El porcentaje de miembros del Parlamento Europeo elegidos recientemente que se oponen a los derechos reproductivos de las mujeres, a la igualdad de género, a la educación sexual, al matrimonio entre personas del mismo sexo y al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha Contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convención de Estambul) ronda el 30%. En consecuencia, para este mandato el Parlamento Europeo ha duplicado el número de MPE que se proclaman en contra de estos temas en comparación con el mandato anterior, cuando estimo que alrededor de 15% de los parlamentarios entraban en esta categoría, de acuerdo con un estudio comisionado por la parlamentaria finlandesa Heidi Hautala.

Temas tan diversos como la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos LGBTI, la educación sexual y la prevención de la violencia de género son considerados en forma colectiva por sus opositores como parte de una agenda más amplia de «ideología de género». El uso de esta expresión ambigua ha dado a quienes se oponen a los derechos de las mujeres y de otros grupos minoritarios la capacidad de combinar temas muy diversos bajo un mismo paraguas y presentarlos como un paquete integral, que supuestamente se impone a las «familias tradicionales» por obra de un todopoderoso lobby feminista y LGBTI.

Muchos progresistas están desconcertados por el crecimiento de este fenómeno, y para explicarlo suelen recurrir al discurso de la reacción o el retroceso, planteando que es tan solo una oposición conservadora frente al avance inevitable hacia una mayor igualdad de género y de derechos LGBTI. Sin embargo, este argumento tiene un poder explicativo limitado, ya que ignora las complejidades de los discursos de derecha y presenta a los votantes como individualmente responsables por ese aumento.

Para entender cabalmente qué impulsa esta tendencia, los progresistas deben plantearse una pregunta que es mucho más autorreflexiva: ¿qué problemas del sistema político, social y económico permiten que la oposición a estos temas pueda capturar la imaginación no solo de los seguidores de partidos de extrema derecha sino también de algunos votantes que tradicionalmente pertenecían al centro político?

Como ya se ha argumentado, la oposición a la «ideología de género» permite no solo incluir bajo un mismo paraguas las causas divergentes mencionadas con anterioridad sino también reunir a actores dispares, que van de la centroderecha hasta la extrema derecha y los partidos libertarios, así como diversos movimientos religiosos y organizaciones de base conservadoras, en pos de una causa común.

En verdad, el crecimiento de los opositores a la «ideología de género» en el Parlamento Europeo es sobre todo el resultado del sólido desempeño de la Liga de Matteo Salvini, del partido del Brexit de Nigel Farage, el partido Ley y Justicia de Jarosław Kaczynski, del Fidesz de Viktor Orbán y de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, grupos que aparte de su oposición a esos temas tienen poco en común en términos de orígenes y programas. Mientras que la mayoría de estos partidos pertenecen principalmente al nuevo grupo de extrema derecha Identidad y Democracia o a la agrupación conservadora euroescéptica Conservadores y Reformistas Europeos, Fidesz y el partido búlgaro Ciudadanos por el Desarrollo Europeo (GERB, por sus siglas en búlgaro) son opositores a la «ideología de género» dentro del Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha, y el eslovaco Dirección-Socialdemocracia (SMER, por sus siglas en eslovaco) y el Partido Social Demócrata (PSD) rumano representan esta tendencia dentro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D).

Un debate sano dentro del movimiento progresista

Al tiempo que no ignoran las divisiones dentro del movimiento progresista, los actores conservadores eligen presentar el debate que existe dentro de los movimientos de las mujeres y LGBTI como algo homogéneo y que recibe un apoyo equivalente de los sectores políticos mayoritarios. Esto les permite crear en su propio beneficio una falsa dicotomía entre ellos mismos como defensores de las «familias tradicionales» y los progresistas como «ideólogos de género». Esta imagen, sin embargo, distorsiona la escena progresista al presentarla como defensora de una agenda clara y unificada, en lugar de un conjunto heterogéneo de movimientos, activistas, ONG, académicos y entidades públicas con opiniones y demandas diferentes y a menudo discrepantes. Mientras que muchos de los objetivos de estos movimientos están de hecho alineados, siguen existiendo desacuerdos significativos entre partes de los movimientos feminista y LGBTI, como lo ejemplifica la discusión actual sobre la definición de género como un constructo social que prescribe roles para hombres y mujeres, o el de la percepción de identidad, o el de la subrogación.

Dentro del feminismo chocan muchas escuelas divergentes de pensamiento, y feministas liberales se oponen a feministas radicales en el debate sobre trabajo sexual versus prostitución, mientras que feministas marxistas y (neo)liberales discrepan sobre los orígenes y las soluciones a la opresión de las mujeres como algo sistémico/socioeconómico o de naturaleza individual/cultural.

