Si bien el momento exacto en que comenzó la guerra contra la cocaína puede rastrearse hasta diferentes años dependiendo de la perspectiva, su desarrollo está claramente asociado a dos muy decisivos: 1989 y 2001, la caída del Muro de Berlín y el 11 de septiembre.

Cuando en 1972 Richard Nixon designó a la Comisión Shafer para evaluar las consecuencias de la política de drogas de Estados Unidos, sus conclusiones indicaron que no había conexión entre el cannabis y otras formas de criminalidad. Asimismo, determinó que el alcohol era más peligroso que la marihuana y que el uso personal de esta última debía ser descriminalizado lo antes posible. Nixon, que era un cristiano devoto de muy mal carácter, se puso lívido cuando la Comisión le presentó lo que él percibía como conclusiones «antiamericanas» y se descargó vociferando una de sus tantas creencias muy arraigadas: «Todos los desgraciados que están a favor de legalizar la marihuana son judíos»¹.

Después del informe de la Comisión Shafer, la Casa Blanca actuó en oposición a sus recomendaciones. Y pocos años después, la lucha estadounidense contra el cannabis no solo iniciaría la guerra global contra las drogas, sino también, paradójicamente, la industria de la cocaína, que en los años venideros iba a convertirse en el objetivo primordial de EEUU. La historia es compleja y contradictoria. En ocasiones, esta proclamada «guerra» siguió los cambios en las amenazas militares; a veces se vio coloreada por la paranoia religiosa; con frecuencia se enraizó en un miedo genuino a la penuria social generalizada. Pero sobre todo, y a veces sin intención, fue el resultado de estrategias políticas que tenían muy poco que ver con ese objetivo expreso de combatir las drogas.

Cuando Bill Clinton y el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana negociaron el Plan Colombia en 1998, acordaron que la lucha contra las guerrillas y la lucha contra las drogas eran dos batallas completamente diferentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por supuesto, se habían vuelto dependientes de varios niveles del tráfico de drogas –como muchos otros sectores de la sociedad–, pero el desarrollo histórico de las guerrillas no tenía nada que ver con las drogas; o, como lo expresó Pastrana, «Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo y la confrontación con la guerrilla por un modelo que considera injusto, corrupto, auspiciador de privilegios»².

Pero poco después, durante una reunión en Washington, Pastrana cambió su postura y repentinamente se ubicó del lado de lo que más tarde se llamaría la «narcotización» del conflicto colombiano, es decir, la idea de que el tráfico de drogas es el único problema real que frena a Colombia. «El único acuerdo de paz aceptable para mí y para el pueblo colombiano sería aquel que fortaleciera nuestra capacidad de erradicar la producción de cocaína en Colombia»³, anunció.

Fue un cambio drástico. Antes del Plan Colombia y desde la década de 1960, todos los presidentes colombianos habían sido elegidos por sus promesas de negociar la paz para el país, y aunque Pastrana había hecho mayores concesiones a la guerilla que cualquier jefe de Estado anterior para alcanzar un acuerdo con las FARC, su giro inesperado marcó un cambio decisivo en la forma de percibir el conflicto colombiano. De ahí en más, todos los grandes problemas de la sociedad colombiana se explicaron en función de la cocaína. El gobierno comenzó a ver que las injusticias, la corrupción, la violencia, la impunidad y todos los demás problemas tenían el mismo origen, y en consecuencia se pensó que podrían resolverse automáticamente si el país lograba deshacerse de las drogas.

Luego del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron etiquetados como organizaciones terroristas, y con George W. Bush en la Casa Blanca, no solo las dos guerras internas de Colombia se unificaron, sino que además la guerra contra las drogas se volvió sinónimo de la guerra de EEUU contra el terrorismo. La política oficial de Washington bajo el mando de Clinton se había enfocado en la lucha contra la «narcodemocracia» colombiana, pero durante el gobierno de Bush se convirtió en un combate contra el «narcoterrorismo». La política de Clinton se había concentrado principalmente en lo que salió a la luz tras el asesinato de Pablo Escobar: el modo en que los carteles habían intimado con políticos y militares, un proceso que culminó en la revelación de que el presidente colombiano entre 1994 y 1998, Ernesto Samper, había aceptado fondos para su campaña del Cartel de Cali⁴. Desde 2001 en adelante, la línea política ignoró este aspecto del problema y se focalizó exclusivamente en las guerrillas.

