La crisis actual de la educación superior en América Latina hace imperativo abandonar los viejos modelos benevolentes o interventores y el más reciente modelo de desregulación orientado hacia la formación de un mercado de la educación superior, para entrar en la fase de lo que ha venido llamándose el Estado evaluativo. Esto es, un Estado que parte por reconocer la autonomía y diversidad de las instituciones de enseñanza superior y el carácter de bien público de los servicios que ellas ofrecen, y que por tanto contribuye a su financiamiento, pero que a la vez se hace cargo - por medios diversos - de promover la evaluación y autoevaluación de las acciones y los resultados obtenidos por las universidades y de orientarlas «desde la distancia», velando por los intereses de toda la sociedad. La agenda para los 90 vendría a constituir así un notable cambio de perspectiva respecto a la crisis de nuestros sistemas nacionales de educación superior y del desempeño del sector académico en su conjunto.