La ciudad despojada de lo común

El primer episodio de la serie noruega La arquitecta (Arkitekten), de Kerren Lumer-Klabbers, concentra varias de las tensiones y angustias cotidianas de la vida urbana. La deshumanización, la privatización y el gran yugo contemporáneo: el alquiler. Mientras Julie, la protagonista, espera encontrarse con alguien, un dron pasea a un perro y dos mujeres caminan sobre una cinta en una vidriera, simulando ser maniquíes. Una camarera se acerca entonces a explicarle que deberá consumir algo si permanece un minuto más en la vereda: también ese espacio pertenece al café. En un futuro indeterminado, pero no demasiado lejano, Julie tiene que mudarse porque volvió a subir su alquiler; cuando intenta solicitar un préstamo hipotecario, el banco la despacha sin cruzar palabra con un ser humano (un lujo que no puede pagar). Lo único que puede pagar con sus magros ingresos es una cochera: una superficie de cuatro metros cuadrados, con sábanas en lugar de paredes y con un baño compartido que alguien alquila clandestinamente. Julie es una arquitecta que puede construir una casa, pero no puede comprarla ni alquilarla. A partir de un cambio en el código urbanístico, el gobierno local de Oslo convoca un concurso público para construir en un área de alta demanda y espacio escaso. Julie diseña un proyecto para reconvertir los estacionamientos del centro de la ciudad en edificios con microdepartamentos «sostenibles» y de baja inversión.

Cuando se estrenó en 2023, La arquitecta fue presentada como una distopía. Sin embargo, para entonces ya se construían viviendas –legal o clandestinamente– en espacios que no habían sido diseñados con ese fin. En Estados Unidos, algunos estados como California modificaron su regulación para permitir «unidades de vivienda accesorias» (conocidas como ADU, por sus siglas en inglés). En diferentes países de América Latina, la informalidad urbana crece de forma descomunal; en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México o Bogotá se multiplican las subdivisiones de pequeñas propiedades y las adaptaciones de garajes destinadas al alquiler de habitaciones o monoambientes; en Ciudad de México se extiende el alquiler de «cuartos de azotea» devenidos «mini depas» con baños de 60 por 80 centímetros. En Buenos Aires, se expande el mercado de microdepartamentos en el centro histórico, con unidades de entre 15 y 18 metros cuadrados que, según los inversores, se venden sin necesidad de publicidad. Muy lejos del sueño de la casa propia, hoy la mayoría solo accede a soñar con una vivienda digna sin dejar la totalidad de sus ingresos en el alquiler. La gentrificación y la precarización del empleo se combinan y dificultan, a su vez, el acceso al crédito hipotecario –ya reducido por normas restrictivas–.

La socióloga urbana y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Candy Hurtado señala que el acceso a la vivienda se está «repatrimonializando»: quienes logran independizarse suelen hacerlo gracias a recursos heredados o al apoyo económico de sus familias. Pero, contra todo cálculo apresurado, este no es un «problema del Tercer Mundo». En una entrevista, Nora Landsrød y Kristian Kilde, guionistas de La arquitecta, comentan que «en Noruega, solo es posible comprar una vivienda con la ayuda de los padres. Se ha vuelto una distinción de clase entre quienes pueden permitirse comprar y aquellos que no». El elemento en común en países tan disímiles revela un problema estructural de las ciudades capitalistas.

