pero ¿del crimen organizado propiamente?
En el año 2000, en sincronía con el inicio del bipartidismo en el nivel presidencial, al ser relevado de la Presidencia de la República el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras casi ocho décadas de hegemonía, por el Partido Acción Nacional (PAN), México experimentó un grave repunte de violencia contra periodistas y medios noticiosos8. De entonces a la fecha, no solo han sido asesinados 85 periodistas, sino que 20 sufrieron desaparición o desaparición forzada9. Nunca antes en la historia nacional un periodista había padecido una afectación semejante.
Las administraciones federales panistas de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), así como los gobiernos locales de diversos partidos a lo largo del país, han atribuido la responsabilidad por esta escalada violenta contra periodistas y medios a las principales organizaciones criminales, enmarcándola en un contexto general de violencia delincuencial fuera de control.
A despecho de esa narrativa gubernamental facilona y cínica, y puesto que el Estado ha sido incapaz, mayoritariamente, de proveer justicia a los periodistas afectados y sus familias, y certidumbre a las sociedades cuyo derecho a la información fue quebrantado de ese modo, existe evidencia empírica suficiente para sostener que la mayor violencia extrema contra los periodistas proviene de servidores públicos asociados de alguna manera a delincuentes comunes u organizados10.
Aunque es inherente a la estructura del Estado, este tipo de colusión –la de funcionarios y criminales– en países como México, con enormes niveles de fragilidad institucional, encuentra escasos límites y contrapesos11. Además, en cierto sentido, cuando se habla de «crimen organizado» debiera ser implícito que se trata de funcionarios de gobierno asociados con delincuentes particulares, lo que es una pésima noticia también para el ejercicio del periodismo y, en general, para las libertades de información y expresión.
Finalmente, habla por sí mismo el hecho de que en muchos de los casos de periodistas atacados por el ejercicio de su trabajo, incluidos Buendía y Félix Miranda, sea evidente la participación orquestada de funcionarios y criminales para consumar los ataques. Conversando con Lydia Cacho sobre el tema, ella consideraba que, sobre todo en el interior del país, un periodista suele quedar atrapado en el vórtice de esa violencia criminal cuando encuentra y revela, está por revelar o alguien cree que podría hacerlo, puntos donde poder político/público y poder criminal confluyen y se erigen en un poder fáctico con gran capacidad corruptora y de violencia destructiva. Ciertamente, hay otras variaciones de este tema, como diversos casos de corrupción, complicidad o conflictos de índole personal en los que periodistas llegaron a implicarse, con funestas –e injustificables– consecuencias.
Al reflexionar sobre las aristas violentas de la relación prensa-poderes, recuerdo con frecuencia esa historia sórdida que envolvió a los fundadores del San Francisco Chronicle –que llegó a ser uno de los más influyentes y magníficos diarios estadounidenses–12. Cierto que hay incidentes mucho más graves y sangrientos en el México actual, pero esa historia es elocuente, en su sencillez, sobre los riesgos del periodismo local al revelar complicidades en contextos sociales cuasi domésticos.
En 1879, cuando estaba por cumplir tres lustros, el periódico publicó, usando un lenguaje más bien soez, la versión de que el candidato a alcalde de San Francisco, reverendo Isaac Smith Kalloch, había sido expulsado de Boston tras huir con una integrante del coro del templo Tremont y enfrentar un proceso penal por adulterio en Massachusetts. El aludido reaccionó difundiendo a su vez la especie de que la madre de Charles y Michael de Young, los propietarios del Chronicle, había regenteado una casa de prostitución en San Luis, Misuri. En represalia, el primero de los hermanos le pegó un tiro. Kalloch sobrevivió y obtuvo la Alcaldía. Aunque Charles no fue castigado por la ley, al año siguiente un hijo del reverendo se apersonó en su diario y lo asesinó de un balazo.
Cuatro años más tarde, en 1884, Michael, el hermano sobreviviente, recibió un disparo de Adolph Spreckels, hermano del dueño de un diario competidor e hijo del magnate azucarero Claus Spreckels, luego de que el Chronicle denunciara supuestas prácticas esclavistas de la Spreckels Sugar Company en Hawaii. Michael de Young sobrevivió al ataque, en tanto que su agresor fue absuelto. Claramente, en cuanto a violencia e impunidad, los poderes fácticos, incluido el mediático, se pintan solos.
