Honduras está cerca de su reintegración a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 41 Asamblea General que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2011 en San Salvador. La anulación por parte de una corte hondureña de dos procesos jurídico-políticos por “abuso de poder” contra el derrocado ex presidente Manuel Zelaya Rosales y la firma del llamado Acuerdo de Cartagena allanan el camino de la readmisión. Según había declarado el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, la suspensión de esos juicios y una agenda de mediación pactada para el conflicto interno eran las principales condiciones a cumplir. Las pedían desde Washington hasta Buenos Aires. En un continente que se mantiene en un nivel constante de precariedad democrática no extraña que el estándar requerido para ser socio pleno de la OEA sea muy bajo. Si se aplicaran con rigor los requisitos contenidos en la Carta Democrática Interamericana, la centenaria casona de la OEA en Washington estaría más desolada que un pueblo de Juan Rulfo. El artículo 3 de la Carta califica como “elementos esenciales” para formar parte activa del sistema interamericano el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Demasiada carga democrática para las débiles espaldas latinoamericanas. ¿Quién tira la primera piedra? En el caso de Honduras, la oposición política sostiene que el país no debe ser readmitido en tanto persista la violación a los derechos humanos y se mantenga la impunidad de los funcionarios públicos que ejecutaron o avalaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del Estado. Al menos eso es lo que afirmaba la resistencia antes de que su caudillo, Manuel Zelaya, firmara con Lobo el acuerdo de la reconciliación. En efecto, a partir de la ruptura del orden constitucional se han cometido múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales; muchas de ellas documentadas ante organismos de la propia OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El período más intenso ocurrió bajo la dictadura (de siete meses) de Micheletti, pero persisten bajo la administración del presidente Porfirio Lobo, quien rechaza que haya una política de Estado en esa dirección. En efecto, no hay evidencia pública de que desde el gobierno se pretenda anular toda clase de oposición política al régimen pero son numerosos los casos que se anotan de opositores asesinados sin que se esclarezca la identidad de los responsables. Los hechos perfilan un círculo de complicidad que genera dudas razonables. Un ejemplo de la gravedad de la situación es el asesinato del comunicador social Nahún Palacios (14 marzo, 2010), quien era beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 24 de julio de 2009, lo cual no importó a sus ejecutores. El número de medidas cautelares irrespetadas en Honduras refleja la indefensión ciudadana y amerita la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos normativos. Sin embargo, limpiar el expediente judicial de Zelaya es considerado mérito suficiente para calificar solvente al Estado hondureño de ser socio pleno de la OEA. Así lo sostienen Insulza y el departamento de Estado norteamericano. El metalenguaje en esa opinión es que el organismo hemisférico no tiene capacidad, ni interés real, de ponerse exigente con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Honduras y de América Latina en su conjunto. Ello explica que, en esencia, se pueda reducir la vigencia de la Carta Democrática Interamericana a una sola y controversial condición: limpiar el expediente Zelaya y, con ello, diluir el efecto de un golpe que permanece impune. En el limbo quedan otras dimensiones del caso hondureño, incluyendo hechos previos al golpe de Estado, como el deterioro de la credibilidad de los procesos electorales, el irrespeto constante a la separación de poderes, la militarización creciente, la corrupción desenfrenada de recursos públicos, la ausencia de justicia pronta y efectiva o la impunidad respecto a violaciones y abusos a los derechos humanos. Vale recordar que 95% de los homicidios cometidos en Honduras permanecen en la impunidad. El punto es que cuando 33 de los 34 países representados en la OEA (la delegación hondureña se abstuvo de votar) le suspendieron su condición de miembro de ese organismo el 4 de julio de 2009), aplicaron el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en el cual se lee: “El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”. ¿Cómo es que ahora, desde la Secretaría General de la OEA y desde la mediación que impulsan los gobiernos de Colombia y Venezuela, se asegura que la evaluación de los derechos humanos no califica como condicionalidad democrática? ¿Qué pasa con la CIDH y otros instrumentos ligados a la ciudadanía continental que guardan silencio? Desafortunadamente, la democracia ha estado siempre fuera de las preocupaciones reales de quienes aseguran velar por ella; eso explica que haya muchos expertos en la teoría de la democracia pero muy pocos en el terreno de su aplicación. Podríamos sumar más argumentos sobre la precariedad democrática hondureña pero no es el caso ensañarse con un país pobre y ninguneado internacionalmente. El asunto es, más bien, plantear que en la OEA no son todos los que están y no están todos los que son. En realidad, mantener errante a Honduras y complicarle su retorno ya resultaba incómodo para todos. De hecho, a ningún gobierno le conviene poner en un listón alto las exigencias para ser certificado como "democrático". ¿Qué país se atreve a lanzar la primera piedra sin exponerse a darse con ella en los dientes? ¿México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos...? ¿Cuál? Del caso hondureño resulta provocadora la demanda de un papel distinto de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a ese deterioro sistemático de la gobernabilidad democrática que se atestigua en América Latina, o, por lo menos, una actuación menos cínica cuando se dan estallidos tan violentos como el ocurrido en junio de 2009. Es evidente la incapacidad del sistema interamericano de prevenir las violaciones graves a su Carta Democrática. La pregunta es si hay que seguir conviviendo con esa realidad o si se puede intentar algo diferente. El debate sobre la legitimidad y la eficiencia de la OEA y sus instrumentos continentales es añejo y aún se aguardan los cambios esperados. Periódicamente en ese organismo ha habido ciertas rebeliones internas pero la OEA se mantiene aferrada a una inercia burocrática de acuerdos y convenciones que evitan su desaparición, a condición de “vegetar” en el continente. Quizá, para no dejar caer tan fuerte la mano de la crítica sobre un sistema interamericano declinante, hay que recordar que no se le puede pedir mucho, que con OEA o sin OEA no se puede hablar de una sola Améica sino que hay varias "Américas" y todas ellas con democracias débiles. Y que el principal problema no está dentro de la OEA sino fuera de ella, en el contexto mismo de los países miembros. Aún así, el manejo de la crisis hondureña pudo ser distinto, pero no lo fue, y con cada día que pasa aumenta la percepción de que se ha perdido una coyuntura extraordinaria para revitalizar al organismo hemisférico.