Es carnaval en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano. Finales de febrero de 2012. La mayor fiesta popular en uno de los países más felices en el mundo, según dicen distintos estudios, está llegando a su punto máximo. En la Batalla de Flores, sábado en la tarde, desfilan comparsas de marimondas, monocucos, garabatos, toritos, negritas Puloy y tantos otros de los coloridos disfraces que hacen parte de la tradición. En las Marimondas de Barrio Abajo desfilan grandes empresarios de la ciudad junto a amas de casa, algún desempleado y cientos de personas del común, todos bajo el mismo antifaz de rasgos de elefante y con las mismas ropas de colores neón que pretenden desde hace más de un siglo subvertir por unos días el orden de todos los días. Los actores de las telenovelas más vistas desfilan en carrozas montadas sobre camiones, apenas a unos metros de las manos de quienes los siguen cada noche en la televisión. Un Quico improvisado desfila con una comparsa variopinta y posa decenas de veces junto a niños que creen que están frente al ídolo de verdad, el que aparece en televisión desde que sus padres también eran niños. Toda una estampa de felicidad nacional, de unidad en la diferencia, un poco de melting pot estadounidense, de miscigenação brasileña. ¿Será cierta tanta belleza? Esa tarde de brisa fresca con sus gentes de fiesta ¿es una metáfora de lo que está pasando en el país? ¿O justamente, como metáfora, es solo eso, un momento de placer y brisa suave en medio del calor persistente de todo el año, un carnaval que en el fondo confirma el statu quo?

Una mirada más detallada deja ver las costuras: los palcos de la derecha, más altos y organizados, tienen escaños para al menos diez filas de cientos de personas; en las partes bajas hay baños portátiles, venta de cerveza y comestibles al doble del precio usual, guardianes a la entrada y, en algunos casos, bandas musicales de respaldo para subir el ánimo cuando decaen las presentaciones que van por la calle. Esos son territorios de la clase media y alta. La entrada está por encima de los US$ 35 por persona. También de ese lado hay palcos especiales, patrocinados por empresas privadas, con meseros, whisky y licores de calidad para el que quiera y cuanto quiera, gratis. En ambos lugares se puede ver al poder colombiano, a empresarios, líderes y políticos que se dejan fotografiar por quien lo desee. En los últimos años el carnaval se ha ido convirtiendo en un evento social por sí mismo, cuando por muchas décadas fue considerado una fiesta esencialmente plebeya. Tanto, que muchos barranquilleros de clase alta les huían como a la peste a esos días de harina en la cara y cerveza en la mano.

A mano izquierda están los palcos más populares: tarimas bajas de tres escalones, sin guardias a la entrada, sin sitios de comida, salvo algún vendedor ambulante de papas y plátanos fritos. El baño, si lo tienes a la mano, es algún matorral de los que se explayan entre esta, la vía 40, plena de recintos industriales, y el Magdalena, el gran río, la columna fluvial por la que ha sucedido buena parte de la historia colombiana desde antes de ser país, desde la Conquista española. El río y su territorio, en el que se hunden algunas de las raíces más viejas que explican la desigualdad secular en una nación que hoy es una de las promesas para el capital internacional; uno de los Civets, la más reciente denominación de los analistas económicos para referirse a un grupo de países en ascenso: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica.

El carnaval es una buena manera de comenzar a desenredar esta historia. La de un país desigual como pocos en el mundo, que quiere salir del llamado Tercer Mundo –siguiendo la senda de Brasil o Chile–, pero manteniendo intacta en la práctica la estructura de poder social que tiene rasgos de la época colonial, desde donde se explican buena parte de los males actuales.

El despojo de la tierra

La historia de Colombia puede contarse como la historia del despojo de la tierra. Del despojo de la tierra por parte de los españoles, y luego de los criollos, a los indígenas; luego, de los colonos al Estado; de los terratenientes a los colonos; de los narcotraficantes y las guerrillas a los indígenas, negros y colonos; de muchos terratenientes ayudados por notarios corruptos, frente a todo aquel contra el que pudieran; de empresarios agrícolas y ganaderos aliados con los demás despojadores contra todos los despojados. Hay todas las posibilidades, documentadas, contadas, con las evidencias abiertas, con la feroz realidad de millones de colombianos forzados a salir del campo a las ciudades por grupos armados que llegaron a unos extremos de horror que aún nos duele contar y que quizás se resuman –para no enumerar la sangre y las heridas– en la cabeza de una víctima que es pateada por los asesinos como balón de fútbol ante la vista inerme y aterrorizada de los que quedaron vivos, como sucedió en la masacre de Mapiripán, entre el 17 y el 20 de julio de 1997.

