Alianza del Pacífico

En un año de precios bajos en los productos de la industria minera, la Alianza del Pacífico llevó a cabo su primera reunión de ministros del sector, que concluyó con una serie de acuerdos para promover la cooperación en esta área.

Concluido en Santiago de Chile el 1º de diciembre pasado, el encuentro contó con la presencia de representantes de los cuatro países que conforman la Alianza: la ministra de Minas del país anfitrión, Aurora Williams, el coordinador general de Minería de México, Mario Cantú, el embajador de Colombia, Mauricio Echeverry, y el ministro de Energía y Minas de Perú, Gonzalo Tamayo Flores. Todos suscribieron la Declaración de Santiago, en la que se aprueba la realización de diálogos público-privados del sector extractivo, de manera periódica, con el fin de generar una visión compartida sobre el rol del sector en la promoción del desarrollo nacional de los países miembros de la Alianza.

Según Williams, se trata de un escalón más en el ya demostrado interés de los países miembros de la Alianza del Pacífico de avanzar en este tema, luego de un año que definió como «de estrés» en la industria minera, principalmente por los precios internacionales. Ya en 2015, en la reunión de presidentes de la Alianza del Pacífico en Paracas (Perú), se determinó la importancia de que existiera un grupo técnico minero y luego, en la reunión de 2016, de Puerto Varas (Chile), se estableció un mandato para que este grupo técnico generara espacios comunes de trabajo de los cuatro países. Ahora, en la declaración se establece dicho grupo aprobará una serie de términos de referencia de un estudio de diagnóstico, fortalezas y debilidades del sector minero, identificando áreas de cooperación mutua y potencialidades de intercambio de bienes y servicios.

De acuerdo a lo trascendido, es posible que la próxima reunión sobre este tema se realice en Colombia.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

El 25 de enero se llevó a cabo en Punta Cana (República Dominicana), la V Cumbre de la Celac, el mecanismo intergubernamental que reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe. Aunque en el evento los jefes de Estado y de Gobierno abordaron las temáticas regulares que atañen a este tipo de cumbre (como la paz en la región, la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, la erradicación del hambre, la cobertura universal y gratuita de la educación), el encuentro estuvo teñido por las preocupaciones que surgieron en la región a raíz de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.

Ya en el inicio de la cumbre, su anfitrión, el presidente dominicano Danilo Medina, alertó sobre la intención de revisión de los tratados de libre comercio de la nueva administración republicana en Estados Unidos, sobre «el fantasma del proteccionismo y las consecuentes guerras comerciales». Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió unidad en favor de los derechos humanos de los migrantes, situándose en la vereda de enfrente de las intenciones del gobierno norteamericano de limitar el ingreso a extranjeros, pero también de un reciente decreto argentino con el cual se busca evitar la inmigración de personas con antecedentes en la delincuencia y expulsar con mayor rapidez a quienes delinquen en el país. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, también defendió «la idea de la solidaridad con los migrantes» y advirtió de manera más general que «hay quienes quieren destruir la unidad de los países latinoamericanos y caribeños». Para evitarlo, convocó a la Celac a dirimir los problemas y los conflictos en el marco de este organismo que surjan entre los países miembros y no llevarlos al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), con una histórica influencia norteamericana.

