Se suele considerar a Rusia como un país que ha sufrido la crisis económica mundial menos que otros. En verdad, en 2008 el país sobrevivió a una violenta depresión, en la cual la caída de la producción resultó más significativa que en la mayoría de las economías desarrolladas. Sin embargo, ya al año siguiente comenzó un periodo de crecimiento, aunque bastante limitado. A esta recomposición contribuyeron las moderadas medidas keynesianas, destinadas a estimular la demanda. Estas medidas, además, fueron dictadas no solo por la tendencia del gobierno a alejarse de la habitual ortodoxia neoliberal, sino por el temor a la insatisfacción de la población que se reveló a fines de 2011. En las condiciones en que se desencadenaron manifestaciones de protesta en Moscú y San Petersburgo, los círculos dirigentes no se arriesgaron a llevar a cabo un conjunto de medidas antisociales planeadas con anterioridad, que amenazaban con ampliar seriamente la cantidad de insatisfechos.

Como resultado de estos estímulos, la economía rusa mostró en 2012 resultados relativamente razonables, lo que, como algo extraordinario, atrajo la atención de Europa occidental, donde se desencadenaba una crisis financiera. El nivel de vida y la ocupación también se recuperaron relativamente rápido. Una cuestión diferente es hasta qué punto resultaron serios los «daños» ocasionados por la crisis a la propia estructura de la sociedad y del Estado. La recomposición de la economía ocultó las contradicciones estructurales, y la tranquilidad política relativa, después del declive de las protestas de 2011-2012, enmascaró la modificación radical en la correlación de las fuerzas sociales y el potencial creciente en la sociedad para un estallido nuevo y mucho más serio.

El «diálogo social» de Vladímir Putin

Las manifestaciones de los años 2011 y 2012 suelen ser leídas como una protesta de la clase media, que está irritada contra el gobierno autoritario de Vladímir Putin y aspira a la democratización del sistema político. Sin embargo, la clase media de Moscú y San Petersburgo, que constituyó el caldo de cultivo fundamental de la protesta, fue precisamente un producto de la política de Putin, edificada sobre el estímulo al consumo debido al crecimiento de los ingresos del petróleo. La política tributaria del gobierno, excesivamente liberal en relación con las grandes empresas, y la disposición del Estado a cerrar los ojos frente a los llamados «esquemas grises», mediante los cuales las empresas medianas y pequeñas evadían el pago de impuestos, crearon las condiciones para cierta redistribución del ingreso en provecho de la clase media. Como en las organizaciones estatales, también en las corporaciones privadas creció rápidamente la cantidad de colaboradores con funciones indefinidas y altas retribuciones. Surgió una capa de gerentes, consultores, expertos, representantes de una «clase creativa», que en su momento crearon una demanda de servicios específicos, comenzando por el negocio del turismo, que creció velozmente, y terminando por proyectos culturales y de entretenimiento de toda clase. Primero en Moscú y San Petersburgo, y después en otras grandes ciudades, comenzaron a aumentar rápidamente los precios de los inmuebles. Esto, a su vez, estimuló un boom de la construcción, que estuvo acompañado por la escasez cada vez más aguda de viviendas en el sector de las edificaciones de «clase económica»: la abrumadora mayoría de los nuevos edificios estaban proyectados para clientes ricos, y el viejo fondo de viviendas soviético caducaba y era sustituido por viviendas más caras, para las cuales la gente no tenía suficiente dinero.

Aunque la crisis de 2008 llevó a una drástica reducción de la ocupación y de los ingresos de la clase media de las capitales¹, el shock no fue continuo ni profundo. Durante los últimos dos años, estos grupos fueron recuperando su posición anterior e incluso la consolidaron. Así y todo, la crisis demostró que el nivel alcanzado y la calidad de vida no estaban garantizados para ellos. Además, el alza de precios, que prosiguió en 2010, aventajó claramente el incremento de los salarios. En la clase media creció una particular tensión social, más vinculada a la desconfianza hacia el futuro que a sus problemas más inmediatos. La irritación parecía dirigida sobre todo contra el Estado, que gastaba demasiado dinero en la ayuda a los pobres, programas sociales, industrialización, defensa, etc., en lugar de crear condiciones favorables para el florecimiento de esa «clase creativa».

La situación con los gastos sociales también resultó muy contradictoria. Pese a su visión filantrópica, el gobierno lograba destinar cada vez más fondos al apoyo de programas sociales y elevaba así el nivel de vida de las capas más pobres de la población, de los jubilados, de los médicos, de los maestros y de los empleados estatales, que en los años 90 llevaban una vida miserable. Semejante munificencia se explicaba por los ingresos, que crecían constantemente, gracias a la venta de petróleo y otros combustibles. Como resultado, el aumento de los gastos sociales no redundó para las grandes empresas en una carga tributaria demasiado pesada, aunque los ideólogos empresariales, se entiende, afirmaran lo contrario.