Cada vez queda más claro, por investigaciones periodísticas como las que revela cotidianamente el sitio web Verdad Abierta, que detrás de la lucha antiguerrillera emprendida desde los años 80 por escuadrones paramilitares –que llegaron a reunir a políticos de calado nacional para «refundar» la Patria– lo que había era un esquema sistemático de robo de tierras, que en muchos casos fueron destinadas a plantaciones agroindustriales. Lo del combate contra los abusos de la guerrilla, que dio origen a muchos de esos grupos, se convirtió luego en la tapadera perfecta para encargarse del narcotráfico y del expolio de tierras, fenómenos que vinieron de la mano desde entonces.

Ese ha sido el penúltimo capítulo de la larga historia en la que la mayoría de académicos y analistas cifran la causa histórica más profunda que explica la desigualdad y la pobreza en Colombia. Vengan del espectro político o social de donde vengan, todas las propuestas para lograr una paz duradera, en una nación que apenas si ha gozado de breves ráfagas de tranquilidad en su historia republicana, pasan por el asunto de la propiedad agraria como requisito indispensable para pensar en un país con justicia social.El inicio de una historia de la revista Semana resume un caso arquetípico:

Conseguir su finca de 17 hectáreas ha sido una hazaña para Eric Vides, un campesino sucreño de unos 70 años. En los años 60, con la reforma agraria de [Carlos] Lleras Restrepo, se hizo con otros campesinos de una tierra, pero los quisieron matar. Pasaron 20 años para que otro gobierno, el de [Virgilio] Barco con el Plan Nacional de Rehabilitación, se la titulara colectivamente. El año pasado pagó al Incoder 400.000 pesos para legalizar su propiedad individual, pero no le han salido los papeles y ahora unos cachacos quieren comprarle su tierra por nada.¹

«Ser despojado o no tener tierra se consolidó desde la Colonia como una desventaja fundamental, como una forma de discriminación», explica Augusto Gómez, profesor de Antropología de la Universidad Nacional y uno de los académicos que más han rastreado el tema por fuera de las medidas econométricas².

Con todo, las cifras son en sí mismas elocuentes. El índice de Gini –que mide la desigualdad en los ingresos de una sociedad, en donde 0 es el escenario ideal en el que todos obtienen más o menos lo mismo y 1, el nivel extremo en el que unos pocos lo tienen casi todo– marca un indicador de 0,58 para Colombia, una de las peores cifras en América Latina, apenas superada por países como Haití o Brasil, según el periodo que se tome como referencia. Es decir, somos uno de los países más desiguales en la región más desigual del mundo. La riqueza está tan mal repartida en América Latina que aun los países con «mejor» equilibrio en su índice de Gini tienen un peor reparto que las naciones que ocupan las escalas más bajas en Europa. Pues bien, el índice de Gini para el sector rural en Colombia llega a 0,87. Es decir, lo que debería ser el indicador para una sociedad feudal de los siglos XII o XIII en Europa.

Eso, traducido en personas de carne y hueso, explica los hasta cuatro millones de «desplazados», como llamamos en Colombia a quienes en las últimas décadas fueron expulsados en forma violenta desde el campo hacia los núcleos urbanos. Usualmente se integran a las ciudades a las que llegan, engrosan los barrios suburbanos y entran en un ciclo de economía informal que resulta difícil superar, al menos para la primera generación. Aun así, con la dificultad de subsistir, muchos prefieren seguir siendo pobres en la ciudad que ser pobres en el campo, y una vez instalados y con alguna posibilidad de ingreso, así sea frágil, lo piensan más de dos veces antes de intentar el regreso.