Al encuentro, que comenzó con un minuto de silencio por la muerte de Fidel Castro a fines de noviembre, asistió una reducida representación de mandatarios, después de que algunos cancelaran su viaje por cuestiones de salud, como el presidente argentino Mauricio Macri, y que en las últimas horas suspendieran su participación los presidentes de México, Chile, Panamá, Colombia y Guatemala. Con todo, los representantes reunidos adoptaron la Declaración final del encuentro y un Plan de Acción para dar seguimiento durante este año a los temas prioritarios tratados en el encuentro, como la pobreza, las migraciones, el narcotráfico y la erradicación del hambre. Respecto de este último punto, José Graxiano de Silva, el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), alagó el Plan de Seguridad Alimentaria de la Celac adoptado en 2015 y subrayó que la región cuenta con todas las condiciones necesarias para ser la primera región en desarrollo en eliminar el hambre, partiendo por el gran compromiso político que sostiene aquel plan. Señaló que el mismo ya está dando sus frutos a lo largo de la región, donde varios países se apoyaron en él para evaluar sus políticas de seguridad alimentaria y nutricional y República Dominicana aprobó en 2106 una Ley nacional de seguridad alimentaria, sumándose a los otros ocho países que ya cuentan con dicha legislación (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México). Además, en el marco del Plan, se estableció una Red de Expertos, una Estrategia Regional y una Alianza Regional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Dado que, según la FAO, con los alimentos que se pierden en la región se podría alimentar al 37% de quienes sufren hambre a escala global, desde 2015 se crearon varios comités nacionales dedicados a analizar las formas en las que se podría lograr tal reducción, que van desde proyectos de ley que buscan regular la donación de alimentos hasta manuales que enseñan a empresarios y consumidores a aprovechar al máximo los alimentos, pasando por actividades de recuperación de alimentos en puntos de venta barriales y acciones para disminuir desperdicios en comedores institucionales y empresariales

Al final de la cumbre, la República Dominicana pasó la presidencia pro tempore anual de la Celac a El Salvador, cuyo presidente, Salvador Sánchez Cerén, dijo que buscaría «avanzar esfuerzos para mejorar la situación de nuestros países» y aseguró que «n un año estaremos unidos dando cuenta de estos logros».

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

El proceso de integración que reúne a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se acerca poco a poco a la interconexión eléctrica de sus miembros. Hace tiempo que se trabaja en la elaboración de un marco jurídico comunitario que facilite el intercambio de electricidad y, en ese marco, a mediados del pasado diciembre se llevó a cabo, en Bogotá (Colombia), la décimo novena reunión del Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad (CANREL). Allí, representantes de los cuatro países avanzaron en un proyecto de decisión andina que, de ser aprobado, constituirá el marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad.

Actualmente existe un régimen jurídico transitorio para los intercambios eléctricos entre Colombia y Ecuador, pero el objetivo es que todos los países se acojan a un régimen común que permita desarrollar más adelante los contratos y las transacciones de interconexiones internacionales. Por eso, en la reunión se estableció un cronograma de trabajo para elaborar reglamentos de carácter comercial, operativo y de coordinación regional. Estos avances cuentan con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el organismo financiador del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), proyecto del que participa también Chile y que fue creado en 2011. De ahora en más, la cooperación con el BID incluirá iniciativas regionales y binacionales en materia de estudios complementarios de armonización regulatoria, estudios de planeación y diseño de infraestructura, fortalecimiento institucional y coordinación regional, entre otros.

Según el secretario general de la CAN, Walker San Miguel, de aprobarse este proyecto de decisión durante este año, «la demanda y la oferta de electricidad (sea de actores públicos o privados) tendrá una plataforma de armonización regulatoria y técnica que sin duda pondrá nuevamente a la CAN en la ruta de lograr la ansiada interconexión eléctrica en la región».

Comunidad del Caribe (Caricom)

Como lo hacen cada dos años desde 2008, representantes de los quince países caribeños que pertenecen al Caricom se reunieron del 23 al 25 de enero en el Foro de Energía Sustentable, realizado en esta ocasión en Nassau (Bahamas). El evento brindó la oportunidad de evaluar la política energética de la región, aprobada en 2013, cuyos avances fueron catalogados como limitados, dando lugar a demandas de distintos ministros por alcanzar un «enfoque integrado» sobre dicha política.