La consigna y la ideología del gobierno de Putin –tanto en su función de presidente como de primer ministro– fueron la «estabilidad»². En el plano político, el sistema de gobierno constituido fue a menudo considerado una «democracia dirigida». Por un lado, estaban presentes los signos externos de un gobierno formalmente democrático, desde la competencia de candidatos en las elecciones hasta una efectiva libertad de palabra que no influyó de ninguna manera en el accionar del gobierno. Los ingresos petroleros parecían suficientes para satisfacer a todos, aunque no en igual medida.

Otro logro importante de la época de Putin fue la estabilización de la elite. El gobierno tuvo éxito en poner fin a la guerra entre clanes que desgarró a la oligarquía rusa en la década de 1990. Se celebró un principio de compromiso coercitivo: el Estado estaba dispuesto a considerar los intereses de todos los grupos, a condición de que estos respetaran determinadas reglas de juego. Los oligarcas que no accedían a obedecer esas reglas eran sometidos no solo a represión por parte del poder, sino, lo que no es menos importante, al ostracismo por parte de sus colegas de negocios. El desgraciado destino de los millonarios Vladímir Gusinski, Mijaíl Jodorkovski y Boris Berezovski (fallecido en 2013) –cuyos negocios abarcaban petróleo, banca, mass media y otros rubros estratégicos– no fue ajeno a esos cambios. Estos tres empresarios integraban el grupo de las personas más influyentes en los años de gobierno de Boris Yeltsin y no quisieron resignar sus posiciones de privilegio en tiempos del nuevo presidente. De modo que fueron socavando la lógica del compromiso general que radicaba en la base del «sistema Putin». El resultado del enfrentamiento fue previsible: los tres tuvieron que emigrar y Jodorkovski, además, pasó diez años en la cárcel.

En el contexto del crecimiento de los precios del petróleo, se incrementaron también las cotizaciones de las compañías rusas en las bolsas nacionales y extranjeras. La exclusión de la escena del sector «indisciplinado» de la comunidad de las grandes empresas hizo posible una transformación estructural del capitalismo ruso, que rápidamente pasó de una fase oligárquica a una fase corporativa. La personalidad del emprendedor significaba cada vez menos, por lo que el potencial de la organización y los recursos de las compañías jugaban un rol cada vez mayor. La burocracia económica despersonalizada ocupó el lugar de los coloridos capitalistas mafiosos de la época de Boris Yeltsin. El rol creciente en la formación de una nueva cultura corporativista lo jugaron las compañías cuasi-estatales, donde un grupo de funcionarios capturó sus órganos directivos. Así, las relaciones de Rusia con Ucrania y Belarús se sometieron en gran medida a los intereses de la compañía Gazprom, sumamente interesada en los mercados y las posibilidades de tránsito a través de esos países. Con todo, cada vez que a Gazprom le surgen problemas con uno u otro gobierno, el conflicto pasa al nivel internacional. Esto se relaciona en igual medida con la orientación prooccidental promovida por Ucrania y con la orientación tradicionalmente prorrusa de Belarús.

Estabilidad y crisis

La política de compromisos llevada adelante por el gobierno de Putin parecía funcionar de un modo efectivo no solo en un periodo de crecimiento económico sino, hasta cierto límite, en años de crisis como 2008 y 2009. Sin embargo, el crecimiento de las ganancias corporativas y del consumo individual ocurrió en el contexto de un catastrófico déficit de inversiones, desgaste de equipamientos, deterioro de la infraestructura del transporte, degradación de la educación, insuficiencia creciente de cuadros calificados en la producción y creciente desfase tecnológico respecto de Occidente. En otras palabras, el país se estaba devorando su futuro. La descomposición de la ética ciudadana y la descolectivización de la sociedad alcanzaron niveles tales que comenzaron a preocupar incluso a quienes detentaban el poder, que no encontraron nada mejor que intentar establecer vínculos sociales artificialmente, orientándose a los valores tradicionales, a los «asideros espirituales»³ cuyo portavoz es la Iglesia ortodoxa oficial (y en algunas regiones, también el Islam oficial).

