«El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del Gobierno por restablecer las relaciones de hermandad». El tuit del presidente colombiano Gustavo Petro anunciaba así la recomposición de las relaciones entre ambas naciones vecinas tras una década y media de tensiones y erosión de la confianza mutua.

Las relaciones políticas entre Venezuela y Colombia no han sido fáciles. No lo fueron durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei (1958-1998) -se recuerda, por ejemplo el incidente con la corbeta colombiana Caldas la que entró en aguas venezolanas en agosto de 1987-, ni tampoco durante los gobiernos bolivarianos que ejercen el poder desde 1999.

Con Chávez, las relaciones colombo-venezolanas se rompieron en julio de 2010 luego de que Bogotá denunciara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la presencia de insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano. Las tensiones venían de 2005 con llamados a consultas a los embajadores de cada país y las diferencias tuvieron un pico en agosto de 2009 cuando el gobierno de Venezuela protestó porque el gobierno de Álvaro Uribe firmó un acuerdo con Estados Unidos para que el ejército de ese país usara bases militares del ejército colombiano. Como respuesta, Chávez suspendió el intercambio comercial entre las dos naciones.

Seis años después -en agosto de 2015- el gobierno del presidente Nicolás Maduro cerró la frontera con Colombia luego de un incidente que dejó heridos a militares y civiles en el estado Táchira, principal vía entre ambos países. Caracas culpó a Colombia de «contrabando de extracción». La nueva y última ruptura ocurrió en febrero de 2019, cuando el gobierno de Maduro rompió relaciones con el de Iván Duque por su apoyo al «gobierno interino» encabezado por Juan Guaidó.

A diferencia de la ruptura ocurrida durante el gobierno de Chávez -con acusaciones mutuas pero sin que ninguno de los gobiernos desarrollara acciones más allá de los canales diplomáticos ni se bloqueara la comunicación entre ellos- la ruptura de Maduro fue el emergente de un conflicto político más agudo. El gobierno de Iván Duque fue eje en la cruzada regional –a través del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017– para derrocar al mandatario venezolano. Duque fue de los más vehementes –hasta el último día de su presidencia– en su apoyo a esta estrategia y su gobierno fue indiferente a las demandas de su par venezolano por las conspiraciones desde territorio colombiano.

Hay que recordar que el fracasado atentado con drones explosivos contra Maduro y altos funcionarios ocurrido en agosto de 2018 fue planificado y probado desde Colombia. En febrero de 2019, se buscó introducir, de manera fallida, «ayuda humanitaria» en el marco de un megafestival en Cúcuta que el gobierno de Maduro calificó como una excusa para impulsar un movimiento armado. Los integrantes de otro intento para promover una insurrección contra el gobierno venezolano en mayo de 2020 conocida como la «Operación Gedeón», se entrenaron en suelo del vecino país. 

En síntesis: Colombia ve en Venezuela un santuario de las insurgencias y un factor que desestabiliza a la región por su gobierno autoritario, y Venezuela ve en Colombia un agente Estados Unidos en su frontera que quiere derrocar a su «Revolución bolivariana».

El gobierno de Duque hizo una apuesta muy fuerte: que Maduro sería derrocado en corto tiempo. Pero al final de su mandato, el mandatario colombiano admitió que «fue un error» haber fijado una fecha para que Maduro saliera del poder.

Se asumió que con las sanciones estadounidenses, el giro ideológico en la región, la retórica de Donald Trump y el «cordón sanitario» del Grupo de Lima serían suficientes para ese optimismo que sustentaba el accionar de la oposición venezolana. La lectura era que «aumentar la presión» -con las sanciones por ejemplo- se traduciría en el «quiebre de la coalición dominante» y eso abriría la puerta a una «transición» que sería supervisada por Colombia y Estados Unidos con Guaidó como «presidente de la transición». Este fue el diseño. Duque prefirió la ruptura con el gobierno de Venezuela -incluso de las comunicaciones básicas- y países de la región permitieron la migración venezolana sin mayores restricciones porque el cálculo era que Maduro no pasaría del primer semestre de 2019.

Ciertamente hubo «aumento de la presión» pero el «quiebre del régimen» nunca llegó, a pesar de los «incentivos» ofrecidos a los militares venezolanos para que abandonaran al mandatario venezolano.

En un contexto en el que Maduro no cayó y comenzó un nuevo giro hacia la izquierda en la región -con las elecciones en México en julio de 2018- la política de la «presión y el quiebre» mostró su inutilidad e ineficacia. Esta empezó a ser debatida en Colombia, nación que generosamente -y es un mérito del gobierno del presidente Duque- recibió a millones de venezolanos y venezolanas en su territorio. Durante la última campaña presidencial en Colombia, todos los candidatos –incluido el oficialista Francisco Gutiérrez– coincidieron en que la estrategia de aislar a Maduro había fracasado. Quienes llegaron a la segunda vuelta de junio de 2022 (Gustavo Petro y Rodolfo Hernández) expresaron que reanudarían las relaciones con Venezuela.