Lamentablemente, en vista del ya mencionado crecimiento de la oposición a muchas de las causas sostenidas por el movimiento progresista, la reacción ha sido tratar de silenciar esos debates internos o presentarlos como zanjados, en detrimento de su calidad. A menudo se sostiene que el movimiento progresista no puede exhibir sus riñas internas frente al avance de la derecha, por el riesgo de convertirse en «idiotas útiles» que promueven la causa de sus oponentes. Esto da como resultado la autocensura, ya que los movimientos no quieren dar la impresión de estar rompiendo el frente común ante los ataques, lo que sofoca cualquier debate saludable y crea temas tabú. Sin embargo, esta actitud no es conducente ni a una mejor comprensión de los argumentos de la otra parte ni a debates socialmente amplios que lleven a soluciones en el plano de las políticas.

Como ya he desarrollado en otra oportunidad, las medidas de igualdad de género propuestas en la Unión Europea están diseñadas para optimizar los resultados económicos y el desempeño del mercado laboral del bloque y muestran poco interés en promover los derechos reproductivos o la justicia social. Esta carencia en la influencia normativa de la Unión es visible en los enfoques divergentes y con frecuencia débiles adoptados por los Estados miembros en sus políticas sobre derechos reproductivos. Esto es verdad no solo en los casos de Polonia y Malta sino también en Alemania, donde ha habido juicios a médicos por proveer información sobre aborto seguro, cuando la descripción del procedimiento ha sido etiquetada por los actores antielección como una forma de «publicidad». El caso generó debate sobre la ley de 1933 que limita la provisión de información sobre el aborto en Alemania, norma cuya aplicación se ha relajado desde entonces, pero que no sido totalmente revocada.

La Convención de Estambul como daño colateral

Además, los gobiernos de la Unión Europea y sus instituciones estatales no se han comprometido lo suficiente en combatir la violencia sexual y de género, como tampoco la violencia doméstica (véanse al respecto los espantosos casos de violencia sexual en España e Irlanda, que inicialmente fueron desestimados por los tribunales locales). Asimismo, los abordajes de los gobiernos de la Unión en el ámbito de la industria sexual son absolutamente incoherentes, abarcando desde el modelo nórdico que criminaliza la compra de sexo en Suecia hasta la despenalización en Dinamarca y la legalización en Alemania y Holanda. Las divisiones económicas entre los países de origen de las mujeres prostituidas y los que tienen una gran demanda de industria sexual, además de las persistentes desigualdades de género en la Unión Europea, se evidencian a través del modelo legislativo, que según se ha demostrado incrementa la demanda y a su vez promueve tanto la migración como el tráfico de mujeres desde Europa central y oriental hacia el oeste del bloque.

La Unión Europea elige no involucrarse en la mayoría de estos temas, con la notable excepción de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, sus esfuerzos en esta área se ven hoy frustrados por los propios gobiernos de los Estados miembros, entre ellos los que pertenecen a partidos de centro moderado: a comienzos de este año, tanto el gobierno búlgaro (de centroderecha) como el eslovaco (centroizquierda) se negaron a ratificar la Convención de Estambul, un texto elaborado para incrementar los esfuerzos estatales para combatir la violencia masculina contra las mujeres y proveer una mejor protección para las víctimas.

Estas decisiones se tomaron frente a las protestas populares contra la «ideología de género» (en el caso de Bulgaria, una decisión del tribunal constitucional declaró que la Convención era inconstitucional). Las protestas apenas hicieron referencia al tema de la violencia contra las mujeres, pero en cambio acusaron a la Convención de estar sesgada ideológicamente y de negar la distinción entre los sexos femenino y masculino, un reclamo que la definición de género que ofrece la Convención («los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres») refuta con claridad.

Estos procesos constituyeron un golpe adicional a los intentos ya forzados de la Unión Europea de ratificar la Convención de Estambul como bloque, que fueron cada vez más cuestionados por los opositores de la «ideología de género» como consecuencia de una carta presentada por más de 300 ONG (en su mayoría, antielección). Estos señalaron que la propia interpretación de la Unión sobre la Convención de Estambul parece definir la «violencia de género» yendo más allá de los límites del texto (es decir, la violencia masculina contra las mujeres), como «violencia que se dirige contra una persona a causa del género, la identidad de género o la expresión de género de esa persona».

El desencanto con la globalización neoliberal

Dados los desacuerdos dentro de y entre los movimientos feministas y LGBTI y la falta de interés o capacidad de la Unión Europea para involucrarse en un número de cuestiones claves en el área de la igualdad de género, ¿por qué estas entidades enfrentan ataques de los opositores a la «ideología de género» y cómo puede este movimiento conseguir tanto apoyo popular? Parece ser el síntoma de un desencanto con la «política de siempre» del centro y con las políticas neoliberales dominantes en la Unión y sus Estados miembros, así como con los valores que estos aparentan apoyar.

La oposición a la «ideología de género», que incluye los esfuerzos de optimización del mercado de trabajo, se convirtió en una nueva y muy potente forma anti-establishment de organizarse y manifestarse contra el orden neoliberal. Ejemplifica a la perfección la insatisfacción creciente con la democracia liberal y con su combinación de un marcado discurso sobre los derechos humanos y la protección de las minorías con la falta de garantías sociales y económicas para grandes porciones de la población. Hay ejemplos de esta tendencia en todo el mundo, desde Brasil y Estados Unidos hasta los Estados de Europa occidental como Francia y España.