En particular, se presentó un documento en calidad de informe y evaluación de la estrategia caribeña sobre energía sustentable (C-SERMS, por sus siglas en inglés) en el que se destacan los desafíos de la región en temas de generación, distribución y uso de energía, sobre todo en cuanto a su dependencia de la importación de combustible pese a disponer de enormes fuentes de energías renovables. De acuerdo al documento, la dependencia del combustible expone a la región a los efectos de sus precios volátiles, limita su desarrollo y degrada los recursos naturales locales, por lo que el documento llama a la construcción de los marcos legislativos y regulatorios necesarios para lograr la transición hacia las energías renovables. Algunos pasos se han dado en este sentido, aunque lejos de su potencial: por ejemplo, en Haití, el aumento de uso de paneles solares distribuidos ha expandido el acceso a la electricidad hacia áreas remotas que antes no la tenían.

Vinculado a esto, la sesión final del encuentro se concentró en las perspectivas de dicha transición en el tipo de energía utilizado en la región. En ese marco, los participantes coincidieron en que «ya era tiempo» de que se reunieran los jefes de Estado y de Gobierno para tratar el tema en exclusiva con mayor poder de decisión, con lo que reclamaron un encuentro de alto nivel para que se alcancen mayores compromisos y puedan acelerarse acciones en este área.

Mercado Común del Sur (Mercosur)

La incertidumbre acerca de la constitución y del futuro del Mercosur dominó el escenario de la integración entre los países sureños durante los últimos meses, cuando Venezuela ostentaba la presidencia pro tempore del bloque en momentos en que los demás países desconocían su función, considerando que no podía ejercerla hasta no cumplir con la actualización del Tratado de Adhesión con el que se comprometió en 2012. Los cancilleres de los cuatro países confirmaron, a principios de diciembre, la suspensión del derecho de voto del país dentro del bloque y realizaron la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) en Buenos Aires sin representantes bolivarianos. Pese a eso, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quiso a acudir a la cita y no le fue permitida la entrada, en medio de un clima de crispación que la llevó a denunciar haber recibido malos tratos.

Durante la reunión, los cancilleres intentaron presentar un rumbo cierto acerca de las prioridades a las que el Mercosur hará lugar, como la eliminación de los obstáculos al comercio intrazona, el perfeccionamiento de la unión aduanera y la coordinación efectiva de las posiciones de los cuatro estados partes en relación a las negociaciones externas del Mercosur. En cuanto al funcionamiento interno del bloque, la anfitriona del encuentro, la canciller argentina, Susana Malcorra, destacó que a partir de ahora «vamos a armar equipos integrados de negociación. Hasta ahora cada país estaba teniendo su propio equipo. Acordamos integrar equipos y afrontar de manera más coordinada y más consolidada los temas de negociación». Acerca del relacionamiento externo, señaló que tendrá especial dedicación la negociación para un Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el acuerdo inicial para avanzar de manera similar con Japón, India, Canadá. A la vez, en la reunión se acordó dar inicio a las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), cuyos representantes convinieron a mediados de enero en Davos (Suiza) comenzar oficialmente las charlas al respecto.

Estas prioridades fueron ratificadas semanas más tarde durante el encuentro bilateral que sostuvieron en Brasilia el presidente argentino, Mauricio Macri, y su par brasileño Michel Temer. Y en línea con las relaciones externas del bloque, días más tarde Macri acordó con la presidenta chilena Michelle Bachelet, que lidera actualmente la Alianza del Pacífico, organizar una reunión de cancilleres del Mercosur y la Alianza. El encuentro tendrá lugar en abril en Buenos Aires con vistas a un futuro acercamiento entre ambos procesos de integración, pese a su distinta naturaleza (el primero, proyectado originalmente hacia un mercado común, el segundo, en formato de acuerdo de libre comercio). El coqueteo entre los bloques no es nuevo y se ha acelerado desde que Donald Trump asumió la presidencia estadounidense, ya que el magnate amenaza con cerrar sus fronteras comerciales y los latinoamericanos, en gran parte dependientes de la exportación de materias primas, se abocan a generar mercados alternativos.

