Coyuntura
NUSO Nº 304 / Marzo - Abril 2023

Ni revolución ni barbarie: ¿por qué protestan en Perú?

La ola de protestas en Perú ha convocado diversos tipos de análisis, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Si desde el primer bloque se pone el acento en las posibilidades de democratización o superación del neoliberalismo, desde el segundo se habla de retorno del terrorismo o de manipulación de las masas. Un análisis de las lógicas de la movilización obliga a ver los matices, y en ellos radican las posibilidades de cambio político y social en el país.

Ni revolución ni barbarie: ¿por qué protestan en Perú?

Perú está viviendo un histórico ciclo de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que sucedió al de Pedro Castillo en diciembre de 2022 tras el intento de este de dar un autogolpe, su destitución exprés y su encarcelamiento. Es un estallido social, aunque de una naturaleza diferente del de 2020 y del de cualquier otro gran ciclo de protestas del último medio siglo1. Los manifestantes viajan en buses desde las provincias a Lima, pero no es como la Marcha de los Cuatro Suyos contra la dictadura de Alberto Fujimori. Se habla de un movimiento popular, pero no es como el que protagonizó los históricos paros de 1977 a 1979 contra la dictadura militar. 

¿Qué es, entonces? Para algunos, el gobierno de Pedro Castillo –y su autogolpe improvisado y frustrado– empoderó a un «neosenderismo» que, aliado a empresarios de economías criminales, ahora manipula y manda al matadero a miles de «campesinos ignorantes». Para otros, estamos ante un nuevo gran movimiento popular: las masas campesinas y obreras, finalmente, se habrían levantado para tumbar el neoliberalismo y construir un nuevo Perú. Hace un año y medio escribí un artículo sobre las fantasías de los extremos en Perú2. Mucha de la narrativa que ahora trata de definir lo que tenemos enfrente sigue estando teñida de ellas, ahora más como pesadillas o sueños. En este artículo, explicaré por qué creo que ambos bloques están de nuevo equivocados. Pero también por qué parte del centro, que interpreta la demanda de la Asamblea Constituyente como «capricho de la izquierda», tampoco está comprendiendo la naturaleza del estallido. Discuto también qué horizontes puede tener el Perú que se está forjando al calor de estas batallas. 

Pesadillas y sueños

Durante el gobierno de Castillo los extremos, de derecha e izquierda, alimentaron, y se alimentaron, de variadas fantasías movimientistas: de hecho, ninguno estaba en la capacidad de movilizar a las masas que imaginaba. Sin embargo, luego del fallido autogolpe y la inmediata vacancia y detención de Castillo, comenzó un estallido social a escala nacional. Los sectores de derecha, incluido el gobierno de Dina Boluarte, han ido combinando varias explicaciones. En general, se señala que Castillo empoderó a los remanentes del movimiento terrorista Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (pcp-sl), que financiados por líderes de economías criminales3 y en coordinación con grupos de progresistas y comunistas, habrían venido preparando largamente la asonada, desde antes de la caída de Castillo. Como evidencia recuerdan al ex-presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, quien profetizó que correría «mucha sangre en el país» si se intentaba un golpe parlamentario contra Castillo4. Además, se cree que también hay una influencia ideológica y apoyo económico de gobiernos de izquierda de la región, especialmente desde Bolivia5

Hasta hace unos años, este tipo de teorías de la conspiración existían solo en una extrema derecha marginal. Lo preocupante es que ahora buena parte del establishment político, empresarial y mediático realmente cree en ellas. Y el poder mediático de esta coalición difunde estas versiones. Antes era solo el canal Willax, ahora tienen eco en buena parte de los medios hegemónicos. 

Pero ¿cómo es que esta «coalición terrorista» logra movilizar tanta gente en todo el país? Aquí comienzan las contradicciones. Por un lado, se señala –e incluso se escribe– que movilizan a tantos porque las masas campesinas son naturalmente ignorantes, fáciles de manipular con discursos izquierdistas. Además, el «neosenderismo» y sus aliados tendrían un gran aparato organizativo oculto, como en los años 806. Sin embargo, olvidando parte de lo anterior, señalan también que, como tienen financiamiento de economías criminales y del comunismo internacional, pueden pagarle a gente para que marche7. Al mismo tiempo, añaden que Castillo y su equipo eran unos ignorantes e incapaces y que los que se movilizan en verdad son solo una minoría8. Entonces, ¿en qué quedamos? 