Es completamente natural que, en la búsqueda de una estrategia de solidaridad, interesado en conservar el statu quo, el gobierno haya elegido principalmente una variante conservadora. Sin embargo, ese programa ideológico conservador, en cuanto a su realización, comenzó a adquirir con rapidez rasgos abiertamente reaccionarios y arcaicos. La Iglesia ortodoxa rusa y sus representantes en las estructuras políticas del gobierno simplemente no saben actuar de otro modo, en tanto y en cuanto, a diferencia del protestantismo y la Iglesia católica, no tienen una tradición de diálogo activo e independiente con la sociedad y se han ubicado siempre a la sombra del Estado.

La implantación de los «asideros espirituales» y los valores conservadores despertó la legítima irritación de la clase media, orientada hacia una forma de vida occidental. En el medio empresarial también aumentó la oposición. Los empresarios comenzaron a quejarse de la corrupción presente en todas partes, aunque hasta hacía poco tiempo el estado de las cosas les convenía por completo. A cambio de la peculiar «renta de la corrupción» que recibían los funcionarios, estos últimos les aseguraban un acceso directo o indirecto al financiamiento estatal y cerraban los ojos a la sistemática falta de pago de las cargas tributarias –ya de por sí bajas según los cánones europeos– y a la desestimación escandalosa de las normas laborales, ecológicas, migratorias, sanitarias, etc. Dicho con rigor, la corrupción permitía que las empresas redujesen radicalmente sus costos. Pero en las condiciones de una ineficiencia escandalosa de la clase empresarial, acostumbrada a un nivel de ganancias que aventajaba en varias veces el de Europa occidental, los empresarios empezaron a exigir que el Estado les redujese esos costos relacionados con la corrupción, a la vez sin imponerles las obligaciones que se deben cumplir en un Estado correctamente organizado⁴.

Sin embargo, por ofendidas que estuviesen la clase media y las empresas, no fueron ellas las que iniciaron las protestas que estallaron en diciembre de 2011 y se extendieron hasta la primavera de 2012. Para el gobierno, resultó inesperada la «deslealtad» de las poblaciones del interior y de las capas más pobres, que hasta ese momento no mostraban un gran activismo. De hecho, no lo mostraron tampoco esta vez. Sin embargo, el cansancio respecto al régimen de Putin, la tensión nerviosa ocasionada por el periodo de crisis y la irritación contra la corrupción de los funcionarios motivaron una especie de huelga electoral en las provincias. En las elecciones de diciembre de 2011, la gente sencillamente no concurrió de manera masiva a votar. Y el gobierno trató de ocultar esta total incomparecencia apelando a la alteración de las cifras. La necesidad de transformar urgentemente 8% o 10% de asistencia en 65% o 70% condujo a una gran cantidad de falsificaciones absurdas y risibles, de las cuales la más notable fue que se informó por televisión que en una de las provincias del sur de Rusia la asistencia a los comicios había alcanzado el 146% de los electores.

Está demostrado que el fraude electoral, en su mayor parte, no fue motivado tanto por el intento de agrandar el porcentaje de los votos otorgados al partido oficialista Rusia Unida, como por ocultar que fácticamente había tenido lugar un boicot popular a las elecciones. Sin embargo, entre los que votaron, una cantidad mayor que lo habitual lo hizo a favor de los partidos de la oposición legal, donde se ubica el Partido Comunista.

Los resultados de las elecciones provocaron que la clase media de las grandes ciudades saliera a la calle. Las manifestaciones resultaron inesperadamente masivas y, en los primeros momentos, bastante agresivas. El lema «Por elecciones limpias» unió casi a todos, desde la izquierda hasta la extrema derecha, bajo estandartes de distintos colores, en manifestaciones en Moscú y San Petersburgo, y les transmitió a sus organizadores la convicción de que toda la sociedad se manifestaría de inmediato contra el gobierno. Pero en realidad solo dio testimonio de la presencia de manifestantes apartidarios, a los que en su mayoría les daba lo mismo bajo qué estandarte marchar. El lema abstracto «Elecciones limpias» y los primeros días de protestas crearon una buena plataforma para la unidad política de grupos muy diferentes, pero casi en seguida quedó al descubierto su insustancialidad. En definitiva, las elecciones de diciembre también fueron a su manera limpias, se distribuyeron los puestos entre los partidos con estatus legal, más o menos en proporción con los porcentajes recibidos.