Uno de los aspectos más interesantes de La arquitecta es que el acceso a la vivienda aparece inserto en un problema urbano más amplio. No se trata solamente de personas expulsadas por viviendas cada vez más caras, sino de que la ciudad está cada vez menos diseñada para las personas y más para los negocios. La gentrificación avanza privatizando lo público, borrando lo colectivo y despojando a la ciudad de lo común. Las personas solo se trasladan por el espacio público; cualquier otro uso está restringido por el mercado o el Estado: así como el café obliga a Julie a pagar por permanecer en la vereda, el mobiliario urbano de diseño impide a las personas recostarse sobre un banco. «¡Es Werna Wulff! No podés hacer eso... ¿Sabés cuánto trabajo hay detrás de este banco? ¡Alguien lo diseñó!», dice Julie, escandalizada, cuando su nueva amiga Kaja saca una amoladora para cortar la barra de acero central del banco. Lo que la ficción presenta como una restricción tamizada por el diseño es lo que la economía política urbana produce a diario a través de la gentrificación, la turistificación acelerada y la conversión de las viviendas en activos financieros. Cuando el espacio urbano se diseña y se gestiona como una plataforma de acumulación de capital, quienes no producen ni consumen –o realizan tareas de cuidado y reproducción social fuera de la esfera privada– quedan fuera de lugar.

Despojadas y airbnbizadas

Durante décadas, y en la línea inaugurada por Ruth Glass en la Londres de los años 1960, la sociología urbana leyó la gentrificación como un proceso de sustitución de clases en barrios céntricos o pericéntricos. El geógrafo marxista David Harvey sostiene, en cambio, que durante las últimas décadas la gentrificación superó cualquier fenómeno local y se produce lo que denominó «acumulación por desposesión»: la reestructuración del espacio urbano para canalizar el excedente de capital financiero en la especulación inmobiliaria.

En América Latina, esta dinámica se aceleró con la turistificación y la expansión de las plataformas de alquiler temporario. En algunas zonas de Ciudad de México, la llegada masiva de «nómadas digitales» a colonias como Roma o Condesa fue estimulada por alianzas gubernamentales con plataformas como Airbnb. En Buenos Aires, la desregulación y la dolarización del mercado inmobiliario expulsaron a miles de inquilinos de los barrios del centro y norte de la ciudad. En Bogotá, la proliferación de alquileres temporarios y la turistificación de barrios emblemáticos como La Candelaria desplazan a la población residente y reconfiguran el tejido barrial en función del consumo transitorio. Aunque estos procesos adoptan formas diferentes en cada ciudad, comparten una tendencia. La vivienda ya no compite con los salarios locales: los precios los establecen las divisas del turismo internacional. El fenómeno se manifestó antes en varias ciudades del Norte global y alcanzó niveles que llevaron a numerosos gobiernos locales a intervenir para limitar los alquileres turísticos y evitar que la población residente quedara sin posibilidades de alojamiento. Pero los límites a las plataformas, los impuestos a la especulación inmobiliaria y las regulaciones de los alquileres solo ofrecen una respuesta parcial a una transformación profunda de las ciudades que desde hace años expulsa a las familias pobres y trabajadoras hacia las periferias.

El resultado de esas transformaciones no se limita al aumento desmedido de los alquileres o la proliferación de desalojos –un fenómeno extendido en diferentes ciudades españolas, que afecta sensiblemente a las personas adultas mayores–: es el tejido urbano en su totalidad el que se reconfigura. Jane Jacobs lo advirtió al analizar la vitalidad de la calle y la necesidad del uso mixto del espacio. La autora de Muerte y vida de las grandes ciudades (1961), uno de los libros más influyentes del urbanismo contemporáneo, defendía barrios en los que convivieran viviendas, comercios, actividades culturales y espacios verdes. Su enfrentamiento con Robert Moses, considerado el arquitecto del sistema de autopistas de Nueva York, la llevó a participar en protestas que lograron frenar proyectos capaces de destruir barrios enteros. Frente a un diseño urbano pensado a la medida de los automóviles, que vaciaba las veredas y las volvía más hostiles y menos seguras, Jacobs sostenía que la confianza urbana se construía «en pequeños contactos públicos en las veredas»: saludarse en la calle, hablar con desconocidos, reconocerse mutuamente. Ella resumía esa trama en la expresión «ojos en la calle». Hoy la turistificación provoca el movimiento inverso: debilita la vida barrial, reemplaza los comercios de cercanía –verdulerías, ferreterías– por puntos de consumo hipster, sustituye los alquileres mensuales por alojamientos temporarios y fragmenta la vida social. El panorama que ofrece La arquitecta –tan distópico como cercano– es el fantasma de una ciudad que las personas ya no habitan; la gente solo se traslada de un lugar a otro, nadie está en ninguna parte.