De la vereda contraria, sectores de izquierda responden también con varias hipótesis sobre el estallido: unos piensan que estamos ante un despertar antineoliberal, a través del cual se van articulando las luchas antes fragmentadas de todo el país9. Otros observan una movilización antiautoritaria, expresión de una nueva oleada democratizadora. Algunos ven también la semilla de un nuevo movimiento social pluricultural, que, actualizando la difundida imagen de José María Arguedas, se nutre de «todas las sangres»11. Finalmente, ahora sí habría un pueblo movilizado gestando el momento constituyente que tanto se había esperado.

Puede que todos estos elementos estén presentes en la ola de protestas, que tuvo como epicentro el sur andino pero se extendió a lo largo y ancho del país, incluso por la Amazonía, pero las demandas de todos los actores movilizados constituyen un complejo entramado, resistente a la simplificación. Existen sectores castillistas que exigen la liberación y hasta la reposición del ex-presidente en su cargo, mientras que otros se oponen y consideran que Castillo intentó un autogolpe. Un amplio sector exige nuevas elecciones, pero ya hay también un bloque –nucleado en el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (conulp)– que rechaza el adelanto de elecciones como un engaño12. Parece haber una convergencia en torno de la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, pero los bloques vinculados al movimiento de derechos humanos están en las antípodas de quienes demandan pena de muerte para delitos muy graves. Por otro lado, si bien no son quienes lideran las protestas, sí existen actores vinculados a economías criminales que han participado en algunas movilizaciones. 

Varias derechas e izquierdas tienen en común el hecho de presuponer una cierta estructura organizativa o de motivaciones que hace confluir a la masa de manifestantes. Pero hay que recordar que lo que mejor define el Perú contemporáneo es la fragmentación y dificultad para agregar intereses.

La profunda heterogeneidad del estallido

El actual ciclo de protestas responde a la alianza de Dina Boluarte con las derechas políticas, mediáticas y sociales, a la brutalidad de la represión y al discurso confrontacional de la coalición en el poder. Esta coalición es una alianza (más por espanto que por amor) entre la presidenta, las Fuerzas Armadas, los partidos de derecha y grupos pragmáticos en el Congreso, las elites empresariales y, en especial, los principales medios de comunicación limeños. Pero hay que destacar que, en cada fase de la movilización, se han ido sumando distintos grupos de actores y repertorios de protesta. Luego de la caída y detención de Castillo, era probable que protestaran las organizaciones y base social que más lo apoyó en sus 16 meses de gobierno. Sin embargo, durante esos meses, cuando esas organizaciones y bases convocaron a marchas contra la vacancia y el Congreso, nunca llegaron a ser muy numerosas. Si bien estos sectores no creían en las denuncias de corrupción, por venir de medios sesgados, Castillo nunca despertó la adhesión de los presidentes populistas de izquierda de la región con los que lo comparaban, ni tampoco tuvo la pericia política de dirigentes como Evo Morales, que proviene también del mundo rural. Su aprobación promedio en 2022 fue de alrededor de 25%. Si Boluarte hubiese convocado a elecciones el día en que asumió, como lo pedía 87% de la población, según las encuestas, es probable que las movilizaciones no hubiesen escalado. 

Pero Boluarte se alió al Congreso, cuyo desprestigio es mayúsculo, y anunció que todos se quedaban hasta 2026, opción respaldada por menos de 10% de la población. Esta alianza es lo que catapultó las primeras movilizaciones, fundamentalmente del castillismo, que leían estos eventos como una traición a su voto del 6 de junio de 2021. Se veía en la nueva coalición en el poder al viejo bloque fujimorista que había querido invalidar los resultados de las elecciones de 2021 al mejor estilo trumpista13. Sin embargo, hasta aquí las protestas seguían estando en las zonas del electorado más leal a Castillo. La organización de estas protestas se puede pensar en dos niveles: el de las organizaciones nacionales14 y el de las organizaciones locales y rurales, del interior del interior: comunidades campesinas, juntas de regantes, asociaciones barriales, etc. 