La «normalización» de 2012

Una vez recuperadas del primer shock, las autoridades encontraron un medio efectivo para contrarrestar las protestas en la capital. La ideología de esta campaña antiprotestas fue extremadamente sencilla: contraponer a la «clase media parasitaria» de Moscú y San Petersburgo el pueblo trabajador de los centros industriales, presentando al gobierno y al presidente como defensores de la paz social que resistían una reforma neoliberal. Surgía, por supuesto, una pregunta: si el Estado limitaría y frenaría las reformas antisociales (en el sector vivienda, salud, educación y transporte, entre varios sectores) y quién las llevaría a cabo. Sin embargo, esta propaganda funcionó: la mayor parte de la población del país consideró que el poder era un mal menor en comparación con los liberales de la capital. Para eso, la campaña de los partidarios de Putin no estuvo fundada en la pura retórica. El poder recurrió a una serie de medidas populistas/«keynesianas» para estimular la demanda. Por su parte, las opiniones del ala derecha de los liberales y de los que patrocinaban sus grupos empresariales con sus acciones y declaraciones confirmaban los peores temores de los ciudadanos. El ala izquierda de la protesta se encontraba desorientada y escindida debido a la política de sus líderes (principalmente Serguéi Udaltsov, del Frente de Izquierda), quienes prefirieron el bloque con «los líderes de la protesta» antes que una propuesta de reclamos sociales y acciones independientes⁵. El resultado fue catastrófico para la oposición. Los electores de las provincias, en la primavera de 2012, concurrieron a las elecciones presidenciales y votaron por Putin. Y las propias estructuras de la oposición, después de perder una clara perspectiva estratégica, declinaron y se desmoronaron.

Parecería que el poder, a su debido momento, había resuelto sus problemas. Pero, como ocurre con frecuencia, el éxito no consolidó sus lados fuertes en la misma medida en que dejó en claro sus debilidades. Después de las elecciones, el gobierno, que había tomado medidas para estimular la demanda que se consideraron en 2012 como una concesión temporal a los votantes de las provincias, no solo regresó abruptamente al curso neoliberal, sino que lo endureció al máximo. Comenzaron a subir los precios y el desempleo. La situación se agravó con el ingreso de Rusia en la Organización Mundial del Comercio (OMC). El giro hacia una tendencia neoliberal llevó a la economía a un estancamiento en 2013 y a una caída proyectada para 2014. La popularidad de Putin se desplomó. Los presupuestos regionales comenzaron a mostrar un nivel «griego» de déficit y endeudamiento; además, el gobierno central se condujo en relación con las administraciones provinciales de la misma manera en que lo hizo, por ejemplo, la troika europea en relación con Grecia o España. Esto creó una nueva línea de tensión entre el centro y las regiones. Pero la crisis que se estaba gestando en Rusia estalló aún más temprano en Ucrania.

La crisis ucraniana

Ubicada entre Rusia y Occidente, la economía ucraniana recibió impulsos críticos desde ambos lados. Intentando seguir un firme curso neoliberal, los gobiernos ucranianos no fueron capaces de lograr una consolidación de las elites semejante a la lograda en Rusia. A causa del constante déficit de recursos, tuvo lugar una pelea ininterrumpida entre grupos oligárquicos basados en distintas regiones del país (con la particularidad de que los recursos se redistribuían sistemáticamente desde el sudeste industrial hacia el atrasado occidente agrícola, que constituía la base electoral de los partidos de derecha). Esta lucha entre oligarcas conformó el fundamento y el contenido del singular modelo democrático ucraniano. Pero el sistema político ucraniano, que no superó la prueba de la crisis, se desplomó en el invierno de 2013-2014.

El pretexto formal para los disturbios en Kiev fue la negativa del presidente centrista Víktor Yanukóvich a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. El acuerdo, además de una cantidad de exigencias neoliberales, contemplaba el traslado completo de las actividades industriales ucranianas al sistema de estándares técnicos de la UE. No había dinero para una reorganización del país de semejante envergadura, y el intento de transferir esos gastos al sector privado implicaba automáticamente el cierre o la quiebra de una gran parte de las fábricas. Los propios líderes empresariales, reconociendo la amenaza que se cernía, le exigieron al presidente Yanukóvich que no firmara ese acuerdo. Sin embargo, la oposición utilizó la retractación como pretexto para organizar protestas masivas, culpando a las autoridades de falta de voluntad para permitir que se abriese una «perspectiva europea» para el pueblo ucraniano.

La disposición inicial del gobierno para firmar el acuerdo fue suscitada por el hecho de que el país estaba en bancarrota. Occidente prometía dinero y Kiev estaba dispuesto a aceptar prácticamente cualquier condición. Yanukóvich vacilaba, dirigiéndose alternativamente a Occidente, a Rusia y a China, y al mismo tiempo, en la capital, los opositores que protestaban construían barricadas, quemaban cubiertas de automóviles en las calles, arrojaban bombas molotov a los soldados de las fuerzas internas y golpeaban a los partidarios del gobierno.