Para el nuevo presidente del país, el populista de derecha Álvaro Uribe, la guerra contra el terrorismo fue un regalo de los dioses. Llegó al poder en 2002, con la promesa de no negociar con las guerrillas sino aplastarlas con la fuerza militar, y para hacerlo necesitaba dinero. Se pensaba que tanto las drogas como el terrorismo podían eliminarse deshaciéndose de la encarnación de ambos males: las FARC.

El Plan Colombia se convirtió en el marco militar y judicial para esta operación. En el mapa geopolítico, Colombia se parecía cada vez más a Afganistán. El dinero llovía desde Washington, donde se decidía un número creciente de políticas internas colombianas, y las Fuerzas Armadas crecían tan rápido que pronto se convertirían en el mayor poder militar de Hispanoamérica y en el tercer receptor mundial de apoyo militar estadounidense (después de Israel y Egipto). Las FARC, cuyas prácticas son ahora rechazadas por casi todos los colombianos, pero cuyas demandas originales eran apoyadas por la mayoría, habían sido eficazmente desacreditadas como movimiento guerrillero. A mediados de la década de 2000, se las presentaba al resto del mundo como algo peor que una organización terrorista: desde entonces, el gobierno colombiano, EEUU y una gran parte de la Unión Europea las verían prácticamente como una mafia dedicada al tráfico de drogas.

La estrategia de Uribe, adquirir dinero bajo el lema de combatir las drogas y usarlo en la guerra contra las guerrillas, tuvo varias consecuencias con las que Colombia continúa lidiando, o de las que disfruta, dependiendo de la perspectiva. Durante la década de 2000, estos nuevos recursos le permitieron al gobierno ir tras los baluartes de la guerrilla con más eficacia, y así no solo consiguió liberar a varios secuestrados de las FARC –entre los que se encuentra la política franco-colombiana Ingrid Betancourt– y asesinar a un gran número de temidos líderes guerrilleros, sino que también logró recuperar el poder en muchas partes del país que estaban hasta entonces controladas por los rebeldes. A principios de la década de 2010, las FARC estaban políticamente golpeadas y en todo el país eran militarmente más débiles de lo que habían sido en mucho tiempo.

Durante la primera década del nuevo milenio, muchos de los paramilitares –los escuadrones de la muerte ilegales de la lucha antiguerrillas, que se habían formado bajo el liderazgo de Fidel y Carlos Castaño– fueron desmovilizados. Este programa controvertido, que estuvo vigente desde 2003 hasta 2006, fue criticado porque permitió que asesinos de masas, responsables de la muerte de miles de personas, salieran en libertad tras cumplir solo siete años de cárcel si cooperaban con los tribunales, pero también porque ignoró los problemas sociales generalizados que habían sido el impulso primordial para la guerra. La iniciativa atrajo a muchos indigentes y a masas de jóvenes sin techo en las áreas rurales, ya que ofrecía educación, apoyo financiero y asistencia habitacional. En consecuencia, miles de adolescentes que nunca habían formado parte de un grupo armado comenzaron a juntar armas viejas y se encaminaron a las oficinas de registro para anotarse. Para cuando el programa terminó, más de 30.000 personas se habían «desmovilizado», el doble del número de paramilitares que había en el país cuando el plan comenzó. Y muchos de los «verdaderos» combatientes simplemente entregaron sus armas, recibieron agradecidos la asistencia financiera y prometieron comenzar a llevar una vida civil, normal, para luego volver sobre sus pasos y unirse a alguno de los nuevos grupos criminales que empezaban a establecerse en la estela del programa de desmovilización.

Lo extraño es que, a pesar del éxito de la lucha contra las guerrillas y de la desmovilización de los paramilitares, la industria de la cocaína continuaba como de costumbre. Las filas de las FARC –el grupo que, de acuerdo con los gobiernos colombianos y estadounidenses, no era más que una organización que traficaba drogas– habían sido reducidas a la mitad, pero el tráfico de drogas continuaba. Más aún, aunque las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos fondos provenían en un 70% del tráfico de drogas, ya no existían, la demanda global todavía era satisfecha. Un comentario de un frustrado Alfredo Rangel, coeditor del libro Narcotráfico en Colombia: economía y violencia⁵, resume esta situación en una entrevista que le realicé en 2009: «Esta plaga tiene una característica singular: está mutando constantemente y no solo persevera luego de cada intento de eliminarla, sino que regresa con más fuerza aún como resultado de todas y cada una de las estrategias utilizadas para combatirla».

