La crisis económica de Bolivia es una de las más severas de su historia. Para enfrentarla, el gobierno actual aplicó un programa de ajuste, siguiendo lineamientos monetaristas y neoliberales que significaron una fuerte restricción de la demanda y una reducción notable de las actividades del sector público. El programa se propone redimensionar al Estado, reacondicionar el aparato productivo, redefinir el espacio económico y reestructurar el mercado, según sus propias leyes. A comienzos del año 1987, los resultados se traducen en la contención de los factores hiperinflacionarios y en el tránsito a una profunda recesión que se manifiesta en la caída de la producción, el cierre de empresas y el aumento del desempleo. La nueva política económica aumentó la vulnerabilidad de la economía boliviana en momentos en que se desencadena la más grave crisis en el mercado mundial del estaño y otros minerales que el país exporta. El gobierno intenta ejecutar un programa de reactivación basado en el ahorro externo, pero tropieza con problemas que derivan de su propia política económica.