Marzo no es un mes más en Paraguay. Ese período de tiempo, en años anteriores, estuvo marcado por protestas sociales que no cedieron hasta conseguir lo que demandaban. En este 2021, las calles de Asunción y otras ciudades fueron tomadas durante varios días y muchos temían el fin del gobierno de Mario Abdo Benítez o incluso un estallido social como en Chile, pero nada de eso pasó. Las demandas no parecen haber encontrado respuesta, entonces cabe preguntarse ¿qué pasó con el «marzo paraguayo»?

Una fecha con historia

El mes de marzo se presta, en Paraguay, a la evocación histórico-política. Durante ese mes en 1870, se puso fin a la Guerra de la Triple Alianza tras la muerte del mariscal Francisco Solano López. Pero ese mes es también parte de la vida política actual. La idea del «marzo paraguayo» remite a una serie de protestas que, durante las últimas dos décadas, han asolado al país durante ese mes. Las más significativas han sido, sin dudas, las de 1999 y 2017.

El 23 de marzo de 1999, el entonces vicepresidente Luis María Argaña se dirigía a su trabajo, pero fue interceptado por un grupo armado que lo asesinó a balazos. Tras 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, el país atravesaba los primeros años de vuelta a la democracia y el presidente de ese momento era Raúl Cubas Grau. El acto criminal trajo consigo los peores recuerdos de la dictadura. El magnicidio, relacionado las luchas internas del Partido Colorado, al cual pertenecían el mandatario y su vice, generó tal conmoción que la población salió espontáneamente a las calles para demostrar su rechazo a la violencia. Quienes se movilizaban por Argaña se encontraron, además, con la marcha de las organizaciones campesinas que se movilizan anualmente para hacer sus reclamos al gobierno de turno. Entre ellas, el pedido de una reforma agraria.

Las protestas agruparon a parte de la ciudadanía organizada, movimientos sociales, campesinos, estudiantes y trabajadores. Durante aquellas jornadas de efervescencia social, el gobierno apostó francotiradores en las terrazas que rodean al Congreso. Siete jóvenes fueron asesinados mientras realizaban las protestas. Ese fue el final para Cubas Grau, que con tan solo siete meses en el poder presentó su renuncia a la presidencia. Como consecuencia de las revueltas, también fue detenido el general Lino Oviedo, acusado de un intento de golpe de Estado en 1996. Cubas Grau, que había sido su aliado, lo había entregado en medio de las protestas, debido a que era señalado como el artífice del magnicidio de Argaña y de la represión en las movilizaciones. Oviedo consiguió escapar del país, aunque luego sería capturado. Absuelto por la Justicia, intentó infructuosamente ser presidente en varias oportunidades.

«Aquella patriada fue considerada la gesta cívica más importante en tiempos de paz de la historia paraguaya. Fue sorpresiva, inesperada y completamente novedosa. Estamos hablando de algo que ocurría a pocos años de caída la dictadura, y no se conocía todavía la fuerza de las protestas ciudadana», explica el analista político y columnista del diario Última Hora, Alfredo Boccia. Para Boccia, la épica de la movilización se perdió tras el gobierno de Luis Ángel González Macchi, que sucedió al de Cubas y que pasó sin pena ni gloria. Aun así, el analista considera que las protestas de marzo lograron que «por primera vez la presencia de gente común en las calles consiguiera cambiar el rumbo de la historia y mantener un sistema democrático de Gobierno, que estaba tambaleando y asustaba con el regreso del autoritarismo».

El otro «marzo paraguayo» es el de 2017. Gobernaba entonces Horacio Cartes, un empresario tabacalero que, si bien se consideraba que manejaba los hilos de la política desde las sombras, era hasta ese momento un outsider. A Cartes, que llegó a la presidencia bajo el sello del Partido Colorado, se le acababa su gestión y no quería dejar el Palacio de López. Y, como en Paraguay, la reelección está prohibida en todas sus formas, decidió llevar adelante una enmienda constitucional para volver a presentarse. El proyecto de enmienda llegó al Congreso. A pesar de que podía ser el principal beneficiario, el proyecto contaba con el apoyo de la oposición, incluido el Frente Guasú, de tendencias progresistas.  La intención de la fuerza de izquierdas era volver a postular a Fernando Lugo, destituido a través de un golpe institucional que, por estos días, cumple su noveno aniversario.  Pese a que la dirigencia política se perfilaba a apoyar la medida, la población la rechazó y lo hizo saber en la calle.