El gobierno de Juan Manuel Santos, elegido en 2010 y con expectativas razonables de ser reelegido en 2014, tiene como uno de sus proyectos bandera la restitución de tierras, oportunidades y dignidad a esa población desplazada, que si se juntara podría disputar por ser una de las diez ciudades más grandes de América Latina. La primera meta, la devolución de las tierras despojadas, va sufriendo ya los primeros tropiezos en su implementación (trabas en la justicia, vacíos legales, intereses cruzados, etc.), pero sobre todo, el fantasma que más amenaza es el de la violencia, pues persisten los asesinatos de líderes sociales en la lucha por la tierra. La Defensoría del Pueblo estatal reveló recientemente que entre 2006 y 2011 ocurrieron al menos 71 asesinatos de líderes de procesos de restitución de tierras en 14 departamentos del país³. Sobre el modelo nacional para gestionar la tierra cultivable y sus riquezas, poco se ha avanzado. Por un lado se está incentivando, como en buena parte de América Latina, la explotación de los recursos naturales primarios, lo que está generando un incremento en los ingresos del Estado. Por otro lado, de los más de 20 millones de hectáreas potencialmente cultivables, solo se dedican unos cinco millones a la agricultura. Según cifras oficiales, la ganadería ocupa hoy más de 38 millones de hectáreas. Es decir, por cada hectárea agrícola, que tiende a generar más empleo, hay ocho hectáreas dedicadas a la ganadería, sustento básico de un modelo de propiedad de tierras que está en la base misma de la desigualdad nacional. El columnista Andrés Hoyos lo expresó recientemente así en El Espectador: «Si apenas se desarrollara la mitad de la tierra disponible (…) sería posible reducir el desempleo y el subempleo a la mitad. Dicho de otro modo, existe un colosal instrumento para generar millones de puestos de trabajo, que no se usa. De ñapa, sus propietarios pagan por no usarlo unos impuestos ridículos»⁴.Una porción sustancial de la música propia del carnaval proviene de las poblaciones ribereñas del río Magdalena, la columna líquida del país. Buena parte de quienes vienen a la fiesta grande sufrieron la violencia en carne propia o en la de sus familiares. Casi todos llevan al menos un muerto triste en sus oraciones. Aun así, siguen cantando y tocando la flauta de millo o la tambora en las grandes comparsas de esta Batalla de Flores, como se llama el desfile del sábado. Al mismo tiempo, dueños de muchas de esas tierras usurpadas también vienen al carnaval y algunos, incluso, desfilan.

Poniéndole un rostro al héroe negro

Barranquilla, con sus dos millones de habitantes, es un fenómeno urbano relativamente reciente: tiene algo más de un siglo como puntal del comercio en el Caribe, a partir de la creación de un puerto cerca de la desembocadura del Magdalena. Tiene fama de activa, bullanguera y cuna de las movidas culturales más interesantes de la región. A 90 minutos en carro está Cartagena, la «ciudad inmóvil», como la describe Efraín Medina, uno de sus escritores contemporáneos. Por allí entraron los barcos negreros de la Colonia, y en su Plaza de la Aduana se vendían los esclavos que habían sobrevivido la feroz travesía desde la costa occidental de África. Buena parte de la comunidad afrodescendiente de Colombia habrá tenido al menos un ancestro que pisó esa plaza. Desde entonces se configuró en esta ciudad el esquema social, persistente aún, de una minoría blanca o con muy poco mestizaje dictando los modos y maneras y manteniendo la estructura social por encima de una mayoría negra. El parecido con Sudáfrica no es una coincidencia.

Julieta Lemaitre, una bloguera oriunda de Cartagena, recuerda que «[c]uando vivía en Cartagena, en los años 80, había un gesto terrible que espero haya caído en desuso: era frotarse levemente la piel del dorso de la mano con el índice del otro mientras se indicaba, con una expresión entre el humor y el desprecio, que la persona de la cual se hablaba era negra»⁵. En los últimos años ha habido demandas contra bares y restaurantes por no dejar ingresar a personas de raza negra sobre cuya vestimenta y actitud no podría haber reparo alguno que sirviera de excusa para negarles la entrada. Por estos días ha habido una polémica nacional por el uso de la imagen de un hombre negro, encadenado como en los viejos tiempos coloniales, como una representación de la ciudad. ¡En una asamblea internacional de turismo! Un repaso a vuelo de pájaro deja ver que en las zonas de clase alta los negros son los que llevan uniformes: niñeras, aseadoras, vigilantes, etc. En los barrios populares, la inmensa mayoría de la población es negra o mulata. Sin embargo, no hay negros en la historia oficial de Cartagena. No había. Del único de ellos cuyo nombre pervivió, no había ni siquiera un retrato. En el Camellón de los Mártires, la bisagra que une la vieja ciudad amurallada con Getsemaní, el arrabal de los esclavos, hay dos hileras de bustos de hombres blancos, héroes de la Patria –y también esclavistas– pero no de Pedro Romero, el héroe negro sin rostro. Esa ausencia motivó hace un par de años la creación de un colectivo de artistas que se hizo una pregunta simple: ¿por qué no hay representaciones claras de los líderes negros e indígenas que lucharon por la independencia en nuestra ciudad? Entonces nació Pedro Romero Vive Aquí.

