Opinión
Mayo 2019

Honduras resiste en las calles

Juan Orlando Hernández es el presidente peor evaluado desde el inicio de la transición a la democracia en Honduras en 1980. Una ola de manifestaciones paralizó las calles del país para protestar contra la privatización de los sistemas de salud y educación. Finalmente, las calles parecen haber ganado. El hombre que llegó al poder en unas elecciones que muchos consideran fraudulentas sintió el poder de la ciudadanía.

Honduras resiste en las calles

La situación actual de conflicto en el sector educación y salud en Honduras tiene sus antecedentes en las políticas sociales aplicadas desde 2010. Los presupuestos de ambos sectores han disminuido durante la presente década. Por ejemplo, la participación del gasto en educación del gobierno central era de 32,9% del total en 2010 y en el presupuesto aprobado de 2019 bajó a 19,9%. El gasto en salud, por su parte, se redujo de 14,3% a 9,7% para los mismos años.

Estas reducciones se pudieron lograr, en gran parte, con el congelamiento de los salarios de los docentes: estos no recibieron aumentos de salarios entre 2010 y 2016 y consiguieron solo pequeños incrementos en 2017 y 2018. Otra fuente de ahorro provino de la falta de inversión en infraestructura escolar, la cual en consecuencia se ha deteriorado notablemente. En el campo de la salud, la falta de de instalaciones apropiadas y de insumos tales como medicinas y material quirúrgico ha sumido al sector en una crisis sin precedentes. Ambas situaciones habían sido denunciadas por los gremios magisteriales y el Colegio Médico sin encontrar eco en las autoridades. La falta de presupuestos adecuados para los sectores de educación y salud ha resultado en un aumento de los gastos de bolsillo de las familias, lo cual, aunado a aumentos de impuestos indirectos, reduce las posibilidades de mejores niveles de bienestar.

La aprobación de la Ley Marco de Protección Social en 2015 generó también un alerta en el sector sanitario, dado que hace referencia a un modelo de salud mixto. Aunque la ley es lo suficientemente imprecisa como para señalar el modelo a seguir, la concesión de hospitales a fundaciones privadas que se ha dado hasta ahora (Hospital de San Lorenzo y Hospital María) parece ser el camino escogido por el gobierno. Los años preelectorales y electorales (2016 y 2017) fueron tal vez la razón para que la ley no se implementara en toda la dimensión, pero todo apunta a que la intención es ir en esa dirección cediendo las prestación de servicios médicos a fundaciones, ONG y al sector privado en general y quedando la Secretaría de Salud únicamente como ente regulador del sistema. Adicionalmente, el aumento del número de instituciones (mayormente financieras) que ofrecen seguros de salud parece confirmar la tendencia.

Los detonantes de la crisis actual

El 29 de abril de 2019 entraron en paro los sistemas educativo y de salud, y se registraron al menos 70 movilizaciones y acciones de protesta en todo el territorio nacional. Durante varias horas, el centro de Tegucigalpa fue escenario de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que dejaron un saldo de varios manifestantes heridos y seis establecimientos incendiados. Las acciones de protesta evitaron que el Congreso Nacional de la República ratificara el decreto ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Salud y el decreto ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Educación, que había sido aprobado el 24 de abril del presente año. Los paros y movilizaciones de los maestros, médicos y trabajadores de la salud en general han continuado durante un mes, y la tendencia es a que el conflicto se agudice.

El hecho que más indignó a amplios sectores de la ciudadanía hondureña es que el Congreso Nacional aprobó los decretos legislativos de manera intempestiva e impositiva, en contra de los principales partidos de oposición. Los maestros y médicos rechazan los decretos legislativos por considerar que abren las puertas a despidos masivos y profundizan la privatización de las instituciones de los sistemas de salud y educación. En una primera versión de los decretos provenientes de casa presidencial, se establecía en uno de los artículos «proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y la terminación de contratos de prestación de servicios, en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de reestructuración administrativa y organizacional».

Los decretos fueron parcialmente modificados y se otorgaron facultades a las secretarías de salud y educación para las modificaciones presupuestarias en función de atender necesidades de infraestructura y logística, compra de insumos, procesos de formación de personal, cumplimiento de compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago; y finalmente, cualquier otro para lograr la eficiente implementación de los planes de mejora en el caso de salud y del plan de implementación del Plan Estratégico del Sector Educación, en el caso de educación. Esta última facultad fue interpretada por los maestros y médicos como una disposición que posibilita todo, desde los despidos masivos hasta las privatizaciones.

En una sesión extraordinaria, realizada el 30 de abril, el Congreso Nacional anuló los decretos de reestructuración y transformación de las secretarías de salud y educación. Sin embargo, los trabajadores de la educación y la salud no retornaron de manera normal a sus lugares de trabajo. Por el contrario, ampliaron sus demandas, y continuaron los paros y movilizaciones por la derogación de la Ley Marco de Protección Social aprobada en 2015 y de diferentes decretos ejecutivos que se han aprobado entre 2011 y 2018 para los sectores de salud y educación, en el contexto de la Honduras resultante del golpe del 28 de junio de 2009.