El patriarcado del ladrillo

Esta transformación de la ciudad en mercancía tiene una dimensión específica que afecta especialmente a las mujeres. En Ciudad feminista. La lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres (2021), la geógrafa Leslie Kern habla del «patriarcado del ladrillo»: las ciudades están pensadas por y para un sujeto particular –el homo economicus masculino–, que se desplaza de manera pendular entre la casa y el trabajo y no se ocupa de la logística cotidiana de los cuidados. Kern retoma una definición de la geógrafa Jane Darke: «todo asentamiento es una inscripción en el espacio de las relaciones sociales de la sociedad que lo construye». La organización de las ciudades responde así al funcionamiento de una sociedad capitalista y patriarcal y determina «qué tipos de actividades tienen lugar, dónde y cuándo, y en manos de quién». Esto permite explicar tanto el impacto desigual de los gastos de transporte como las desigualdades que reproduce el diseño urbano. Kern también se pregunta si las soluciones deberían limitarse a facilitar que las mujeres continúen haciéndose cargo de responsabilidades domésticas desproporcionadas. Esa tensión recorre todo su análisis: entre el «patriarcado escrito en piedra, ladrillo, vidrio y hormigón», los procesos de gentrificación y los programas urbanos con «perspectiva de género».

Guadalupe Granero Realini, urbanista e investigadora argentina del Centro de Estudios Metropolitanos, coincide con este planteo. «Hoy desde la disciplina urbanística se entiende que los vínculos entre sociedad y espacio no son unilaterales ni unívocos, no son de causa-consecuencia, sino que son de mutua afectación, de procesos de síntesis», explica. Desde esa perspectiva, sostiene, la hegemonía patriarcal también puede pensarse en el espacio y a través de él. Granero Realini observa sus efectos en la ciudad de Buenos Aires, donde «cada vez se producen más viviendas que no tienen en cuenta ninguna de las dimensiones del cuidado de personas mayores y niños o de las madres que tienen que cuidar». El diseño no contempla las dificultades de quien se desplaza con un carrito de bebé o de compras ni, en general, «las complejidades de un sujeto que cuida a otro», algo que también se advierte en las calles. Pero este proceso no afecta únicamente a los cuidados: el diseño urbano de las grandes ciudades tiende además a eliminar los lugares de descanso y socialización en el espacio público.

Esa exclusión de los cuidados no se limita al diseño de las viviendas o de las calles: también debilita las redes comunitarias que sostienen la vida cotidiana. La ciudad gentrificada está pensada para un sujeto hipermóvil y consumidor y, por eso, perjudica especialmente a los hogares monomarentales, las personas mayores y quienes realizan tareas de reproducción social. La expulsión de las familias trabajadoras hacia periferias cada vez más lejanas y desconectadas rompe las redes formales e informales de parentesco que hacen posible la vida cotidiana en contextos precarios. Al mismo tiempo, la mercantilización del espacio público dificulta las formas no comerciales de permanecer en la calle. Para las mujeres y las cuidadoras, la vereda, la plaza o el banco público son espacios indispensables para socializar, cuidar, descansar o criar fuera de la estrechez de la vivienda. Se produce así una doble precarización: mientras los centros urbanos se convierten en lugares destinados casi exclusivamente al consumo, la población desplazada se instala en periferias con pocos servicios y un transporte deficiente, lo que aumenta el tiempo y el costo del trabajo de cuidados no remunerado.

¿La utopía del derecho a la ciudad?