La protesta comienza a tener otra dimensión cuando el gobierno decide reprimir y apostar al autoritarismo. Las matanzas de diciembre en Apurímac y Ayacucho suman otras capas organizativas a las protestas. La represión ante el intento de toma del aeropuerto Andahuaylas dejó siete fallecidos, entre ellos dos menores de edad. Desde entonces, se fueron sumando otros bloques vinculados al movimiento de derechos humanos, el movimiento indígena amazónico, grupos religiosos, colegios profesionales, ong y colectivos contraculturales. Estos sectores habían sido críticos de Castillo, pero se unían ahora a la protesta contra la represión y por el adelanto de elecciones. Solo cuatro días después se da una nueva matanza en Ayacucho, en la que diez manifestantes fallecen durante el intento de toma del aeropuerto. Reportes mostraron luego que al menos seis de los asesinados por el Ejército no estaban en la toma. Entre ellos había un menor de edad. Siguiendo el patrón desde el retorno a la democracia en 2000, la tragedia de los eventos de esos cinco días tendría que haber generado, por lo menos, la caída del gabinete y el retroceso del gobierno. Sin embargo, sin fiscalización del Congreso, del Ministerio Público ni de los medios masivos, el gobierno no solo no retrocedió, sino que se reafirmó en su violencia autoritaria. Otros cinco manifestantes, de Junín, Arequipa y La Libertad, fallecieron ese mes. 

Las protestas de diciembre se dieron en todas las regiones del país, fueron masivas, y por ello mismo involucraron a una diversidad de actores y repertorios de acción. La violencia se vinculó en gran medida a los abusos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, también hubo violencia organizada. La dureza de la represión y del discurso beligerante del gobierno empoderó a liderazgos radicales en distintas partes del país. En cualquier localidad de la geografía peruana suele haber dirigencias moderadas y radicales: las primeras prevalecen cuando el gobierno ofrece caminos eficaces para conseguir al menos parte de las demandas; las segundas ganan fuerza cuando el gobierno no ofrece puentes, sino declaratorias de guerra. Un ejemplo son los etnocaceristas, un movimiento etnonacionalista radical, liderado por Antauro Humala, con experiencia de combate que los ayuda a liderar tomas o retenciones15

Frente a un supuesto neosenderismo encarnado en un muy bien organizado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (movadef), lo que hay en realidad son algunos líderes y activistas que pertenecen a o simpatizan con este movimiento, pero sin capacidad de centralizar un comando de lucha que dirija las protestas en ningún lugar. Sin embargo, el gobierno y la Fiscalía utilizan una falacia de afirmación del consecuente para el «terruqueo», como se denomina en Perú la acusación de terrorismo sin evidencias: si Sendero Luminoso promovía la Asamblea Constituyente, todos los que promueven una Asamblea Constituyente son de Sendero Luminoso. Centrados en esta falacia, han detenido a varios manifestantes sin ninguna evidencia de delitos concretos. 

Es cierto que también hubo actores vinculados a economías informales e ilegales, como los mineros informales en Chala (Arequipa) y La Pampa (Madre de Dios). Pero aquí también es importante no asumir motivos y repertorios iguales para todos. Mientras en Chala hubo violencia contra dependencias judiciales, originada en conflictos previos, los mineros de La Pampa se sumaron a la ola de protestas en virtud de su propia lucha por la legalización de sus actividades. Finalmente, como es usual en grandes estallidos de protesta, también se unieron vándalos oportunistas, que aprovechan para saquear o cobrar peaje en bloqueos. 

Las protestas de enero e inicios de febrero estuvieron marcadas por la masacre de Juliaca, la intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la denominada «toma de Lima». Enero mostró la consolidación de la vocación autoritaria del gobierno. La mencionada masacre de Juliaca, donde fallecieron 18 manifestantes (tres menores de edad) en el intento de toma del aeropuerto, y luego un policía quemado vivo por manifestantes, marcó un nuevo punto de quiebre. En Lima se activó la participación de varios colectivos que hasta entonces se habían mantenido al margen. El colectivo No a Keiko, por ejemplo, y varias redes de estudiantes y organizaciones universitarias en Lima se plegaron a las marchas. Mientras tanto, miles de manifestantes de provincias, sobre todo del sur, recaudaron fondos para poder viajar y reforzar la protesta en Lima, una vieja necesidad en un país tan centralista como Perú. En ese contexto, la brutal intervención a la Universidad de San Marcos, donde se detuvo arbitrariamente a 200 manifestantes del sur que se hospedaban en el campus, galvanizó más las protestas en Lima y la atención internacional a la deriva autoritaria peruana16. Sin embargo, no se ha llegado a constituir un comando unitario de lucha con capacidad de representar al conjunto del movimiento de protesta. Ni siquiera en la Macrorregión Sur, con más tejido de movilización, se reconoce un solo órgano que centralice las directivas y un programa. 

