El 22 de diciembre de 2023, a días de asumir, Javier Milei firmó cinco cartas idénticas dirigidas a Luiz Inácio Lula da Silva, Xi Jinping, Vladímir Putin, Narendra Modi y Cyril Ramaphosa. El contenido era escueto y confirmaba que Argentina no se incorporaría al BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), tal como estaba previsto desde agosto de ese año. Los Estados que integraban el bloque representaban entonces cerca de 30% de las exportaciones argentinas y más de 40% de sus importaciones, y entre ellos se incluían los dos principales socios comerciales del país, Brasil y China, en un momento en que las reservas se encontraban exhaustas. La decisión, por lo tanto, difícilmente podía explicarse solo a partir de un cálculo de costos y beneficios económicos. La razón, de hecho, se encontraba también en un plano civilizacional. «Alinearnos con Occidente donde los máximos referentes son Estados Unidos e Israel es nuestro eje de política exterior (…) Nosotros no hacemos pactos con comunistas», había afirmado Milei durante la campaña.

La política exterior argentina actual privilegia una determinada identidad política, aun cuando esa elección reduzca sus posibilidades de diversificar sus vínculos internacionales. No se trata de un caso más de dependencia, aquella condición estructural que la periferia latinoamericana arrastra desde su inserción en la división internacional del trabajo y que buena parte de su intelectualidad diagnosticó durante el siglo XX. Estamos frente a algo distinto: una subordinación ofrecida casi como prueba de fe. Propongo llamarla «heteronomía civilizacional».

De la autonomía a la heteronomía 

Aquí conviene hacer una precisión conceptual. La palabra heteronomía no es nueva en las relaciones internacionales. Nicholas Onuf y Frank F. Klink ya la utilizaron en 1989 para nombrar un tipo de dominio en la política mundial distinto de la jerarquía y la anarquía. Juan Gabriel Tokatlian y Leonardo Carvajal la retomaron años después, en un artículo canónico de la tradición autonomista latinoamericana, para describir la conducta esperada de los «actores menores» del sistema internacional. En ambos casos, la heteronomía es presentada como una condición estructural: es algo que le ocurre a un Estado por su posición relativa de poder, más que una elección de gobierno. Lo que aquí se propone no es la categoría analítica en sí, sino su reformulación: pensar la heteronomía como una bandera y no solo como el padecimiento de la dependencia.

La tradición latinoamericana de estudios de política exterior construyó un aparato conceptual sofisticado para pensar la autonomía. Juan Carlos Puig la definió como la capacidad de un Estado de optar, decidir y obrar por sí mismo dentro de los condicionamientos objetivos del mundo real. Esa tradición asume, casi sin excepción, que la autonomía es el horizonte deseable de todo proyecto nacional y que su ausencia se explica por restricciones estructurales: los constreñimientos de las potencias centrales, la debilidad relativa de la economía periférica, la falta de coaliciones domésticas o internacionales funcionales al proyecto autonómico, entre otras.

Lo que esa tradición no previó es la posibilidad de un gobierno que, teniendo margen de maniobra disponible, decida no usarlo. Un gobierno que rechaza activamente la diversificación de socios, subordina parte de sus decisiones a la agenda de un tercer Estado y presenta esa subordinación como un acto de libertad. Ahí es donde el concepto de heteronomía se vuelve indispensable, no como sinónimo de dependencia, sino como su reverso consciente. La dependencia se sufre; la heteronomía se elige.

La diferencia con el clásico bandwagoning (alineamiento) de la teoría realista también permite precisar el argumento. El alineamiento estratégico supone una lógica fundamentalmente transaccional: un Estado acepta ceder determinados márgenes de autonomía a cambio de beneficios materiales o de seguridad concretos. La heteronomía, en cambio, incorpora otra dimensión: la búsqueda de pertenencia. Pretende integrar un «nosotros» civilizacional –el «mundo libre», Occidente, la «internacional derechista», en palabras del presidente argentino–, aun a costa de sacrificar ventajas materiales tangibles. No es casual que Milei describa el escenario internacional en los mismos términos en que describe la economía doméstica: como una batalla entre la civilización y el colectivismo, entre buenos y malos, sin zonas grises ni términos medios posibles. 