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Si bien escasos, hay estudios acerca de la discrecionalidad con la que el gobierno asigna su publicidad en medios informativos, en el marco de un sistema de medios monopólico en sus diversos niveles regionales y compuesto de forma mayoritaria por empresas sobredependientes de dicha publicidad13.
Pero, como expuse al precisar aspectos pendientes de estudio, nada hay de específico sobre la participación económica del crimen organizado en el universo de las empresas que conforman la industria noticiosa, ni hasta dónde ha generado, también por la vía económica, una distorsión en el mercado laboral de los periodistas, al subvencionar a muchos de ellos que, de otro modo, y en virtud de sus precarias condiciones laborales, difícilmente podrían subsistir con honestidad14.
Formo parte del equipo latinoamericano que actualiza el Worlds of Journalism Study15, y aunque en los cuestionarios para aplicar a los periodistas entrevistados incluimos preguntas relacionadas con presiones, amenazas y violencia de servidores públicos u organizaciones criminales, no está previsto el asunto de la cooptación económica de las empresas informativas y quienes ejercemos la profesión periodística por parte de la delincuencia organizada.
Sin embargo, al intercambiar experiencias cada año con decenas de colegas en talleres, conferencias y encuentros a través del país, he constatado que la delincuencia organizada tiene creciente incidencia en las políticas editoriales de los medios noticiosos, no solo por las vías ostensibles de la autocensura y la publicación estratégica de cierto tipo de información «dirigida», sino por la distribución de dinero, lo mismo a empresarios que a periodistas de todos los niveles, usando para ello a emisarios de sus propias filas o a políticos, funcionarios, empresarios o incluso a periodistas. Lo he escuchado con particular insistencia y detalle en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
Algo paradójico –relacionado también con nuestra atomización gremial e incapacidad inveterada de organización– es que, aparentemente, a mayores indicios de cooptación económica de periodistas por parte de delincuentes en un contexto geográfico dado, mayor es la cultura de la sospecha, la descalificación y la calumnia entre los propios compañeros de profesión: si un periodista sufre amenazas, allanamientos, agresiones físicas, acosos, secuestro, tortura, muerte o desaparición, lo más probable es que sus mismos colegas –aun los más cercanos– murmuren que «estaba metido con la maña», justificando implícitamente la violencia en su contra.
Todo esto ha producido, al final, otro efecto pernicioso: una brecha entre periodistas que se erigen como impolutos héroes de la supuesta «guerra contra el narcotráfico» en México –aunque muchas veces capitalicen información que les proveen ilegalmente funcionarios de gobierno o delincuentes– y aquellos que, se supone, son perseguidos, mueren o sufren desaparición por implicarse con delincuentes.
Esta mezquindad nos impide comprender, como colectivo profesional, que nosotros no somos jueces; que todo compañero caído y su familia deben recibir justicia por parte del Estado, independientemente de su estatus ante la ley; que recibir justicia significa, entre otras cosas, la clarificación de los móviles del crimen y el castigo a sus autores, así como el resarcimiento del daño; y que desprestigiarnos entre nosotros no hace más que aumentar nuestra exposición a la violencia.
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Hoy, 30 años de persecución criminal contra periodistas y medios noticiosos han producido, en última instancia, «apagones de información» en diversas regiones del país, golpeando el corazón de la de por sí endeble democracia; en su ineptitud, las instituciones del Estado mexicano propician cada vez menos condiciones para que los ciudadanos ejerzamos nuestras libertades de información y expresión.
Una luz de esperanza, sin embargo, es la cada vez mayor articulación entre organizaciones civiles y de periodistas, en iniciativas auspiciadas mayormente por la cooperación internacional, enfocadas en proveer condiciones de seguridad para el gremio periodístico; mediante la exigencia de justicia para nuestros colegas violentados; el seguimiento jurídico de casos específicos; el estudio y cuantificación sistemáticos de este problema estructural; la denuncia de amenazas; el entrenamiento para la aplicación de protocolos de seguridad personal e informática, y, por supuesto, la profesionalización –concebida como una manera de contribuir a que el periodista evite abrir frentes de violencia en su contra por prácticas poco éticas o abiertamente inescrupulosas– y el empoderamiento de cara a la comunidad16.