El levantamiento ucraniano, respaldado en los primeros momentos, como en Moscú, por una parte importante de las capas medias de las capitales, terminó rápidamente bajo el control de la oposición radical de derecha, que se apoyaba en pandillas callejeras de diversas organizaciones fascistas y semifascistas. En este sentido, el Maidán de Kiev (llamado así por el nombre de la plaza céntrica de la capital, Maidán Nezalezhnosti, donde ocurrieron los acontecimientos⁶) se distinguía radicalmente de las protestas en la plaza Bolótnaia, de Moscú. Si en este último caso el control ideológico lo tomaron los liberales, aunque en un sentido claramente de derecha, en Kiev, desde el principio, las posiciones dominantes fueron las de los radicales de derecha, aunque la intelectualidad liberal no quería reconocerlo.

La hegemonía de los ultraderechistas en la protesta de Kiev fue el resultado natural de la historia previa de la democracia oligárquica ucraniana. A diferencia de Rusia, donde no existía una oposición seriamente institucionalizada fuera de los partidos de la Duma (Parlamento), que eran parte del sistema de una «democracia dirigida» (y que actuaron contra las protestas masivas), en Ucrania se formaron instancias de pluralismo político real, pero en los marcos de un sistema oligárquico la elección era solo entre centristas y derechistas. Más aún, los últimos se encontraban bajo un empuje creciente de diversas organizaciones fascistas y semifascistas que eran alentadas por el gobierno centrista de Yanukóvich y por su Partido de las Regiones⁷ en calidad de potenciales alternativas electorales a la oposición nacionalista de derecha. El asunto no llegó a las elecciones; el cambio de poder, acompañado del derrumbe fáctico de la estructura política del Partido de las Regiones, llevó al país de un pluralismo político a una elección entre la derecha y la ultraderecha, que hasta el momento habían actuado unidas en un bloque. Los enfrentamientos se transformaron en combates callejeros cuando los activistas de organizaciones nacionalistas radicales, unidas en la coalición Pravy Sektor (Sector de Derecha), comenzaron a usar armas. En febrero de 2014, Yanukóvich, después de perder definitivamente el control de la situación, huyó de Kiev y dejó al país abandonado a su propia suerte. El gobierno no cayó, ni siquiera hubo una toma del poder. Simplemente se autoliquidó.

El nuevo gobierno de Ucrania

En el plano político, una coalición de tres partidos (Batkivshina, UDAR y Svoboda⁸), formada en Kiev después de la huida de Yanukóvich, se presentó como la unión de los radicales neoliberales con los nacionalistas y los fascistas, una fórmula hasta el momento poco habitual para Europa que, sin embargo, puede ser un precedente para otros países. El nuevo gobierno, formado por los opositores de antes en las condiciones de un caos creciente, no encontró nada mejor que intentar consolidar su apoyo por parte de pequeños grupos radicales de derecha que habían prometido suprimir la ley de lenguas regionales, que les da estatus de lenguas oficiales al ruso y también a las lenguas de otras minorías nacionales: el húngaro, el rumano, etc.

No obstante, sería totalmente falso interpretar el conflicto en Ucrania como lingüístico o cultural. El ucraniano, que predomina en las regiones occidentales del país, está muy poco extendido en Kiev, aunque la clase intelectual rusohablante de la capital fue alcanzada en 2013 por la euforia nacionalista, probablemente más que los pragmáticos campesinos de las provincias de Lvov o Volynsk. Al abrir la caja de Pandora de las lenguas, las autoridades reconocieron perfectamente que producirían un estallido de insatisfacción en las regiones del sudeste de Ucrania, donde solo una minoría insignificante de la población utiliza el ucraniano. Ya desde antes, el sudeste votaba tradicionalmente por el Partido de las Regiones del destituido Yanukóvich, y los grupos radicales de derecha y nacionalistas se apoyaron en las zonas occidentales del país. Al mismo tiempo, provocando un conflicto alrededor del idioma ruso, el nuevo gobierno intentaba cambiar la situación, transformando las contradicciones sociopolíticas en nacionales. A Rusia, que inevitablemente debió salir a condenar esa política, se la puede presentar ahora como principal culpable de todos los problemas de Ucrania, de los pasados, los presentes y los futuros.