El Plan Colombia había dado así diversos frutos, pero ninguno de aquellos para los que había sido ideado. Aunque las AUC habían sido desmanteladas –en el sentido de que la organización ya no luchaba en unidades estandarizadas en todo el país y de que sus líderes estaban en prisión–, en realidad la mafia criminal solo había abandonado su proyecto político, no el financiero. Los paramilitares dejaron de existir como un ejército antiguerrilla, pero continuaron viviendo como una red de narcotráfico. En cierto modo, esto también era verdad en relación con las guerrillas, aunque a la inversa: las FARC habían resultado severamente dañadas como guerrilla u organización terrorista, pero su rol como protectoras de campesinos, de rutas de transporte y de laboratorios permaneció intacto o fue asumido por los poderes mutantes de los paramilitares.

Fraguar los ataques a las guerrillas bajo el pretexto de combatir las drogas fue un golpe de genio por parte del Estado en muchos sentidos. Dejando de lado algunas áreas remotas, hoy prácticamente no existe apoyo para las FARC. Luego de los secuestros de miembros de la oligarquía, y también de mucha gente común, a principios de la década de 2000 se extendió por el territorio el desprecio por los rebeldes, un odio que persistió en todas las clases sociales. El hecho de que el presidente Uribe se hubiera iniciado en los círculos mafiosos de Pablo Escobar –y de que fuera personalmente responsable del crecimiento del elemento paramilitar⁶– tenía poca importancia para los colombianos mientras mantuviera a las FARC bajo control. A nadie le importaban las drogas; lo único que importaban eran las FARC. Las políticas de Uribe habían resultado en la reducción del número de secuestros y otros crímenes, y hacia el fin de la década, para cuando el poder pasó a su ministro de Defensa y protegido, Juan Manuel Santos, se había convertido en el presidente más popular que había tenido el país.

A Uribe la popularidad se le subió a la cabeza, y en 2008 la guerra contra las drogas se había vuelto internacional, de tal forma que había convertido a la región en una bomba de tiempo. Con el apoyo de EEUU, los militares colombianos iniciaron el bombardeo en gran escala de uno de los campamentos guerrilleros… en Ecuador. Lo que siguió fue una crisis diplomática. Al menos 20 personas resultaron muertas; la soberanía de Ecuador se vio comprometida y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil sostuvo que «[n]o hay duda de que una violación territorial es algo condenable, un acto grave […] una infracción que coloca en cierta manera en inseguridad a todos los Estados de la región, sobre todo los menores»⁷. El mundo en su mayoría condenó el ataque, pero EEUU, bajo el mando de George W. Bush, apoyó el derecho de Colombia a «defenderse del narcoterrorismo».

Bajo una presión creciente, Uribe se disculpó, pero era demasiado tarde. La paranoia política asociada a la guerra contra las drogas era tan grande que las pesadillas de los países vecinos parecían estar volviéndose realidad. Colombia, el último lugar de Sudamérica con un conflicto armado en gran escala, había comenzado a infectar a sus vecinos; las guerrillas se extendían, la coca se extendía y ahora también la contrainsurgencia se extendía a las regiones circundantes. En diciembre de 2009 el presidente venezolano Hugo Chávez recomendaba a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el envío de tropas a Colombia, porque Caracas consideraba la conmoción interna en el país vecino como una amenaza seria a la paz y la seguridad mundial.