Los límites de la batalla cultural 

El escenario predilecto de esta política no es tanto la negociación bilateral como los grandes foros internacionales. El Foro de Davos o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), espacios que la diplomacia tradicional usa para tejer redes y alcanzar acuerdos concretos, son utilizados por Milei, sobre todo, para pronunciar discursos de fuerte contenido ideológico dirigidos a su audiencia doméstica y a una militancia transnacional. La política exterior deja así de ser concebida exclusivamente como un instrumento orientado al desarrollo, la inserción comercial o la seguridad, y pasa a ser un frente más de la batalla cultural. Para esta cosmovisión, el mundo no es solo un tablero de intereses negociables, sino además un campo de batalla identitario donde hay que ubicarse del lado correcto.

Esta inversión ayuda a explicar por qué la evidencia de los costos económicos de la heteronomía no necesariamente provoca correcciones profundas de rumbo. Si el objetivo fuera estrictamente material, la pérdida de financiamiento alternativo o la tensión constante con el principal socio del Mercosur obligarían a realizar ajustes. Pero los ajustes que efectivamente se producen no modifican la orientación general, porque lo que se busca maximizar no es únicamente un interés nacional entendido en términos pragmáticos, sino también la coherencia identitaria. La firma del acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea en enero de 2026 constituye una excepción solo en apariencia: es del todo coherente con la geometría civilizacional que el propio proyecto reivindica.

Sin embargo, existe una excepción que permite observar los límites de esa lógica: China. Ese gran adversario retórico con el que se jura no pactar sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Argentina y la contraparte del swap de monedas que sostiene una parte clave de las reservas del Banco Central. Lejos de romperse, el vínculo bilateral se mantiene. La heteronomía es entonces selectiva. Opera con fuerza en el plano simbólico y multilateral, en aquellos foros y bloques que exigen una declaración explícita de pertenencia, y se relaja en la dimensión comercial bilateral, donde la necesidad económica impone límites que el discurso ideológico no puede ignorar. La relación con China muestra, en ese sentido, la tensión que recorre toda esta política exterior: la voluntad de ordenar el mundo según fronteras ideológicas convive con restricciones materiales que obligan al pragmatismo.

El vínculo con Israel confirma esta lógica desde el extremo opuesto. Mientras la mayoría de los gobiernos occidentales matizaron su postura ante la destrucción de Gaza a medida que aumentaban las víctimas civiles, la gestión argentina profundizó su identificación con el gobierno israelí. Viajes oficiales, premios, intervenciones ante el Congreso y think tanks israelíes, así como la promesa de trasladar la embajada a Jerusalén, convirtieron la relación bilateral en un gesto identitario permanente.

Consideraciones diplomáticas tradicionales –como la diversificación de mercados árabes o el vínculo con los países del Golfo, un activo importante en la reivindicación de la causa Malvinas– parecen pesar menos que ese alineamiento. Para el gobierno libertario, ceder en este aspecto equivaldría menos a una muestra de prudencia diplomática que a una concesión ideológica. 

Una singularidad argentina 

Esta postura no es una consecuencia automática de la pertenencia a la derecha radical internacional. Jair Bolsonaro, alineado rígidamente con Donald Trump y con una retórica anticomunista similar a la de Milei, mantuvo a Brasil en el BRICS, preservó su vínculo comercial con China y no subordinó su política exterior a Estados Unidos en el grado que muestra actualmente Argentina. El presidente chileno José Antonio Kast también remarca, al menos en política exterior, la búsqueda de beneficios concretos para el país independientemente del socio. La derecha radical latinoamericana comparte, en general, enemigos culturales, pero no necesariamente el mismo diagnóstico sobre cómo gestionar su inserción internacional. Lo singular del caso argentino no es la ideología en sí misma, sino la disposición a sacrificar margen de maniobra material en su nombre.