La dificultad para conseguir una vivienda digna es apenas la expresión más visible de una disputa que atraviesa toda la ciudad. El derecho a la ciudad no consiste solo en acceder a recursos y servicios, sino también en poder transformar el espacio urbano de acuerdo con las necesidades colectivas de la vida y no con las exigencias del rendimiento financiero. En La arquitecta, Julie queda atrapada en la necesidad de conseguir un techo dentro de un sistema que no ofrece soluciones individuales duraderas. El miedo a quedarse en la calle la lleva primero a avanzar sin considerar las consecuencias de su proyecto. Pero pronto piensa en todas las personas que, como ella, seguirán mudándose de un alojamiento precario a otro, y el diminuto departamento deja de parecerle una oportunidad.

La distopía de La arquitecta no inventa un futuro sino que lleva al extremo una ciudad que ya conocemos: expulsiva, mercantilizada y cada vez más difícil de habitar. Pero la historia urbana no está hecha únicamente de despojos. En el interior de esas mismas ciudades también han surgido resistencias capaces de disputar qué se construye, para quién y bajo qué criterios. La batalla de Jane Jacobs contra Robert Moses en la Nueva York de la década de 1960 fue una de esas experiencias. Las topadoras no se detuvieron solamente por una regulación, sino por la acción callejera de una comunidad organizada que defendió la trama social y los «ojos en la calle» indispensables para la vida urbana.

La experiencia de Nueva York no fue una excepción. A comienzos de la década de 1970, la articulación entre la defensa del tejido barrial, el cuidado y la resistencia al despojo urbano alcanzó una de sus expresiones más radicales en Sídney, Australia. Cuando una empresa inmobiliaria intentó talar la última franja de bosque nativo de la ribera del río Parramatta para construir departamentos de lujo, un grupo de vecinas se organizó para defender el último pulmón verde de la zona. Los medios las llamaban de manera despectiva «amas de casa», pero las Battlers for Kelly’s Bush –las combatientes de Kelly’s Bush– reivindicaron precisamente el conocimiento que les daba su experiencia cotidiana: nadie sabía mejor que ellas lo que significaba defender el lugar donde vivían sus familias.

Después de que todas las instituciones ignoraran sus reclamos, las vecinas acudieron a la Builders Labourers’ Federation, el sindicato de trabajadores de la construcción dirigido por Jack Mundey, cuyos afiliados debían levantar el complejo. De esa alianza nació el primer green ban –boicot verde– de la historia. Los obreros paralizaron la obra, se negaron a conducir las topadoras contra el patrimonio común y amenazaron con detener también la construcción de los edificios comerciales que la empresa tenía en otros puntos de la ciudad. La compañía no pudo colocar un solo ladrillo en el terreno.

Las battlers reunieron así luchas que suelen presentarse como separadas. La clase trabajadora, cuyas familias habitaban los barrios amenazados por la especulación y la contaminación, tenía un interés directo en defenderlos. En Utopía no es una isla. Catálogo de mundos mejores (Madreselva, 2025), Layla Martínez recupera las palabras de aquellos trabajadores: «sí, queremos construir. Pero queremos construir hospitales, escuelas, edificios públicos, viviendas que respeten el medio ambiente, y no esos horribles bloques de hormigón y vidrio. Queremos que todos los miembros de nuestro sindicato tengan trabajo, pero no nos convertiremos en robots a las órdenes de constructores sin escrúpulos. Cada vez más, vamos a ser nosotros los que decidamos qué construir (...). Los intereses medioambientales de tres millones de personas están en juego y no pueden dejarse en manos de los promotores y empresarios de la construcción, cuya principal preocupación es la obtención de beneficios. Los sindicatos progresistas, como el nuestro, tienen por tanto un papel social muy útil en interés de los ciudadanos, y tenemos la intención de jugarlo».

La alianza entre comunidades y sindicatos partía de la convicción de que la ciudad no es un insumo para la acumulación, sino el espacio donde se decide cómo sostener la vida. Pensar el futuro supone también recuperar el poder colectivo de decidir qué construir, para quién y con qué fines.