Con Maduro inmutable en el poder, con alguna moderación de su autoritarismo, y el «gobierno interino» de Guaidó con un apoyo decreciente, los gobiernos extranjeros aterrizaron en la realidad y en general asumieron un enfoque más pragmático. Es decir, no reconocer al gobierno de Maduro en derecho, pero reconocerlo en los hechos, con excepciones como Colombia, Uruguay y Paraguay, como se vio en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de septiembre de 2021. Las demás naciones admitieron que una Venezuela aislada no convenía a ningún país en la región.

Gustavo Petro y la «nueva izquierda»

A partir de la elección de López Obrador en México en 2018, fue tomando forma -todavía no está definida- una izquierda con tono y contenidos diferentes a los progresismos de comienzos del siglo XXI, liderados por presidentes como Chávez, Luiz Inácio Lula Da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Fernando Lugo y Rafael Correa, caracterizado por su discurso antiimperialista (y más específicamente antiestadounidense).

El balance de esta «primera ola progresista», como todo balance, tiene muchos matices. Por un lado, se avanzó en la tan buscada integración regional con sus propias instituciones alejadas de la OEA -percibida como un apéndice de los Estados Unidos y de Canadá- como la Celac y Unasur, junto a otras de tipo ideológicas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Igualmente, al aprovechar la subida en el precio de los commodities, se logró mayor democracia social -que luego retrocedió con la crisis en el precio de las materias primas-. Al mismo tiempo, se contribuyó a polarizar a la opinión pública y a debilitar los checks and balances internos (con fuertes deterioros democráticos en países como Venezuela o Nicaragua).

Tal vez como reacción a los excesos de los «primeros progresismos» -principalmente para diferenciarse de las izquierdas que encabezan Cuba, Nicaragua, y Venezuela- y por el cambio generacional -más ostensible en Chile- emergió un progresismo de la segunda década del siglo XXI que se caracteriza respetar los pesos y contrapesos de una democracia y por la búsqueda de un tipo de relación más equilibrada con Estados Unidos. En una reciente entrevista, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se definió como parte de una tradición «socialista libertaria».

A pesar que Gustavo Petro es un político de larga trayectoria, puede ser incluido en esta izquierda. De hecho, sus primeros días de gobierno son un ejercicio simbólico. Petro busca mostrar que es diferente. En la reciente cumbre de la Comunidad Andina (CAN) realizada en Perú, el presidente de Colombia propuso ampliar el bloque pero  «con un acuerdo mínimo de respeto a la Convención Americanas sobre Derechos Humanos».

Justamente con sus gestos, Petro comunica que esta versión de la izquierda en el poder se diferencia no solo de su antecesor en la Casa de Nariño, sino de las izquierdas autoritarias como la venezolana. Y el propio Maduro da cuenta de este nuevo escenario cuando señala que «han surgido izquierdas progresistas pero no revolucionarias». El chavismo clama ser una izquierda «revolucionaria», y como toda revolución, el poder se concentra y los límites se suspenden. Se hace una «revolución», no un gobierno «normal», aunque luego los cambios sean bastante relativos.

Un incidente verbal permite captar las tensiones en juego. Diosdado Cabello -diputado, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), e importante figura del chavismo afirmó que espera de Colombia extraditen a opositores venezolanos que el gobierno de Maduro considera subversivos. La respuesta de Petro no se hizo esperar: tuiteó que Colombia asegura el derecho al asilo y al refugio.

El comercio es el protagonista, pero paso a paso

La relación entre Colombia y Venezuela va a mejorar. Los embajadores ya están en la capital de cada país. Félix Plasencia en Bogotá y Armando Benedetti en Caracas. Las dos naciones tienen el mismo interés: la estabilidad de cada país pasa por mejorar las relaciones entre dos vecinos. Tanto Maduro como Petro son conscientes ello pero, al mismo tiempo, los dos son cautelosos. Más Maduro que Petro. Los primeros pasos han sido coordinados entre los dos gobiernos y se ve que la relación irá por etapas. Por ahora, ambos presidentes enviaron a sus embajadores de manera simultánea.