Esta paradoja conecta la política exterior con el corazón del proyecto de La Libertad Avanza. En el plano doméstico, el mileísmo se presenta como la maximización de la libertad individual frente al Estado. En el plano internacional, esa concepción convive, paradójicamente, con una reducción deliberada de determinados márgenes de autonomía estatal frente a un bloque externo de pertenencia civilizacional. No se trata de afirmar una equivalencia entre libertad individual y autonomía estatal, sino de señalar una tensión particular del proyecto: mientras en el plano interno se reivindica la liberación del individuo respecto del Estado, en el externo se acepta limitar la capacidad de maniobra estatal en nombre de una identidad política compartida.

Esta dinámica acarrea consecuencias concretas, y el Mercosur es el ejemplo más evidente. El 25 de julio de 2026, en plena campaña electoral brasileña, Milei viajó a San Pablo para respaldar el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Desde el escenario, tildó a Lula de «ladrón», «corrupto» y «basura socialista», además de arremeter contra el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes. Diez días después, el 4 de agosto, Brasil degradó su relación diplomática con Argentina al nivel de encargado de negocios y postergó, sin fecha, el regreso de su embajador. Según fuentes de Itamaraty, el vínculo entre los dos socios mayores del Mercosur nunca antes había alcanzado un punto tan bajo, ni siquiera durante las tensiones de las dictaduras militares.

La crisis bilateral excede, por supuesto, el vínculo personal entre Milei y Lula. Cuando los dos mayores socios del Mercosur adoptan proyectos de inserción internacional opuestos y degradan su relación diplomática, se vuelve más difícil construir posiciones comunes frente a terceros actores.

La respuesta de la Cancillería argentina reforzó, además, el carácter ideológico de la disputa. El 5 de agosto, el Palacio San Martín emitió un comunicado lamentando que Brasil hubiera decidido «continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas» y subrayando que «nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional». La respuesta resulta reveladora de la lógica analizada aquí: los costos diplomáticos derivados del enfrentamiento son presentados como producto de la ideologización del otro, mientras la propia orientación aparece como expresión de una pertenencia política que no requiere ser sometida al mismo examen. 

Los límites de una estrategia 

En segundo lugar, se plantea una duda sobre la sostenibilidad del modelo. A diferencia de la autonomía, que tiende a reforzarse mediante la acumulación de márgenes de maniobra, la heteronomía requiere una validación externa constante. Necesita que el bloque de pertenencia siga reconociendo el rol ofrecido y que el escenario internacional mantenga el clima de polarización que alimenta la batalla cultural. En ese sentido, es una estrategia frágil que depende menos de la voluntad propia que de la disposición de terceros a convalidar el rol asumido. 

Existe, finalmente, una última particularidad. Las derechas radicales que hoy prosperan en buena parte de Occidente comparten una agenda cultural –anti-woke, antiinmigración, escepticismo o negacionismo climático–, pero no necesariamente el mismo vínculo con la soberanía nacional. Algunos, como Giorgia Meloni en Italia, Marine Le Pen o Jordan Bardella en Francia, o Santiago Abascal en España, reivindican precisamente lo contrario que Milei: una soberanía nacional reforzada frente a instituciones supranacionales y actores externos que se perciben como amenazas. El mileísmo invierte esa ecuación: promueve la libertad del individuo frente al Estado nacional, pero diluye la autonomía del Estado ante el bloque de pertenencia. Esa combinación –libertaria en lo interno y heterónoma en lo externo– constituye, quizás, su rasgo más original y menos comprendido.

Argentina no atraviesa simplemente un repliegue en su búsqueda de autonomía. Asiste a la construcción activa de su reverso: un proyecto que convierte la subordinación en un discurso de libertad y que mide su éxito por la fidelidad con que se adhiere a un «nosotros» civilizacional, y no por los márgenes de maniobra que obtiene.

La política exterior deja así de concebirse primordialmente como un cálculo de interés nacional y adquiere, cada vez más, los rasgos de una profesión de fe. Y, como toda fe, no necesita ser correspondida; necesita ser profesada.