El plan funcionó, pero no por completo como esperaban sus autores. El conflicto con Rusia, que se venía descomponiendo por espacio de un tiempo ya prolongado, se agudizó violentamente; una bendición para el Kremlin fue la aparición de un nuevo enemigo en la persona del gobernador de Kiev, tan provechosa en el contexto de la situación económica del país, que empeoraba. Y los habitantes del sudeste, antes bastante tranquilos y leales a cualquier gobierno, no solo protestaron, sino que se alzaron abiertamente. Además, esta insurrección atrajo a su órbita a una cantidad de gente muchas veces mayor que las acciones en el Maidán de Kiev. Las protestas en el sudeste estallaron literalmente en todas las ciudades, incluyendo centros regionales. A diferencia de Yanukóvich, quien por algunos meses intentó conservar la situación bajo control y evitar el uso de armas, el nuevo gobierno lanzó a sofocar las protestas no solo a la policía, sino también a destacamentos armados después de la crisis en Kiev del Sector de Derecha, lo que en seguida provocó víctimas humanas. Los activistas del sudeste usaron los mismos métodos con ayuda de los cuales los radicales de derecha impusieron su voluntad al gobierno precedente. Las manifestaciones callejeras pronto se transformaron en la toma de edificios administrativos. Lo que se ideó como un estallido momentáneo se transformó en una explosión que llevó a una destrucción sin retorno.

En esencia, lo que se destruyó fue el sistema estatal ucraniano. Las regiones del sudeste y también Crimea, habitada predominantemente por rusos étnicos, empezaron a reclamar la unión con Rusia. El Kremlin debió reaccionar de alguna manera frente a los acontecimientos, más aún cuando la rebelión de Crimea y el sudeste despertó en el país una simpatía masiva.

La decisión tomada por el Kremlin en los primeros momentos pareció la mejor posible: tras acordar con las elites de Crimea, las autoridades rusas anexaron esta región en disputa a su territorio, y a las restantes provincias del sudeste amotinado las libraron a su propio destino. Sin embargo, el levantamiento en el sudeste no solo no se aplacó sino que, por el contrario, recrudeció. Las fuerzas de seguridad rusas apoyaron abiertamente el levantamiento, muchas veces incluso sin esperar la opinión del Kremlin, lo que en sí mismo resultó una desagradable sorpresa para Putin y su círculo más cercano. La administración del Kremlin, que había recibido un beneficio táctico, puso debajo de sí una bomba de acción inmediata. La popularidad del presidente, que se había elevado drásticamente al momento de la anexión de Crimea, comenzó a descender de a poco pero sin pausa, apenas se vio con claridad que otras regiones no podían esperar ninguna ayuda de Rusia. Mientras tanto, en las mismas regiones del sudeste de Ucrania comenzó a ocurrir algo que no alegró para nada a la elite de Moscú: el movimiento en defensa de la lengua rusa se transformó a simple vista en una revolución social.

Sin limitarse a la toma de edificios de la administración provincial, los activistas de Donetsk y Lugansk se pronunciaron por la creación de sus propias repúblicas populares. Además, en Donetsk comenzaron muy rápidamente a adquirir las características de un poder alternativo. Esto promovió la toma de departamentos de policía locales y otras instituciones estatales. Algunas tomas fueron realizadas por las masas sublevadas, pero en muchos casos actuaron grupos armados disciplinados, los antiguos colaboradores del cuerpo especial de policía Berkut y otras fuerzas de seguridad de Ucrania separadas por el nuevo gobierno de Kiev, o bien desertores. Algunas divisiones salieron del servicio prácticamente con su personal completo, llevando consigo armas y municiones. La propaganda oficial de Kiev reaccionó llamando «grupos comando rusos» a los antiguos colaboradores de sus propias fuerzas de seguridad; sin embargo, para la población prorrusa del sudeste de Ucrania, esas denuncias no se veían como una desacreditación del levantamiento, sino más bien como publicidad a favor. Cuanto más hablaban en Kiev de una injerencia directa y hasta de una «ocupación» de la región por parte de Rusia, más gente en esos lugares se unía a la protesta, considerando que ahora Rusia los defendería y apoyaría a los rebeldes.

El nuevo gobierno de Kiev comenzó a repetir respecto a los «antimaidanistas» del sudeste todas las imputaciones y teorías conspirativas que algunos meses antes la propaganda de Yanukóvich había utilizado al hablar del propio «maidán». Solo que ahora todo esto se reproducía a una escala diez, cien veces mayor, y adquiría ya una forma del todo grotesca.

Sin embargo, las escalas y el radicalismo de la confrontación de ningún modo pueden ser explicados exclusivamente por la lógica de un enfrentamiento político. La política económica del nuevo gobierno delimitó la línea de una fuerte división social, que ninguna retórica nacional puede ocultar. Los oligarcas, que en época de Yanukóvich se aprovechaban de las posibilidades de una influencia informal en el gobierno, recibieron ahora cargos oficiales como gobernadores. Poco después, las elecciones presidenciales organizadas por la nueva administración colocaron en el cargo de presidente a uno de los mayores capitalistas del país, Piotr Poroshenko, quien ni siquiera para aparentar intentó disimular su actividad empresarial.

