El presidente Hugo Chávez de Venezuela acaba de ganar, como ya es habitual, las elecciones en su país con un confortable margen de más de 20 puntos; 61,6% de los votantes lo prefirieron a su opositor, Manuel Rosales, y le renovaron su confianza hasta el año 2013. De la manera como el reelegido mandatario maneje este amplio espacio de gobernabilidad dependen el futuro político de Venezuela y sus posibilidades de consolidarse como una democracia sólida con capacidad de influir en el continente. El presidente Chávez podría utilizar su enorme capital político para enfrentar en el plano interno tres formidables desafíos: fortalecer el esquema gobierno-oposición, derrotar la corrupción y crear nuevos empleos productivos.
Para nadie es un misterio que Hugo Chávez no es el causante de la crisis política venezolana, sino un efecto de ella. La Revolución Bolivariana nació de la crisis de los partidos tradicionales de Venezuela, asfixiados por la corrupción y la incapacidad de muchos de sus dirigentes para encontrar salidas creativas a la crisis fiscal. La oposición al presidente Chávez logró hacerse visible en las últimas elecciones, se compactó, envió mensajes coherentes y obtuvo unos resultados tan dignos como el inmediato reconocimiento de su derrota por parte del candidato perdedor. Ahora le corresponde al ganador, desde el gobierno, rodear a la oposición de garantías, asegurar la neutralidad de los organismos de fiscalización, definir los términos de una carrera administrativa basada en la meritocracia y acordar con ella la atención de materias que comprometan asuntos fundamentales para la República. El presidente Chávez sabe bien que los gobernantes se legitiman no tanto por los espacios que abren a sus amigos como por las garantías que otorgan a sus enemigos. La mejor manera de reducir los niveles de polarización que vive hoy la sociedad venezolana consiste en abrir canales y espacios institucionales que permitan el libre ejercicio de la oposición democrática al proyecto del gobierno.
La corrupción es mencionada por los venezolanos, en las encuestas, como uno de los problemas más graves del país. El presidente Chávez debe saber que su gobierno no anda nada bien en los índices de transparencia que miden los niveles de corrupción dentro de su administración. El propio presidente ha hablado, y eso está bien, de hacer una «revolución dentro de la revolución» para sacar las manzanas podridas de la canasta burocrática, sin que hasta el momento se sepa cómo se concretará esta decisión de la cual depende vitalmente la gobernabilidad próxima de Venezuela. La excesiva concentración de poderes en el gobierno, particularmente los que tienen que ver con la justicia y los organismos de fiscalización, puede tener mucho que ver con este lunar que debe ser corregido en este nuevo periodo presidencial. Códigos de ética, sanciones ejemplarizantes para «peces gordos» de la corrupción y, sobre todo, buen ejemplo desde arriba son alternativas para asumir este segundo desafío.
Finalmente, está el tema recurrente en todos los gobiernos y presidentes que Venezuela ha tenido de cómo sembrar el petróleo de manera productiva. El aumento de la inversión social durante la era Chávez ha sido realmente estimulante; así lo prueban los índices de desarrollo humano manejados por Naciones Unidas y las evaluaciones de resultados de las denominadas «misiones sociales» chavistas. Empero, este esfuerzo no basta, se requiere ahora un gran empeño para convertir la riqueza generada por los altos precios del petróleo en oportunidades masivas de trabajo; fondos de garantías para pequeñas y medianas industrias, créditos accesibles, parques industriales, capacitación tecnológica, entre otras políticas, podrían servir de base para acometer este impostergable reto de crear una demanda que jalone una nueva estructura productiva.
Las dificultades de gobernabilidad por las que atraviesa América Latina tienen mucho que ver con el fracaso del modelo de desarrollo inspirado, al finalizar el siglo pasado, en los dictados del llamado «Consenso de Washington», que tenía mucho más de Washington que de consenso. El modelo neoliberal de los 90 no fue capaz de generar crecimiento ni mucho menos equidad. El «eje social» que se ha venido formando en el hemisferio como reacción al viejo paradigma y del cual participan los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá y, más recientemente, Nicaragua y Ecuador se ve hoy reforzado con la reelección del presidente Chávez. La revisión implícita en todos estos proyectos del concepto de mercado y la insistencia en preservar algunas formas de intervención del Estado como lo propone Joseph Stiglitz y atender, para cada economía, sus propias especificidades como lo sugiere Dani Rodrik están formando un nuevo modelo de desarrollo en la región, más justo, más diversificado y, por qué no, más soberano. En la medida en que todos estos planes de gobierno se vayan homologando y legitimando por vías democráticas, como acaba de suceder en Venezuela, la región irá avanzando en el camino de definir su propia agenda frente al imperativo de una globalización que hoy la está desbordando.