El 31 de marzo de 2017, los senadores votaron a favor de la enmienda y los manifestantes que estaban fuera del Congreso incendiaron un sector del Senado. El detonante se produjo cuando la policía irrumpió en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y asesinó a balazos a Rodrigo Quintana, un joven de 25 años que recibió al menos 9 disparos. El asesinato quedó registrado en las cámaras del local partidario y el video se hizo viral. Ese crimen fue el final para los deseos de Cartes de volver a postularse. Ante la furia popular, el empresario colorado tuvo que dar marcha atrás y retirar la enmienda.

El nuevo marzo

Durante parte de 2020, Paraguay había logrado controlar los contagios de Covid-19. Se lo llegó a presentar, incluso, como un modelo regional. El presidente Mario Abdo Benitez, que llegó al poder de la mano del Partido Colorado y que cuenta con un historial familiar asociado a la dictadura de Stroessner —a quien ha incluso reivindicado públicamente— estaba exultante. Sin embargo, durante los últimos meses del año pasado la situación comenzó a cambiar. Y el giro rotundo se evidenció a principios de 2021. El incremento de casos, la falta de insumos y camas de terapia intensiva se hicieron patentes. La alarma social creció al mismo ritmo que el descontento y la bronca. En pleno marzo de 2021, las calles volvieron a llenarse de ciudadanos. Pedían, nada más y nada menos, que la renuncia del presidente Abdo Benítez.

«Las protestas estallaron cuando se descubrió que Paraguay, a pesar de haberse endeudado internacionalmente, no había adquirido todos los elementos para prevenir el colapso sanitario, que se da con la ocupación del 100% de las camas y escasez de medicamentos. Algo que caracteriza al sistema de salud desde la dictadura», explica la coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay de la Universidad de Buenos Aires, Magdalena López. Durante días se especuló en el Congreso con la posibilidad de avanzar en un juicio político contra Abdo Benítez. Para eso, se necesitaba que parte de los legisladores del Partido Colorado votaran a favor del impeachment. Pero pese a la existencia de dos facciones muy marcadas dentro del partido, los colorados se mantuvieron en bloque e impidieron la destitución del mandatario.

«La situación de la pandemia ha desnudado una crisis histórica del sistema sanitario, con un modelo económico que tiene cifras de pobreza que se han incrementado. Más del 50% de la población que trabaja en la informalidad y con la pandemia se han producido situaciones catastróficas», explica Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasú y ex ministra de Salud. Para calmar las aguas, y una vez que ya todo indicaba que no se iba avanzar en el juicio político, el presidente cambió a gran parte de los funcionarios de su gabinete y las protestas fueron canalizadas por dos normativas aprobadas en el Congreso para aminorar el malestar social. «Estas dos leyes tratan de disminuir el colapso económico que implican las restricciones por la pandemia de Covid-19. Además, otorgan fondos para las Unidades de Terapia Intensiva. Sin embargo, están bastante mal implementadas. El trámite burocrático para tramitar la cobertura y reaseguro es muy engorroso. Se trata de una especie de parche a un problema estructural vinculado al acceso a la salud», agrega Magdalena López.

En una línea similar, la senadora Martínez también considera que los problemas manifestados en la pandemia responden a la estructura del modelo económico y social paraguayo y sostiene que los reclamos «siguen siendo muy fuertes» a pesar de que el episodio de marzo de este año quedó suspendido. «Los índices de insatisfacción, de hartazgo sobre la corrupción, de ausencia de vacunas, van minando la paciencia social», advierte la legisladora.

¿Guerrilla en Paraguay?