Colombia adoptó la posición contraria. Aunque admitía que el ataque en territorio ecuatoriano había sido un error, el gobierno colombiano, rodeado de vecinos políticamente hostiles, se sentía cada vez más como Israel en Oriente medio: solo, vulnerable e incomprendido, pero superior en términos militares y con EEUU de su lado. El hecho de que las FARC tuvieran campamentos a lo largo de la frontera meridional de Ecuador era visto como evidencia de que el gobierno socialista de ese país apoyaba en realidad a las guerrillas colombianas en su guerra contra el Estado, y el hecho de que los guerrilleros se movilizaran por Venezuela le daba sostén a la convicción de Uribe de que Chávez era algo más que un hermano ideológico de los comunistas en la selva. Los líderes de las FARC, exhaustos por las repetidas derrotas, estaban complacidos con esta tensión creciente, convencidos de que nada sería mejor para su lucha histórica que una guerra en gran escala entre Venezuela y Colombia. Dejaron entonces a un lado su rivalidad con el ELN, un grupo guerrillero competidor, y en enero de 2010 ambos movimientos rebeldes anunciaron que habían conformado una alianza con «otras fuerzas latinoamericanas de izquierda» para combatir la amenaza que hasta el día de hoy consideran un problema dominante: la expansión militar estadounidense en su continente (ahora engañosamente administrada por un presidente negro con el apoyo de casi todo el mundo occidental).

La derecha colombiana, que a comienzos de la década de 2000 había consolidado su poder, ahora miraba con aprensión cómo las tropas guiadas por el marxismo se movilizaban a ambos lados de la frontera. El clima político que, según se pensaba, había traído una victoria histórica a Colombia durante la primera década del nuevo milenio –llevando a una disminución de la violencia y de los secuestros, a instituciones más fuertes y a un mejor clima de inversiones– se veía nuevamente amenazado. Desde el punto de vista de la derecha, la guerra contra las drogas había salvado el país. La alianza entre Bogotá y Washington era absolutamente esencial para la carrera política de Uribe, y la única manera de motivar a EEUU para que mantuviera su presencia eran las drogas. El gobierno temía que un enfrentamiento con Venezuela hiciera que las FARC enviaran inmediatamente a las tropas restantes a servir del lado de Chávez, y que la democracia colombiana fuera atacada simultáneamente desde el interior y desde el exterior, con una fuerza tan brutal que ni una cuadruplicación del apoyo de EEUU sería capaz de frenar.

Ahora todas las partes dependían de la cocaína, en términos de retórica y de política. La derecha colombiana creía que si EEUU no seguía proveyendo ayuda militar para la guerra de la nación contra las drogas, Colombia sería atacada por Venezuela, las FARC y Ecuador y arrastrada a la Revolución Bolivariana. Por otro lado, si EEUU cambiaba el curso de su política antidrogas, optando por retirar su apoyo militar, Chávez perdería su arma retórica más poderosa, esto es, la idea de que «el imperio» se estaba acercando cada día más y que podría intervenir en contra de su nación revolucionaria en cualquier momento. Las mismas fuerzas estaban en funcionamiento en Bolivia, donde el presidente Evo Morales, que saltó a la política como dirigente sindical cocalero, había basado toda su carrera en la oposición a la guerra de EEUU contra las drogas, y tomó la acusación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de que su gobierno había estado involucrado en el tráfico de drogas como una simple confirmación de que siempre había estado en lo correcto: Washington nunca, ni siquiera con Obama en el poder, permitiría una revolución social y económica en América Latina.

La puesta en marcha de seis batallones aéreos de Colombia, la construcción de una nueva base militar en la frontera venezolana y el ofrecimiento a EEUU de usar las bases militares de la nación –todo esto decidido a comienzos de la década de 2010– eran la prueba máxima para los nuevos revolucionarios emergentes en la región. Uribe y Santos intentaron contrarrestar su creciente impopularidad en algunas partes del continente declarando que lo único que intentaban combatir era las drogas, y Washington estuvo de acuerdo. El problema era que diez años después de que el Plan Colombia entrara en funcionamiento, la cocaína ya no era solo una droga. Lo era todo.

n n n

La guerra contra las drogas no se conformó tan solo a partir de la agitación regional, sino también de importantes cambios políticos. Luego de la caída del Muro de Berlín, las FARC perdieron todo el apoyo financiero e ideológico de la Unión Soviética, después de lo cual los fondos obtenidos del tráfico de cocaína y los secuestros se convirtieron en las principales fuentes de ingresos. Mientras tanto, en EEUU, las drogas reemplazaron al comunismo como la amenaza para Occidente, y solo un año después de la primera ronda del Plan Colombia, ocurrió el ataque del 11 de septiembre de 2001.