En suma, el estallido se caracteriza por una gran heterogeneidad, que refleja la fragmentación de las organizaciones sociales que hemos visto desde la década de 1990. A diferencia de lo que sucedía en 1970, no hay grandes movimientos y organizaciones sociales dirigiendo las movilizaciones. En contraste con la Marcha de los Cuatro Suyos de 2000, no existen hoy partidos nacionales que lideren y centralicen las luchas. Más aún, a diferencia del estallido de 2020, hoy los protagonistas no son las juventudes urbanas –sobre todo limeñas–, sino las comunidades rurales y campesinas del interior del país. No hay, como en 2000, individuos o grupos espontáneos, autoconvocados. Son sobre todo colectivos bien organizados, con tradición asambleísta, pero a escala local. No existe entonces la estructura organizativa o la convergencia de motivos que, desde distintos ángulos, asumen tanto izquierdas como derechas. 

¿A dónde vamos?

Al momento de escribir este artículo ya teníamos 66 fallecidos en el contexto del estallido (48 civiles por represión, un policía quemado por manifestantes, 11 civiles muertos en accidentes vinculados a los bloqueos y seis militares ahogados mientras trataban de cruzar un río) y más de 1.300 heridos (969 civiles y 333 policías)17. El gobierno no ha reconocido su responsabilidad y se ha atrevido a insinuar que los mismos manifestantes se asesinaron entre sí. Se ha criminalizado tanto la protesta como la solidaridad: hay 700 manifestantes con procesos judiciales, incluida una profesora a quien le dieron 30 meses de prisión preventiva acusada de financiar las marchas solo por tener un cuaderno con la contabilidad de las donaciones18. Como muestra el reporte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la policía ha hecho un uso arbitrario de la fuerza, que incluye detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, allanamientos sin fiscales, infiltraciones, sembrado de pruebas, etc.19 En el camino, la Fiscal de la Nación redujo las fiscalías especializadas en derechos humanos para privilegiar nuevas fiscalías de terrorismo20. Sumado a eso, el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron nombrados por el actual Congreso, decidió que el Parlamento pueda seleccionar a un nuevo defensor del pueblo y acusar constitucionalmente a los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones (jne) y el Organismo Nacional de Procesos Electorales (onpe) sin fiscalización del Poder Judicial. Es decir, en la práctica, se abolieron dos ejes más del balance de poderes. 

Desde mediados de febrero, la protesta bajó su intensidad y se concentró en algunas zonas del sur –sobre todo Puno– y Lima. La coalición del Ejecutivo, Congreso y medios concentrados parecía haber calculado que, como las dictaduras de Venezuela o Nicaragua, había cansado a los manifestantes a punta de balas y criminalización. Por ello, la presidenta afirmó que no va a renunciar y el Congreso eliminó la posibilidad de adelantar elecciones para 2023. 

Sin embargo, la protesta continúa y lo más probable es que se mantenga de forma ondular, con subidas y bajadas, hasta que aparezca alguna válvula de escape. Múltiples organizaciones del sur y norte del país han convocado a una nueva ola de movilizaciones desde marzo. Algunas delegaciones han anunciado una segunda «toma de Lima». Solo en la primera semana de marzo, la Defensoría del Pueblo ya registraba 48 acciones colectivas de protesta en ocho regiones. El violento ataque con bombas lacrimógenas disparadas al pecho de madres aymaras que cargaban a sus bebés, registrado en Lima, generó una gran indignación en el altiplano. La protesta aymara en la localidad de Juli, departamento de Puno, fue nuevamente reprimida con dureza, lo que dejó varios heridos, incluso de bala. La respuesta fue la quema de la comisaría. El 5 de marzo, mientras retornaban a su cuartel por el rechazo de la población, seis militares fallecieron ahogados tratando de cruzar un río. Los manifestantes aymaras lograron rescatar a otros cinco. Todos los fallecidos eran también aymaras, jóvenes de la zona, de entre 18 y 20 años. A pesar de los emotivos rescates y de los testigos, videos y múltiples testimonios iniciales que indicaban que los militares cruzaron el río como atajo, por orden de un superior, la versión oficial ha sido que cruzaron porque los manifestantes los tenían acorralados y los atacaban con piedras. Más leña al fuego.