El colectivo descubrió que, en su momento, el Concejo de la ciudad había boicoteado la construcción de un busto de Pedro Romero y que, a cambio, había accedido a hacer un homenaje a un herrero, el oficio de Romero. Donde debió existir un héroe negro, se puso a un herrero blanco. Y un poco más lejos de los bustos del Camellón de los Mártires. Los artistas hallaron además que hace algún tiempo se hizo un busto de Pedro Romero con un rostro inventado, pues, como está dicho, sus rasgos se perdieron en la historia o acaso nunca fueron plasmados en un lienzo o en un papel. La estatua era de fibra de vidrio, no de bronce o mármol, como el material de los demás bustos eternos. De hecho se rompió y la remplazaron por otra. El pintor Alejandro Obregón posó para ser el rostro de Romero, intentando reivindicar esa ausencia, y ese busto en alguna parte está, pero aún no aparece. La historia de esas estatuas fallidas les pareció a los artistas toda una metáfora de la construcción de las imágenes de la ciudad y de sus gentes.

Pasaron a la acción: les pusieron pelucas afro a los orondos bustos de los héroes blancos; produjeron un video del himno de la ciudad que le rehuyó a la acuarela bucólica que tantos tienen en mente y la pobló de niños y niñas negros, de habitantes de los barrios, de la gente cotidiana haciendo sus cosas; documentaron el fin de uno de los comedores populares que debió cerrarse para abrirle paso al espacio peatonal; al logo estilizado de la ciudad, contratado con un estudio creativo foráneo, le opusieron un logo hecho por Runner, el mismo artista popular que hace los avisos con que los autobuses anuncian sus rutas. Pero sobre todo, le pusieron rostro a Pedro Romero y, por esa vía, están intentando recuperar para los cartageneros su propia cara: cientos de personas, en cuatro versiones del evento, crearon en una calle de Getsemaní su propia visión de ese héroe negro, cada uno con su retrato: los hay mulatos, de rostro rastafari, al carboncillo, gordo y de medio lado, desnudo y de espaldas…

Uno de los principales promotores de Pedro Romero Vive Aquí es Jhon Narvaez, un realizador audiovisual joven, negro y de los barrios populares, tres características que no van bien con lo que se estila en la ciudad amurallada. «Hay una minoría en crecimiento, que se asume negra y que asume de manera más abierta la discusión y la lucha frente al tema. Eso es positivo, indiscutiblemente. Pero como pueblo cartagenero nos hace falta hacer el duelo por lo que hemos sufrido por siglos, ya no damos todos el tema por visto, queremos afrontarlo para sanar», dice en una entrevista⁶. «El racismo continúa en Cartagena de todas las formas, todos los días. De manera sutil en las relaciones personales y de manera más abierta en la prensa, en la publicidad y, en general, en la representación que se hace de nosotros en la televisión, por ejemplo, o en cómo se vende una ciudad turística», continúa. A pesar de que los avances de algunos grupos y colectivos como el suyo «son significativos», al mismo tiempo cree que «no son suficientes porque el público en el que influyen es limitado».

Su definición de las consecuencias de tener un color más oscuro de piel en Cartagena se puede calcar, perfectamente, al resto del país: «ser negro y ser pobre es una relación naturalizada y perpetuada por el Estado y la sociedad. En el barrio, en el colegio, en la familia. Más allá de la cultura, cualquier cosa que eso sea, el racismo está en la costumbre»⁷.

Una educación privada… de calidad

Bogotá, con unos ocho millones de habitantes, es en sentido estricto una ciudad mediterránea. Está rodeada de tierras por todos lados. El océano Atlántico le queda al menos a 18 horas de carretera. La planicie andina donde está ubicada a más 2.600 metros está ubicada en la cordillera oriental, con lo que la llegada de mercancías hacia y desde el océano Pacífico implica remontar tres cadenas montañosas. Aun así, por razones de centralismo histórico, es el principal motor económico del país, al que le aporta la cuarta parte del PIB. Junto con Medellín, la segunda ciudad del país, también enclavada entre montañas, es la urbe que más le ha apostado en la última década a la educación como motor de igualdad.