Al comienzo –cuando Richard Nixon acuñó la expresión «guerra contra las drogas»–, la política fue también una reacción frente a las tendencias políticas revolucionarias de los hedonistas años 60, que los republicanos temían que constituyeran una amenaza fundamental a los valores familiares en EEUU y en otras partes del mundo. Los debates sobre el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, las drogas y una cantidad de otros temas relativos a la autonomía corporal estaban derribando todas las barreras políticas y conmoviendo los propios cimientos de la cristiandad norteamericana. Más aún, la campaña «Solo di no» de Nancy Reagan, a comienzos de la década de 1980, demostró ser totalmente inútil, no solo contra la difusión del crack entre los pobres, sino también contra el uso de cocaína entre los más adinerados. En los años 70, se invirtieron anualmente 16 millones de dólares en la lucha contra las drogas, un número que 35 años más tarde –luego de que George W. Bush diera su apoyo al Plan Colombia– había crecido a 18.000 millones de dólares por año⁸. A la fecha, EEUU ha gastado un total de 500.000 millones de dólares en lo que en 1989 Dick Cheney, más tarde un estratega fundamental en la guerra contra el terrorismo, ya consideraba una cuestión geopolítica y llamaba una «misión nacional de alta prioridad»⁹.

Hasta que George Bush (padre) asumió la Presidencia en 1989, la estrategia formal de la Casa Blanca había sido siempre frenar el ingreso de drogas a EEUU en las fronteras del sur, pero la caída del Muro de Berlín coincidió con una cantidad de acontecimientos que causaron cambios sustanciales en todo el complejo de la industria de los narcóticos. En Colombia, Pablo Escobar y sus hombres no solo asesinaron a Luis Carlos Galán; también fueron responsables de la explosión del vuelo 203 de Avianca, que causó la muerte de 107 pasajeros, entre los que había dos ciudadanos estadounidenses. Solo un año antes, una bomba –de la que se responsabilizó al gobierno libio– había derribado el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, lo que resultó en la muerte de 259 pasajeros, y como los vuelos internacionales se percibían como un elemento constitutivo del estilo de vida libre de Occidente, creció la demanda de castigo para quienes habían atacado a sangre fría un sistema abierto y vulnerable. Tres años antes, en 1986, el presidente Ronald Reagan había declarado que las drogas eran «una amenaza para la seguridad nacional estadounidense», y esta definición orientada a la defensa pronto sería vital para la expansión militar de la guerra contra las drogas.

Luego de la caída de la URSS, la amenaza inminente de una criminalidad sostenida con fondos de la droga otorgó de alguna forma una nueva importancia a los desorientados militares norteamericanos. Por sobre todo, las unidades de inteligencia, que habían perdido una misión clara, se reorganizaron. El ataque de Escobar, la epidemia local de consumo de cocaína y la caída del comunismo convergieron en un mismo año; Cheney no estuvo solo al formular una nueva dirección posible para los militares: el «narcoterrorismo», en ese momento un concepto totalmente nuevo, se convirtió en una amenaza inminente para Occidente.

Escobar se convirtió en el Osama bin Laden de esos tiempos. Entre 1989 y 1991, el gasto militar estadounidense para operaciones internacionales antidrogas se duplicó, y virtualmente todos esos fondos fueron a Colombia; a los ojos de Washington, la bomba en el vuelo 203 de Avianca había transformado al Cartel de Medellín en una amenaza directa para los ciudadanos de EEUU, lo que a su vez convirtió a los patrones de la droga en objetivos militares lícitos. Hasta 1991, la Orden Ejecutiva 12.333, una iniciativa para frenar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) había limitado el derecho de EEUU a matar ciudadanos de otras naciones fuera de su territorio, pero poco después de que George Bush (padre) asumiera la Presidencia, esta orden fue enmendada para asegurar que se pudieran llevar a cabo tales acciones si se percibía que la seguridad nacional estaba bajo amenaza. El hecho de que la cocaína se estuviera extendiendo en forma descontrolada entre la juventud estadounidense, junto con la frustración de que en ese momento hubiera individuos a los que se podía culpar por ese sufrimiento, fue instrumental en la decisión del gobierno de incitar a la opinión pública en favor de un cambio legislativo que le diera a EEUU luz verde para atacar a individuos en otros países con o sin el consentimiento de esos Estados.