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Habiéndose cumplido 25 años de la firma del Tratado de Tegucigalpa que dio origen a este proceso de integración, en diciembre de 2016 se llevó a cabo en Managua la 48ª reunión ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, que reúne a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

En el encuentro se destacaron los logros más recientes del proceso de integración, como las negociaciones del tratado de libre comercio con Corea, próximas a concluir, y el proceso de fortalecimiento de la unidad aduanera de la región. La secretaria general del SICA, Victoria Marina Velásquez de Avilés, subrayó los «grandes avances» logrados gracias al diálogo entre todas las naciones, y propuso avanzar hacia un mayor acceso al trabajo, medicina y educación, así como hacia la generación de mejores y mayores oportunidades económicas para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Por su parte, el presidente de Nicaragua y anfitrión del encuentro, Daniel Ortega, reconoció los avances pero llamó también a «dar un salto» para poder asumir los retos de la economía global.

Los mandatarios acordaron, en la Declaración de Managua firmada durante el encuentro, una serie de acciones para mejorar la transparencia de la gestión institucional del SICA, además del fortalecimiento de la integración turística, así como la instalación del Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y República Dominicana. La reunión fue también oportunidad para el traspaso de la presidencia pro tempore de Nicaragua a Costa Rica. El vicepresidente de Costa Rica, Helio Fallas, hizo énfasis en la necesidad de plantear «una agenda de transformación pragmática y con metas claras: la consolidación de las instituciones y el establecimiento de políticas regionales para el cumplimiento de agendas prioritarias». La ausencia del presidente de Costa Rica en la ceremonia fue atribuido a los roces surgidos entre Costa Rica y Nicaragua por un diferendo limítrofe.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

El 31 de enero se llevó a cabo en Quito una Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Unasur, en la que el secretario general del bloque, Ernesto Samper, se despidió de su cargo tal como lo había acordado en agosto pasado con los cancilleres. Samper fue designado en 2014 para un mandato de dos años, con posibilidad de renovación; sin embargo, optó por no ser reelegido y se despidió en enero. Se trató de una ocasión en la que se realizó un balance de su gestión y se destacaron los logros alcanzados por el mecanismo de integración que reúne a los doce países sudamericanos.

En ese sentido, en su discurso final, Samper destacó la colaboración activa de Unasur en el difícil diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, así como en la construcción de los Acuerdos de Paz firmados el año pasado en La Habana (Cuba) para poner fin a la violencia en Colombia; un tema que el ahora ex secretario seguirá de cerca en su país. En cambio, recordó las diferencias surgidas frente al juicio a la ex presidenta Dilma Rousseff de Brasil, por las cuales el bloque no pudo expresar una posición común. Además, repasó la presencia de Unasur en doce misiones electorales durante su gestión, encargadas de «salvaguardar la democracia».

Samper subrayó también la materialización del Banco de Precios de Medicamentos, del Manual de Manejo y Gestión de Riesgos Naturales, de la primera Bienal de Arte de Unasur y la Escuelas Suramericana de Defensa y de Mediadores de la Paz. Además, destacó la característica ecológica de la sede del bloque, así como la calidad del Centro Eduardo Galeano y la Biblioteca Gabriel García Márquez. Insistió, asimismo, en su propuesta de Ciudadanía Suramericana, que ocupó un lugar central durante su último año de trabajo y que vinculó a la concesión del permiso de trabajo del Mercosur, la creación de un gran espacio de movilidad académica en educación superior y la plataforma de protección consular de los suramericanos.

Como contrapunto, el ex mandatario colombiano no escatimó en sus reflexiones críticas acerca de los desafíos de la región, denunció el nivel actual de pobreza y considerando «una tragedia» el hecho de que la región no haya tenido la capacidad de «diversificar nuestras economías y agregarle valor a lo que ya tenemos mediante la industrialización, la modernización de la agricultura y el desarrollo de una mejor infraestructura para el crecimiento interno». Insistió en la necesidad de aumentar el «ridículo» nivel de comercio interregional, utilizar sabiamente las remesas y fortalecer las empresas multilatinas. Reconociendo la labor de Samper, los estados miembros de Unasur no han consensuado aún el nombre de su próximo secretario general.