Para Paola Valderrama, una de las dos asesoras del secretario de Educación de Bogotá, el principal problema del país respecto de la desigualdad es la brecha entre educación pública y privada: «Desde ahí ya tienes un ciudadano de primera o de segunda categoría». Esto es: si en el colegio privado de calidad te ofrecen clases de música, gimnasia, artes e inglés en una jornada que va hasta las tres o cuatro de la tarde y en el colegio público solo te dan «clases», y esto únicamente hasta el mediodía, ya de entrada «están condicionadas tus oportunidades» para salir adelante. Y desde el comienzo se empieza a notar la diferencia: «si comparas a un niño de colegio jardín privado y de un colegio público es común que encuentres mejor psicomotricidad, más desarrollo en el habla, una expresión oral mejor elaborada en uno que en el otro», dice⁸.

El problema ahora, entonces, no es de acceso sino de calidad y del imaginario sobre lo público y lo privado. Una de las cosas que más han sorprendido al equipo que comenzó funciones en enero pasado –tras la elección del izquierdista Gustavo Petro como alcalde– es que hay unos 150.000 niños de estratos 1 y 2 (los rangos más bajos de la clasificación socioeconómica de seis niveles que se usa para diversos propósitos en Colombia) que asisten a colegios privados. Esto, en momentos en que hay más de 50.000 cupos escolares sin utilizar en la ciudad.

¿Por qué razón un pobre prefiere gastar una porción considerable de sus escasos ingresos pagando un colegio privado cuando en su propio barrio podría tener estudiando a su hijo en una escuela pública? La principal razón parece cifrarse en el imaginario de que «salir de algún colegio privado significa tener acceso a más oportunidades, que es determinante para salir de la pobreza», según Valderrama⁹.

De hecho, la mayor parte de esos colegios privados a los que van los hijos de las clases medias y bajas de la ciudad son considerados «de garaje»: construidos en pequeños lotes en los que se apeñuscan salones de clase, sin áreas verdes, y donde se replican los horarios limitados hasta el mediodía y el esquema de clases en el aula de los colegios públicos.

El reto de Bogotá es mayúsculo: debe resolver la formación de un millón de niños en 365 colegios (algunos con varias subsedes), con 32.000 maestros. El alcalde Petro quiere extender la jornada, para por lo menos igualar el tiempo neto que un niño o adolescente de colegio público ocupa en su estudio respecto de uno de colegio privado de calidad. De entrada tendría que duplicar el número de edificios, porque los actuales se utilizan en doble jornada: un grupo de niños estudia hasta el mediodía y en la tarde hay otro ocupando el mismo espacio. Petro también quiere implementar un grado más en la educación secundaria y fortalecer la educación preescolar para esos 1,4 millones de niños entre cero y cinco años.

Tanto Bogotá como Medellín han invertido sistemáticamente en mejorar sus infraestructuras: las múltiples megabibliotecas erigidas por ambas ciudades son ejemplos mundiales; han construido algunas decenas de colegios con una calidad y espacios solo comparables a los colegios de elite; han reforzado estructuralmente y remodelado a fondo centenares de escuelas; han logrado que la educación sea en verdad gratuita, sin cobros disfrazados; han logrado en muchos casos dotar de implementos y alimentación complementaria a buena parte de sus estudiantes. Pero no es suficiente. Ni para esas dos ciudades ni, mucho menos, para el país. El rezago es demasiado. Colombia, a diferencia de Argentina u otros países, nunca tuvo un sistema educativo nacional y de relativa calidad. Uno de los principales problemas, como lo señala Valderrama, es que la gente no ha entendido ni ha tomado conciencia de que la educación pública es un bien y un derecho que hay que proteger¹⁰.

Para Consuelo Uribe, directora del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana, efectivamente en Colombia «la educación es la puerta de acceso a la movilidad social, pero también es la puerta para la reproducción de las desigualdades sociales». En nuestro país, «la noción de clase social sigue estando vigente». Es decir, puede haber movilidad social entre los llamados estratos socioeconómicos, pero no necesariamente alguien que viva en el estrato 6 (el más alto) tiene «acceso a recursos de poder», dice. También es cierto lo contrario «se puede no tener fábricas o empresas», incluso no contar con una fortuna, pero sí tener acceso a la clase social más privilegiada. Un elemento relativamente esperanzador, por doble vía, es que hay más matrícula de mujeres que hombres en la educación básica, según me dice Uribe. Una tendencia así ayudaría en algún sentido a corregir el desbalance histórico de poder entre géneros. Al parecer, en la juventud los varones están siendo más tentados por el mercado de trabajo, así sea informal, pero las chicas se están concentrando en formarse y terminar al menos el bachillerato. Valderrama lo vio durante una jornada cultural en el colegio Carlos Pizarro Leongómez de Bogotá, en una alumna de quizás 15 años, embarazada, con unas frases pintadas en letras de colores sobre su barriga desnuda: «Mi mamá me ama. Quiere aprender. ¿Hay quien le enseñe?».