Tras firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno aumentó drásticamente los precios del gas y de los medicamentos y cortó los subsidios a la industria. La tendencia neoliberal que antes también habían seguido los círculos dirigentes tanto en Rusia como en Ucrania, con algunas excepciones, ahora se radicalizó. Precisamente por eso la retórica nacionalista se volvió muy necesaria para Kiev: ya no le quedaban otros instrumentos de consolidación social. En el occidente del país y en la capital, la indignación creciente, después de un tiempo, logró conservar la retórica nacionalista y la propaganda antirrusa, pero en relación con los habitantes del este, esos métodos generaban un efecto inverso. Intentando aplacar el incendio en el oeste, el gobierno echó más leña al fuego en el este.

La rebelión

El primer intento de sofocar el enfrentamiento en el sudeste con ayuda del Ejército ucraniano se frustró en abril de este año, cuando una multitud de gente desarmada logró detener y persuadir a una parte de los militares, haciendo fracasar la «operación antiterrorista» iniciada por Kiev. Sin embargo, la escalada de violencia continuaba. El 2 de mayo, en las calles de Odesa, volvieron a producirse enfrentamientos entre grupos partidarios del nuevo gobierno llegados a la ciudad y sus opositores, después de lo cual una multitud reunida por combatientes del Sector de Derecha incendió la Casa de los Sindicatos, junto a la que se habían reunido activistas locales de izquierda y prorrusos. A la gente que lograba escapar del fuego la remataban en la calle, y cuando el fuego comenzó a extinguirse, grupos de combatientes cometieron actos de represalia contra los que estaban escondidos en los pisos altos del edificio, que no habían sido alcanzados por el fuego. Por lo menos murieron 46 personas, y muchos de los que sobrevivieron fueron arrestados por la policía. Al día siguiente, una multitud sublevada de odesitas liberó a los arrestados, pero algunos de ellos fueron detenidos nuevamente o asesinados durante los días siguientes. Inmediatamente después del pogromo de Odesa, llegaron noticias de hechos de violencia no menos crueles en Mariúpol, donde la guardia nacional disparó y quemó, en el edificio de la sección de Asuntos Internos de la ciudad, a decenas de policías que se habían negado a usar las armas contra el pueblo. Al mismo tiempo, en las ciudades que estaban bajo el control de la República de Donetsk⁹, comenzó un proceso espontáneo de transformaciones sociales: los trabajadores tomaron las fábricas, las autoridades locales nacionalizaron las empresas, los mineros se declararon en huelga y reclamaron un aumento de los salarios. Después de la tragedia de Odesa, la tendencia de Ucrania hacia una guerra civil se volvió irreversible. Para los habitantes de Donetsk y de Lugansk¹⁰, se hizo evidente que en el caso de que sus repúblicas no se mantuviesen, los esperaba la misma suerte que en Odesa. El reclamo por la federalización de Ucrania, que inicialmente unía a todos los opositores a Kiev, ahora había cambiado por un llamado a la independencia absoluta o a la unión con Rusia. Sin embargo, las autoridades rusas claramente no estaban dispuestas a unirse con las provincias en manos de una población alzada en armas, más aún cuando una parte importante de los reclamos oídos en abril y mayo en las manifestaciones de los federalistas podían resonar de manera no menos detonante en Rusia, donde también ha crecido la tensión entre el centro y las regiones.

En el referendo del 11 de mayo de 2014 fue proclamada la República Popular de Donetsk, que se declaró a sí misma como la continuación de la República de Donetsk y Krivói Rog, creada en 1918 por los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda. Esa república fue exterminada por las fuerzas alemanas, con cuyas bayonetas se impuso la autoridad de la Rada (Consejo) Central de Kiev a la región del sudeste de Ucrania. Esta vez, la guerra civil se desenvuelve en los mismos frentes y, en una considerable medida, con el mismo contenido social (pero todavía no político).

Aunque la lucha armada tuvo lugar en el territorio de dos provincias, el enfrentamiento no se limita a esos territorios. En Járkov, Odesa, Zaporiyia y otros centros de Ucrania se formaron organizaciones clandestinas que tienen por objeto la fundación de un nuevo Estado: Nueva Rusia. En Kiev y en las provincias de Ucrania central la oposición al poder se organizó en grupos fundamentalmente de izquierda, entre los cuales el más conocido es el partido Borotba (Lucha). El gobierno respondió con represión: las oficinas de los «borotbistas» fueron destruidas y algunos de sus líderes tienen pedido de captura. A fines de julio, también el Partido Comunista de Ucrania fue proscripto de hecho.