Los dos mandatarios parecen haber concienciado que la mejor ruta para la paz en Colombia y para la estabilidad en Venezuela es la economía. No en balde es el discurso tanto de Venezuela como de Colombia. Benedetti, al conocer su designación como embajador, prometió que el comercio entre los dos países llegará a 10.000 millones de dólares. Una meta muy ambiciosa si se toma en cuenta que el valor más alto del intercambio comercial entre las dos naciones fue en 2008 con casi 7.200 millones, con un saldo comercial bastante favorable para Colombia. El vecino país exportó hacia Venezuela poco más de 6.000 millones y Venezuela exportó a Colombia poco más de mil millones. Para 2021 fueron de solo 188 millones de dólares y 35 millones de dólares respectivamente. Con su ambicioso objetivo, lo que quiere comunicar Benedetti es que el centro de la relación será el comercio.

Petro es consciente que, luego de la crisis económica que trajo la pandemia en 2020, se necesitan soluciones más estructurales para animar la economía de su país, principalmente en la frontera. Y de que no es suficiente con la asistencia del Estado. También considera que una relación comercial coadyuvará a los migrantes venezolanos. Una mejor economía será fuente de empleos y, en el caso de la migración, incentivará a que los venezolanos y las venezolanas migrantes formalicen su situación en Colombia a través del Estatuto temporal de protección de migrantes venezolanos o -no hay que descartarlo- si la economía venezolana mantiene su mejora desde la caída de un 80% de su PIB entre 2014 y 2021, es probable que venezolanos y venezolanas regresen. Con la pandemia, Colombia registró que muchos migrantes venezolanos comenzaron a volver a Venezuela, aunque el universo de migrantes venezolanos en Colombia asciende a casi 2,5 millones.

Lo anterior explica la intensa actividad del embajador Benedetti en sus primeros dos días en Venezuela y antes de regresar a Colombia. Entre 29 y el 30 de agosto se reunió con Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente del parlamento Jorge Rodríguez, el ministro de petróleo, Tareck El Aissami, y el ministro de la Defensa general Vladimir Padrino López. Colombia tiene claridad sobre quienes son las figuras claves del poder en Venezuela.

Benedetti informó que propuso al presidente Maduro abrir la circulación en la frontera solo con el documento de identidad, pero que el mandatario venezolano no aceptó la idea.

Para Colombia, es vital que la frontera se abra. Benedetti avisó que su prioridad son 8 millones de colombianos que giran alrededor de Venezuela: 4 millones dentro de Venezuela y 4 millones en el área de la frontera. Una frontera viva comercialmente hablando es garantía de estabilidad y expectativas para esas personas, tras un cierre fronterizo que potenció las actividades irregulares. En sencillo: los dos gobiernos quieren bajar la presión en una zona caliente. Eso es una meta común que los lleva a acercarse porque Colombia constató que la política de aislar a Maduro no tuvo resultados. Más bien, se tradujo en problemas para el propio país en su zona fronteriza con Venezuela.

Los dos gobiernos ven en el comercio el camino para recuperar la paz y la estabilidad. Colombia tiene más apuro en avanzar en la ruta comercial, Venezuela menos. Puede ser porque la economía venezolana es más débil que la de Colombia y una apertura sin reglas, traerá presión para Venezuela. Colombia puede exportar ya mismo, pero Venezuela necesita más tiempo.

Así como para el gobierno de Colombia la paz pasa por exportar sus productos a Venezuela, la estabilidad de Venezuela pasa por tener una economía que exporte productos no petroleros a su vecino. Pero históricamente la balanza comercial ha sido favorable a Colombia y de allí surge el menor apuro de Caracas.

Después de más de 15 años de tensiones, es muy probable que Venezuela y Colombia consigan un modo para relacionarse que sea menos conflictivo que en el pasado. Las dos naciones son conscientes de que, al menos, debe haber una línea de comunicación entre Caracas y Bogotá.  Han sido lustros de agravios que no trajeron beneficios para ninguna de las dos partes. Hay desconfianza, por supuesto, pero los primeros pasos para construir una relación ya comenzaron. El primero es el reconocimiento mutuo de los dos gobiernos.

El segundo paso -es lo que está en desarrollo- es el tanteo y acercamientos iniciales para construir lo que puede ser una ambiciosa agenda de temas para discutir entre los dos gobiernos que tenga como eje el intercambio comercial entre las dos naciones el cual, tanto para Maduro como para Petro, no es solo comercio sino paz para Colombia y estabilidad política para Venezuela.

Como expresó la ex-canciller colombiana María Angela Holguín, «la paz de Colombia pasa por Venezuela». Podría agregarse, para seguir en la lógica de la diplomática, que «la estabilidad política de Venezuela pasa por la paz de Colombia». Los dos gobiernos intentan la vía política para acercarse tras una progresiva y, al final, traumática ruptura diplomática en 2019, aunque desde el punto de vista de la historia y de las relaciones humanas entre los pueblos, Venezuela y Colombia jamás han estado separadas.