¿Valió la pena la
convocatoria de la Sesión
Especial de la Asamblea General
de Naciones Unidas sobre drogas, UNGASS
2016, que sesionará en Nueva York del 19 al 21 de abril?
El balance es claroscuro.
Oscuro
porque, no obstante la petición del Secretario General de la ONU y
del amplio debate informal preparatorio que consideraba todas las
opciones, a la Asamblea no llega una propuesta de evaluación
y cambio
sustancial de política. Las negociaciones siguen marcadas por las
inercias
burocráticas y las posiciones dogmáticas.
Las 187 organizaciones sociales que firmaron la declaración
«Diplomacia o Negacionismo», muestran que la preparación oficial
no fue incluyente ni transparente.
El
documento que llega a la Asamblea, titulado
«Nuestro compromiso conjunto de afrontar y combatir eficazmente el
problema mundial de las drogas», combina el no
reconocimiento del fracaso de la política vigente ni de sus
consecuencias devastadoras, con la incorporación de algunos
enunciados alternativos. Ratifica metas fallidas, aunque por fortuna
no la de la UNGASS
1998, de buscar «Un mundo libre de drogas».
Ahora, habla de «un
mundo libre del abuso de las drogas»
y acepta cierta
flexibilidad tanto en la interpretación de las convenciones como en
el diseño de políticas nacionales según necesidades y prioridades
propias.
Reitera que la
política de drogas debe ser coherente con la Carta de Naciones
Unidas, el derecho internacional, los Derechos Humanos
y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; debe tener un
enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado, amplio y basado
en datos científicos;
y
dar respuestas proporcionadas y eficaces en el proceso penal. Sin
embargo,
resulta muy débil el llamado a terminar con la aplicación de la
pena
de muerte o la cadena perpetua por delitos relacionados con drogas.
Avanza en medidas de reducción de la demanda y en el consumo como
asunto de salud pero, en
lo relativo a
la oferta,
predomina un enfoque represivo.
Con todo,
estos tres años -desde la convocatoria de la UNGASS
a fines de 2012- dejan muchas novedades. En
primer lugar, mostraron
que no existe
un
consenso sobre este asunto global multifacético y multidimensional,
que se manifiesta en forma diferente en las distintas regiones y que
afecta más a unas poblaciones que a otras, y abrieron un debate
por fuera de los marcos oficiales que evaluó el pasado, consideró
todas las alternativas e incluyó a muy diversos actores.
Aunque
el informe final oficial ignore muchos de esos insumos, el tema ya no
está solo bajo control de la
Comisión de Estupefacientes, la Oficina de Naciones Unidas contra
las Drogas y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, ni
se limitó a los Estados con representación en Viena. En las otras
sedes -Nueva York, Ginebra- y en diversos organismos de Naciones
Unidas se manifestaron propuestas a favor de centrar la política en
las personas y sus derechos, de
revertir las consecuencias negativas de la estrategia vigente y
resolver las tensiones al interior del sistema de Naciones Unidas y,
en particular, de fiscalización de drogas.
Un grupo promotor del debate
encabezado por los gobiernos de Colombia, México y Guatemala -cuyo
llamado a evaluar la política dio origen a la convocatoria de la
UNGASS
2016-, junto con otros entre los que han estado Uruguay, Suiza,
Ghana, con académicos y organismos de la sociedad civil1,
suscitó una coordinación de esfuerzos preparatorios
intergubernamentales,
no gubernamentales, regionales e interregionales,
que
examinaron
los documentos
entregados por los Estados en Viena, los elaborados por la Unión
Europea, la Celac y Unasur; las encuestas, consultas y
recomendaciones de redes
de expertos, de organizaciones sociales y de consumidores, las
propuestas del foro mundial de agrupaciones de pequeños productores
de cultivos de subsistencia relacionados con drogas, y el
involucramiento de ONG defensoras de derechos humanos, de salud y de
asuntos ambientales.
Quedan por fuera del documento
oficial muchas propuestas que obtuvieron amplio consenso y que han
empezado a vertebrar cambios o medidas de regulación en algunos
países. Listemos algunas. Visibilizar a los grupos sociales
afectados por la problemática y por la política de drogas, oírlos,
superar la estigmatización y criminalización de que son objeto,
reconocer otros usos legales de las drogas fiscalizadas
-tradicionales, ancestrales, religiosos, artesanales o industriales;
rebalancear el enfoque basado en la represión, la erradicación
forzada y la sanción penal sin considerar su impacto ni los costos y
daños
que produce en lo social, el desarrollo y en
materia
ambiental; asegurar
alternativas a la prisión y opciones de vida distintas a personas,
familias y grupos que, por su situación de vulnerabilidad, se
involucran con el mercado ilícito de drogas; eliminar inequidades y
barreras judiciales, económicas, sociales, políticas, educativas y
culturales para el acceso a los servicios de salud, los medicamentos
y las diferentes opciones de tratamiento; ampliar la política de
reducción de daños del uso de drogas a las consecuencias sociales o
ambientales para una acción sin daños; cambiar los indicadores de
evaluación -hectáreas erradicadas, laboratorios destruidos, kilos
decomisados, personas detenidas o condenadas- y medir si la política
de drogas previno
el consumo, promovió la salud, redujo la violencia,
mejoró la seguridad ciudadana,
respetó los
derechos humanos, protegió
poblaciones vulnerables, y fomentó el desarrollo
equitativo y sostenible con comunidades afectadas por la pobreza e
inseguridad.
Ojalá el
grupo promotor del debate logre
que la
Asamblea asuma su
condición de órgano
principal de deliberación, examine el fracaso tanto de la
prohibición y de la guerra contra las drogas como de sus efectos
contraproducentes, y abra una ventana al cambio con alternativas
más humanas y efectivas.