La Ley Marco de Protección Social y los decretos ejecutivos, bajo el argumento de estar en una situación de emergencia, abrieron las puertas a la privatización de los hospitales públicos, por la vía de la tercerización o el concesionamiento. En los últimos años se han entregado o están en proceso de entrega a fundaciones privadas diez hospitales públicos del sistema de salud pública. El Estado entrega a estas fundaciones el presupuesto, cada vez más reducido, situación que obliga a que los ciudadanos que acuden a los servicios de salud tengan que pagar por ciertos servicios y comprar algunas medicinas que son cada vez más escasas. Estas tercerizaciones amenazan también con asumir las responsabilidades de contratación de personal, en condiciones de irrespeto de los derechos laborales e incluso de precarización laboral.

Algo similar pasa en el sector de la educación. Desde 2011, los gobiernos han emitido varios decretos ejecutivos que amenazan los derechos y conquistas laborales de los maestros de la educación básica y media. Una de las consecuencias más drásticas que están enfrentado los docentes es el aumento de la edad para la jubilación y la contratación de profesores en condición de interinos en vez de plazas o puestos permanentes.

Tanto en salud como en educación se han creado comisiones para que trabajen junto a las secretarías de Estado. Con estas comisiones y con los decretos ejecutivos de emergencia se puede afirmar que de hecho se está gobernando los sectores de salud y educación bajo condiciones de excepcionalidad. Esta excepcionalidad es parte de la profunda crisis de toda la institucionalidad estatal. El colapso institucional, producto de la corrupción, la ineficiencia y la precarización, ha llevado a crear comisiones interventoras o de apoyo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, entre otras.

El Congreso Nacional retrocedió al no ratificar los decretos de reestructuración y transformación de la salud y la educación, pero afirma no estar dispuesto a revisar la Ley Marco de Protección Social en el sector de la salud y los decretos ejecutivos tanto del sector de la salud como de la educación. Después de un mes de paros y movilizaciones, las posiciones de los actores confrontados se encuentran en los extremos, sin perspectivas de un proceso de diálogo inmediato. os trabajadores de la salud y la educación han reafirmado que no irán a la mesa de diálogo, sino después de que se deroguen los deretos ejecutivos y se asuma la agenda de los problemas fundamentales de la salud y educación, y el gobierno ha reafirmado que no retrocederá «ni un milímetro» en la derogación de los decretos ejecutivos.

El gobierno ha intentado estrategias de división y cooptación para desarticular al movimiento. Buscó negociar con una parte de la dirigencia magisterial y ha acusado a la oposición política, especialmente al partido Libertad y Refundación (Libre) de Manuel Zelaya, de incentivar el movimiento y estar promoviendo la ingobernabilidad. Pero hasta el momento esto no le ha funcionado: las organizaciones de los trabajadores de la salud y la educación se encuentran articulados en la Plataforma de Lucha en Defensa de la Salud y la Educación Pública.

No se puede desconocer que los paros golpean de manera directa los derechos a la salud y educación, aunque los servicios están precarizados. Pero a pesar de ello, las demandas de los trabajadores de la salud y la educación son ampliamente apoyadas por diferentes sectores de la ciudadanía hondureña. De mantenerse estas posiciones polarizadas, las preguntas por el lado del movimiento son: ¿escalarán en amplitud e intensidad las protestas y hasta dónde? ¿Hasta cuándo podrán mantenerse? Por el lado del gobierno, en cambio, son: ¿hasta dónde mantendrá el gobierno su posición de no derogar los decretos ejecutivos? Al no funcionar la cooptación y división del movimiento, ¿hasta qué punto está dispuesto el gobierno a intensificar la represión de los protestantes por la vía de la judicialización y la acción directa de la fuerzas policiales y militares?

Frágil gobernabilidad

El gobierno presidido por Juan Orlando Hernández es objeto de un cuestionamiento de buena parte de la población por el carácter ilegal de su reelección. A esto se agrega la serie de irregularidades durante el proceso electoral de 2017 que obligaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general, Luis Almagro, a expresar la conveniencia de repetir las elecciones. Es decir, el gobierno actual tienes fuertes cuestionamientos en cuanto a su legalidad y legitimidad. El carácter autoritario, concentrador de poder y represivo, hace difícil la realización de diálogos que conduzcan a consensos.

Un elemento adicional es la falta de credibilidad del gobierno. Este conflicto se produce en un contexto de altos niveles de malestar de la ciudadanía por los sistemáticos casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico de funcionarios y ex-funcionarios del oficialista Partido Nacional, por la crisis energética y por las concesiones territoriales para minería y represas hidroeléctricas. Todo este malestar de la ciudadanía con el gobierno se puede ver en los resultados recientes, de mayo de 2019, de una encuesta de Cid Gallup, en la que 59% de la ciudadanía no tiene ninguna confianza en que el presidente Hernández pueda resolver los problemas nacionales, 86% considera que el país va por el rumbo equivocado y la evaluación de la gestión del presidente Hernández es de -17%, el peor evaluado desde el inicio de la transición política a la democracia en 1980.

En resumen, el conflicto entre trabajadores de la salud y la educación y el gobierno es una expresión de la frágil gobernabilidad que existe en Honduras y que continuará mientras Hernández continúe al frente del gobierno.



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