Solo tres razones, entre muchas

Si bien la propiedad de la tierra, la segregación por el color de piel y la educación como diferenciador social son las principales razones en las que coinciden los conocedores como explicación de las desigualdades en Colombia, también es cierto que son explicaciones parciales, a las que habría que agregar factores de segregación por etnia, género y clase social, al menos. La ecuación maestra para encontrar soluciones tendría también que contemplar otros elementos:

- Los desequilibrios regionales, que explican por qué en Colombia conviven ciudades y regiones con indicadores de salud y educación en franca y sostenida mejoría con otras cuyos índices son comparables solo con los peores del mundo. El país económico sigue girando alrededor del eje Bogotá-Medellín. Apenas se ven esbozos de lo que podría ser una gran industria y una región pujante en el Caribe, con eje en Barranquilla, mientras que en el Pacífico no asoma aún un gran polo de desarrollo, ni tampoco en la Orinoquia, que tiene un gran potencial agrícola.

- Un sistema tributario inequitativo, en el que el gran capital saca ventaja y por el que los más ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que las clases medias. La redistribución que se hace, como señala la mayoría de los expertos, es al estilo «Hood Robin», es decir, al revés, de abajo para arriba, de los más pobres a los más ricos.

- Unas costumbres políticas en las que la depredación del presupuesto público está a la orden del día, con los más variados mecanismos: cobro de porcentaje por contratos de obra y para los empleados que llegaron de la mano de políticos; nóminas paralelas de empleados; pensiones infladas por mecanismos ilegítimos o funcionarios venales, etc. - Un imaginario promovido por los medios de comunicación en el que los usos y costumbres válidos son los de la clase media alta, principalmente la de Bogotá, mientras que los de las clases populares son motivo de risa y anécdotas.

- El conflicto interno y la lucha contra el narcotráfico, que se llevan una gran porción del presupuesto nacional que bien podría dedicarse a inversión social. De cada cuatro pesos del presupuesto nacional para 2012, uno se va para pagar la deuda; más de dos para los gastos de funcionamiento, y el equivalente a 80 centavos, para inversión «pura».

La actual administración nacional lo reconoce: «La desigualdad es grave. Este gobierno trabaja con todo para romper esa realidad. Lo desafortunado es que los resultados no se verán al año ni a los dos. Espero que cuando me vaya de acá ya no tengamos la medalla de bronce», le dijo hace pocas semanas a la prensa Mauricio Santa María, en referencia al tercer lugar mundial que algún estudio le asignó a Colombia en el reparto de la riqueza, «superado» solo por Haití y por Angola¹¹.

Además del proceso de restitución de tierras a sus dueños originales, el gobierno de Santos le está apostando fuerte a un sistema de reparto de regalías mineras –que entra en vigencia este 2012– en procura de un mejor equilibrio entre regiones, para impulsar proyectos de infraestructura, ciencia y tecnología que puedan impactar más allá del municipio desde donde se extraen el petróleo, el carbón y demás bienes primarios.

Desde una mirada escéptica respecto de la violencia y la desigualdad secular, la de Colombia parece ser la historia de Sísifo: una eterna lucha, nunca resuelta, que recomienza por ciclos similares; una repetición, con otros nombres, de una historia similar. Poco a poco las cifras de pobreza y miseria muestran mejorías, pero el mal reparto de la riqueza sigue siendo el mismo, así como la perpetuación de un modelo social que comenzó en la Colonia. Una mirada optimista dirá que cada vez hay más posibilidades de que Colombia pueda corresponder hacia adentro con esas expectativas que se hacen desde el exterior, principalmente desde las firmas que representan a los grandes capitales internacionales. Quizás, entonces, con un poco de esperanza en el bolsillo, podamos leer el carnaval de Barranquilla no solo como una metáfora sino como una utopía. Nos dice algo de lo que somos ahora, pero sobre todo, nos dice algo de lo que podríamos llegar a ser.