La democracia electoral va a su séptima prueba en Guatemala en un clima de creciente violencia criminal y alevosas acciones del narconegocio. Las elecciones generales se realizan el domingo 11 de septiembre y la cancha quedó finalmente libre de sospechas cuando el 7 de Agosto la Corte de Constitucionalidad confirmó el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la inscripción de Sandra Torres, del partido oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y hasta hace tres meses esposa de Alvaro Colom, presidente de la República. El tema del divorcio a destiempo causó su escandalosa defenestración. Van a la elección 7,4 millones de ciudadanos empadronados, de los cuales un poco mas de tres millones votarán por vez primera con el Documento Personal de Identidad (DPI). Hay diez partidos o alianzas partidarias participando, todos de derecha, salvo una minúscula coalición de izquierda que encabeza la Premio Nobel Rigoberta Menchú, y todos ellos sin oportunidad de ganar, salvo el Partido Patriota, acaudillado por el general Otto Pérez Molina. En esta oportunidad la “verdad” de cinco encuestas periódicas es incuestionable en sus resultados al otorgarle permanentemente al militar mas de 20 puntos sobre su inmediata seguidora, Sandra Torres, hasta hace dos semanas colocada en segundo lugar, con un fluctuante 18% de las preferencias. Pérez Molina es general de una estrella, en 1982 fue jefe militar de la zona Ixil en el norte del país, donde el ejército realizó cruentas acciones antinsurgentes. El Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico documenta que en esa región se asesinó al 23% de la población indígena; posteriormente estuvo vinculado a los poderosos servicios de inteligencia del Ejército. Formó parte del equipo militar que firmó los Acuerdos de Paz en 1996. Ha hecho su campaña, puño derecho en alto, ofreciendo mano dura para combatir la inseguridad, considerada por los ciudadanos guatemaltecos, en el Latinobarómetro, como el primer problema del país. Las fuerzas progresistas que lo adversan sólo tienen como estrategia de su desesperanza que no gane en la primera vuelta (menos del 50% de votos válidos), llamando a votar por cualquiera de los nueve candidatos restantes, a no anular el voto, a no votar en blanco, pues el cálculo final se hace sobre la base de los votos válidos. Si triunfa en la primera vuelta, Pérez Molina no sólo sería el primer candidato que lo logra desde 1986 (seis elecciones), sino lo más probable es que obtendría así mayoría de puestos en el Congreso y probablemente elegiría el importante cargo de Alcalde de la ciudad de Guatemala. De todas maneras, será el primer general que llega al poder por medio de elecciones democráticas en toda la historia de Guatemala. Se dice que la cancha quedó finalmente limpia porque la decisión judicial tardó inexplicablemente para decidir o no la participación de la señora Torres. Tampoco hubiera obtenido los votos necesarios para ganar, aunque es posible que habría jugado en la segunda vuelta. Tenía una remota oportunidad de pasar si había segunda vuelta y sólo si lograba alimentar el temeroso sentimiento antimilitar que prima en algunos sectores, especialmente de la izquierda. Espera el amparo de la Corte de Constitucionalidad el señor Harold Caballero (del Partido VIVA), hasta hace poco tiempo pastor evangélico, también rechazado ya que la Constitución prohíbe expresamente que los religiosos sean candidatos presidenciales. Las elecciones se desarrollan en un escenario calificado por formas extremas de violencia criminal: 6 mil homicidios en 2010 y un clima de inseguridad acentuado por una generalización de las extorsiones, secuestros, robo de autos, asaltos múltiples, etc. Todo eso es el resultado del tráfico de drogas que desde hace dos décadas utiliza el territorio nacional como lugar de paso, bodega, producción y consumo de substancias prohibidas. Y como sitio privilegiado de lavado de dólares. El narconegocio siempre está acompañado por extremas formas de violencia y corrupción. Las elecciones son una oportunidad para que el narcodinero financie las campañas de muchos diputados y alcaldes, probablemente las más costosas de este cuarto de siglo de democracia política. Costosa, sobre todo, porque empezó hace un año a pesar que la ley sólo establece que se realice tres meses antes de las elecciones. El control del gasto político ha sido imposible, pero a juzgar por los datos no oficiales hasta el 30 de julio, esta vez se habrían dilapidado unos cien millones de dólares. El financiamiento estatal a los partidos políticos ha aumentado según la ley: a partir de 2008, los partidos que obtengan mas del 5% de votos en la primera vuelta reciben un equivalente a dos dólares por voto, por lo cual la deuda pública ascendió en la última elección a 7,2 millones de dólares. Este año seguramente alcanzará los diez millones de dólares. Los partidos políticos en Guatemala no tienen larga vida. A partir de 1986, año que da inicio al período democrático, se inscribieron hasta 2008 58 partidos, de los cuales sólo permanecen los restos de 4. En la última elección de 2007 participaron 21 partidos, ocasión en que la mitad de ellos eran nuevos, surgidos después de 2000, todo lo cual convierte a Guatemala en el mayor cementerio mundial de partidos (1). En 2011 hay 20 registrados y 10 participarán en las elecciones generales, así llamadas porque el ciudadano tiene que votar por presidente, por diputados distritales y nacionales, por la corporación municipal y diputados para el Parlamento Centroamericano. De los partidos actualmente en contienda y desde el momento en que salió la señora Torres, sólo dos talv ez intentarían ocuparían un segundo lugar, con porcentajes máximos del 12-14% de votos. La salida de doña Sandra aseguró más no era necesario la victoria del Partido Patriota y del general Pérez.
(1)Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010, p. 231
