La última encuesta de Venebarómetro confirma lo que cualquiera que camine por las calles de Venezuela puede percibir: el 88% de los venezolanos asegura que la situación del país está muy mal, mientras el 85% quiere un cambio político de inmediato (esto incluye al 65% de los que se autodefinen como chavistas). Si consideramos que el 79% dice que su sueldo no alcanza para comprar la comida; que el 24,3% come sólo dos veces al día (y el 4,8%, ¡solamente una!); que el 20% dice recibir agua una sola vez al mes y el 35% ha sufrido al menos un corte de luz durante el último mes, los resultados son más que comprensibles. Aunque el chavismo aún sume un nada despreciable 30% de los encuestados, el 44% se declara opositor, otro 22% que se declara independiente. Por su parte, el 91% de esos independientes quiere salir del gobierno e incluso el 17% de los chavistas empiezan a ver en el liderazgo opositor una posibilidad. Nicolás Maduro está en serios problemas.

Venebarómetro fue de las pocas firmas que predijo el tamaño de la victoria opositora en las pasadas elecciones parlamentarias de diciembre. Si los resultados de la presente encuesta son igual de precisos, estamos ante un país a punto de reventar. Por ejemplo, para el momento en que la revisamos, leemos -y en realidad toda Caracas habla de ello- sobre los disturbios de Petare ocurridos el 23 de febrero. Considerado el barrio más grande de Latinoamérica (en realidad se trata de un conjunto de barrios populares en el que vive medio millón de personas), la sistemática falta de agua en un sector, La Alcabala, produjo una protesta que aparentemente fue reprimida por la Guardia Nacional. Los disturbios, que se prolongaron hasta entrada la noche, sus razones y el lugar en que se escenificaron, hablan de un malestar social que va más allá de cualquier bandera política. Todos los días hay noticias de protestas similares y saqueos. Cada vez que el gerente de un supermercado debe informar que se acabó un determinado producto a la larga cola de personas que por horas han esperado comprarlo, se enfrenta a una explosión de ira. Por ejemplo, en agosto de 2015 los habitantes de Sinamaica, en la Guajira, hartos de la escasez saquearon varios camiones que venían con comida. Después atacaron la alcaldía y muy significativamente sacaron a la calle y quemaron los cuadros de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Lo notable es que Petare y Sinamaica corresponden al tipo de lugares en los que el chavismo siempre fue más fuerte: una barriada urbana popular y una población de fuerte presencia indígena. Y aunque en muchas de estas áreas sigue teniendo poder, de no hacer un cambio el riesgo de que lo pierda todo en un futuro cercano, es alto. Una dimensión del apoyo a Hugo Chávez estuvo asociada en la expansión del gasto público. Aunque no fue la única razón de su liderazgo, es imposible soslayar que durante su período los más pobres duplicaran su capacidad de consumo, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Poco les importaba entonces que especialistas y políticos opositores presagiaran que el modelo era insostenible. Con dinero en el bolsillo, era fácil descalificarlos como «apátridas», «burgueses» o «neoliberales». Era, hay que admitir, también fácil que el chavista promedio desconfiara de la oposición y el empresariado después del golpe de 2002. Pero hoy lo que los indicadores gritaban hace diez años ha estallado como una granada en nuestras manos: la gente protesta por falta de agua y comida. Por lo esencial.

Una mezcla de los típicos errores del socialismo autoritario con otros males de arraigada tradición en Venezuela, como el de la corrupción, el despilfarro cuando hay bonanza de petrodólares y la arrogancia, produjo la tormenta perfecta: el millón de millones de dólares que entró por renta petrolera entre 1996 y 2013 se despilfarró en expropiaciones de tierras y empresas que hoy no son productivas; en las importaciones con las que se suplió esa falta de producción y, también, una amplia gama de productos suntuarios; en un abultado gasto público y en una corrupción difícil de cuantificar (se habla que sólo en Andorra se han blanqueado 4.000 millones de dólares). Sin el maná de los petrodólares dispensados con prodigalidad, se reveló el tamaño de la estafa y la pobreza se ubica otra vez en un 50% de la población (un poco más que en 1998, cuando Chávez ganó sus primeras elecciones). Destruida la industria nacional y más dependientes que nunca de las importaciones, sin divisas simplemente los anaqueles están vacíos. La Asamblea Nacional acaba de declarar que estamos en crisis humanitaria por falta de medicinas. A la cruz, por ejemplo, de padecer cáncer o HIV en Venezuela, hay que sumar la de no poderse tratar. La gente espera, incluso en centros privados, por sus operaciones ya que no hay cómo hacerlas. No hay vacunas, ni insumos para hacer biopsias, ni condones. En un país de hipertensos no hay medicinas que los traten. En 2015 llegamos a sumar 100.000 casos de malaria, flagelo que una vez nos diezmó y que creíamos completamente superado. Sumémosle a esto la inflación más alta del mundo (108 % según estimaciones oficiales, 270% según las independientes) y uno de los peores índices delictivos del planeta (80 asesinatos por cada cien mil habitantes).

Por eso los números de Venebarómetro deben hacernos reflexionar y actuar. Ellos son elocuentes, aunque no tanto como los hechos de Sinamaica y Petare; y como los centenares más que con menos estridencia se producen en todas partes. Agua, medicina y comida: he ahí el objetivo que debe trazarse la dirigencia cuando el cambio por el que suspiran chavistas y opositores termine de llegar (y que ojalá lo haga antes de que el país reviente en una especie de Sinamaica generalizada).