En Europa central y oriental, la «ideología de género» se volvió un medio de expresar un rechazo a la jerarquía este-oeste de Europa y a las promesas fallidas de transformación capitalista. En verdad, a pesar de las declaraciones de que las políticas económicas de austeridad y la liberalización de mercado permitirían a la región «alcanzar» a Occidente, esta sigue retrasada en términos de desarrollo económico y nivel de vida en comparación con los «antiguos» Estados miembros de la Unión Europea. En cambio, lo que se importó, a menudo con una actitud condescendiente, fueron lecciones acerca de las actitudes y los valores «correctos». Los votantes rechazaron los valores de la igualdad de género y los derechos LGBTI, no como se dice con frecuencia por el «atraso» en términos de civilización, sino por lo que se percibía fuertemente como hipocresía en la preocupación de los responsables políticos neoliberales por los derechos, cuando estos no son de naturaleza social o económica.

El foco de la Unión Europea en la participación de las mujeres en el mercado laboral como un indicador de la igualdad de género o «emancipación» es un ejemplo perfecto. Esta lógica concuerda con el modelo general neoliberal de gobierno de la Unión, el cual, especialmente en tiempos de declive demográfico, requiere tanto de la participación de las mujeres en el empleo remunerado como de su capacidad y trabajo reproductivos (no remunerados) para seguir funcionando. Este mensaje se comunica fundamentalmente en un formato cargado de valores o normativo: una de las principales maneras de lograr la igualdad de género es asegurar a las mujeres la participación igualitaria en el mercado laboral. Cuanto más diverge de este ideal la estructura de la fuerza laboral de un país, mayor es el esfuerzo de «equiparación» necesario para alcanzar al club de los antiguos Estados miembros desarrollados o ilustrados; no importa que el aumento en la disponibilidad de las mujeres para asumir empleos remunerados en los países de Europa occidental pueda verse facilitada por el trabajo de cuidado (con frecuencia mal pago y desregulado) de mujeres provenientes de Europa central y oriental.

Este modelo de «empoderamiento» del lugar de trabajo no se corresponde en absoluto con la experiencia que muchas mujeres polacas tienen en el mercado neoliberal de trabajo desde la transformación. En realidad, su experiencia de trabajo ha tenido poco de emancipatorio: ellas fueron las que sufrieron la peor parte de las consecuencias de la desregulación del mercado laboral post 1989, trabajando en empleos del sector servicios de bajo nivel y pobre remuneración.

Lo que es necesario que hagan los progresistas

Junto con un número de otras medidas que apuntan a las mujeres y las familias con protecciones sociales adicionales, el gobierno de Ley y Justicia (PiS) ha introducido su icónico programa 500+, que garantiza una transferencia incondicional en efectivo de 120 euros mensuales por cada hijo a partir del segundo, y desde el primero para familias que atraviesan dificultades financieras particulares. Esto les ha permitido a algunos de sus beneficiarios escapar de las duras condiciones del mercado laboral y ayuda a explicar la popularidad del partido entre las mujeres.

Como he sostenido con Weronika Grzebalska, el fuerte apoyo de las mujeres tanto al PiS como a sus programas sociales deriva del hecho de que esos programas satisfacen los intereses prácticos de las mujeres en una sociedad gobernada por políticas neoliberales, lo que permite obtener alguna clave de por qué el partido anti-«ideología de género» continúa atrayendo a una base de votantes significativa y sumó 45,4% de los votos en la elección europea de mayo de 2019.

Si los movimientos políticos progresistas desean recuperar al electorado que en la actualidad vota por partidos comprometidos en la guerra contra la «ideología de género» (ya sea por esta posición o a pesar de ella), es necesario reflexionar sobre cuánto de este estado de situación se debe en realidad al rechazo de un orden mundial neoliberal antes que a una posición contraria a los derechos de grupos específicos. El impulso continuo de políticas económicas y de empleo neoliberales al tiempo que se seguían erosionando las disposiciones de protección social fue principalmente lo que incrementó el apoyo a los opositores a las medidas de igualdad.

Además, los votantes sienten una falta de reconocimiento y representación cuando las inquietudes populares son descartadas y tachadas de «retrógradas», cuando temas que se debaten acaloradamente se presentan como resueltos y más allá del debate y cuando cualquier crítica a las posiciones progresistas desde el interior del campo hace que se tilde de «idiota útil» de la derecha a quien la plantea. Cualquier programa político que quiera revertir esta tendencia debe abordar estos temas e introducir políticas que enfrenten con coherencia las necesidades socioeconómicas en el campo de la igualdad de género y el apoyo a las minorías.

Traducción: María Alejandra Cucchi

Fuente: https://www.ips-journal.eu/regions/europe/article/show/the-neoliberal-fuel-to-the-anti-gender-movement-3747/