Si 1989 fue el año en que las drogas desplazaron al comunismo como la amenaza principal para Occidente, el 11 de septiembre jugaría –en forma indirecta– un papel aún más importante en la evolución de la guerra antinarcóticos, en particular en Colombia. La guerra contra las drogas fue la precursora legal y geopolítica de la guerra contra el terrorismo, y el término retóricamente eficaz «guerra» se ha vuelto crucial para ambas. La palabra promete un estado temporario que a la larga va a finalizar, una promesa psicológicamente poderosa que en ambos casos ha sido crucial para movilizar recursos y galvanizar el apoyo popular. Pero es, como argumentan los críticos, un término muy engañoso, ya que si bien ambas «guerras» pueden pelearse, ninguna se puede ganar verdaderamente. La guerra contra las drogas impulsó a EEUU a incrementar su autoridad militar y judicial con el fin de emprender acciones militares en otras naciones por amenazas contra la «seguridad nacional», mientras que la guerra contra el terrorismo hizo posible que Washington extendiera estas acciones de una manera drástica, aunque esta vez en referencia al derecho de defender la nación contra el terrorismo global. En ninguno de los casos la «guerra» se ha ganado, ni ha terminado, aunque en ambas instancias ha conducido a cambios significativos en las relaciones de poder globales, tales como la toma del poder por parte de EEUU en una cantidad de Estados débiles, donde se convierte en el gobierno de facto.

En Colombia, la combinación del 11 de septiembre y la guerra contra las drogas en curso llevó a la percepción de que el centenario conflicto interno solo podría ser solucionado por los militares. Hasta 2001 la Casa Blanca, buena parte de la elite política colombiana, la UE y la mayoría de los colombianos comunes opinaban que una de las más prolongadas guerras civiles del mundo podía resolverse políticamente: mediante un diálogo, en el que las negociaciones entre el gobierno y las guerrillas conducirían a un acuerdo de paz por el cual los grupos armados depondrían las armas a cambio de algunas reformas sociales y políticas. Las negociaciones introductorias para el Plan Colombia, en las que la UE jugó un rol central, solo delineaban de qué manera podía fortalecerse y mejorarse tal proceso de paz. Pero en ese momento sobrevino el cambio en el orden mundial que siguió al 11 de septiembre y nació la guerra contra el terrorismo. El papel de la UE se volvió marginal. La mafia colombiana logró ganar bancas en el Congreso, mientras que EEUU y los militares colombianos luchaban contra el terrorismo con la nueva convicción de que la guerrilla, el narcotráfico y el terrorismo eran sinónimos. La mayor parte de las enormes sumas incluidas en los presupuestos militares bajo el rubro «lucha contra las drogas» se dirigió exclusivamente a financiar los ataques militares contra las FARC, y para 2010 el mundo se enfrentaba a una situación funesta que sorprendía a algunos más que a otros: las guerrillas colombianas estaban diezmadas, la concentración de la propiedad de la tierra en el país se incrementó en forma drástica, y la cantidad de toneladas de cocaína transportadas desde los Andes hacia EEUU y Europa permaneció sin variaciones.

n n n

Hoy –cinco años después de escribir las líneas precedentes– asistimos a un giro en la situación, ya que Santos, actual presidente de Colombia, optó inesperadamente por desviarse de manera drástica de la ruta militar de Uribe de los años 2000. En las negociaciones de paz en curso entre el gobierno colombiano y las FARC, el complejo de la coca juega un papel clave como problema (y posibilidad) en la economía rural del país, y otra vez hay una ventana abierta para una solución política del histórico conflicto colombiano. Con el nuevo enfoque social e integral de la problemática de las drogas, la producción de cocaína en Colombia ha caído mucho en los últimos años, y un acuerdo de paz sin duda abriría nuevos horizontes en la geopolítica interna y regional. Pero queda por ver si –en una perspectiva global– eso tendrá algún impacto en la producción y el consumo de cocaína en el mundo. La caída de la producción en Colombia se balancea por los aumentos en Perú, mientras que la reducción del consumo de cocaína en EEUU ha sido compensada por el crecimiento en Europa. Todo esto es, empero, una historia con final abierto.