Con la conformación del nuevo Parlamento alemán (Bundestag) y la toma de posesión de Friedrich Merz como canciller, la República Federal de Alemania ha iniciado una nueva etapa. No solo la Cancillería ha vuelto a las manos de los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana/Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU, por sus siglas en alemán), sino que ahora el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), liderado por Alice Weidel y Tino Chrupalla, posee la segunda bancada más grande en el Parlamento. 

En este marco, en el que la extrema derecha dejó de ser un espacio marginal, la política alemana se vio sacudida a principios de mayo por el anuncio de que AfD fue clasificada como un «caso seguro de extremismo de derecha» por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), una agencia de inteligencia del gobierno federal alemán. Aunque desde 2022 el partido ya había sido declarado como un «caso sospechoso» de extremismo de derecha, el cambio de nomenclatura es altamente delicado. 

El momento del anuncio de esa decisión coincidió con el cambio de gobierno y fue uno de los últimos actos oficiales de la ministra del Interior, Nancy Faeser (del Partido Socialdemócrata, SPD), que ahora cede el cargo a Alexander Dobrindt, de la CSU. La visión de los conservadores sobre AfD es diferente de la de los socialdemócratas, más críticos de la formación de extrema derecha. De hecho, antes de las elecciones federales de 2025, la CDU aceptó el apoyo de la AfD a una iniciativa legislativa para endurecer la política migratoria, algo que generó gran indignación entre los socialdemócratas, que consideraron esa cooperación como una ruptura del «cordón sanitario» frente al extremismo de derecha. 

Ahora, con la intervención de la BfV y su declaración de AfD como partido contrario al orden constitucional, el concepto alemán de democracia «defensiva» -es decir, una democracia que se defiende activamente de sus enemigos- se pondrá a prueba. Si, por un lado, el orden legal vigente le otorga al servicio secreto la potestad de vigilar a las potenciales amenazas a la democracia -y a los grupos o partidos que las encarnan-, por el otro habilita que, en casos límites, la Corte Constitucional Federal prohíba a esas fuerzas políticas.

La BfV fue fundada en 1950 por iniciativa de la Alta Comisión Aliada -la representación de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial en Alemania Occidental- como un servicio secreto interno cuyo objetivo era recopilar información sobre actividades contrarias al orden constitucional democrático liberal. Esta oficina, que ha seguido operando a lo largo de las distintas décadas, se encuentra subordinada al Ministerio Federal del Interior. Aunque en un principio los aliados se esforzaron por excluir a antiguos miembros de organizaciones nazis de la función pública, el proceso de «desnazificación» estuvo lejos de ser lineal y fue muy laxo bajo el gobierno de Konrad Adenauer -la continuidad de muchos ex-nazis en sus cargos fue de hecho un argumento propagandístico de la Alemania comunista contra la República Federal-. A inicios de la Guerra Fría, en el marco de la competencia entre el sistema capitalista y el comunista, comenzó a sospecharse que los enemigos de la democracia se encontraban principalmente en el espectro comunista, encarnado en la República Democrática Alemana (RDA).

Desde su creación, la BfV ha sido percibida como «ciega del ojo derecho», es decir, más concentrada en los actores de extrema izquierda que en los de extrema derecha. El ex-presidente Hans Georg Maaßen, miembro de la CDU durante muchos años, tuvo que dimitir como director de la oficina en 2018 después de minimizar una serie incidentes xenófobos en la ciudad de Chemnitz, ubicada en el este del país. Probablemente, Maaßen, que se ha expresado con términos antisemitas y de extrema derecha, sea el primer presidente de la BfV que, tras dejar el cargo, es vigilado por su propia agencia. A finales de abril, Maaßen presentó una demanda contra la vigilancia y acusó a la ministra Faeser de utilizar los servicios secretos internos «para vigilar a los opositores al gobierno», postulando que los opositores no son enemigos de la Constitución y afirmando que la ministra había infringido gravemente sus obligaciones oficiales y dañado la democracia liberal.

La idea subyacente de la BfV era crear un mecanismo para detectar tempranamente las tendencias antidemocráticas de personas individuales y organizaciones, con el fin de actuar contra ellas por medios políticos y/o legales. Ahora, el gobierno federal y los diputados se enfrentan precisamente a la nueva clasificación de AfD e incluso la cuestión de la posibilidad de prohibir a un partido que viola claramente los principios fundamentales de la Constitución adquiere una nueva dimensión. Si bien la BfV solo puede «observar», proporciona información importante que puede utilizarse en un proceso judicial. El problema es que AfD no es un grupo marginal, como los neonazis, sino que puede argumentar que su clasificación como partido antidemocrático implica una deslegitimación de todos los alemanes que apoyan a este partido y sus candidatos.

En su dictamen, la BfV sostiene que la concepción «étnico-nacional del pueblo» que prevalece en AfD «devalúa a grupos enteros de la población en Alemania y socava su dignidad humana», lo cual es incompatible con el orden democrático liberal. AfD pone en duda que los ciudadanos alemanes con «antecedentes migratorios», sobre todo los procedentes de países de tradición musulmana, sean verdaderos alemanes, lo que implica darles un estatus de segundo orden . 