¿Por qué, a pesar de los altos costos sociales y económicos21, las protestas continúan? En cualquier lugar, un ciclo de protestas de más de tres meses resulta agotador. Es importante entender que el motor de las protestas ya no es solo la «traición» de Boluarte o el intento del Congreso de evitar las elecciones anticipadas. La grotesca desconexión de los políticos actuales se ve cada vez más como otro capítulo de estos siete años de crisis que arrastra el país. Y más que eso, el hecho de que la represión letal sea más probable en los territorios con población indígena22, junto con la carga clasista, racista y centralista del discurso político y mediático que criminaliza o invisibiliza a los manifestantes vivos y muertos, ha reavivado los hondos y mortales desencuentros del Perú. La declaración del ministro de Educación en la que sostuvo que las madres aymaras son peores que animales por ir a protestar con sus hijos23 captura bien la profundidad del desprecio de la coalición en el gobierno. Irónicamente, son los principales actores del establishment –y no los partidos de izquierda– quienes han actualizado la rabia antisistema. Un videoclip, que se transformó en el himno del estallido peruano, expone la identidad cultural y política que ahora nutre el epicentro de las protestas24. Por ello, por primera vez en mucho tiempo, las protestas políticas son más numerosas que las sociales. Se ha politizado el descontento. 

Esto es lo que parte de los centros políticos tampoco entienden. Una expresión de esta politización es la demanda por la Asamblea Constituyente. Políticos, periodistas y académicos de centro suelen leer esto como una demanda solo de la izquierda. Peor aún, otros lo ven como una fetichización propia de gente primitiva25. Pero la demanda por la Asamblea Constituyente ya desbordó los limitados contornos de las izquierdas. Muchos manifestantes la ven como una demanda simbólica que permite romper con el pasado que no los reconoce, y que tiene la marca de la dictadura fujimorista26. Simbólicamente, se está pidiendo refundar el país, un nuevo pacto social que le dé legitimidad a la democracia. Las elites están pensando solo en la arquitectura institucional y económica, que es cardinal, pero no en los símbolos que revisten de legitimidad a la comunidad política. Ese ha sido un viejo error del liberalismo, que engendra feroces enemigos autoritarios con narrativa comunitarista. En varios países, la socialdemocracia conjuró esos fantasmas en el siglo xx, pero el siglo xxi parece haberlo olvidado.

¿Significa esto que estamos ante un gran movimiento que busca la democratización? No realmente. Como diría Mark Beissinger27, lo que tenemos se parece más a una coalición negativa contra la represión, no en favor de la democracia. Entre los que ahora protestan hay muchos grupos, como los etnocaceristas, con claras preferencias autoritarias. El bloque castillista estaba a favor del autogolpe de Estado, y la actual demanda del cierre del Congreso implica un desinterés por las reglas del juego democrático. La justificación del uso de la violencia para que la gente acate los paros o los ataques a periodistas muestran el reflejo autoritario de varios de estos actores. Del otro lado, por supuesto, el autoritarismo es aún más vigoroso, con colectivos y partidos de extrema derecha y periodistas con declaraciones abiertamente fascistas. El gran peligro es ese: con un gobierno que parece teledirigido por una facción de extrema derecha, dispuesto a seguir matando y encarcelando, vamos a tener un incremento de actores radicalizados en el país. Y una gran desconfianza en el proceso electoral. Pero volviendo a mi punto principal, el estallido tiene una gran heterogeneidad de actores en la que ni el radicalismo autoritario ni el radicalismo democratizador parecen ser mayoritarios. Y la cuestión es esa: no parece estar conformándose ninguna mayoría. Un estallido de larga duración como el peruano usualmente genera las oportunidades para articulaciones y organización. Sin embargo, la fragmentación y las desconfianzas son tan fuertes que han limitado estas convergencias a pequeñas excepciones, como el Bloque Universitario. Persisten los recelos de las organizaciones locales con todos los partidos políticos y las organizaciones sociales nacionales. Esto va a limitar las coaliciones necesarias para ganar elecciones, sean generales o para una eventual Asamblea Constituyente. El reto de los dirigentes partidarios o de organizaciones ahora es dialogar y negociar –práctica satanizada estos días, pero decisiva para cualquier democracia–, para lo cual tendrán que ceder algunas demandas para forjar coaliciones amplias. Tarde o temprano habrá elecciones, y la ciudadanía, que tanto ha peleado no solo para sacar a Boluarte sino para estar finalmente representada, debe estar preparada para participar en ese proceso.