A las problemáticas sanitarias y laborales se les suma una nueva problemática: la de las guerrillas y grupos armados asociados al narcotráfico. En septiembre de 2020 hubo al menos dos últimos acontecimientos en los que éstas se vieron vinculadas. El asesinato de dos niñas argentinas de 11 años, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, se produjo en medio de lo que el gobierno identificó como un ataque al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). A esto se sumó el secuestro del ex-vicepresidente, Oscar Denis, de quien no hay ninguna prueba de vida hasta la fecha. Y más recientemente, a comienzos de julio, otro hecho reavivó el fantasma del accionar de la guerrilla: el asesinato del joven Jorge Ríos, quien había sido secuestrado días atrás por la Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP). 

Tanto la senadora Martínez como el analista Boccia coinciden en que las guerrillas que operan en el norte del país no cuentan con una base territorial en expansión ni con apoyo popular. «La guerrilla es casi virtual, porque a veces pasan seis meses o un año sin que se conozca ningún ataque, ningún movimiento ni panfleto proveniente de la guerrilla. Cuando la ciudadanía percibe que los accionares de la guerrilla decrecen y que están desapareciendo, se produce un secuestro. Ahora tienen secuestrado nada menos que a un ex vicepresidente del Paraguay», explica Boccia, sobre el accionar de los grupos armados del norte y el caso de Denis, de quien aún la familia pide que sea liberado.

Para Martínez, además, se añade otro elemento, vinculado a la presencia de lo que se conoce como «equipos de tarea conjunta». Se trata de cuerpos de policías y militares que se encuentran instalados en el norte del país desde la presidencia de Horacio Cartes. Sobre ellos pesa la acusación por los asesinatos de las niñas argentinas. «Están desde 2013 de manera inconstitucional, de manera permanente en la zona, y la población se ve acosada por estos grupos irregulares, así como también por la policía. Entonces terminan siendo víctimas de la violencia tanto del Estado, como de la presencia de esos grupos irregulares»– afirma Martínez.

Los marzos que fueron, ¿los marzos que vendrán?

En las últimas semanas el clima social volvió a caldearse cuando se conoció que había un «vacunatorio vip», por el cual se investiga la inoculación de hasta 500 personas. Por ese hecho, renunció la senadora Mirta Gusinky, ex-primera dama durante la presidencia de Raúl Cubas, además de al menos cuatro directores de hospitales. Ahora también se sumó la denuncia de efectivos de seguridad inscriptos con labores que no hacían para poder vacunarse. Las irregularidades se dan en medio del malestar por la baja vacunación: Paraguay tiene menos de 8% de población vacunada con una dosis y no llega ni a 2% de inoculados con las dos. Esto sitúa al país entre los peores indicadores de la región.

En el ámbito político hay incertidumbre acerca de lo que pueda suceder con el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, quien fue uno de los dirigentes que encabezó el pedido de juicio político contra Abdo, y que podría volver a la cárcel por lo que se conoció como  la causa de las «facturas falsas». Para el líder opositor, la justicia «está manejada» y dispuesta a ponerlo tras las rejas por sus denuncias contra dirigentes del Partido Colorado, como el ex-presidente Cartes o el actual presidente. Se podría tener novedades de la situación procesal del opositor en los próximos días.

En los marzos paraguayos de 1999 y 2017, los pedidos de la población se canalizaron con respuestas concretas: Cubas renunció y Cartes debió dar marcha atrás con la reelección. No parece ser la situación de 2021, cuando los manifestantes no pudieron avanzar con el juicio político, ni mejoró la situación frente a la pandemia. Actualmente Paraguay encabeza el listado de los países con mayor cantidad de muertes por cada millón de habitantes y con una de las vacunaciones más lentas de la región.

Para los paraguayos y las paraguayas, marzo es más que un mes: es la expresión de una ciudadanía que se hace escuchar. El panorama respecto del último marzo es incierto. Nadie sabe que sucederá con las demandas. Si primero todo parecía encaminarse a un estallido social similar al chileno o al que vive actualmente Colombia, la situación aparenta ahora estar apaciguada. La senadora Martínez asegura que desea que no se produzca una situación de estallido como la que viven otros países, pero cree que, con las demandas históricas sociales que se agravaron por la pandemia, todo podría suceder. Cualquier chispa podría encender de nuevo la llama paraguaya.