El dictamen de la BfV se basa en declaraciones de políticos del partido en los últimos tres años, en particular durante la campaña para las recientes elecciones al Bundestag, en la que se citó el concepto de «remigración», un eufemismo usado en círculos de extrema derecha y neonazis para referirse a la expulsión masiva de personas de origen migrante. En el congreso partidario celebrado en la ciudad de Riesa en febrero de 2025, la presidenta del partido, Alice Weidel, anunció con tono desafiante que AfD quería desarrollar una política de repatriación de migrantes a gran escala. Y que si eso se llama «remigración», pues entonces hay que hablar de «remigración», pese a las críticas que genera el término. 

Pero estas posiciones parecen estar volviéndose en contra del propio partido. Hasta ahora, algunas organizaciones regionales de AfD, así como otras estructuras partidarias, ya habían sido clasificadas como contrarias a la Constitución por la BfV, pero el partido en su conjunto no había sido alcanzado por esa clasificación. La tipificación de la organización juvenil Junge Alternative (JA) como extremista de derecha por parte de la BfV provocó su disolución por el propio partido. En su lugar, AfD decidió fundar una nueva agrupación juvenil con mayor vinculación al partido.

El dictamen sobre AfD debería haberse publicado en la segunda mitad de 2024, pero se pospuso debido a la ruptura de la coalición «semáforo» liderada por el canciller socialdemócrata Olaf Scholz en noviembre pasado y al desarrollo anticipado del proceso electoral. Esto pone de manifiesto el dilema fundamental: en febrero de 2025 AfD obtuvo 20,8% de los votos en todo el territorio de la República Federal, solo 1,8 puntos menos que el partido más votado, la CDU (si no contamos a sus aliados de la CSU). En algunos estados federales y circunscripciones, AfD fue la fuerza política más votada. 

¿Debería prohibirse un partido con un apoyo tan amplio? ¿Cómo debería conciliarse la defensa de la democracia con el respeto a la voluntad popular? Los detractores del proceso de prohibición argumentan que esto contribuirá a una mayor alienación de los ciudadanos respecto de la democracia -en un país donde, sobre todo durante la pandemia de covid-19, muchos respondían en las encuestas que el país vivía bajo una dictadura-. Hoy en día, en muchos sectores de la sociedad se ha consolidado la impresión de que no existe una participación democrática real, sino que la política -manejada por las «elites»- restringe la libertad de expresión. 

AfD se monta sobre este discurso y Alice Weidel sostiene que la clasificación de la AfD constituye «un ataque a la democracia». Según la presidenta del partido, la ministra del Interior habría abusado de las instituciones estatales en sus últimas horas en el cargo para perjudicar a sus oponentes políticos. Cualquier otra medida legal contra AfD será tachada de antidemocrática. Inmediatamente después del anuncio de la BfV, el partido presentó una demanda y una solicitud de protección jurídica urgente ante el Tribunal Administrativo de Colonia contra su clasificación como extremista de derecha, como lo hizo en los casos anteriores frente a la misma acusación. La consecuencia inmediata ha sido el compromiso de la BfV de suspender la reclasificación hasta tener la respuesta del tribunal. También eliminó el comunicado de prensa de su sitio web y suspendió la aplicación de una vigilancia policial reforzada que habilita la clasificación de extremismo.

Quienes apoyan la prohibición de AfD afirman que es el momento de adoptar esa medida. Su argumento es que se debe impedir que las fuerzas antidemocráticas lleguen al poder por mecanismos democráticos, y se remiten a las lecciones de la historia de la República de Weimar y al ascenso del nacionalsocialismo: Adolf Hitler llegó a la Cancillería en el marco de la Constitución, nombrado por el gobierno conservador de entonces, y desde el poder destruyó la democracia en un abrir y cerrar de ojos. «El hecho de que un partido figure en una papeleta electoral no significa que persiga objetivos democráticos», afirmó la diputada socialdemócrata Carmen Wegge cuando, a finales de enero, el Bundestag finalmente se ocupó por primera vez de un procedimiento para prohibir el partido AfD. Este proceso solo puede ser iniciado por el Parlamento, la cámara federal (Bundesrat) o el gobierno federal, y el fallo tendría como consecuencia la pérdida inmediata de los mandatos legislativos de los miembros y la confiscación de los bienes del partido. 

En la historia de la República Federal, ya se prohibieron partidos en la década de 1950: en 1952 se prohibió a la organización sucesora del partido nazi, el Partido Socialista del Reich, y en 1956, al Partido Comunista (KPD). Sin embargo, el último procedimiento para dejar fuera de la ley al Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD), de características neonazis, fue archivado en 2017, ya que el tribunal no encontró indicios de que el partido –si bien se determinó que era anticonstitucional– pudiera alcanzar sus objetivos de eliminar el orden democrático liberal vigente. En las elecciones federales de 2017, el NPD obtuvo 0,4 % de los votos. Este argumento no sería válido en este caso, dados la importancia y el arraigo de AfD en la población hoy en día. 

Según una reciente encuesta, a 82% de los seguidores de la AfD «no les importa que AfD sea considerada de extrema derecha, siempre y cuando aborde los temas adecuados». Solo 2% de los seguidores de AfD temen que este partido destruya la democracia en Alemania, pero este porcentaje asciende a 62% cuando se toma al conjunto de los ciudadanos, según los sondeos. En estos días, cuando se cumple el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos se preguntan si es posible que la historia se repita. ¿Tendremos que decir en el futuro que «deberíamos haberlo sabido», cuando ya sea demasiado tarde? Pero todos saben que una posible prohibición es un territorio minado en medio de la llamada «crisis de la representación» que atraviesa gran parte de Occidente y de la que Alemania no es la excepción.