Nota: una versión previa de este artículo fue publicada en Ideele No 308, 1-2/2023.

  • 1.

    O. Coronel: «El porqué y el cómo del estallido peruano» en Movimientos e Instituciones, 30/11/2020.

  • 2.

    O. Coronel: «Las fantasías movimientistas de los extremos en Perú» en Ideele No 299, 8-9/2021.

  • 3.

    «Ministro de Defensa confirma apoyo logístico y financiamiento proveniente del Vraem en violentas protestas» en El Comercio, 22/12/2022.

  • 4.

    «Asesor de Perú Libre: Si están intentando un golpe, no lo van a celebrar, correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán» en Canal N, 28/6/2021.

  • 5.

    Renatto Bautista: «Perú bajo el asedio del Foro de Sao Paulo» en El Montonero, 16/1/2023.

  • 6.

    Oscar Quispe: «La agenda de los ‘Frentes de Defensa’ que coordinó Castillo y la camarada ‘Cusi’» en Perú21, 18/1/2013.

  • 7.

    «‘Toma de Lima’: cobraron 380 soles por sumarse a protestas» en Expreso, 30/1/2023.

  • 8.

    «Protestas en el Perú: ‘Es una minoría activa financiada por una ideología’» en RPP Noticias, 15/12/2022, disponible en www.youtube.com/watch?v=ph9w21...

  • 9.

    «Crisis agónica en Perú: entrevista a Lucía Alvites» en Hojas de Debate, 25/1/2023.

  • 11.

    Rodrigo Montoya Rojas: «Primera rebelión política en los últimos 200 años de las comunidades quechuas y aymaras en Perú» en desInformémonos, 9/2/2023.

  • 12.

    «Pronunciamiento de la CONULP», 14/2/2023, disponible en https://twitter.com/robertosan...

  • 13.

    «Elecciones en Perú: el partido de Fujimori pide la nulidad de 200.000 votos cuando el conteo en Perú favorece a Castillo por un estrecho margen» en BBC Mundo, 10/6/2021.

  • 14.

    Entre las más importantes, están la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Nacional Agraria de Perú (CNA), la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE) y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P).

  • 15.

    Humala propuso, por ejemplo, fusilar a los ex-presidentes, incluido su hermano Ollanta. Para una visión histórica de este movimiento, v. Pablo Stefanoni: «Qué son y qué quieren los etnocaceristas. Entrevista con la historiadora peruana Cecilia Méndez» en El Viejo Topo No 205-206, 4/2005.

  • 16.

    Renzo Gómez Vega: «La toma de la universidad de San Marcos tensa más la crisis en Perú» en El País, 23/1/2023.

  • 17.

    Ver Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad: «Crisis política y protesta social. Reporte diario», 21/2/2023, disponible en www.defensoria.gob.pe/wp-conte...

  • 18.

    César Romero: «Profesora va a prisión por dejar a sus hijos para protestar en Lima» en La República, 15/2/2023.

  • 19.

    Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: «50 días de represión en Perú: vulneraciones de derechos humanos durante movilizaciones», 25/1/2023, disponible en https://docs.google.com/docume...

  • 20.

    C. Romero: «La realidad de las fiscalías de Derechos Humanos confirma su reducción» en La República, 18/1/2023.

  • 21.

    «MEF: El Perú ya perdió S/ 2,150 millones debido a las protestas» en RPP, 24/1/2023.

  • 22.

    «Perú: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población indígena y campesina», Amnistía Internacional, 16/2/2023.

  • 23.

    «Ministro Becerra sobre mujeres aimaras que participaron en marchas: ‘Ni siquiera los animales exponen a sus hijos’» en El Comercio, 6/3/2023.

  • 24.

    «Esta democracia ya no es democracia. Voces puneñas y bandas de Juliaca unidas en resistencia» en La Mula TV, 6/3/2023, www.youtube.com/watch?v=2k8dqy...

  • 25.

    Augusto Álvarez Rodrich: «Simpatía por ignorancia y el fetichismo» en La República, 8/1/2023.

  • 26.

    La Constitución vigente es de 1993, redactada tras el autogolpe de Alberto Fujimori.

  • 27.

    M. Beissinger: The Revolutionary City: Urbanization and the Global Transformation of Rebellion, Princeton UP, Princeton, 2022.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 304, Marzo - Abril 2023, ISSN: 0251-3552


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