En ese estado de situación, al Kremlin no le quedaba opción: estaba obligado a apoyar a Donetsk y Lugansk. Sin embargo, ese apoyo era claramente forzado. El gobierno ruso intentó al máximo utilizar su influencia en los territorios de las repúblicas sublevadas para impulsar a sus protegidos en los puestos claves y reducir a un mínimo el proceso de transformaciones sociales que había comenzado espontáneamente. Al mismo tiempo, los funcionarios de Moscú trabajaron en conjunto con la gente del oligarca ucraniano Rinat Ajmétov, quien antes financiara al Partido de las Regiones, para influir esta vez en ambos lados del conflicto al mismo tiempo. Los representantes de Ajmétov ocuparon puestos tanto en la administración oficial como en las estructuras de la República de Donetsk, tratando por todos los medios de frenar y bloquear las resoluciones sobre nacionalización y otras demandas radicales de los insurrectos. Los organismos del poder creados en Donetsk y Lugansk eran ineficientes ya sin ellas, llenos de gente ocasional y no preparada para un serio trabajo autónomo. Cuando se comprendió que la ayuda de Moscú se limitaría al abastecimiento de pertrechos militares y, de vez en cuando, de armamento obsoleto de los almacenes del periodo soviético, se descubrió en qué medida los partidarios de las repúblicas no estaban preparados para el conflicto. Y solo la monstruosa incompetencia de los militares ucranianos, junto con la franca falta de voluntad de las tropas de derramar sangre en una operación punitiva, permitió que los destacamentos de milicianos formados a la ligera resistiesen los primeros dos meses de combates.

El centro de la rebelión fue la ciudad de Slaviansk, cuyo sistema defensivo comandó el voluntario ruso Ígor Strelkov, quien después de eso pasó de ser un especialista en historia militar conocido por pocos a constituirse en un líder militar popular. Cuando en julio de 2014 los destacamentos de Strelkov abandonaron Slaviansk y se trasladaron a Donetsk, él ya tenía bajo su mando algo parecido a un ejército regular. La llegada de Strelkov a Donetsk fue acompañada por el destierro de los organismos del poder de la república de los partidarios de Ajmétov y de mucha gente relacionada con la administración del Kremlin, a los que se culpaba de haber intentado entregar la ciudad. A la vez, llegaron a Donetsk y a Lugansk masas de voluntarios desde Rusia, inspirados por ideales tanto de izquierda como nacionalistas. Las demandas sociales del movimiento pasaban de mano en mano con el lema «Defensa del mundo ruso», aunque eran pocos quienes podían decir precisamente en qué consiste la diferencia de ese «mundo» con otros «mundos».

El ala izquierda del movimiento se formó ideológicamente el 7 de julio, cuando en Yalta, en el territorio de Crimea anexado a Rusia, los representantes de las organizaciones de izquierda de Nueva Rusia se encontraron con sus correligionarios rusos y con activistas occidentales del movimiento antibelicista. El Manifiesto de Yalta proclama como objetivo de su lucha la superación del capitalismo oligárquico, la formación de una economía mixta con un desarrollo del sector social y la creación de una «república social» en todo el territorio de Ucrania.

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La crisis ucraniana se adelantó al desarrollo de la rusa, y en gran medida cambió su carácter, al provocar un enfrentamiento con Occidente y poner en primer plano lemas de «dignidad nacional». Precisamente Occidente, que pretende una expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la inclusión de Ucrania en su esfera de influencia, está provocando un conflicto que Moscú intenta evitar con todas sus fuerzas. Sin embargo, no logrará evitarlo, pues las contradicciones reveladas por la crisis mundial tienen un carácter objetivo. Para Rusia, en el curso de este enfrentamiento, saltan al primer plano los esfuerzos por la independencia económica, que simplemente no pueden resolverse en los marcos del orden existente y mientras se conserven las estructuras social y política precedentes. Los círculos dirigentes moscovitas de Rusia intentan unir forzosamente una política exterior independiente con un orden interno conservador. Amplían la cooperación con los países del BRICS, invitando a una transformación de las reglas económicas internacionales, pero esas reglas, a su vez, son la condición fundamental de la existencia y la prosperidad de la oligarquía rusa. En otras palabras, el desarrollo de los acontecimientos inevitablemente transformará un conflicto de política exterior en un enfrentamiento de política interna y social.

La «democracia dirigida» rusa pasará a la historia detrás de la democracia oligárquica ucraniana. Y quién sabe, quizás precisamente en estas convulsiones esté naciendo hoy no solo una nueva Rusia, sino también una nueva Europa.